Archivo de la etiqueta: SANTA CRUZ

FUNDACIÓN TIERRA IDENTIFICA A GANADEROS Y ASENTAMIENTOS COMO INVOLUCRADOS EN EL INCENDIO DE LA CHIQUITANÍA

sofoca10VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La Fundación Tierra ha publicado el informe “Fuego en Santa Cruz”, en el que se identifica a la gran ganadería y los nuevos asentamientos como principales involucrados en el incendio de la Chiquitanía, que derivó en la quema de 3,6 millones de hectáreas en Santa Cruz y un total aproximado a las 6 millones de ha a nivel Bolivia.

El “Balance de los Incendios forestales 2019 y su relación con la tendencia de la tierra”, elaborado con datos al 30 de septiembre, proyecta que la cantidad de hectáreas quemadas en Bolivia de 5 millones, superará el histórico de 2010 con más de 6 millones, y confirma que Santa Cruz es el departamento más afectado por la práctica agraria y ganadera, a la que se sumó los 38 asentamientos en la zona de la Chiquitanía, registrados desde 2012.

El informe realiza una comparación de las hectáreas quemadas en las últimas dos décadas, confirmando que esta gestión significó el mayor desastre a nivel nacional, solo después de 2010 cuando se registraron 6.107.533 ha devastadas. Sin embargo, los datos de este año son parciales a septiembre y se llega a 5.027.975 ha, con lo que fácilmente ser podrá cerrar con una cifra mayor hasta diciembre.

mapa-fuego10

SANTA CRUZ, DESASTRE HISTÓRICO

Santa Cruz fue el departamento más golpeado con el siniestro de la Chiquitanía. El total de área quemada llegó al récord de 3.610.075 ha solo hasta septiembre, una cifra tendiente a crecer porque hasta el fin de semana todavía se registraban diez focos de calor que no fueron sofocados.

En el comparativo histórico, explica el informe, Beni siempre desarrollaba los chaqueos por encima de Santa Cruz, solo en 2010 las quemas fueron superiores en el oriente, coincidiendo con el incremento en el dato a nivel nacional de ese año.

Aquello se explica por la característica de pastizales de esas tierras que conlleva los llamados “ciclos reiterativos”, pero que se producen en las mismas tierras, sin extenderse a zonas boscosas.

Dentro del departamento, los municipios más afectados fueron “San Matías en la provincia Ángel  Sandoval, que representa el  24%  del  total  de  incendios del departamento. Le  sigue San Ignacio de Velasco con 19% y en tercer lugar se sitúa el municipio de Concepción en la provincia Ñuflo de Chávez con 14%. Los tres municipios mencionados suman 56,4%, lo que representa más de la mitad de los incendios”.

En cuanto a la superficie afectada en el departamento, Fundación Tierra destaca cuatro zonas macro: Corredor San José-Puerto Suárez, San Matías, Velasco y Concepción, que concentran el 89% de la superficie quemada de Santa Cruz, con 3.208.670 hectáreas afectadas del total de 3,6 millones ha.

“En el municipio de Roboré, la mancha más significativa que dejaron los incendios se encuentra en el tramo vial entre el centro poblado de Roboré y Carmen Rivero Torrez,  siguiendo la carretera principal que avanza hacia Puerto Suárez. La intervención  oportuna en la zona para el control del fuego, facilitada por su mayor acceso caminero y las alertas tempranas por las poblaciones del lugar, evitó un mayor desastre ambiental en la zona del valle de Tucabaca. Al sur, en los municipios de Charagua y Puerto Suárez se ubican los incendios que afectaron a los territorios Ñembi Guasu y Parque Nacional Otuquis”, explica el informe.

voluntarios10

INVOLUCRADOS EN EL INCENDIO

En la parte conclusiva del informe remitido por Fundación Tierra a este medio de comunicación, se afirma que los involucrados en el siniestro de la Chiquitanía son las grandes propiedades y asentamientos antiguos, aquellos aprobados hasta 2008, como se observa en la Tierra Comunitaria de Origen – TCO, con la comunidad Tierra Firme en la que se quemó la totalidad de sus 44 mil ha.

