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FUNDACIÓN TIERRA IDENTIFICA A GANADEROS Y ASENTAMIENTOS COMO INVOLUCRADOS EN EL INCENDIO DE LA CHIQUITANÍA

sofoca10VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La Fundación Tierra ha publicado el informe “Fuego en Santa Cruz”, en el que se identifica a la gran ganadería y los nuevos asentamientos como principales involucrados en el incendio de la Chiquitanía, que derivó en la quema de 3,6 millones de hectáreas en Santa Cruz y un total aproximado a las 6 millones de ha a nivel Bolivia.

El “Balance de los Incendios forestales 2019 y su relación con la tendencia de la tierra”, elaborado con datos al 30 de septiembre, proyecta que la cantidad de hectáreas quemadas en Bolivia de 5 millones, superará el histórico de 2010 con más de 6 millones, y confirma que Santa Cruz es el departamento más afectado por la práctica agraria y ganadera, a la que se sumó los 38 asentamientos en la zona de la Chiquitanía, registrados desde 2012.

El informe realiza una comparación de las hectáreas quemadas en las últimas dos décadas, confirmando que esta gestión significó el mayor desastre a nivel nacional, solo después de 2010 cuando se registraron 6.107.533 ha devastadas. Sin embargo, los datos de este año son parciales a septiembre y se llega a 5.027.975 ha, con lo que fácilmente ser podrá cerrar con una cifra mayor hasta diciembre.

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SANTA CRUZ, DESASTRE HISTÓRICO

Santa Cruz fue el departamento más golpeado con el siniestro de la Chiquitanía. El total de área quemada llegó al récord de 3.610.075 ha solo hasta septiembre, una cifra tendiente a crecer porque hasta el fin de semana todavía se registraban diez focos de calor que no fueron sofocados.

En el comparativo histórico, explica el informe, Beni siempre desarrollaba los chaqueos por encima de Santa Cruz, solo en 2010 las quemas fueron superiores en el oriente, coincidiendo con el incremento en el dato a nivel nacional de ese año.

Aquello se explica por la característica de pastizales de esas tierras que conlleva los llamados “ciclos reiterativos”, pero que se producen en las mismas tierras, sin extenderse a zonas boscosas.

Dentro del departamento, los municipios más afectados fueron “San Matías en la provincia Ángel  Sandoval, que representa el  24%  del  total  de  incendios del departamento. Le  sigue San Ignacio de Velasco con 19% y en tercer lugar se sitúa el municipio de Concepción en la provincia Ñuflo de Chávez con 14%. Los tres municipios mencionados suman 56,4%, lo que representa más de la mitad de los incendios”.

En cuanto a la superficie afectada en el departamento, Fundación Tierra destaca cuatro zonas macro: Corredor San José-Puerto Suárez, San Matías, Velasco y Concepción, que concentran el 89% de la superficie quemada de Santa Cruz, con 3.208.670 hectáreas afectadas del total de 3,6 millones ha.

“En el municipio de Roboré, la mancha más significativa que dejaron los incendios se encuentra en el tramo vial entre el centro poblado de Roboré y Carmen Rivero Torrez,  siguiendo la carretera principal que avanza hacia Puerto Suárez. La intervención  oportuna en la zona para el control del fuego, facilitada por su mayor acceso caminero y las alertas tempranas por las poblaciones del lugar, evitó un mayor desastre ambiental en la zona del valle de Tucabaca. Al sur, en los municipios de Charagua y Puerto Suárez se ubican los incendios que afectaron a los territorios Ñembi Guasu y Parque Nacional Otuquis”, explica el informe.

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INVOLUCRADOS EN EL INCENDIO

En la parte conclusiva del informe remitido por Fundación Tierra a este medio de comunicación, se afirma que los involucrados en el siniestro de la Chiquitanía son las grandes propiedades y asentamientos antiguos, aquellos aprobados hasta 2008, como se observa en la Tierra Comunitaria de Origen – TCO, con la comunidad Tierra Firme en la que se quemó la totalidad de sus 44 mil ha.

Otro sector involucrado es la ganadería de San Matías, donde existen al menos 17 propiedades con tierras por encima del límite de 5 mil ha establecido en la Constitución Política del Estado – CPE.

Los asentamientos en la zona de San José de Chiquitos y Roboré también son identificados con siete comunidades, con títulos aprobados en 2014, que suman 19 mil hectáreas. “Las  siete comunidades son: Paquiosillo, La Hacienda, El Soto, 12 de Octubre, Las Danielitas, Finaloba y 29 de Septiembre”.

