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PABLO CALUCHO ES DESPEDIDO DE RED UNO Y SE ATRINCHERA EN EL PERIODISMO DE RRSS

“Si los periodistas vamos a empezar a cerrar los canales de comunicación a la gente y solamente vamos a comunicar lo que a nosotros o al medio le conviene, no me da la gana de hacer periodismo de esa forma”.

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VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Le amenazaron con el despido si no cerraba sus redes sociales en las que comenzó a viralizar denuncias directas contra las autoridades de turno y funcionarios públicos en Santa Cruz. Este viernes, Pablo Calucho fue  retirado del canal naranja y anunció que hará periodismo a través de las redes sociales sin la censura de los grandes medios televisivos.

Conocido por ser fiscalizador de la policía, del sistema de salud, de los funcionarios ediles, de la Gobernación o de algunas entidades descentralizadas en la capital cruceña, Calucho narró que en las últimas semanas tuvo quejas por sus cuentas de Facebook desde donde transmitía las denuncias y quejas de la población. Aquello derivó en amedrentamientos de seguimiento e incluso la presencia de un efectivo policial que manejaba un expediente con datos de su familia.

Los ejecutivos de Red Uno, canal de propiedad de Ivo Kuljis y calificado dentro de los llamados medios paraestatales, le pidieron que cierre su cuenta de Facebook “Pablo Calucho Periodista” porque sus más de 120 mil seguidores expresaban su rabia en comentarios que podían ser calificados como “discriminadores”, señaló.

“Me pidieron que lo cierre y yo les dije que no, porque no tiene ningún sentido ser un periodista en ese tipo de condiciones que te comiencen a cerrar las ventanas de comunicación que tienes  con la gente de contacto directo”, dijo a través de su espacio en las RRSS.

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Calucho, periodista en PAT y Red Uno, entre otras cadenas nacionales, considera que los medios masivos ya no pueden trabajar con profesionales que escapan del monopolio del control editorial y comercial. Aseguró que la función del periodista es dar voz a la gente y no solo amplificar lo que los medios quieren difundir cada día.

“Desde un principio hemos puesto como bandera que (la página de Facebook) va a ser el medio entre el ciudadano que es afectado y las autoridades que no les da la gana de hacer su trabajo. Ya está bueno, no fiscalizan nada, no hacen nada, prometen hacer cosas y nada es sostenible y todo es un show para los medios de comunicación y nadie dice nada”, dijo.

Asimismo, proyectó realizar reportes diarios desde las calles cruceñas e incluso montar un set para difundir un noticiero a través de las RRSS, porque considera que el periodismo no debe ceder a las presiones de los dueños de medios y sus aliados comerciales, en este caso, las entidades del Estado central, departamental o municipal.

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“Si los periodistas vamos a empezar a cerrar los canales de comunicación a la gente y solamente vamos a comunicar lo que a nosotros o al medio le conviene, no me da la gana de hacer periodismo de esa forma”, acotó.

Las cuentas del periodista cruceño son Calucho Periodista en Facebook, el WhatsApp 78155567 y la página http://www.pablocalucho.com.

“Solo les pido que compartan y si ven que me están haciendo algo deténganse y denuncien”, concluyó.

Con Calucho ya son varios los nombres de informativistas que salieron de las grandes cadenas como Enrique Salazar o Carlos Valverde en Santa Cruz, Gonzalo Rivera, Amalia Pando o Andrés Gómez en La Paz, todos por presiones políticas.