Otro sector involucrado es la ganadería de San Matías, donde existen al menos 17 propiedades con tierras por encima del límite de 5 mil ha establecido en la Constitución Política del Estado – CPE.

Los asentamientos en la zona de San José de Chiquitos y Roboré también son identificados con siete comunidades, con títulos aprobados en 2014, que suman 19 mil hectáreas. “Las  siete comunidades son: Paquiosillo, La Hacienda, El Soto, 12 de Octubre, Las Danielitas, Finaloba y 29 de Septiembre”.

A ello se añade al menos cinco grandes propiedades que se extienden por el municipio de Roboré.

Finalmente, se señala a 701 comunidades campesinas que recibieron la aprobación de asentamientos en Santa Cruz, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, desde 2010 con cerca de 822 mil hectáreas de territorio registrado y otro tanto, sin datos, que superaría el millón de hectáreas del oriente entregadas en una década.

“Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos benefician con tierras fiscales a alrededor de 22.678  personas, a un promedio de 50 hectáreas por cada beneficiario. Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos ocupan una superficie aproximada de 1.136.858 hectáreas”, remarca el informe.

cuadro-has10

GANADEROS ALIADOS AL RÉGIMEN

En ese marco, para Fundación Tierra la práctica regular de las quemas o “ciclos reiterativos”, se ejerció desde la gran ganadería situada a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria, localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías.

El documento confirma que existe una alianza entre el régimen de Evo Morales con los sectores corporativos del agro cruceño, que no salieron en defensa de los indígenas ni tampoco denunciaron los asentamientos en la Chiquitanía.

Fundación Tierra identifica a esos sectores agropecuarios como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia (CAINCO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) que “tienen un pacto público-privado para la ampliación de la frontera agrícola, producción  de  los agrocombustibles (etanol y  biodiesel), duplicación de ganado vacuno para la exportación de carne a China, entre otros”.

beneficiarios10

ASENTAMIENTOS, TCO Y COLONOS

En segundo lugar, como protagonistas de los incendios y por la extensión de terreno, están los indígenas y beneficiarios de las TCO, pero también, en un tercer puesto, se señala a los asentamientos o colonos.

Aunque en menor extensión, esos asentamientos en la franja de San José de Chiquitos y Roboré implicó la devastación del Área Protegida Ñembi Guasu.

Fundación Tierra también realizó el estudio de lugar de origen de esos asentamientos, siendo la mayor parte colonizadores de la propia Santa Cruz con 43%, aunque la procedencia no está determinada si es autóctona o migrante. Le siguen colonizadores de Cochabamba (29%), Potosí (9%), Chuquisaca (7%) y La Paz (3%). Otros y sin datos suman 9%.

En ese marco, el informe de la organización considera que no es correcto responsabilizar a los colonizadores del incendio en la Chiquitanía, pues, además, más de la mitad de las hectáreas consumidas corresponden a tierras fiscales y en menor grado a propiedades comunitarias o privadas.

Sin embargo, Fundación Tierra considera que las críticas a esos asentamientos de colonos deben ser por la instrumentalización del campesino como sujeto político – partidario, en especial al sector de Cochabamba, trasladado al oriente.

“Tanto la población boliviana en general, las autoridades nacionales y subnacionales, como los actores involucrados en temas agrarios y  ambientales, deben cuestionar los asentamientos de nuevas comunidades, no como si fueran los principales culpables de los incendios, sino por las pruebas muy consistentes de que los beneficiarios son parte, sobre todo, de una clase dirigencial privilegiada, íntimamente vinculada al MAS, que hace uso indebido del nombre de “campesinos””.