A ello se añade al menos cinco grandes propiedades que se extienden por el municipio de Roboré.

Finalmente, se señala a 701 comunidades campesinas que recibieron la aprobación de asentamientos en Santa Cruz, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, desde 2010 con cerca de 822 mil hectáreas de territorio registrado y otro tanto, sin datos, que superaría el millón de hectáreas del oriente entregadas en una década.

“Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos benefician con tierras fiscales a alrededor de 22.678  personas, a un promedio de 50 hectáreas por cada beneficiario. Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos ocupan una superficie aproximada de 1.136.858 hectáreas”, remarca el informe.

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GANADEROS ALIADOS AL RÉGIMEN

En ese marco, para Fundación Tierra la práctica regular de las quemas o “ciclos reiterativos”, se ejerció desde la gran ganadería situada a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria, localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías.

El documento confirma que existe una alianza entre el régimen de Evo Morales con los sectores corporativos del agro cruceño, que no salieron en defensa de los indígenas ni tampoco denunciaron los asentamientos en la Chiquitanía.

Fundación Tierra identifica a esos sectores agropecuarios como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia (CAINCO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) que “tienen un pacto público-privado para la ampliación de la frontera agrícola, producción  de  los agrocombustibles (etanol y  biodiesel), duplicación de ganado vacuno para la exportación de carne a China, entre otros”.

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ASENTAMIENTOS, TCO Y COLONOS

En segundo lugar, como protagonistas de los incendios y por la extensión de terreno, están los indígenas y beneficiarios de las TCO, pero también, en un tercer puesto, se señala a los asentamientos o colonos.

Aunque en menor extensión, esos asentamientos en la franja de San José de Chiquitos y Roboré implicó la devastación del Área Protegida Ñembi Guasu.

Fundación Tierra también realizó el estudio de lugar de origen de esos asentamientos, siendo la mayor parte colonizadores de la propia Santa Cruz con 43%, aunque la procedencia no está determinada si es autóctona o migrante. Le siguen colonizadores de Cochabamba (29%), Potosí (9%), Chuquisaca (7%) y La Paz (3%). Otros y sin datos suman 9%.

En ese marco, el informe de la organización considera que no es correcto responsabilizar a los colonizadores del incendio en la Chiquitanía, pues, además, más de la mitad de las hectáreas consumidas corresponden a tierras fiscales y en menor grado a propiedades comunitarias o privadas.

Sin embargo, Fundación Tierra considera que las críticas a esos asentamientos de colonos deben ser por la instrumentalización del campesino como sujeto político – partidario, en especial al sector de Cochabamba, trasladado al oriente.

“Tanto la población boliviana en general, las autoridades nacionales y subnacionales, como los actores involucrados en temas agrarios y  ambientales, deben cuestionar los asentamientos de nuevas comunidades, no como si fueran los principales culpables de los incendios, sino por las pruebas muy consistentes de que los beneficiarios son parte, sobre todo, de una clase dirigencial privilegiada, íntimamente vinculada al MAS, que hace uso indebido del nombre de “campesinos””.

//@VisorBolivia/ Fotos y cuadros Fundación Tierra//

SINIESTRO DE LA CHIQUITANÍA DESTAPA MASIVA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS DEL ORIENTE PARA INTERCULTURALES

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA ha negado que se haya emitido permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados la régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y amazonía del país.

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agro-ecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz beneficiada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael.

Posteriormente, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz.

Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

Entre febrero y abril el INRA entregó resoluciones de asentamientos a los interculturales del MAS / MDRYT

INRA NEGÓ LOS CARGOS

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de foscos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados.

“Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”, declaró el funcionario la pasada semana, a medios estatales.

Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía.

Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la comunidad campesina agroforestal Aguas Claras y la comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por contener una reserva natural.

Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados a la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran los carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores” hasta “Evo Morales”.

El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

Colonizadores marcan los troncos para delimitar sus propiedades comunitarias / RRSS 

REPARTICIÓN DE TIERRAS AGRARIAS Y GANADERAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios abarcan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las 11 normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitanía, en el mapa de esa entidad, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a puerto Suárez, con esta zona amazónica en medio, caracterizada como área de expansión agrícola.

Más de 1 millón de hectáreas ya se han consumido con el fuego en un mes del siniestro / OSCAR RIOS DEL CARPIO

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año, estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales.

El anterior decreto, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 también incluyó a Beni en la figura de quemas controladas, que ya estaban permitidas en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

//@VisorBolivia//