//@VisorBolivia/ Fotos capturas/ FB Pablo Calucho//

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DOCUMENTAL CONTRA PRENSA LIBRE NO IMPACTA PESE A FINANCIAMIENTO Y SUSTENTO DE CÚPULA OFICIALISTA

Productor argentino recibió en dos años Bs 485.000 por trabajos para el Gobierno. La producción acudió al “análisis” de amigos y familiares que hoy forman parte del MAS

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Productor del documental reclamando al entonces director de Página Siete por no haber titulado una apertura “como debería”

VISOR BOLIVIA (redacción, 18 diciembre).- El documental “El cártel de la mentira” resultó ser el tercer contrato que el productor argentino Andrés Sallari cobra del Gobierno boliviano. Su ataque a algunos medios de prensa calificándolos como una “organización criminal” que coordinó el caso Zapata para “desprestigiar” a Evo Morales, se sustenta bajo la óptica de un grupo de familiares y amigos que hoy son parte de la cúpula del poder, incluyendo empresas mediáticas que también logran financiamiento estatal gracias a su fidelidad al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Uno de los aludidos en la campaña de desprestigio que el régimen activó con este documental fue el periodista e investigador Carlos Valverde, quien calificó el producto como un “mamotreto”. Desde Buenos Aires, lugar donde radica actualmente, anunció desde su espacio de radio digital que realizará un documental propio, para revelar las mentiras que ahora se trata de instalar en la opinión pública, como justificativo partidario para que Morales vuelva a intentar modificar la CPE para otra candidatura y reelección.

“Vamos a hacer un documental. Quieren hablar de la mentira, yo les voy a mostrar papel sobre papel”, dijo e insistió que la figura de uso indebido de influencias sigue latente por la relación de Evo Morales con Gabriela Zapata.

Sobre Sallari, quien se hace llamar “comandante”, el periodista cruceño dijo desconocerlo ni tener datos sobre su trayectoria “profesional”, pero auguró que tras recibir altas sumas de dinero de las arcas del Ministerio de la Presidencia y no conseguir su objetivo de impactar en la sociedad para cambiar la percepción sobre el caso Zapata, éste recibirá su “memorando” de despedida. “Le tendrán que decir te vas a buscar a otro lado, porque si vamos a mirar el costo beneficio, esto no  ha resultado”.

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Ministro Quintana financió dos de tres productos de Sallari, con quien tiene una relación afectiva de “hace mucho”

GOBIERNO PAGÓ BS 485 MIL AL PRODUCTOR ARGENTINO

En dinero, Sallari cobró al Estado boliviano entre 2014 a 2016 solo en tres contratos la suma de Bs 485 mil, cerca de 70 mil dólares.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) indagó algunas contrataciones estatales en el SICOES donde figura el productor argentino, quien además es remunerado en medios internacionales como HispanTV de Irán o su anterior casa Telesur de Venezuela.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le dio a Sallari Bs 70 mil para difusión en su programa del canal oficialista Abya Yala TV. Luego, el Ministerio de la Presidencia de Juan Ramón Quintana le desembolsó Bs 375 mil en 2014 para ser “consultor” en la “investigación” sobre la injerencia de Estados Unidos en Bolivia durante los gobiernos neoliberales. Finalmente, la misma cartera de Estado desembolsó para el ciudadano argentino otros Bs 40 mil para producir el documental “El cártel de la mentira” bajo la modalidad “por producto” y a un plazo de dos meses.

Sobre estos temas, Sallari respondió a la agencia católica de información: “Yo tengo una empresa unipersonal y desde allí hago distintos contratos. Con el canal tengo una coproducción como tantos otros productores. Espero que eso no sea objeto de criminalización”, además de “con gusto discutiré mis ingresos con ANF cuando ésta haga público cuánto dinero recibe de la embajada de Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno”.

En sus cuentas de redes sociales, el productor es respaldado por sus amigos, autoridades y militantes del MAS, además de sus colegas y jefes en los medios de comunicación alineados al partido en función de gobierno.

Dentro del documental, el propio productor hace una queja por “xenofobia” anticipando la reacción del gremio al que atacó bajo el fundamento que no editorializaron de forma “correcta” las noticias del caso Zapata.