//@VisorBolivia/ Fotos y cuadros Fundación Tierra//

SINIESTRO DE LA CHIQUITANÍA DESTAPA MASIVA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS DEL ORIENTE PARA INTERCULTURALES

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA ha negado que se haya emitido permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados la régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y amazonía del país.

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agro-ecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz beneficiada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael.

Posteriormente, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz.

Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

Entre febrero y abril el INRA entregó resoluciones de asentamientos a los interculturales del MAS / MDRYT

INRA NEGÓ LOS CARGOS

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de foscos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados.

“Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”, declaró el funcionario la pasada semana, a medios estatales.

Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía.

Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la comunidad campesina agroforestal Aguas Claras y la comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por contener una reserva natural.

Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados a la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran los carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores” hasta “Evo Morales”.

El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

Colonizadores marcan los troncos para delimitar sus propiedades comunitarias / RRSS 

REPARTICIÓN DE TIERRAS AGRARIAS Y GANADERAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios abarcan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las 11 normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitanía, en el mapa de esa entidad, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a puerto Suárez, con esta zona amazónica en medio, caracterizada como área de expansión agrícola.

Más de 1 millón de hectáreas ya se han consumido con el fuego en un mes del siniestro / OSCAR RIOS DEL CARPIO

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año, estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales.

El anterior decreto, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 también incluyó a Beni en la figura de quemas controladas, que ya estaban permitidas en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

//@VisorBolivia// 

CASO TERRORISMO, DIEZ AÑOS: LA HISTORIA DE UN MONTAJE QUE YA CONLLEVA CONSECUENCIAS PARA EL ESTADO PLURINACIONAL

¿Estratagema política o costosa ingenuidad regional? El martes se cumplieron diez años de un hecho violento que no termina de esclarecerse en Bolivia, pero que ya ingresó a la CIDH

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Eran las 04:30 del jueves 16 de abril de 2009. El Hotel Las Américas, entre las calles 21 de Mayo y Seoane del centro cruceño era intervenido por el grupo Delta de la Policía, en busca de la célula irregular del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores. Tres sujetos fueron abatidos y dos detenidos en el inicio del caso terrorismo que cumplirá diez años bajo el manto del montaje político.

El grupo Delta, que luego se supo fue la Unidad Táctica de Resolución de Crisis – UTARC, ingresó la madrugada del 16 de abril, hace diez años, en la habitación 456 del céntrico hotel de la capital cruceña para dar con los autores del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes. El operativo no contó con orden fiscal, se ordenó apagar las cámaras de seguridad y luego se montaron pruebas como la famosa mochila roja dejada por la oficial identificada como Marylin Villca, alias Karen, una infiltrada en el grupo junto al capitán Walter Andrade.

El denominado caso de “terrorismo y alzamiento armado”, sirvió para desbaratar a la oposición regional asentada en Santa Cruz, afirman los involucrados. Empresarios, cívicos y líderes políticos fueron perseguidos, detenidos o decidieron huir ante lo que se considera un montaje político ejecutado por gente de extrema izquierda con formación en táctica y guerrilla, que fue parte de la estructura del régimen de Evo Morales.

La nueva Constitución Política del Estado – CPE se había promulgado en febrero de 2009 y luego de la revocatoria de dos prefectos y el caso Porvenir, ambos en 2008, la llamada “media luna” quedó dividida, descabezada y con Santa Cruz como único bastión opositor.

Tras la sangrienta intervención, el régimen mostró las armas incautadas en el stand de COTAS en la FexpoCruz, en un operativo paralelo, ese día, que sirvió para sustentar la hipótesis que desde Santa Cruz se preparaba un “levantamiento armado” para separar a la “media luna” de Bolivia e incluso perpetrar un “magnicidio”.

El vicepresidente Alvaro Garcia alertaba que no solo era el grupo de Rózsa el que se estaba preparando para atentar contra Morales, sino que había información de otras células terroristas activas.