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Algunas de las fuentes testimoniales a las que acude el documental. Todos tienen alguna relación entre sí y con gente del régimen

“FAMILIARIZACIÓN” DE LOS MEDIOS MASIVOS

El segundo mandatario Alvaro García salía en octubre en conferencia de prensa para atacar a los medios informativos, señalando que existe una “politización de los medios”. En su exposición aludió a la familia Garáfulic de tener una presunta relación con Gonzalo Sánchez de Lozada y con empresarios chilenos. También criticó a los medios que ahora forman parte del documental oficialista “El cártel de la mentira” e incluso aludió a Católica Televisión y el programa Encontrados opinando que estos “responden a la Alcaldía”, algo que el director de ese espacio Gonzalo Rivera negó y con facturas en mano, mostró que el municipio le paga por publicidad apenas 100 dólares al mes.

De esa inexistente “partidización”, se puede pasar a la “familiarización de los medios de comunicación”, identificando a quienes participan como comentaristas del polémico documental.

VISOR BOLIVIA pudo observar que dentro de los entrevistados para dar testimonio o análisis en el documental contratado por el Ministerio de la Presidencia, figuran al menos tres parejas sentimentales, amigos, socios de medios y programas que son pagados con publicidad estatal.

Sobre las relaciones afectivas y familiares se puede comenzar con el productor del documental, Andrés Sallari, quien fue reciente pareja de la ministra de Salud, Ariana Campero. El ciudadano argentino trabaja en la red oficialista Abya Yala donde el director de contenidos es Julio Peñaloza. Peñaloza, otrora funcionario de alto rango en Televisión Boliviana y la Cancillería durante los gobiernos de Hugo Banzer y Sánchez de Lozada, es esposo de la diputada del MAS, Susana Rivero.

Rivero no es la única que muestra una relación parental en este círculo de poder. La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, es esposa de Fabián Restivo, otro súbdito argentino que forma parte de los entrevistados para “El cártel de la mentira” en calidad de “analista”.

Volviendo a Abya Yala, el canal que fue equipado con la donación del gobierno iraní al propio Evo Morales, su gerente es Pablo Groux, exministro de Culturas, que es esposo de Viviana Fernández, la hermana de Claudia Fernández, la presentadora de televisión y cónyuge del vicepresidente Alvaro García.

Una de las madrinas de matrimonio García – Fernández es Claudia Espinoza, exviceministra de Comunicación que también fue entrevistada por Sallari en la Sede de Gobierno para el audiovisual.

MAS FUENTES DEL DOCUMENTAL OFICIALISTA

El productor argentino comenzó a tener programas en los medios estatales junto a su amigo Ricardo Bajo, comentarista español que dirige el impreso Le Monde. Bajo junto a Peñaloza, a su vez, fueron parte de un panel de debate deportivo junto a José Alberto Gonzáles en los primeros años de la red PAT.

Otro entrevistado en el documental y comentarista habitual por el MAS es Hugo Moldiz, dueño del semanario La Época que cuenta en cada edición con una contratapa comprada por algún ministerio o entidad estatal. Ese impreso forma parte de un selecto grupo de medios que logran publicidad a sola llamada telefónica, según constató VISOR BOLIVIA con una fuente estatal de comunicación. El impreso de Moldiz es dirigido por el periodista chileno Javier Larraín.

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Programas financiados por el Gobierno en los medios paraestatales son el contraste oficialista de aquellos incluidos en el “cártel de la mentira”

Finalmente, ya fuera del documental, se puede identificar como oficialista a la presentadora Susana Bejarano, consejera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, con su espacio televisivo en ATB que inició en 2014 junto a Manuel Canelas, actual diputado del MAS, hijo de un exministro del MNR. Ambos, junto a Boris Miranda, hoy corresponsal boliviano en la BBC, emprendieron el quincenario El Desacuerdo que tuvo en su primer número una nota de ataque a la diputada Rebeca Delgado cuando esta se declaró “libre pensante” en 2013. Ambos espacios, el programa televisivo y el impreso, tuvieron o mantienen financiamiento del régimen del MAS.