“No estamos solamente ante una célula, se supone y deducimos que hay otras células por la cantidad de armas encontradas en el stand de COTAS y por las cajas vacías de armamento que deben estar en algún lado”, declaró entonces Garcia.

LA FIGURA PRESENTE DE DWYER

En la intervención de la UTARC se dio muerte a Rózsa Flores, Árpád Magyarosi de nacionalidad húngara rumana, y Michael Martin Dwyer, irlandés. De este último es que parten las dudas de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y, sobre todo, su madre, Caroline Dwyer.

Entrevistada el sábado 13, por el periódico The Irish Times, la madre de Dwyer reiteró que la muerte de su hijo fue una ejecución sumaria, porque así lo confirma la autopsia e informe patológico que se hizo al cuerpo del joven irlandés de 24 años cuando el cadáver fue repatriado.

Una bala en el corazón, disparada desde arriba, lo mató. Cuatro tiros más por la espalda marcaron el cuerpo en lo que la versión del régimen de Evo Morales llama “un enfrentamiento a tiros que duró más de 20 minutos”.

Michale Dwyer había llegado a Bolivia a finales de 2008 para aprender construcción y seguridad, luego de haber estudiado esa carrera en su país. Su plan inicial era viajar por África, pero en noviembre se decidió por conocer el corazón de Sudamérica.

En los pocos correos que escribió a su madre, ya desde Santa Cruz, Dwyer le explicaba que había conocido a un “hombre de negocios” con quien empezaría a trabajar. Ese hombre era Eduardo Rózsa.

El irlandés fue señalado por el régimen oficialista de ser un “terrorista” entrenado. Incluso se presentaron fotos de éste manejando armas de fuego. Caroline Dwyer explica que esas fotos fueron bajadas de la red social Bebo, cuando su hijo practicaba el juego de airsoft, en el que se usan rifles de aire comprimido y balas de pintura.

Y es que la narrativa para mostrar a los extranjeros como “mercenarios” se dio a horas del mismo día del operativo, luego que el propio mandatario del Estado Plurinacional, desde Cumaná en Venezuela y acompañado por los entonces presidentes, el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro, reconoció haber dado la orden para el operativo.

“Yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado, sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República, y mediante el vicepresidente al comandante de la Policía, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, declaró Morales Ayma.

En noviembre de 2015, Morales viajó a Irlanda y se reunió con su par Michael D Higgins. En la reunión, el canciller irlandés Charlie Flanagan expresó al mandatario boliviano que existe preocupación por el caso Dwyer y que se espera la apertura de una investigación internacional al respecto. Morales mandó “sus condolencias” a la familia Dwyer y expresó su “voluntad” para el esclarecimiento de la investigación.

Sin embargo, la investigación en Bolivia no prospera y por ello Caroline Dwyer acudió al Comité de Asuntos Exteriores que aprobó en enero de 2017 una petición al Parlamento Europeo. La figura de ejecución sumaria es la línea judicial que se maneja desde entonces.

CIDH CONTRA EL ESTADO PLURINACIONAL

Caroline Dwyer y la asesora legal Catherine Heaney llevaron el caso ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extra Judiciales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH con sede en Washington.

En abril de 2018 se conoció la admisión del caso por parte de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA, por la violación de derechos humanos de ciudadanos extranjeros en Bolivia, además de la ejecución extrajudicial de Dwyer, Magyarosi y Rózsa.

El régimen de Evo Morales tenía 90 días para responder a la denuncia inicial. El mandatario boliviano, al conocer esa decisión dijo, vía Twitter, que la CIDH era “un defensor del terrorismo y el separatismo que quería dividir el país”.

“Mi lucha es con el sistema de justicia boliviano, y para tratar de obtener justicia para Michael”, dijo Caroline Dwyer a The Irish Times al cumplirse un año de los hechos.