//@VisorBolivia//Captura pantalla/ANF/Twitter//

RAMIRO LLANOS RECHAZA CADENA PERPETUA Y PROPONE ALTERNATIVAS INTEGRALES AL SISTEMA PENITENCIARIO

Figura de cadena perpetua no es solución a los problemas de criminalidad y su aprobación constitucional, además, complicará el escenario político nacional

VISOR BOLIVIA (Redacción).- La cadena perpetua a delitos de violación y muerte a menores no es solución a la criminalidad en el contexto boliviano. La sugerencia aprobada en la Cumbre de Justicia hace dos semanas no se abordó en las precumbres que duraron tres meses y pareciera ser más un intento político para modificar la Constitución Política del Estado, que una acción destinada a combatir la inseguridad o mejorar la sociedad.

VISOR BOLIVIA conversó con el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien hace un análisis de la situación carcelaria actual y propone pasos elementales para que la penalización a  los casos de violación sean efectivos y se pueda dar soluciones a la sociedad más allá de draconianas medidas como la cadena perpetua en el contexto nacional.

Llanos recordó la temática abordad en la Cumbre de Justicia y se manifestó contrariado por la sugerencia de cadena perpetua que se aprobó casi por aclamación sin el debate necesario sobre sus alcances o beneficios para la sociedad.

La reincidencia, la rehabilitación y la segmentación de la población carcelaria fueron temas abordados en la entrevista con Llanos.

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¿Cómo vio esta propuesta de la cadena perpetua surgida en la Cumbre de Justicia?

“Resulta que el primer día de inauguración aparece un tema que no estaba en las precumbres, como la cadena perpetua, y todos con gran entusiasmo aceptan esto y aplauden al hombre que dice esto. Se aprueba además, sin haber sido considerado que puede ser una norma retrógrada que va contra los mismos preceptos constitucionales. Se aprueba y punto, y eso es peligroso”.

Esa figura necesariamente pasa por modificar la CPE ¿Sería una propuesta política en esa línea?

“Parece extraño lo que ha pasado, porque parecía que se iba a mover la CPE a través de anular el voto para la elección de los magistrados, pero cuando sale el tema de cadena perpetua hay otro candado que es el Artículo 411 que indica que los derechos fundamentales en la Constitución requiere de una Asamblea Constituyente para ser modificados. Primero hay que hacer la convocatoria a la Asamblea Constituyente y luego se debe redactar un nuevo texto y una vez que esté redactado se debe ir a un referendo para que la sociedad apruebe por el voto; es decir, son varias instancias para volver al soberano, se complica más para hacer una modificación a la Constitución”.

“La Asamblea Legislativa podría volverse en Asamblea Constituyente para redactar esas modificaciones, pero no es hacer piedra libre, porque hay procedimientos. En qué quedarían las funciones de legislación, de representatividad. No sé de dónde ha salido esa propuesta, tal vez para hacer expectativa en la población sobre este tema sensible para la sociedad, pero no parece que lo hayan madurado y va a generar más debate y conflicto”.

 ¿Entonces qué alterativas de solución se pueden plantear para estos delitos, la reincidencia y la impunidad?

“El camino que planteo es no subir las penas, es fortalecer la administración penitenciaria, porque ahí hay un equipo multidisciplinario que se llama Consejo Penitenciario, que es el que evalúa a todos los privados de libertad y tenemos que tener mucho personal trabajando en esa instancia. Actualmente hay 1.400 policías trabajando en cárceles y 160 de personal civil, y de esos civiles apenas 80 hacen este seguimiento y evaluación en los Consejos Penitenciarios en primer, segundo y tercer periodo antes de que un privado de libertad pueda salir”.

“Si este equipo es fortalecido evitamos que estas personas salgan, porque si no se han rehabilitado, en el caso de violaciones, por ejemplo, no han seguido el proceso con psicólogos, esos Consejos van a informar a los jueces que estas persona no pueden salir. El juez será informado que esta persona puede volver a cometer un delito y si no está en condiciones para rehabilitarse tiene que cumplir su pena máxima que en violación es de 25 años. No se necesita ningún tipo de modificación constitucional sino que se fortalezca administrativamente esa instancia para que cumpla su tarea junto al juez de ejecución”.

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¿Cuál es la situación actual en las cárceles del país?

“Apenas son 76 los que hacen el manejo de estos equipos multidisciplinarios, si dividimos en la población penitenciaria cada profesional debe atender a 800 personas por día, rotando de uno a otro centro en los nueve departamentos. Ese es el problema a atender para superar esta molestia que hay en la población de que la gente entra y sale de la cárcel, porque a veces les dan el certificado de buena conducta a detenidos preventivos que vuelven a delinquir, pasa con narcotraficantes, con violadores, con cualquiera,  porque estos equipos no tienen ese tiempo para evaluar”.

“Se dice que los violadores son los que tienen mejor comportamiento en las cárceles. Qué es mejor comportamiento: que trabaja, que estudia, que se porta bien. Eso le interesa al juez cuando hace su informe, no le importa una evaluación psicológica ni saber si esa persona es compulsiva para cometer ese delito y cuando sale de la cárcel el violador es compulsivo y va a volver a cometer ese delito”.

“Hay un caso muy particular en San Pedro de un sujeto que entró y salió seis veces por abuso sexual. Eso pasa con otros casos de gente que entra y sale de las cárceles porque las cárceles no están cumpliendo esa función de rehabilitación y tratamiento para estar seguros que esa persona no va a volver a hacer daño a la sociedad”.

Pero la gente apoya y pide mayores penas y castigos a violadores de niños, por ejemplo. ¿Por qué?

Porque duele perder a un ser querido, a un vecino, a un amigo, a una persona inocente que tenía un proyecto de vida, por supuesto que causa repulsa, sobre todo en caso de las niñas. Pero ya no estamos viviendo en los tiempos de la ley del talión, donde ojo por ojo, diente por diente y si alguien mata hay que matarlo. Esto se llama populismo jurídico, cuando se habla de seguridad ciudadana, de aumentar penas, el político que razona así no está cumpliendo su labor de orientador y se deja llevar por el conjunto de la gente y acá se comenten errores”.

“La línea que tiene Bolivia es progresiva, humanista y somos parte de las NNUU que pide que las condenas sean indeterminadas, que no exista cadena perpetua o pena de muerte; en esa línea está Bolivia y ahora queriendo ir a modificar la CPE estamos contra la propia doctrina que dice que todos podemos ser rehabilitados”.

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¿Qué hacemos con este círculo de reincidencia de cárcel, liberación, delito, cárcel?

“Cuando una persona reincide en un delito ya no debe volver a la cárcel sino a las casas de trabajo, porque debe ganar su sustento ya que ha hecho daño a la sociedad. A un principio la ciudad fue afectada y si vuelve a delinquir ya no puede seguir en las mismas condiciones, debe ir a estas casas de trabajo pero aquello no hay en el país. La gente protesta y hace que se tomen medidas duras como en el caso de linchamientos, porque la gente quiere satisfacer ese deseo de venganza. Sin embargo, en el caso de delitos sexuales o psicópatas estas personas no pueden estar en las cárceles sino en hospitales o centros psiquiátricos, pero al no haber personas profesionales psicólogos que los identifiquen y que vean que son personas que les gusta hacer daño también van a la cárcel con toda la población penitenciaria. Solo pueden estar en las cárceles los mental y físicamente sanos. Los que tienen problemas mentales deben estar en otras instancias de mayor seguridad, tienen que estar aislados, no pueden estar con la población, parece inhumano, pero si tienen alguna perturbación mental van a dañar a la sociedad y se debe restringir más sus libertades”

¿Cómo se maneja el tema de la cadena perpetua en la región?

“En Sudamérica hay varios países que manejan la cadena perpetua como en Perú, proyectos en Colombia o Argentina, pero no es la cadena perpetua que estamos considerando en Bolivia que sea cárcel hasta que se muera o hasta que sea un viejito. Se le da cadena perpetua a un sujeto pero revisable en 10, 20 o 30 años, el juez puede evaluar el caso y disponer su libertad en caso de rehabilitación. En EEUU se ve condenas de 400 años de cárcel, pero esto implica esa evaluación periódica, mientras en Bolivia no tenemos esas condiciones ni el personal capacitado y queremos dejar que la gente envejezca ahí con todas las condiciones inadecuadas y se mueran enfermas provocando otro problema a largo plazo para el Estado”.

¿Mayor personal especializado en las cárceles es una alternativa de solución?

“El primer paso es el personal. Fortalecer el personal civil trabajando en cárceles y el manejo civil en las cárceles, dejando esa tendencia policial que tenemos en Bolivia. La media internacional es un preso un rehabilitador, pero en Bolivia estamos 1 para 800, y si incluimos a los policías en esos equipos subimos el índice, pero ahora los policías solo están para cuidar la puerta. En Bolivia es el único lugar donde metemos a todos en las cárceles y sin ningún control ellos mismos comienzan a organizarse con métodos de terror, de miedo y de muerte. El Estado ha abandonado el tratamiento en los espacios penitenciarios, para ver cómo está la situación física y mental de un interno y conocer si puede retornar a la sociedad”.

“En Bolivia cuando un sentenciado a 20 años cumple la mitad de su condena ya busca su salida sin que haya tenido un proceso de rehabilitación. Qué rehabilitación puede haber en las cárceles hoy en día con una vida llena de alcohol, drogas, prostitución, hacinamiento y ocio. Pero el juez le va a dar su liberación y esa persona va a volver a cometer un delito. El personal capacitado es fundamental para resolver este problema”.

¿El segundo paso sería la infraestructura?

“La infraestructura es el otro paso. Los ancianos ya no pueden estar con los otros adultos de la población carcelaria. Solo se necesita una casa donde sean trasladados estos 70 ancianos, que sean trasladados allá y vivan su penuria en sus últimos años; las mujeres embarazadas que vivan en otra casa, con sus hijos hasta los seis años como dice la ley, son menos de cien mujeres actualmente en estado de gestación. Para cada segmento de la población se debe pensar en casas de aquellas que son incautadas al narcotráfico, por ejemplo, o hacer complejos penitenciarios con ese enfoque de segmentar y clasificar a la población carcelaria”.

“Lo que falta es decisión. Y por qué no se decide, porque cuando la cárcel está llena genera mucho dinero, y esa gallina de los huevos de oro genera millones de dólares, trillones de dólares, pero si segmentamos ya no se sacaría dinero a la gente”.

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¿Quién debe tomar esa decisión?

“En este momento, es el presidente Evo Morales quien debe dar un mandato presidencial como cuando dijo: ‘quiero que encuentren a Martín Belaunde”, dio el mandato y en menos de 24 horas se lo encontró. Si el presidente no lo hace seguirá el problema como en el Estado Republicano donde nadie pudo hacer nada”.

Pero el mandatario ya se manifestó a favor de la cadena perpetua

“Se ha pronunciado en ese sentido porque no tiene el contexto necesario. Cadena perpetua, pero a qué cárceles, dónde se los va a enviar. Si se aprueba, mínimamente se debe tener el personal necesario, pero hace diez años que nadie puede mover esta situación, el único que puede es el presidente como Jefe de Estado y debe dar esa línea, sino vamos a seguir de tumbo en tumbo con las penurias para las personas privadas de libertad y sobre todo las penurias para la sociedad”.

//@VisorBolivia // Fotos: Archivo/ElDeber/Abi//

FUNCIONARIO PÚBLICO AGREDE A FOTOPERIODISTA

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 29 abril).- Un funcionario público que cumple labores en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) agredió al fotógrafo del matutino Página Siete, Álvaro Valero, cuando este realizaba fotografías desde el cuarto piso de esa entidad estatal a las personas con discapacidad.

Valero decidió ingresar al edifico público para lograr una toma aérea del conflicto instalado en la calle Junín e Indaburo, colindante a plaza Murillo, donde está la caravana de sillas de ruedas exigiendo un bono de Bs 500 mensual.

Un funcionario lo increpó por detrás y comenzó a jalonearlo en plena ventana, poniendo en riesgo la seguridad de reportero gráfico. Luego lo agarró y metió al despacho para después ser echado del edificio público, no sin antes lanzar golpes en la cabeza del agredido.

“Me ha golpeado repetidas veces en la oreja por tomar fotografía desde esta institución que es una entidad pública. Estaba sacando fotos de este mitin de la marcha y me ha golpeado sin motivo, es funcionario del INRA. Yo estaba sacando fotos porque esta es una institución pública”, explicó Valero ante sus colegas de prensa.

La agresión se da a pocas horas que la policía detuviera al redactor del periódico El Deber, Jesús Alanoca, quien tomaba fotografías del cerco policial en su cobertura informativa.

Un miembro de la UTOP lo increpó, trató de quitarle su celular y luego cuatro policías lo escoltaron al comando donde pese a identificarse, fue retenido por media hora.

La tensión y nerviosismo en plaza Murillo es evidente, sobre todo en los miembros de la Policía y funcionarios públicos.

//@VisorBolivia/ Foto: Captura pantalla//

ÚLTIMA EDICIÓN DE LA PRENSA SALE EL VIERNES

 

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 13 enero).- Como estaba anticipado, el matutino paceño La Prensa dejará de circular y cerrará operaciones este viernes al lanzar su última edición con una edición especial de 17 temas destacados en igual periodo de vida que tuvo informando a la población.

El periodista Gregory Beltrán explicó a Fides que los ejecutivos del periódico dijeron que este será “solo un hasta pronto”, y queda pendiente ver qué sucederá con el diario digital que todavía seguirá funcionando, al menos hasta que se tomen decisiones desde Gerencia.

“Esperamos definir en las siguientes horas qué va a ocurrir con el periódico digital, pero no hay nada claro todavía”, declaró el periodista que forma parte de una docena de trabajadores que fue en lo que quedó reducida esa mesa de redacción junto a otros 30 trabajadores que completan todo el personal que desde el lunes quedará cesante.

Para la despedida de este medio impreso que se suma a Presencia, Hoy y Última Hora, entre otros medios que tuvieron vida escrita, se presentará una edición especial.

“Serán 17 temas que hemos trabajado de estos 17 años y se también convocó a personalidades que trabajaron junto a este medio para hacer una evaluación”, añadió el entrevistado.

RECUERDOS Y CIERRE

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Personas que trabajaron en La Prensa se manifestaron a través de las redes sociales, lamentando este cierre anunciado y responsabilizando a los administradores, en este caso la familia Canelas, por no haber proyectado ni entendido las reglas del mercado.

Fernando Molina, escritor, puntualizó 6 razones por las que La Prensa se despide del ámbito comunicacional desde su gestación cuando se contrató al personal con sueldos inflados que poco a poco provocaron la crisis de ese medio.

También identifica la competencia a La Razón como un hecho que provocó cambios de personal e imagen, incluyendo línea editorial, que al final perjudicó al medio.

Las contradicciones internas también fueron parte de esta caída. “Nunca estuvo claro si queríamos ser un medio para las élites o un generalista que cubriera toda las áreas. Unos trabajábamos para una cosa y otros para la otra”,

Molina que no es periodista, pero que se dedica a hacer investigaciones, columnas de opinión y entrevistas fue parte de La Prensa en su primera etapa.

Recordó que hubo casos bullados como del narcotraficante Marino Diotato o la “Chitoalcoba” que involucró al exprefecto Luis Alberto Valle.

A su turno, el periodista Boris Miranda que actualmente trabaja como corresponsal para la BBC, lamentó el trato que hubo a los trabajadores desde la parte administrativa por la constante reducción de salarios y otros beneficios que ahora terminaron por completo.

“En La Prensa primero bajaron sueldos, después eliminaron ítems y alargaron los periodos a prueba para no incluir a la gente en planilla”, recordó en su cuenta de Facebook.

Rememoró también periodos críticos de cobertura como en 2008 cuando hubo confrontación en la llamada “media luna”. El trabajo siempre fue esforzado y dedicado, explicó. “La Prensa duró tanto por eso, por sus periodista y no por sus administradores”.

Con este cierre quedan en La Paz los matutinos El Diario, La Razón, Jornada, Página Siete, Extra y semanarios menores. Un medio menos para la libertad de expresión.

//Monitor VB /

OTRO MEDIO INFORMATIVO BOLIVIANO CERRARÁ SUS PUERTAS

ESPECIAL: 16 TEMAS PARA MMXVI (Tema 2)

II. 17 DE ENERO: La Prensa dejará de circular. 50 trabajadores quedarán sin empleo y la libertad de información reducida en Bolivia.

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VISOR BOLIVIA (Especial, 1 enero).- El domingo 17 de enero saldrá la última edición del matutino impreso paceño La Prensa. El cierre de otro medio de comunicación advierte la reducción de espacios para ejercer la libertad de información en el país.

Tras 18 años de trabajo, La Prensa dejará de existir y se sumará a otros medios como Presencia, Hoy, Última Hora y otros periódicos que tuvieron que dejar de circular por problemas económicos o iliquidez. Precisamente esa palabra fue señalada en los memorándums de despido que se les entregó a los 50 trabajadores que aún quedan, según explicó en octubre el periodista Gregory Beltrán.

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Este medio pasó por tres cambios de imagen en su historia, pero resultaron insuficientes para atraer al público lector.

En su primera etapa, La Prensa tuvo en sus filas a periodistas destacados y de la “escuela Presencia” y otros reclutados de La Razón que dejaron a la familia Garafulic por los altos salarios ofrecidos. La competencia mediática para finales de los 90s tuvo a esa familia y los Canelas enfrentadas para ganar raiting y lectoría.

Con una inversión de $us 3 millones se formó el Grupo Líder con La Prensa de La Paz, Los Tiempos de Cochabamba, El Deber de Santa Cruz y la red PAT. Empero, en esa etapa se produce la primera crisis económica del periódico paceño que deriva en una huelga que exigía el pago de haberes.

Otro staff fue contratado con menor sueldo y vino el cambio de imagen a un logotipo más “serio”. El Grupo Líder se disolvió y La Prensa comenzó a bajar sus ventas.

Un nuevo cambio “estudiado” por “expertos internacionales” se dio en 2011 alejando al medio de la agenda política y apuntando a un magazine o revista diaria con “hard news” y “soft news”. Farándula, deportes y temas de sociedad no pudieron capturar la atención del público y el medio perdió capital.

Beltrán manifestó que el personal ya fue reducido de 250 a 50 trabajadores, entre ellos una docena de periodistas. Unos cuantos serán absorbidos por El Alteño, otro medio de esa empresa, mientras se piensa en mantener el diario digital para conservar la marca.

El tema dará que  hablar por sus connotaciones en el gremio y será una oportunidad para anticipar la crisis en el periodismo impreso, pues en el mundo existe la tendencia para convertir en diarios digitales a todos los periódicos, comenzando en EEUU.

//@VisorBolivia /