Del caso, los dos sobrevivientes detenidos, el croata Mario Tadic y el húngaro EIöad Tóazó, que pasaron seis años en detención en la cárcel de Palmasola, se sometieron a proceso abreviado por la figura de complicidad en alzamiento armado. Fueron liberados y salieron a Chile, para luego volver a sus países. Ya en Europa, ambos negaron haber sido parte de una célula terrorista y denunciaron presión del Gobierno boliviano para inculparse.

Tadic y Tóazó se sumaron a las denuncias contra el Estado Plurinacional por violación a los Derechos Humanos, tanto ante la CIDH como a la Relatoría Especial de NNUU.

El abogado de cuatro implicados en el caso terrorismo I, Gary Prado Arauz, entrevistado también el sábado por la periodista Maggy Talavera, reveló que se está preparando una larga lista de denuncias contra el Estado boliviano por este proceso que cumple diez años este martes.

Del lado de los bolivianos implicados, Prado afirma que los propios jueces han sugerido a Juan Carlos Guedes y a Alcides Mendoza, declararse culpables en proceso abreviado para no extender más el caso. Pero también existe presión desde el Ministerio de Gobierno, a través de ofrecimientos de casas de lujo en condominios a cambio de aceptar responsabilidades.

La presión, afirma, se da para que Guedes y Mendoza dejen su denuncia ante la CIDH. Ambos están por cumplir diez años desde su detención en Santa Cruz y posterior traslado a La Paz, luego a Palmasola. Ambos son señalados de vender armas a Rózsa, pero en descargo afirman que eran armas de colección, “inservibles” para “atentar” contra nadie.

El abogado también patrocina a su padre, el general en retiro Gary Prado Salmón y a Zvonko Matkovic, el joven líder cruceño que estuvo ocho años encarcelado y que ahora mantiene detención domiciliaria. El joven fue incluido en la lista del fiscal Marcelo Soza por haber recibido una llamada perdida de un conocido de Rózsa, pero su detención se dio, en palabras del propio Zvonko Matkovic, por denunciar la extorsión de la cual era víctima su padre, por parte del ex “súper fiscal”.

RÓZSA: SOLDADO, ESCRITOR, IDEALISTA RADICAL

Eduardo Rózsa Flores nació en Santa Cruz en 1960. Fue apasionado por el arte, el cine y la poesía. Su formación ideológica se enmarcó en las religiones, pues su padre tenía ascendencia judía, pero él decidió militar en el conservador Opus Dei. Al final, se convertiría al islam.

A principios de los 90s se fue a Serbia para participar en la guerra del lado Croata, primero como corresponsal de guerra, pero luego involucrado militarmente, por lo que obtuvo triple nacionalidad. Luego, el políglota retomó su vocación de escritor y editó ocho libros, además de filmar y protagonizar cuatro películas documentales que repercutieron en Hungría.

El diario El Deber viajó en 2012 a Budapest para entrevistar a sus amistades, incluida su pareja Linda Szászvári, quienes revelaron que Rózsa partió hacia Bolivia en octubre de 2008 alentado por “alguien” desde Santa Cruz para realizar la “defensa” de ese departamento y con la promesa de ser “comandante de la Policía cruceña”. Ese “alguien” resulta imposible de identificar, pues el boliviano húngaro croata era muy reservado en sus relaciones, solo se sabe que se hacía llamar “Igor”.

Rózsa explicaba sus móviles en una entrevista local antes de partir hacia Bolivia. “En Santa Cruz se presentó ante el Consejo de la provincia una propuesta de decreto, la que al final aceptaron. Se trataba de la formación de un órgano de defensa provincial, cuya tarea es la protección de la propiedad pública, la garantía de la tranquilidad pública, la defensa de las personalidades de alto cargo. Todo esto tiene una base legal. No hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

El enigmático personaje se declaró anti comunista y pese a haber celebrado la llegada al poder de Evo Morales en 2006, luego lo criticó por relacionarse al régimen de Hugo Chávez, detallan sus amistades.

La cobertura del diario cruceño también dio con allegados de Árpád Magyarosi.

Sobre el tercer abatido en el Hotel Las Américas, su madre Mária Tóth, recuerda que el húngaro de 28 años debía viajar a Londres para comenzar a estudiar música, su pasión, pero decidió visitar a su amigo Elod Tóasó en Santa Cruz, Bolivia en febrero de 2009.

Magyarosi era músico, graduado de Pedagogía, no tenía contextura para la guerrilla y debía salir del país el 20 de abril, pero las balas de la UTARC le quitaron la vida cuatro días antes.

La autopsia local, encomendada por la familia Magyarosi determinó que el joven murió asfixiado por su propia sangre, agonizando un “largo tiempo”, por los siete impactos de bala recibidos, además de lesiones en el rostro.

LOS OPERADORES DEL MONTAJE

Otros antecedentes que servirán de prueba para un proceso contra el Estado Plurinacional, ratifica Prado, es la sentencia que se le dictó al exfiscal Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil y que en su tiempo su declarado “súper fiscal” por el Gobierno nacional.

Soza fue sentenciado a 12 años de cárcel por concusión, la figura equivalente a extorsión, pero cometida en el ejercicio público con el agravante de ventajas en razón del cargo.

“El día que Marcelo Soza vuelva al país irá directo a Palmasola a cumplir esos 12 años”, sostuvo Prado.

Prado también recuerda a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien fue chofer del grupo Rózsa, luego testigo clave del fiscal Soza y del Ministerio de Gobierno, para terminar como implicado, acusado y sentenciado por complicidad en terrorismo, esto último mediante procedimiento abreviado.

“El Viejo” reconoció haber participado en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, pero también reveló que recibió llamadas desde La Paz, desde un número que no se investigó, pero que Prado logró ubicar en COTEL. Carlos Núñez del Prado fue el “coordinador”, tanto del atentado a la casa del delegado presidencial Saúl Ávalos del 29 de marzo, como a la casa del jerarca católico.

Núñez del Prado, quien falleció en abril de 2014, fue viceministro de Seguridad Ciudadana y luego trabajó en la Defensoría del Pueblo. Su relación con Villa Vargas se delató en 2011 con el famoso “video soborno” en el que éste entrega 30 mil dólares a “El Viejo” para “fugar” a Argentina en compañía de Edson Alí, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

Las investigaciones por el caso terrorismo nunca llegaron a este hombre de izquierda extrema, declarado guevarista, formado tácticamente en Cuba, hijo del exsenador masista Antonio Peredo, sobrino de Inti Peredo, quien fue parte y muerto en la guerrilla de Ñancahuazú.

Finalmente, tanto Prado como las investigaciones del periodista Carlos Valverde, señalan a Raúl Garcia Linera, hermano del vicepresidente y exmiembro de la célula irregular Ejército Guerrillero Tupac Katari – EGTK, como el operador que trajo a Rózsa a Bolivia en coordinación con el régimen chavista venezolano.

Garcia negó los cargos y en su última declaración ante el juez, en abril de 2017, dijo que con su presencia en juzgados solo se trata de “manchar políticamente” la imagen de su hermano, el vicepresidente.

El caso terrorismo implicó a 39 acusados, hubo 12 procesados y seis personas acudieron al procedimiento abreviado. En esta década se acumularon 221 cuerpos procesales y la investigación derivó en el caso terrorismo II con otros 13 sindicados.

Una eventual sentencia contra el Estado Plurinacional obligaría a anular el caso, indemnizar a los sujetos que vieron vulnerados sus derechos y una posible acción penal interna contra los protagonistas, operadores, ejecutores y administradores de justicia que fueron protagonistas de esta década de montaje político judicial.

//@VisorBolivia//

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN VISOR BOLIVIA EL 14/ABRIL/2019

VEA LA NOTA ORIGINAL ACÁ: