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JORGE QUIROGA: PERSPECTIVAS POLÍTICAS EN LA REGIÓN Y LA DEFENSA DEMOCRÁTICA EN BOLIVIA

para conversatorio

CONVERSATORIO CON JORGE QUIROGA SOBRE LA REGIÓN Y BOLIVIA

El 6 de febrero en los conversatorios organizados por la Fundación Vicente Pazos Kanki, se hizo presente el presidente de la República durante 2001 a 2002, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, para exponer su visión sobre la decadencia del bloque de la Alianza Bolivariana por los pueblos de nuestra América (ALBA) y sus posibles efectos en Bolivia.

Quiroga dividió su exposición ante el auditorio abordando la situación política electoral en la región, el nuevo rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la crisis en Venezuela.

En una segunda parte, el jefe político se refirió a Bolivia y el contexto de la defensa del 21F, además de la demanda marítima boliviana que en las siguientes semanas entrará en su etapa final de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

EJEMPLO DE TAPA

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

tres

TRES ROSTROS EN EL OCASO DEL ALBA

CORREA GOLPEADO

Rafael Correa recibió un duro revés con los resultados del referendo y consulta popular del 4 de febrero.

El SÍ venció con un promedio de 67% en temas que perjudican a Correa y su aspiración de retomar la presidencia en 2012. La consulta cerró la puerta a la reelección indefinida y también determinó censurar a los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción.

Con ello comenzaría la “desmantelación” del correísmo en Ecuador. Sin embargo, el exaliado chavista ya anunció la “revancha popular”, aferrado en el caudal de poco más de 30% que siguió sus instrucciones para este referendo.

El proceso significó un respaldarazo para la administración de Lenin Moreno, que debe gobernar en medio de las pugnas internas de la Alianza País. Moreno, además, alejó del cargo al vicepresidente Jorge Glass, procesado por el escándalo Odebretch, para designar a María Alejandra Vicuña, quien como él, fue correísta acérrima durante toda una década.

MADURO CERCADO

Nicolás Maduro parece cercado a poco de verificarse las adelantadas elecciones presidenciales del 22 de abril.

El rechazo a su presencia en Lima, con motivo de la VIII Cumbre de Las Américas, firmada por 12 cancilleres de la región, es una muestra de la censura de estos gobiernos a la dictadura y modelo castrista que desde 1999 ha dejado a Venezuela con los índices más altos de hiperinflación, escasez de alimentos, medicamentos y niveles de reprobación en índices de libertad de expresión y economía.

Electoralmente, el dictador venezolano apeló a la Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral para anular cualquier alianza opositora, por lo que la denominada Mesa de Unidad Democrática – MUD no podrá participar como bloque sino con dispersos candidatos.

Por otro lado, EEUU ha girado su visión al sur del continente y con ello la sombra de una intervención militar, apoyada desde Colombia, es una posibilidad casi inminente para liberar a ese país.

LULA CONDENADO

Luiz Inácio Lula da Silva tuvo un golpe sobre otro el 24 de enero con la ratificación de su condena por el caso OAS – Lava Jato, más el incremento de esa condena a 12 años.

El expresidente brasileño, que se perfilaba para volver a candidatear en los comicios de octubre, fue investigado por el fiscal y juez Sergio Moro por haber recibido un lujoso apartamento costero en Guaruja, ciudad del estado de Sao Paulo, como “regalo” de los ejecutivos de la empresa OAS para beneficiar al consorcio en adjudicaciones estatales.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 a 2010, y la cúpula del Partido de los Trabajadores – PT, han calificado el caso como una “conspiración” y todavía guardan esperanzas para que su líder sea habilitado por la instancia electoral.

Sobre la sentencia, el juez Sergio Moro había logrado en junio pasado 9 años y medio contra el expresidente, por lo que cualquier recurso se complica con los 12 años de condena dictaminados por los tres jueces de apelación.

para aportes

JORGE QUIROGA: SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y CORRUPCIÓN

En su experiencia como veedor de los procesos latinoamericanos, el presidente de la República entre 2001 y 2002, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, desglosó el peso político que llevó a este lado del continente hacia el llamado “socialismo del siglo XXI”. Empero, como todo proceso con magnitudes inéditas, también se ha presentado en los últimos años un deterioro democrático y corrupción institucional contra los cuales parecen surgir algunas recetas efectivas.

Santos-castro-chavez

TRIÁNGULO DEL CARIBE

Quiroga profundiza y habla del “Triángulo del Caribe”, para explicar el eje de poder que dominó la agenda latinoamericana en más de medio siglo con dos procesos y un proyecto. Los procesos de Cuba (castrismo, embargo, resistencia a EEUU) y Colombia (FARC, proceso de paz, narcotráfico) y el proyecto de Venezuela (ALBA y socialismo del siglo XXI)

Ese triángulo no era casual, pues se coordinó todo desde los acuerdos de paz en Colombia que se negociaban en Cuba teniendo como garante a Venezuela. Timochenko salía de Caracas protegido en avión de PDVSA hacia La Habana; las FARC guardaban todo su armamento y droga en Venezuela y los Castro se sostenían con padrinos (primero rusos, luego Chávez) que les inyectaban hasta 2.700 millones de dólares.

Ese triángulo tuvo un pico cuando el papa Francisco y Barak Obama posibilitaron los acuerdos para privilegiar la apertura de Cuba con EEUU y luego hablar de la paz en Colombia, pero ambos procesos a costa de sacrificar la democracia venezolana, que era el tercer componente necesario para suministrar petróleo a Cuba hasta que funcione la apertura norteamericana y refugiar a los miembros de las FARC hasta garantizarles derechos y seguridad en su país.

“Sin el eslabón venezolano eran imposibles ambas soluciones”, cita Quiroga al referirse a la relación triangular entre Cuba, Colombia y Venezuela. Ese triángulo del caribe luego fue negociado por Obama y Francisco.

MORO

TRIÁNGULO DE MORO

En el caso de Brasil, es evidente la corrupción que envolvió al expresidente Lula Da Silva y su cúpula en las relaciones con Odebretch y OAS. El escándalo de sobornos a las altas autoridades de los países de la región por los consorcios brasileños para obtener beneficiosos contratos dejó a muchos expresidentes y exministros entre rejas o sentenciados como Perú, Ecuador o el propio jefe del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Pero estos casos no hubieran avanzado si no se implementaba el modelo del juez Sergio Moro, quien patentó un sistema judicial anticorrupción muy superior a “las payasadas de Baltazar Garzón” para la ciencia del Derecho.

Quiroga explica que el triángulo de Moro es: detención preventiva – diseminación informativa – delación premiada.

El círculo sospechoso es detenido y se comienza a lanzar información en base a sus declaraciones. Quien coopere se beneficia con penas menores o libertad condicional, dejando al último eslabón con toda la carga, salvo que implique a sus exsocios del hampa con cuello blanco. Así cayó Odebretch.

“Para mí el personaje más importante de la década es Sergio Moro, porque cambió todo, él ha patentado y ha establecido un sistema judicial que va a ser estudiado por décadas”, expresa con admiración Tuto.

tuto jovenes

EL CASO VENEZUELA

Jorge Quiroga expuso el proyecto chavista caracterizado por ser el más ambicioso en la historia contemporánea de América Latina y nacido por la unión de la chequera petrolera con los llamados precios chinos, cuando el precio del barril de petróleo pasó de $us 7 a 140 dólares.

Hugo Chávez primero buscó una alianza con los cinco países andinos entre sus afines militaristas en Ecuador y Perú. Luego se volvió pragmático y abarcó a líderes de otras ramas en Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Cuando subió el petróleo, cambió el proyecto bolivariano al proyecto del Socialismo del Siglo XXI que nace en los hechos en 2003 -aclara Quiroga- y no en 1999.

Chávez toma el poder total con la Asamblea Constituyente, el control de PDVSA, asumida como chequera personal, y depura a los militares venezolanos. Ese control interno coincide con la llegada de los Kirchner y Lula al poder en Argentina y Brasil. Todos los precios suben en la región y con ello este bloque llega a controlar la OEA a través de Insulza.

El fallecimiento de Chávez coincide con la caída de los precios y Maduro luego, derrumba todo el proyecto en menos de cinco años. A ello se suma la opositora Mesa de Unidad Democrática – MUD que logra ganar la Asamblea Legislativa en 2015.

Con esa oportunidad se esperaba una oposición que haga el relevo, pero este grupo no logró ningún cambio, solo retoques estéticos, convirtiéndose en funcionales a Maduro, mientras que todos los líderes opositores genuinos están exiliados, presos o asilados en las embajadas.

Por ello, el régimen venezolano ahora se aferra al poder y reprime sanguinariamente a la población aplicando el knowhow cubano.

“Es importante ver la reacción de la comunidad internacional los próximos 180 días porque ahí se decide todo para Venezuela. Si Maduro saca adelante su fraude electoral se habrá instalado en Sudamérica la segunda Cuba”.

para interior

“MORALES DEBERÁ ESCOGER ENTRE REELECCIÓN O MAR”

Bolivia se prepara para la última etapa de la resolución pacífica de controversias presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La demanda contra Chile pidiendo una negociación pronta y efectiva para lograr un acceso soberano a costas del océano Pacífico, entrará en su fase de alegatos orales en marzo, fecha coincidente con los 139 años de la usurpación del Litoral.

Para Jorge Quiroga Ramírez, Bolivia tiene importantes avances para retornar al mar en base a los llamados “derechos expectaticios” que son la base de la demanda contra Chile, recordando los constantes compromisos que hizo ese país para resolver el enclaustramiento nacional.

Esa jurisdicción internacional se basa en declaraciones y documentos emitidos por La Moneda y Bolivia ejerce sus derechos ante La Haya con certeza y razón.

En ese contexto, Quiroga lamentó que en la política interna el propio mandatario Evo Morales incumpla los “derechos expectaticios democráticos” que tienen los ciudadanos bolivianos que exigen respeto a su voto y alternancia en el poder.

Así, Quiroga recordó tres declaraciones del Jefe del Estado Plurinacional que se interpretan como “derechos expectaticios democráticos”.

Evo Morales dijo en 2009, cuando se convocaba a la aprobación de la CPE, que renunciaba a dos reelecciones consecutivas y no cumplió. Evo Morales dijo en 2014, tras ser habilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sería su último periodo y que luego iba a retirarse al Chapare a poner un restaurante y no cumplió. Evo Morales dijo en 2016, luego de activar el referendo constitucional para modificar un solo artículo de la CPE (168), que iba a respetar el resultado y si tenía que irse se iba para no dar golpe de Estado y, nuevamente, pretende incumplir su palabra.

“Va a querer mar con soberanía o poder con tiranía”, concluyó el político opositor.

marbol

  • Bolivia comenzará los alegatos orales el 19 de marzo a las 05:00hrs (10:00hrs en Holanda). El 20 de marzo, el país continuará su argumentación a la misma hora y por un máximo de tres horas. Chile responderá con sus alegatos orales el 22 y 23 de marzo en el mismo horario.

  • La etapa de contraargumentación se activará el 26 con los alegatos finales de Bolivia y el cierre por parte de Chile será el 28 de marzo, en los mismos horarios.

  • Bolivia presentó la demanda marítima el 24 de abril de 2013. Chile rechazó la competencia de la CIJ de La Haya, pero 13 de los 15 jueces del máximo tribunal ratificaron el caso el 24 de septiembre de 2015.

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¿CÓMO INFLUIRÍAN 5 ELECCIONES REGIONALES EN LA DEFENSA DEMOCRÁTICA BOLIVIANA?

La defensa de la democracia boliviana expresada en las manifestaciones ciudadanas del 21F depende también de factores internacionales. Jorge Quiroga explica el peor escenario para el país y el por qué.

Cada 12 años se da un ciclo electoral coincidente en América Latina. Este 2018 se realizarán elecciones presidenciales en México, Brasil y Colombia. Pero este año se suman los comicios en Cuba y Venezuela.

Un escenario complicado para Bolivia, cita Quiroga, sería la consolidación en el “triángulo del Caribe”, de que se perpetúe Maduro, la transición dinástica en Cuba, la incursión de las FARC en Colombia, López Obrador en México y Lula habilitado en Brasil.

¿Pero por qué tendrían impacto esos resultados en Bolivia?

Los procesos abiertos contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y eventualmente expuestos en la Corte Penal Internacional de La Haya, por la vulneración del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, debe pasar primero por el filtro de la OEA.

Hoy, el secretario general de la OEA es Luis Almagro, un social demócrata uruguayo que se vio enfrentado mediática y virtualmente al régimen de Evo Morales, pero en más de una década hubo silencio desde su antecesor el chileno José Miguel Insulza. ¿La razón?, Insulza solo obedecía el mando de 22 de los 34 votos que hacen a esa organización regional.

La correlación de fuerzas ha cambiado, pero con regresos o prórrogas en Venezuela, Cuba, Colombia, México y Brasil, el reclamo de los demócratas bolivianos quedaría casi silenciado en el Sistema Interamericano con sede en Washington.

Venezuela suma a este contexto la posible imposición del modelo cubano para reprimir toda libertad o voz contestaría a través de la legitimación de las elecciones de abril en las que Nicolás Maduro pretende ser reelecto sin participación del bloque opositor.

Este año es vital para el país, pero en criterio de Quiroga “si todas las acciones en Venezuela pasan y se permite que se consoliden, en 2019 será más difícil que la comunidad internacional apoye la defensa de la democracia en Bolivia”.

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UN CARNAVAL DEMOCRÁTICO

¿Carnaval politizado? Al parecer así fue este año y así será en 2019.

A pocos días del 21 de febrero los colectivos ciudadanos, junto a la militancia de oposición, hicieron sentir su presencia en cada corso o entrada del carnaval boliviano.

En La Paz ingresó la comparsa “Bolivia Dijo NO” o “bloque del pueblo”, llevándose por delante y a plan de kimsacharani a Evo, Alvaro y otros integrantes del “bloque del poder”. Algo insospechado hace cinco años cuando ni siquiera se pensaba en satirizar las figuras de los mandamases del Estado Plurinacional.

En Oruro la presencia de las plataformas ciudadanas puso en apuros a la Ministra de Culturas, pues mientras la funcionaria aplaudía a las fraternidades, la gente al rededor de ella repetía el estribillo “Evo de nuevo? Huevo, carajo!”.

Santa Cruz también tuvo su momento de carnaval político cuando las Kuña Mberetes y otros grupos, pasaron por el corso con gigantes pancartas de “Mi voto se respeta”.

Así, este #21F, Bolivia podría vivir una de las manifestaciones nacionales más grandes de su era democrática, pues en cada departamento se acatará el paro convocado por los Comités Cívicos. A ellos se suma el Comité Nacional de Defensa de la Democracia con el sistema universitario, Derechos Humanos y sectores fabriles, magisterio y salud, entre otros. Por otro lado, están los colectivos ciudadanos que marcan agenda sobre todo desde Santa Cruz, así como las plataformas y militancias políticas, organizadas en el resto del país.

El pedido de respeto al voto del referendo constitucional, han explicado los analistas, no pasa por rechazar una candidatura caprichosa, sino porque en democracia se deben respetar las reglas y tiene que imperar la ley. Caso contrario, se estaría pasando de un régimen totalitario a una dictadura que quiere imponer el modelo castrista-chavista en Bolivia.

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Fundación Vicente Pazos Kanki

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LA ABROGACIÓN DEL CSP Y EL 21F EN LA ÓPTICA DE TRES PERIODISTAS

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CONVERSATORIO:

CIUDADANÍA CONTRA EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL Y EN DEFENSA DEL 21F

El 24 de enero, en el ciclo de conversatorios de la Fundación Vicente Pazos Kanki, se tuvo la presencia de tres periodistas para analizar el contexto de las manifestaciones ciudadanas que lograron dos victorias consecutivas contra el régimen del MAS.

Evidentemente, los colectivos y plataformas de ciudadanos, protagonizaron las acciones del voto nulo del 3 de diciembre de 2017 y la abrogación del Código del Sistema Penal del 21 de enero de este año.

Los periodistas Andrés Gómez, Isabel Mercado y Raúl Peñaranda asistieron en calidad de analistas invitados, para brindar su opinión y tratar de avizorar, además, la agenda de la opinión pública en Bolivia en un año preelectoral y con el tema del 21F como el siguiente paso para defender la democracia.

EJEMPLO DE TAPA

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

pdteBTV

CIFRAS NEGATIVAS PARA “EL PROCESO” AL INICIO DE SU AÑO 13

El régimen ha comenzado su 13vo año de poder, o como algunos llaman: “el año de la mala suerte”.

La abrogación del Código del Sistema Penal anunciada el 21 de enero, significó para el Gobierno un retroceso y una derrota ante la movilización ciudadana como no se veía desde la marcha del TIPNIS de 2011. En el ámbito electoral, el MAS también sufrió una derrota, considerando que la elección judicial del 3 de diciembre se convirtió en un plebiscito en el que la ciudadanía votó nulo contra los magistrados propuestos por la hegemonía del oficialismo.

Las encuestas ratifican la debacle del masismo en cada ámbito, tal como citaron Peñaranda y Gómez durante sus exposiciones, basados en las últimas muestras de El Deber y Página Siete:

  • 77% de la población cree que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habita de facto a Morales a las elecciones de 2019 es ilegal
  • 8 de cada 10 bolivianos no está de acuerdo con una nueva candidatura del presidente y jefe del MAS
  • 66% de la población no cree que el MAS vaya a respetar el resultado de esos comicios en caso de perder la elección
  • Los niveles de “poca desconfianza” y “mucha desconfianza” suman 55% frente a solo 28% que aún confía en el Gobierno.
  • La calificación de la gestión gubernamental como “mala” y “muy mala” pasó de 19 puntos en 2017 a 38 puntos en este mes de enero.
  • La aprobación al Gobierno, a su vez, bajó de 34% frente a 59% que desaprueba las medidas del Estado Plurinacional.
  • Evo Morales como líder perdió el 25% de respaldo ciudadano

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ESTOS MOVIMIENTOS HAN DEMOSTRADO QUE SÍ SE PUEDE DERROTAR AL CAUDILLO

ANDRÉS GÓMEZ

El periodista Andrés Gómez ve el fenómeno de los colectivos ciudadanos como una reacción contra el caudillo, en este caso el mandatario Evo Morales, y las movilizaciones como la consecuencia de una suma de manifestaciones contenidas muy parecida al panorama de octubre de 2003.

El régimen del MAS, explica, no cae en cuenta que el panorama no es igual a 2006 o 2008, cuando Morales tenía pleno apoyo de la ciudadanía, y por ello creyó que podía aplicar medidas apoyado solo por sus grupos corporativos. Ese fue el caso del fallido Código del Sistema Penal.

Ese Código Morales caló hondo en la población porque llegó a afectarle y amenazó su propia libertad. No solo aquello sino que además de la cárcel se amenazaba con la pérdida del trabajo.

Aquel manejo informativo en las redes sociales, agrega el periodista y docente universitario, evidentemente exageró varias figuras y artículos del CPS, pero fue exactamente como pasó en octubre 2003 que del rechazo de la venta de gas por Chile se terminó en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ante ese panorama, el régimen decidió sacrificar su “bien menor” para resguardar su “bien mayor” que en este caso es la candidatura de Morales en los comicios presidenciales de 2019. La “candidatura trucha”, según Gómez.

El periodista identifica cuatro sectores que a partir del anuncio de esa candidatura se enlistaron en la defensa del voto del 21F, que es el candado constitucional para evitar que Morales aspire a quedarse en el poder hasta 2025.

Uno de esos sectores es el de los “radicales revolucionarios” que califican al Gobierno como poco revolucionario. Otro grupo son “los derechosos” que nunca han querido a Evo Morales. El tercer movimiento se perfila con un grupo que quiere que el proceso de cambio siga, pero con otro mando. El cuarto sector es de centro, que tienen valores democráticos que rescatan lo bueno del Gobierno, critican lo malo, pero no quieren a nadie que haya sido masistas sino a alguien totalmente nuevo.

La pregunta es si todos estos grupos tendrán fuerza para que obligar a que Morales retroceda. Pero algo sí quedó claro en los últimos meses y es que al caudillo sí se lo puede derrotar.

Eso ha generado que el miedo cambie de lugar y la respuesta del régimen es el lenguaje de la violencia como instiga García Linera, en procura de recuperar algo de apoyo popular frente a una oposición aún sin horizonte, que el propio MAS mantiene vigente para alimentarse de ellos descalificándolos como “el pasado neoliberal”.

El tema fundamental este año es el respeto al voto y su defensa en las calles, concluye Gómez.

2 mercado - copia

FUE UN CONFLICTO CON RUMORES Y CONTRADICCIONES EN LAS RRSS Y DESDE LAS AUTORIDADES

La directora del periódico Página Siete, Isabel Mercado, explica la cobertura informativa que se dio durante las semanas del conflicto médico que derivó en el pedido general de la abrogación del Código del Sistema Penal, con la consecuente suma de la defensa del voto ciudadano del 21F.

Mercado apuntó la dificultad que tienen los periodistas en transmitir la información en los tiempos de la “post verdad” y el influjo de las redes sociales.

Página Siete, un matutino conocido por su línea crítica al régimen de Evo Morales, tuvo que manejar la información de estas movilizaciones en un contexto muy similar al caso Zapata, en medio de mentiras, contradicciones y rumores que salían en las RRSS, pero también de las fuentes oficiales.

En ese contexto, el conflicto médico tuvo elementos como los rumores sobre los alcances reales del artículo 205, que citaba triple penalización a la mala praxis profesional, y que después se fue extendiendo a otras áreas de la sociedad. Versiones sobre la confiscación de bienes, el abandono a mujeres embarazadas, la prohibición de cultos religiosos, la despenalización del microtráfico y otros temas fueron reflejadas y compartidas desde diversas fuentes.

En las fuentes oficiales también hubo contradicciones y dificultades a tiempo de informar desde el presidente y su negativa a dialogar con la dirigencia médica, el vicepresidente y su orden de no cambiar ni una coma del CSP, pasando por la ministra de Comunicación que usó Twitter para descalificar a cada sector movilizado o la ministra de Salud que volvió a activar el conflicto cuando ya habían preacuerdos alcanzados.

Toda esa información acompañó cada momento del desarrollo del conflicto, haciendo seguimiento a uno y otro lado, aunque aquel esfuerzo siempre deja a sectores inconformes.

Mercado recuerda que los médicos cuestionaron al periódico por haber dado cobertura al Dakar 2018, desarrollado en pleno conflicto social, y el régimen también se molestó por considerar que Página Siete azuzaba a la población con sus noticias.

El CSP fue abrogado por la falta de socialización y de información, en una responsabilidad que debió asumir el Gobierno, pero también la oposición que trabajó el texto en comisiones y plenaria.

La reacción del Gobierno al conflicto con soberbia, agrega Mercado, derivó en un movimiento mayor que es el respeto al voto del 21F, una demanda que ha adquirido “vida propia” en un nuevo contexto social.

Morales fue derrotado “por un colectivo vestido de blanco”, concluye la periodista, pero persistirá en su intento de candidatear y eso provocará mayor polarización que el periodismo debe aprender a reflejar con equilibrio y mejor cuidado de los tiempos.

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DESDE EL 21F EL GOBIERNO ESTÁ ABAJO Y HA PERDIDO EL RESPETO DE LA CIUDADANÍA

El periodista Raúl Peñaranda realiza un análisis de la coyuntura a partir de la caída del régimen del MAS tanto en las encuestas, como en las calles.

Para el Premio Cabot 2015 la abrogación del Código del Sistema Penal es el resultado de un largo proceso acumulado de descontento ciudadano contra el régimen que inició en el referendo del 21 de febrero de 2016. Aquel día la población se dio cuenta que Evo Morales ya no representaba a la mayoría de los bolivianos y por ende, comenzaba su caída.

El CSP o Ley 1005, según Peñaranda, fracasó porque era una norma innecesaria, elaborada para reemplazar al Código Penal Boliviano promulgado por Hugo Banzer en 1972, solo por el capricho de ser parte de los bautizados “Códigos Morales”. Reformas, ajustes y modificaciones a la actual ley deberían haberse tomado en cuenta en vez de redactar 681 artículos, de los cuales surgió el conflicto, específicamente con el art. 205 referido a la mala praxis médica.

En menos de una semana, del 23 al 28 de noviembre, los médicos comenzaron una huelga general y luego se produjo la polémica sentencia 084/3217 del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró “preferentes” los derechos políticos de las autoridades electas, subrayando a Morales, por encima de la Constitución Política del Estado.

Para el 3 de diciembre, el régimen sufre un revés perdiendo una elección judicial que se había convertido en un plebiscito al Gobierno, y para rematar llega la promulgación del CSP en medio del conflicto médico con firma del vicepresidente Alvaro García quien, de forma arrogante, afirma que “los hechos están consumados y aquí ya no hay más debate”.

En ese contexto, Peñaranda explica que el régimen no leyó la realidad porque ante la creciente movilización ciudadana se trató de frenar el conflicto con paliativos como la derogación de dos artículos primero, luego el anuncio de Morales y la Conalcam de debatir el CSP durante un año antes de su aplicación y finalmente la abrogación del 21 de enero, 24 horas antes del “Día del Estado Plurinacional”.

Esa suma de hechos comprueba que el MAS está en la parte baja de la “rueda de la fortuna”. Las encuestas lo reafirman y las autoridades de turno lo saben.

Para adelante, concluye Peñaranda, el Gobierno tiene dos años de gestión en medio de la desconfianza en la población que, además, rechaza el intento reeleccionista de Morales y que ha decidido dejar de temer y respetar a sus autoridades, como se vio en las expresiones del voto nulo.

2019 será un año electoral totalmente polarizado y tenso por unos gobernantes que ahora tienen miedo a perder el poder.

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TRES PERIODISTAS, TRES RESPUESTAS

¿Se podrá lograr que se respete el 21F?

“Si siguen las movilizaciones durante todo este año, debe ser con la virtud de salir todos los días. Para ellos (régimen) es de vida o muerte, porque saben que después de que se vayan del poder viene el infierno para ellos y tal vez se pueda resquebrajar el MAS desde adentro”. (ANDRÉS GÓMEZ)

“Tengo mis serias dudas, pero también tengo una gran esperanza y creo que el pueblo boliviano es un pueblo que respeta la democracia y que va a continuar movilizado para que se respeten sus decisiones y el voto que manifestó en un momento dado”. (ISABEL MERCADO)

“Estos señores en el poder se quieren quedar porque les ha gustado lo que se llama popularmente ‘la mamadera’, ya no hay el discurso del cambio. Ellos dicen: ‘El costo de salida es tan alto que nos espera la cárcel y entonces prefiero quedarme’, pero esa es una apuesta muy riesgosa para todo el país”. (RAÚL PEÑARANDA) 

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APORTES Y DEBATE

Los asistentes al conversatorio de la Fundación Vicente Pazos Kanki expresaron sus opiniones sobre la coyuntura política que vive el país, la labor de los medios y la unidad para defender el 21F los siguientes meses.

Jenny Ibarnegaray dijo que el Gobierno ya no representa el bien común y en tiempos de conflicto solo provoca un estado de ánimo caldeado en la gente. Marcel Rivas, a su turno, cuestionó la falta de criterio en los medios de comunicación a tiempo de discutir el fracaso del socialismo como sistema y plantear que la salida para el país es el liberalismo.

Para Guille Sánchez los medios informativos tienen como debilidad su poca llegada a las áreas rurales del país donde la gente necesita expresar su voz. Miguel Ángel Roca agregó que el discurso de bonanza se está desmoronando y eso debería llevar a los medios a abrir un debate más sincero con la sociedad.

Ricardo Dávila cuestionó que se nombre a Waldo Albarracín como una alternativa, pues en su criterio, el exdefensor del Pueblo anteriormente se vio muy ligado al MAS. Alejandro Medinaceli acotó que el país está pasando de ser un Estado de Derecho a un Estado desecho sin derechos y por ello, se debe reemplazar las descalificaciones de grupo por la unidad de los bolivianos.

Samuel Doria Medina señaló que el siguiente paso para la ciudadanía, las plataformas y la oposición debe ser la defensa del 21F y para ello se debe llevar el mensaje de la democracia a las comunidades, al área rural, a las ciudades intermedias donde el voto nulo del 3 de diciembre también ganó y reveló la disconformidad de la población con el Gobierno de turno. En ese sentido, dijo que la unidad es el camino y se debe evitar la división frente a un enemigo en común que es el MAS y su intento totalitario.

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CINCO PERSPECTIVAS DESNUDARON AL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

auditorio

CONVERSATORIO:

ANÁLISIS DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

El 10 de enero, el primer conversatorio de este 2018 tuvo la presencia de cinco profesionales que analizaron el Código del Sistema Penal desde distintas perspectivas ante un auditorio lleno de ciudadanos.

Luis Vásquez, Carlos Böhrt, Antonio Vargas, Moira Sandoval y Américo Salgueiro dieron su punto de vista con datos y comparaciones que evidencian la falta de criterio y consenso en la elaboración de la Ley 1005 – CSP.

El CSP fue abordado por los profesionales desde las perspectivas de la administración de justicia, la legislación comparativa, el riesgo a la libertad de expresión, la visión penalista y el análisis estructural de una normativa contradictoria y sin fundamentos consensuados que hoy ha provocado una serie de manifestaciones en las calles de gente que pide su abrogación.

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

EXPEDIENTESACUMULADOS

LA CRISIS GENERAL DE LA JUSTICIA

(LUIS VÁSQUEZ)

El abogado y exparlamentario Luis Vásquez Villamor explica que la crisis de la justicia en Bolivia va más allá de la promulgación de leyes. Identifica cinco parámetros que hacen a este deterioro y espera que baje el índice de detenciones preventivas VER RECUADRO

El Órgano Judicial obtuvo en 2017 por mandato de la Ley Financial 796 mil bolivianos de presupuesto del TGN. El PGE de esa gestión ascendió a 274 mil millones de bolivianos, es decir, el presupuesto para toda la administración de justicia apenas llegó al 0,29%

La sobrecarga procesal también hace mella. En La Paz, por ejemplo, en Sala Plena y las salas especializadas se recibieron 253.341 causas, de las cuales 119.310 fueron resueltas y 134 mil quedaron pendientes de resolución. Siguiendo en La Paz, Vásquez explica que existen 144 jueces que reciben 1.500 causas cada uno, es decir, cada juez debería administrar centenares de procesos a la vez.

La politización de los altos cargos judiciales también aporta a la crisis de la justicia. “Un juez elegido por razones de afecto político no se constituye en un juez natural, y el principio del juez natural es la base de la justicia independiente. La década que ha pasado ha destruido la carrera judicial y la carrera fiscal”.

En esta década también creció el crimen organizado y el rol de combatir el delito por la Policía no se cumple. La persecución penal debe cambiar, cita Vásquez, la Policía debe ser especializada, permanente en sus funciones e independiente del Alto Mando.

En el ámbito de la corrupción judicial existen temas como el encubrimiento y la falta de transparencia. Alrededor de la función judicial se construyó anillos de acero para que los procesos de orden público no sean conocidos. El monopolio de la información se maneja con intereses particulares.

Art. 3 – III. PRINCIPIO PROCESAL DE LIBERTAD

“11. La persona imputada tendrá derecho a permanecer en libertad durante el proceso. La libertad sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso, conforme a lo previsto en la CPE y con los alcances, modos y tiempos establecidos en este Código”.

cocacocaina

CORRUPCIÓN Y NARCO BENEFICIADOS

(CARLOS BÖHRT)

Para el abogado, analista y académico Carlos Böhrt, la redacción del Código del Sistema Penal no se apegó a los valores de la CPE. Además de los artículos que han generado rechazo ciudadano, el expositor identifica tres áreas de riesgo en las que se redujo la penalidad.

CORRUPCIÓN PÚBLICA

Böhrt hace una comparación de las infracciones en el CSP y la Ley 004 Anticorrupción con 15 figuras delictivas de 32 analizadas, en las que se reducen las sanciones y 5 conductas que fueron legalizadas como “nombramientos ilegales” o “uso indebido de bienes y servicios públicos”. En el caso de la malversación de recursos que tiene 3 a 8 años de prisión, el nuevo CSP solo impone la inhabilitación. En el caso de los beneficios en razón del cargo, con similar pena actual, a partir de la Ley 1005 solo tendrá 251 a 400 días de multa, con el añadido que los “regalos” que puedan recibir los servidores públicos se legalizan según usos y costumbres.

NARCOTRÁFICO

Para abordar este tema, Böhrt vuelve a hacer una comparación del actual Código Penal y la Ley 1008 con el promulgado CSP.

En 10 de 26 tipos penales se redujo la pena y 6 figuras fueron eliminadas, como “suministro” o “asociación delictuosa”.

El analista advierte que también se plantea un raro “escalonamiento de penas” VER RECUADRO. Böhrt relaciona el tema con la cadena de producción coca – cocaína que se asienta en el Chapare, donde Evo Morales es presidente vitalicio de las Seis Federaciones del Trópico. En dicha región, recuerda, se produce en promedio 2,4 toneladas métricas de hoja de coca, y que, con tecnología tradicional, no sofisticada, la producción promedio de pasta base llega hasta 2kg por tonelada. Estos agricultores podrían facilitar en una hectárea 4kg de pasta base de producción, pero al segmentar la cantidad presentarían 1,5 kg o menos para librarse de penas.

INFRACCIONES ELECTORALES SUPRIMIDAS

Tres figuras salieron del ordenamiento jurídico: “doble o múltiple inscripción” en el padrón electoral, “manipulación informática” con fines electorales e “injerencia en la democracia comunitaria”.

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(Cuadro elaborado por Carlos Böhrt)

 

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TRES LIBERTADES AMENAZADAS

ANTONIO VARGAS

El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz aborda el Código del Sistema Penal a través de una revisión de esa norma y sus efectos sobre tres libertades que hacen al humano como ser pensante.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

En ese marco, la Ley 045 Antirracismo fue una de las primeras muestras de la arquitectura jurídica que el régimen comenzó a montar en 2010 para poder controlar a las personas y, en su forma específica, a los medios y periodistas, al definir al racismo como una teoría cuando es a todas luces una conducta.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La difusión de ideas y pensamientos y la información se difunden por los medios masivos y la prensa hace énfasis en vigilar al poder coyuntural, porque son los funcionarios quienes disponen y administran los recursos de todos los ciudadanos.

Acá entra el CSP con tres artículos referidos a la 309 (injuria), 310 (calumnia) y 311 (difamación) que de ser delitos contra el honor se renombran como “Faltas contra la dignidad”, en las que el autor es sancionado tres veces por el mismo hecho, pero también se aplica igual triple sanción a quien difunda el contenido, es decir, periodistas que abran micrófonos y los medios que acojan un programa de debate.

Esos tres artículos, además, ignoran completamente la Ley de Imprenta de Bolivia en la que ya se encuentran las figuras de injuria y calumnia.

Vargas alerta sobre otro artículo (539) VER RECUADRO que podría utilizarse para someter judicialmente a los periodistas. La norma se refiere a la entrega de objetos y documentos, secuestros. Una salvedad en el art. 341 todavía es ambigua y a aquello se opuso el gremio.

LIBERTAD DE REUNIÓN

Los individuos se manifiestan en sociedad y el nuevo CSP no solo repite el carácter del saliente “Código Penal Banzer” sino que agrega en los delitos contra la seguridad interna del Estado a la sedición y el atribuirse los derechos del pueblo citados en los arts. 293 y 294. Acá no es tan crucial la ley sino quién la interpreta, como los magistrados electos el 3 de diciembre con poca legitimidad, concluye.

ARTÍCULO 539

“Todo aquél que tenga en su poder objetos o documentos que puedan servir como medio de prueba, estará obligado a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos, a cuyo efecto podrá ser compelido por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. Quedan exceptuadas de este deber las personas que por Ley no están obligadas a declarar como testigos”

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¿DESPENALIZAR EL MICROTRÁFICO?

MOIRA SANDOVAL

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD

La abogada penalista Moira Sandoval advierte que en los temas de difamación, calumnia e injuria se sanciona al autor, pero también a quien propaga una de esas figuras, desechando la posibilidad de la retractación que anulaba cualquier proceso.

También se quitó del Código del Sistema Penal la excepción de verdad que eximía la causa cuando la difamación, injuria o calumnia se refieren a un funcionario público. La penalista afirma que se debe exigir la reposición inmediata de esa figura.

MICROTRÁFICO LEGALIZADO

Sandoval también entra a cuestionar la apertura que se hace en el nuevo CSP hacia el microtráfico de sustancias controladas en la Sección VII de Delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Art. 215, parágrafo IV VER RECUADRO

Esa despenalización a la posesión de sustancias controladas está enmarcada en la Ley 1008 (todavía vigente) y su art. 49 de consumo y tenencia para el consumo, con la diferencia que esa norma dispone que el dependiente o consumidor sea internado en un instituto de farmacodependencia para su rehabilitación; asimismo, dos especialistas deben definir la dosis mínima de consumo inmediato.

Este único “detalle”, para la abogada, justifica el pedido ciudadano para que el CSP sea abrogado.

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

La abogada también explica el concepto del Derecho penal y Derecho penal del enemigo.

Con el nuevo CSP del derecho garantista se pasa al derecho persecutorio que no es otra cosa que un estado de excepción que ya se aplicó en la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” sobre los funcionarios públicos que sirvió en su momento para criminalizar la política.

En contraste, varias figuras delictivas estipuladas en la Ley 004 Anticorrupción se anulan o alivianan en el CSP como tratando de prever procesos que deberán enfrentar servidores públicos a futuro.

 

ARTÍCULO 215

“No será punible la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, equivalentes a dosis personales que razonablemente sean para su consumo inmediato”.

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UN CÓDIGO INCONSTITUCIONAL

AMÉRICO SALGUEIRO

Américo Salgueiro, abogado procesalista, médico y académico expone las contradicciones constitucionales del CSP, una norma que reúne una parte sustantiva (Código Penal) y una parte adjetiva (procedimiento penal) convirtiéndose en una norma ampulosa de 681 artículos que hacen de la Ley 1005 un código ilegible.

El profesional cree que la redacción, además de innecesaria, fue elaborada con criterios políticos, sociológicos y psicológicos, pero no jurídicos como el Código Penal de 1972 que recogió la moderna experiencia legal alemana. El CSP ni siquiera cuenta con una exposición de motivos, pero sí nueve planas para describir solo el Art. 3.

En ese marco, Salgueiro explica que el Derecho Penal es la doctrina más próxima a la sociedad pues regula la convivencia pública. El ciudadano debe tener la capacidad natural de “conocer, entender, querer y actuar” en el marco de la ley y la CPE. “Se entiende que el ciudadano tiene esa capacidad natural, se acata la ley y si no lo hacemos es ahí conde actual el Derecho Penal”.

La mayor observación del abogado es que el nuevo CSP aplica una nomenclatura tripartita identificando crimen, delito y falta. Empero, la Constitución solo reconoce las figuras de crimen y delito, siendo esta una sola razón para declarar al Código del Sistema Penal como inconstitucional. Consecuencia: la falta como figura es inconstitucional . y con ello todo el catálogo penal también llega a ser inconstitucional, remarca el jurista.

Un ejemplo de estas contradicciones es la figura de genocidio que en el artículo 11 de la CPE es considerado como un delito, mientras en el art. 84 del CSP se lo llama crimen. VER RECUADRO

Otra observación de Salgueiro es la separación del derecho penal de acto que sanciona los actos cometidos, frente al derecho penal de autor que apuntan al sujeto. Acá entran en contradicción el art. 3 con el art. 43 del CSP, pero a su vez con el art. 116 de la CPE. 

¿CRIMEN O DELITO?

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD ARTÍCULO 80: (Genocidio) I. Será sancionada con prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica…

CPE ARTÍCULO 111: “Los DELITOS de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la Patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”.

CURA

EL PAÍS PIDIÓ ABROGACIÓN

El Código del Sistema Penal fue promulgado por el segundo mandatario Alvaro Garcia el 15 de diciembre, en ausencia del jefe del Estado Plurinacional, Evo Morales.

El primer sector movilizado, desde septiembre cuando se conoció la triple sanción que conllevaba la figura de “negligencia médica”. Tras seis reuniones se quitó la palabra “médica” y quedó como “profesional” en el art. 205. Eso llevó a un paro del sector salud por 47 días.

El sector del transporte pesado también se sumó a los rechazos por el contenido del art. 137, muy similar a la triple pena contra los médicos.

El 4 de enero, Morales determinó derogar ambos artículos y pedir la revisión del 293 y 294 que otros sectores como la COB calificaron como persecutorios y que apuntaban a criminalizar la protesta social. Su iniciativa al Legislativo no calmó la crecida de protestas que llegó a unir a cívicos, plataformas sociales, gremios, juntas vecinales, iglesias católica y evangélica, colegios de profesionales e incluso deportistas. La protesta generó además una huelga de hambre de una docena de parlamentarios de oposición.

Varios artículos fueron saliendo a cuentagotas y el CSP quedó en la mira de la colectividad boliviana. Morales, en otro intento de frenar la protesta, dio un año de plazo para que cada sector “demuestre” que una ley afecta a su sector ante una comisión de la Asamblea Legislativa.

Los paros cívicos escalonados y el resurgimiento del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) que solo se activa ante amenazas de dictadura, prevén un panorama conflictivo que el régimen del MAS se niega a reconocer a tiempo de cumplir y “festejar” 12 años en el poder.

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Fundación Vicente Pazos Kanki

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

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ENLACES DE INTERÉS

Boletín 13 Hacia el Bien Común – versión digitalizada:

https://www.flipsnack.com/F89A89B9E8C/bolet-n-13-hacia-el-bien-com-n.html

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BALANCE ELECCIÓN JUDICIAL: ¿SIGNIFICÓ ESTE #3D UNA PALIZA CREATIVA AL RÉGIMEN?

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CONVERSATORIO ELECCIONES JUDICIALES

“#3D ¿PALIZA CREATIVA?”

El martes 5 de diciembre, la Fundación Vicente Pazos Kanki realizó una evaluación de la Elección Judicial 2017 que le dio al régimen del MAS una cuarta derrota consecutiva en urnas: elecciones subnacionales, referendo por estatutos autonómicos, 21F y este 3D.

Para abordar distintas aristas se invitó a la activista Jenny Ibarnegaray, el abogado Carlos Böhrt y el periodista Andrés Gómez.

Asimismo, se expuso una serie de fotografías tomadas por los ciudadanos en cada recinto electoral, donde se desplegó la creatividad para anular el voto.

La Fundación Vicente Pazos Kanki también llegó a Santa Cruz para conversar con los jóvenes representantes de las plataformas ciudadanas, en el marco del debate democrático para aportar al Bien Común del país.

 ¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

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Andrés Gómez:

El 3D abre la batalla entre los tercios

El periodista Andrés Gómez Vela realizó un análisis sobre el movimiento del voto ciudadano identificando un tercio que mantiene su fidelidad a toda prueba por el MAS y Evo Morales, pero también advierte que la elección judicial del 3 de diciembre dejó una tendencia irreversible de los otros dos tercios que no respaldan ni comulgan con el llamado régimen del “proceso de cambio”.

“Casi dos tercios en Bolivia han decidido cambia de rumbo, esa es una decisión tomada y no creo que el Gobierno puede revertirlo”.

Del otro lado, Gómez ve que de casi dos tercios hay un buen porcentaje que responde al voto duro “anti-Evo” y otro tanto de gente que se ha ido aglutinando en contra del proceso.

El voto nulo y el voto blanco pueden tener además varias interpretaciones como ese voto indiferente de quien no vive de la política o de ese voto obligado porque necesita del certificado de sufragio para cobrar en el banco o realizar transacciones financieras.

Gómez remarca que el MAS mantiene un tercio de voto duro con el que quiere ganar las elecciones, incluso si Evo Morales no es candidato, pues su influencia trasciende a su partido y militancia, mientras en la oposición, de los líderes conocidos, solo Carlos Mesa se aproxima al 25%, pero este dice reiteradamente que “no quiere candidatear”.

“De casi dos tercios de la población, una parte es el voto duro anti-Evo que puede votar por Tuto o Samuel, pero la mayoría no lo hará, porque no los ve como candidatos que aglutinen a la gente”.

En esa perspectiva, agrega Gómez, el MAS tiene un voto asegurado para operar hacia 2019 y va a trabajar para recuperar lo que ha perdido, pero ya es un Gobierno débil que ha perdido su ajayu y que gobierna en torno a las circunstancias y coyunturas.

Sobre las campañas, el periodista ve que el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral fracasaron en su intento de convocar a la población, incluso manejando millones en presupuesto y despliegue mediático, frente al activismo ciudadano que solo gastó sus Bs 2 de crédito diario para difundir el mensaje de voto nulo en las redes sociales.

“Las redes ganaron a los medios, porque si bien no todos tienen internet o celulares inteligentes, rescatando lo que dijo Jesús Martín Barbero: ‘hay gente que no sabe leer, pero hay gente que se los lee’, y en las redes pasa lo mismo cuando los contenidos se comparten en las familias, en los grupos, en la sociedad”.

Sobre la perspectiva futura, Gómez ve un escenario complicado para el siguiente gobierno con un MAS y un Evo Morales de opositores.

“El próximo gobierno sufrirá mucho, con un Evo opositor durísimo y con los resabios de la crisis económica. Algunos piensan que este gobierno debe hundirse con sus problemas para que ahí recién surja otro que los sepulte por 50 años, pero no creo que este gobierno quiera irse por las buenas, no solo por ambición de poder sino porque hay demasiadas cosas que decir e investigar”.

En ese marco, Gómez prevé una posible negociación entre el MAS con el siguiente gobierno para cubrirse las espaldas, esto si hay elecciones en 2019 y cambio administrativo el 22 de enero de 2020.

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Jenny Ibarnegaray:

“El 3D ha expresado un desencanto”

Ibarnegaray evaluó el 3D como la manifestación de desencanto de mucha gente que ha apoyado al régimen en el pasado y que ahora se siente sin rumbo, pero aseveró que no hay que equivocarse en suponer que ese 51 por ciento de voto nulo expresa algo en común, porque pueden existir muchos factores, incluso estados de ánimo, para ese resultado electoral.

Otro riesgo, dijo, es pensar que ese voto nulo puede ser apropiado por alguien, como los partidos de la “partidocracia” reagrupados en nuevas siglas, pero con el mismo significado en términos políticos.

Sobre las expresiones ciudadanas en las papeletas y en el mismo proceso de campaña, la académica advierte que aún existe mucha carga de racismo y homofobia que todavía no se han superado y que le sirven muy bien al régimen para instrumentalizar un discurso de odio.

Sobre las perspectivas de la oposición luego de estos resultados, Ibarnegaray considera que todos deben ceder un espacio, pero sobre todo los partidos políticos y sus líderes en cuanto a protagonismo pues restan posibilidades a un proyecto a corto plazo.

Los jóvenes tienen una gran oportunidad, pero no deben asumir que solo por el hecho de ser jóvenes tienen alguna virtud o superioridad.

“Hay que tomar en cuenta a esta nueva generación para que construya su propio proyecto, pero déjense de quejar que los viejos no les dan su espacio. Nadie debe darles oportunidad, ustedes la deben tomar”.

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Carlos Böhrt:

“La gente dijo no te queremos más”

Tras hacer un análisis de los resultados en base al cómputo del TSE, Böhrt interpretó que esto constituye la respuesta de la población a los repetidos actos de corrupción que han dañado la imagen del Gobierno y del mandatario Evo Morales, aunque éste no haya sido protagonista directo de algún hecho.

El abogado recordó que en la campaña se hablaba de plebiscitar la elección judicial, pero  no fue necesario activar esa figura desde la oposición, pues el propio Tribunal Constitucional Plurinacional se dedicó a hacerlo con la polémica sentencia conocida una semana antes de los comicios.

“El mensaje para Evo Morales y para el MAS está claro, la corriente es que la gente se cansó y es capaz de decirle ‘no te queremos más’ y eso se está haciendo mayoritario”.

En tanto, el mensaje para la oposición no es homogéneo en el universo de votantes, pero del resultado objetivo de la elección que le da al voto blanco y voto nulo más del 60 por ciento del caudal electoral, esta oposición debe interpretar que “con un partido y un líder que mantienen un voto duro de 30 por ciento, no es posible pensar ‘angelicalmente’ en no contaminarse con alguien que no piensa igual que vos’, es decir, seguir en la descalificación mutua.

“Si se junta una corriente lo suficientemente fuerte para captar la mayoría de votos y erigir una alternativa viable el resultado será este (victoria frene al MAS)”.

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APORTES Y DEBATE

ENTRE LA ESPERA Y LA UNIDAD

Durante el debate los concurrentes hablaron de la unidad de todos los sectores de la oposición, de tomar acciones de movilización y protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Morales a una nueva candidatura presidencial, pero que quedó en segundo plano con esta elección judicial.

El director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, Diego Ayo, considera que los discursos voluntaristas no son suficientes para enfrentar al régimen y aquella pretendida candidatura, tampoco resistir a los nuevos magistrados producto de esta elección judicial.

También explicó que las dinámicas sociales, políticas y económicas pueden beneficiar al Gobierno en cualquier momento dejando atrás este instante de declive electoral para el MAS.

“Por ejemplo, el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, es un cerdo, un cerdo asesino con Cóndor de los Andes, que estaba perdido en 1996, pero encontró petróleo y nada más importó”.

Finalmente, conminó a no generar descalificaciones internas, pues la unidad debe tener una causa común en la recuperación democrática.

“La oposición debe estar junta, no porque seamos los ‘buenos muchachos’ sino porque todos, desde su propio espacio, pueden cumplir un rol y este es el momento de señalar el rol de cada quien”.

 #3D EVALUACIÓN DESDE SANTA CRUZ

La Fundación Vicente Pazos Kanki también se dirigió a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para conocer el análisis de la Elección Judicial en voz de los jóvenes cruceños.

Participaron del coloquio los representantes de: Generación 21 – Las Calles Bolivia – Me Comprometo Bolivia – Resistencia Femenina – Todos Juntos Por Bolivia y SOS Bolivia

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 María Anelin Suárez / Las Calles Bolivia

“La alternabilidad es mudar cambiar de ropaje, es más de lo mismo, para qué queremos alternabilidad  que se está camuflando en muchos grupos que no se sabe quién los conduce; nosotros queremos caras nuevas no las mismas políticas de izquierda que han venido atajando a este Gobierno”.

Eduardo Gutiérrez Monasterio / SOS Bolivia

“El mensaje para el Gobierno y que lo tiene confortado es que mantiene su voto duro, pero también la mayoría le dice que no quiere vivir en totalitarismo ni en tiranía. Los jóvenes queremos vivir en democracia donde se respete la CPE y al soberano, nosotros somos los dueños del país y los funcionarios son nuestros empleados”.

Xiomara Klinsky / Grupo Político G-21

“No podemos hablar de victoria aun si el fallo sigue ahí. Pero el mensaje claro es el rechazo al proyecto oficialista, los jóvenes estamos cansados de las políticas de antaño, el mensaje de los jóvenes es que estamos cansados de la politiquería barata, no queremos caudillos ni dictadura, queremos democracia”.

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Héctor Montero / Bolivia Me Comprometo

“Mientras no se entienda que el MAS ha logrado unificar todas las fuerzas de izquierda, porque destruyó a todos los partidos, no se avanzará. Los opositores necesitan enamorar a esa población que busca que los nuevos proyectos piensen por ellos y no solo piensen en buscar la riqueza del empresariado”.

María Belén Mendivil / Resistencia Femenina

“El 21F somos los jóvenes, esa oposición temerosa y cauta que sale a las calles, que se autoconvoca, que hace campaña por el respeto al Art 168 de la CPE. El intento de modificar la CPE es el detonante de la indignación ciudadana. Las nuevas generaciones no podemos permitir que nos menosprecien esa victoria”.

César Álvarez / Ciudadanos Unidos por Bolivia

“El MAS se ha dado cuenta que el Socialismo del Siglo XXI se está cayendo de a poco y no va a ir a una elección sabiendo que va a perder. Lo que se ve es una derrota y un afán de perpetuarse en el poder incluso potenciando a las FFAA para reprimir a la gente como en Venezuela y el ‘Dale duro Maduro’”.

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Fundación Vicente Pazos Kanki

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DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

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Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

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 ENLACES DE INTERÉS

BOLETÍN IMPRESO EN SU VERSIÓN DIGITAL

https://www.flipsnack.com/F89A89B9E8C/bolet-n-12-hac-a-el-bien-com-n.html

CÓMPUTO OFICIAL DEL TSE

https://computo.oep.org.bo/

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ECUADOR: LENÍN MORENO CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA SOMBRA DE CORREA

Rafael Correa, Lenin Moreno

CONVERSATORIO:

ECUADOR HOY: ¿LENIN SIN LENINISMO?

El martes 31 de octubre, la Fundación Vicente Pazos Kanki tuvo la visita del politólogo ecuatoriano Luis Verdesoto quien reflejó la coyuntura de su país bajo la administración del presidente Lenin Moreno.

El conversatorio sirvió para conocer de cerca las proyecciones políticas de Ecuador bajo una administración que pretende desmarcarse de la sombra de Rafael Correa y el ALBA, aunque para aquello todavía queda pendiente una batalla electoral a desarrollarse en enero de 2018 con la Consulta Popular.

Durante el conversatorio también se abordó la coyuntura política de Ecuador, cuya realidad es muy similar a Bolivia con un poder hegemónico y una oposición fragmentada que recién comienza a asimilar el “post correísmo” y el riesgo del regreso del socialismo del siglo XXI al Palacio de Carondelet.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?

Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

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3 EJES DE ECUADOR, HOY

CORRUPCIÓN Y PUGNAS POLÍTICAS

La corrupción en la era Correa, según estimaciones, arranca con 2.500 millones de dólares. La Fiscalía es la encargada de investigar los casos como el escándalo de Odebretch que derivó en el proceso y destitución del vicepresidente Jorge Glas, hoy en prisión preventiva en la cárcel Cuatro de Quito.

Luis Verdesoto liga las investigaciones a Estados Unidos, pues “como en la FIFA” fue la potencia del norte la que impulsó y exigió que el caso Odebretch avance.

Bajo esos cargos, la Consulta Popular podría activar la figura de “muerte civil” a Glas, pero sobre todo para Rafael Correa, sumando la aprobación de una sola reelección para impedir un eventual regreso del caudillo de la “Revolución Ciudadana”, radicado en Bélgica junto a su familia desde mayo pasado.

Con ello, el presidente Lenín Moreno tendría mejor expectativa para continuar con su mandato, al menos en términos políticos, pues dentro de la Alianza País el apoyo a su gestión es dividida.

Alianza País es un partido político ideado por Ricardo Patiño y Correa, que nació en 2006 como una coalición de izquierda y que sirvió para que el bloque de 30 partidos socialistas tome el poder durante una década desarrollando los diez ejes de la Revolución Ciudadana.

La convocatoria del presidente a un diálogo nacional que incluyó a la oposición política derivó en la división de AP. Esto, sumado a los cruces verbales entre los exaliados Moreno y Correa provocó que los “correístas” destituyan al mandatario de la jefatura partidaria por “no haber asistido tres meses a las sesiones del Consejo Directivo”. La medida fue apelada ante la justicia y Moreno aún es parte del partido que lo encumbró a la Presidencia de Ecuador.

VICEPRESIDENTE, UNA FICHA CLAVE

Jorge Glas fue suspendido de la Vicepresidencia de Ecuador luego de las acusaciones internacionales e investigación de la Fiscalía sobre presuntos nexos con el caso Odebretch.

Ahora encarcelado, se prevé su destitución definitiva del cargo que asumió Alejandra Vicuña, una excorreísta a ultranza que ahora apoya a Moreno desde su cargo de vicepresidenta encargada.

El panorama próximo para Verdesoto será eminentemente político, pues Moreno debe generar consensos en AP o incluso acudir a la oposición, para lograr una terna que será propuesta a votación legislativa en 30 días. Caso contrario, de no haber consenso, el primer nominado asumirá la Vicepresidencia de la República.

“La disputa que se viene en las siguientes semanas en Ecuador es va a ser la disputa de producir la destitución del vicepresidente de la república y luego de eso de cómo se forma la terna de candidatos a vicepresidentes. Ahí habrá un juego muy importante de saber hasta dónde el presidente Moreno está dispuesto a llevar un acuerdo nacional para un candidato vicepresidencial que pueda tener capacidades de mantener el proceso de democratización, de profundizar la mínima distensión que hay, que pueda abrir la transición y que le garantice incluso a él la vida misma”.

ECONOMISTA? ESTADISTA?

El otro eje analizado por Verdesoto estuvo referido a la economía que heredó Moreno luego de diez años del economista Rafael Correa.

El país andino llegó a tener, según reporte del Banco Central del Ecuador, 3.397 millones de dólares de Reservas Internacionales, el nivel más bajo comparable solo con 2015.

El analista recuerda que el expresidente tenía una interpretación particular sobre el valor de las Reservas Internacionales y por ello el Estado se las fue “comiendo” o pagando obligaciones externas. “Correa decía que un país que depende de otro en política monetaria no tiene por qué tener reservas”.

Correa también dejó de seguir los datos económicos de la deuda interna, porque aquello solo significaba “pasar dinero de un bolsillo a otro”. Sobre la deuda externa, en cambio, esta fue declarada como “deuda ilegítima” en los primeros años, pero luego se renegoció en 2011 con un costo mayor mediante los “bonos basura” al 10,85% a cinco años plazo.

Pese a esos desatinos económicos, Correa logró mantener la estabilidad política para que Moreno se haga del poder por la coalición oficialista. Moreno mantiene esos criterios políticos para llegar con oxígeno a la Consulta Popular y luego emprender ajustes que cambiarían de eje a Ecuador.

Uno de los cambios post consulta sería la apertura hacia el capital y la iniciativa privada para asumir competencias en determinados segmentos, condicionados por el Estado, mientras su gobierno mantenga y pueda sustentar el gasto social (bonos). Se prevé entonces, un ajuste plano que no significará un shock, pero sí un reajuste en conjunto.

En el campo internacional, Moreno tiene la posibilidad de alejar a Ecuador del bloque del ALBA para negociar un ingreso a la  Alianza del Pacífico que está compuesta por Chile, Colombia, Perú y México. Ecuador es, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, parte de los países sudamericanos  observadores en esta organización internacional.

Pese al desgaste del bloque bolivariano, Luis Verdesoto considera que Lenín Moreno aún no ve mayores perspectivas de integración internacional más allá de algunos acercamientos en Naciones Unidas, pero considera que es primordial mirar hacia el otro bloque de naciones.

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APORTES Y DEBATE

PREGUNTA: Diego Ayo (politólogo boliviano)

“Parecería que esta situación hasta la hubiese planeado Correa, porque tienes una oposición que como tienen un presidente relativamente moderado que ya no es el polarizador de antes, se ha despolitizado, están mucho más aquietados ustedes. Por otro lado, tienes un Correa que no podría reelegirse si gana la consulta y tienes un Lenín bastante intrascendente que no puede reactivar económicamente a Ecuador ni políticamente va a llegar a tener mayoría en el Congreso, entonces es una situación de vacío político permanente Hasta cuándo puede durar y qué se visualiza por veo un estado de estancamiento permanente”

RESPONDE: Luis Verdesoto (politólogo ecuatoriano)

“Es un empate catastrófico, no entre dos polos sino entre muchas partes, es una neutralización entre muchos segmentos que entran a la política en que todos entramos a empatar, todo lo que hacemos está destinado a quedarse en medio camino. Es una coyuntura que podría terminar en una gran inocuidad o puede terminar en una gran explosión”.

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LA CONSULTA DE MORENO

El politólogo ecuatoriano Luis Verdesoto estuvo presente en los conversatorios de la Fundación Vicente Pazos Kanki para explicar la coyuntura que debe enfrentar el presidente Lenín Moreno quien apunta a superar la sombre de Rafael Correa, incluso alejando a su país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) para girar hacia la Alianza del Pacífico.

Moreno activó la llamada Consulta Popular que plantea una suerte de referendo para modificar la Constitución de la República del Ecuador promulgada en 2008, producto de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el cantón de Montecristi e impulsada por Correa desde 2007.

Con esta medida, afirma Verdesoto, Moreno podría dar oxígeno a su mandato sobre todo para hacer una reestructura del aparato político que Correa impulsó durante sus 10 años de gobierno.

En lo político, la Consulta Popular apunta a eliminar la reelección consecutiva aprobada en enmienda de 2015, volviendo al texto original de la Constitución de Montecristi que limitaba la reelección de autoridades por una sola vez.

El otro punto político, explica el analista, pretende recuperar el control del Estado que fue delegado a una especie de “quinto poder” asumido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el equivalente a las “organizaciones sociales” en Bolivia, pero con capacidades de designación a cargos del Ejecutivo, con el objetivo de sostener el régimen de la “Revolución Ciudadana”.

Petroamazonas
flickr

Los temas económicos también podrían dar un giro para favorecer a Moreno, como la reducción del área petrolera a explotarse en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini del Parque Nacional Yasuní de 1.030 a solo 300 hectáreas.

La opinión pública en Ecuador debatió durante seis años la explotación de esa reserva natural rica en reservas petroleras. Correa tuvo bastante rechazo de la población por las consecuencias ambientales que significaría irrumpir en esa reserva ecológica, hasta que se planteó que Naciones Unidas genere un fideicomiso de compensación ambiental para que no se explore la zona a cambio de al menos 116 millones de dólares para el país sudamericano en una década.

En 2013 la “recaudación” internacional apenas llegó a $us 13 millones los primeros tres años y con ello Correa determinó intervenir el parque natural con el compromiso de realizar estudios que hagan viable solo el 1% de afectación en la zona. Los activistas y pueblos indígenas exigieron la Consulta Popular para ese tema, algo que será verificado en enero de 2018.

El tema de la prohibición de la minería metálica en todas las zonas protegidas también hace parte de la consulta impulsada por Moreno, aunque Verdesoto señala que al aprobarse esa restricción se abrirá la posibilidad de explotar el resto del territorio ecuatoriano.

Sobre la tenencia de tierras y su comercialización, la Consulta espera derogar la llamada Ley de Plusvalía.

En lo político social, la Consulta Popular activará la “muerte civil” para funcionarios que comentan actos de corrupción y también se aborda la problemática de la violencia infantil con la figura de no prescripción para delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

info consulta

LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR

El Gabinete del presidente Moreno presentó ante la Corte Constitucional el pasado 2 de octubre las siete preguntas de la Consulta Popular para realizar modificaciones a la Constitución de Ecuador. Un fallo vinculante regresaría al Ejecutivo para solicitar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria al proceso democrático que podría activarse entre enero y febrero de 2018. 

1

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el Anexo 1?

2

Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

3

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

4

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el Anexo 4?

5

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

6

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 6?

7

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el Anexo 1?

 

INVITA

FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

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Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki.

 

 boletin ecuador - correlativo

ENLACES DE INTERÉS

 VERSIÓN DIGITAL DEL BOLETÍN 11

https://www.flipsnack.com/IvanRada/bolet-n-11-hacia-el-bien-com-n.html?p=8

 

ANEXOS DE LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR

 http://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%201.pdf

 http://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%202.pdf

 http://admin.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%203.pdf

 http://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%204.pdf

 http://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%206.pdf

 http://www.elcomercio.com/uploads/files/2017/10/03/Anexo%20pregunta%207.pdf

 

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REELECCIÓN INDEFINIDA: TCP TIENE EN SUS MANOS LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

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CONVERSATORIO: DEMANDA ABSTRACTA DEL MAS PARA LA REELECCIÓN INDEFINIDA

El martes 26 de septiembre, en un nuevo conversatorio de la Fundación Vicente Pazos Kanki se debatió sobre las amenazas que pesan contra la Constitución Política del Estado.

Los abogados constitucionalistas Carlos Börth y Williams Bascopé expusieron los argumentos legales sobre el recurso abstracto que el oficialismo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dejar sin efecto cuatro artículos de la CPE y así habilitar a su binomio para las elecciones generales de 2019.

Ambos juristas coincidieron en que no existe criterio alguno para que ese recurso tenga efecto en el TCP, pues los argumentos expuestos por el MAS carecen de sustento y vulneran la jurisprudencia nacional e internacional.

Pese al análisis legal y el rechazo ciudadano, tres magistrados del TCP admitieron el documento este 29 de septiembre, en un hecho calificado como un retroceso para la democracia boliviana pronta a cumplir 35 años de vigencia.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?

Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

MASISTAS

¿QUÉ LE INSTRUYE EL MAS AL TCP?

La acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el pasado 18 de septiembre por senadores del MAS, sus nueve jefes departamentales y dos opositores disidentes ante el TCP, plantea a los magistrados declarar la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado para habilitar a su binomio Evo – Alvaro a las elecciones generales de 2019.

El documento de 58 páginas, avalado por la abogada Erika Bonilla, se basa en el Pacto de San José de Costa Rica y su artículo 23 referido a los derechos políticos que en su segundo parágrafo señala que esos derechos solo pueden ser reglamentados pro razones de: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena ejecutada por juez competente en proceso penal.

Bajo ese argumento, el oficialismo señala que los derechos políticos de Evo Morales son reconocidos por un tratado internacional y éstos son superiores para el ordenamiento jurídico nacional, por encima de la CPE, al ser un tema de “derechos humanos”.

El recurso pide al TCP revisar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral, la inconvencionalidad de cuarto artículos de la CPE y la inaplicación de aquellos en base a otros cuatro artículos de la misma Constitución.

En ese complejo planteamiento, el documento cita: “En consecuencia, dichos artículos deben ser expulsados del ordenamiento jurídico vigente pues vulneran derechos fundamentales y derechos humanos, específicamente derechos políticos reconocidos tanto por el texto constitucional boliviano, como por el Pacto de San José de Costa Rica”.

La expulsión de los cuatro artículos de la CPE referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades, deberá ser acompañada por la “labor fundamental” del TCP de “Aplicar cabalmente el parágrafo I del artículo 256 constitucional aplicando preferentemente los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de DDHH por sobre las partes de la CPE que, como en el caso presente, restringen o supriman derechos de las personas”.

 

BORTH

SIN FUNDAMENTOS INTERNACIONALES

El abogado, académico, político y exautoridad, Carlos Börth, realizó un desglose de los argumentos presentados por los legisladores oficialistas para justificar su recurso abstracto ante el TCP y demostró que la jurisprudencia internacional es contraria al petitorio de la reelección indefinida como derecho político y derecho humano.

En análisis de Börth, existe jurisprudencia internacional referida a las limitaciones para la reelección de autoridades en base al Pacto de San José de Costa Rica de 1969.

  1. El caso Yatama contra Nicaragua se remonta a las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución que dejó fuera de carrera a los candidatos de las etnias bajo argumento de incumplimiento de plazos y formalidades.

La sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concedió una reparación a la parte afectada.

El MAS argumenta que ese fallo sirve para habilitar a su candidato, porque se estableció que los Estados deben precautelar la “igualdad de condiciones” y eliminar cualquier acto de “discriminación”  o “regulación” al derecho político de ser electo.

Börth señala que el MAS, oficiosamente, no cita los párrafos 206 y 207 de esa misma sentencia.

El primero señala que “los derechos políticos no son absolutos” y que, efectivamente, “pueden estar sujetos a limitaciones” bajo los principios de legalidad y democracia. El segundo agrega que “los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política”, bajo criterios de lo razonable y democrático.

  1. El otro caso se refiere a Castañeda Gutman contra México. El candidato Jorge Castañeda se presentó a las elecciones presidenciales de 2004 como independiente, pero el Instituto Federal Electoral (IFE) le negó la inscripción.

Castañeda logró la reparación del Gobierno mexicano y abrió el debate sobre las postulaciones independientes sin dependencia de los partidos políticos mexicanos.

Ese caso, como jurisprudencia, que cita el MAS ante el TCP, interpreta que “los derechos políticos son derechos humanos” y que deben ser respetados y garantizados en la normativa interna de los países.

Börth comparte los párrafos 166 y 180 de esa sentencia emitida en 2008, en la que la CIDH vuelve a ir contra el petitorio político del oficialismo.

El primero aclara que la Convención Americana permite a los Estados regular los derechos políticos  “de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales”.  El segundo agrega que la Convención permite algunas restricciones cuando estas afectan “los derechos y libertades de las demás personas” o se enmarcan en “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

“Estas sentencias citadas en su memorial no tienen asidero porque dicen exactamente lo contrario de su memorial; por tanto, no tienen respaldo de la CIDH”.

BASCOPE

RECURSO SUPONE RETROCEDER LA CPE

El abogado constitucionalista, analista, exmiembro de la Asamblea Constituyente, Williams Bascopé, desarrolló una exposición sobre el desarrollo de la legislación boliviana en el marco de los derechos humanos. El proceso constituyente determinó que el ciudadano debe tener mayores condiciones de igualdad cerrando el ciclo de la dominación del más fuerte.

La nueva CPE promulgada en febrero de 2009 estableció un nuevo marco para la administración del Tribunal Constitucional Plurinacional delegándole tres funciones: Velar por la primacía de la Constitución, vigilar la división e independencia de poderes y precautelar la vigencia de los derechos fundamentales del ciudadano.

El fundamento del MAS para pedir la reelección indefinida está en el artículo 256 de la CPE, en el que los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales tienen preferencia sobre el mismo texto constitucional. Ese “derecho preferente” es invocado por el oficialismo para que el Pacto de San José de Costa Rica sea interpretado por los magistrados del TCP y así favorecer a sus aspiraciones políticas.

Bascopé explicó que el primer principio de interpretación es el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cita: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

El jurista también alertó que le recurso del MAS interpela al vicepresidente Alvaro García que deberá explicar por qué existen esos cuatro artículos que supuestamente van contra el Pacto de San José. En caso que el TCP siga con su análisis luego de la reciente admisión, también se deberá convocar a los asambleístas constituyentes que elaboraron y redactaron el texto constitucional durante 2006 y 2008, y en última instancia, los magistrados deberán interpelar a los 10 millones de ciudadanos que votaron en el referendo de aprobación de la CPE.

Además, Bascopé acotó que dentro del propio Pacto de San José existe el reconocimiento a las restricciones que los países pueden establecer en sus normas internas. El artículo 30 cita: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito por el cual han sido establecidos”.

Finalmente, Bascopé añadió tres sentencias constitucionales que sientan jurisprudencia interna para que el tema de los derechos políticos sean regulados por el propio Estado. Las sentencias son la 061/2003, 110/2010 y 003/2013 esa última de la Ley de Aplicación Normativa que establece que la elección general de 2014 dio paso al último mandato de Evo Morales.

“El poder constituyente ejerce su poder estableciendo la CPE y este poder queda sujeto a ella”, concluyó.

CONSTITUCIONALISTAS

APORTES Y DEBATE

Ricardo Paz (sociólogo)

El poder político somete a la justicia y es mentira creer que este es un tema jurídico. El panorama político ha cambiado a partir de la presentación de este recurso porque el MAS no respeta la decisión ciudadana. El MAS nos está diciendo que se va a quedar y que hará lo que sea necesario para ese objetivo político”.

Miguel Roca (ingeniero)

Quienes admitan este recurso de inconstitucionalidad, esos magistrados, van a  tener que responder tarde o temprano ante la justicia y nos corresponde como sociedad hacer escarnio y denuncia pública contra estas autoridades, porque están violando la democracia que ha costado tanto en nuestro país.

Ramón Gosalvez (politólogo)

Más allá de las explicaciones jurídicas se debe entender el proyecto de poder que tiene el Gobierno que además utiliza a la justicia como un instrumento de venganza política. Hay que analizar con mayor profundidad ese proyecto político al cual se nos quiere llevar como país y explicárselo a la ciudadanía.

Diego Ayo (politólogo)

Veo con desolación lo que pasa en Venezuela con más de cien muertos, con condena internacional, escasez de alimentos y la dictadura está rebosante. Nosotros podemos tomar cualquier acción o reclamo y el MAS está tranquilo, es inmune, entonces qué debemos hacer? Nuestro foco debe estar en lo democrático.

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¿CONSTITUCIÓN INCONSTITUCIONAL?

La acción inconstitucional abstracta que presentó el oficialismo afirma, en base al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, referido a los derechos políticos, que la CPE de Bolivia tiene “contradicciones intraconstitucionales” entre los artículos 156, 168, 285 II y 288 con el 26, 28, 256 y 410.

También refiere la “inconstitucionalidad” de los artículos 52 III, 64 d), 65 b), 71 c) y 72 b) de la Ley de Régimen Electoral – 026, todos estos referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Para el oficialismo, entonces, son cuatro artículos que deben ser “expulsado del ordenamiento jurídico vigente”, modificando la Constitución de facto, porque el TCP además debe “aplicar cabalmente” el referido tratado internacional, evitando así un referendo aprobatorio que la Carta Fundamental boliviana exige para cualquier  modificación parcial de la CPE.

“Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional decretar la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 II y 288”.

CPE Artículo 156

El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua.

CPE Artículo 168

El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.

CPE Artículo 285

II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

CPE Artículo 288

El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez

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LOS ACTUALES MAGISTRADOS DEL TCP

Bolivia desarrolló el 16 de octubre de 2011 las primeras elecciones judiciales para las altas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura con 118 postulantes.

El total de empadronados para esa elección fue de 5.243.375 habilitados. Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%). Total votos no válidos: 57,67%

En el caso del TCP, se emitieron 4.176.549 votos. Los votos válidos fueron 1.758.283 (42,10%) y los votos no válidos, nulos y blancos juntos, fueron 2.418.266 (57,90%).

El candidato más votado fue Gualberto Cusi, quien luego sería suspendido y posteriormente destituido por un juicio de responsabilidades ventilado en la Asamblea Legislativa pro la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. El abogado aymara había logrado 276.037 votos.

Los actuales magistrados, en orden de votación, tuvieron rangos menores en votación, incluso por debajo de las otras dos magistradas que fueron alejadas del cargo por el proceso de la Ley del Notariado, Ligia Velásquez (127.632 votos) y Soraida Chanez (89.370 votos).

DATOS:

Efren Choque (titular) 185.793 votos

Mirtha Camacho (titular) 104.621 votos

Ruddy Flores (titular) 101.481 votos

Neldy Andrade (titular) 92.340 votos

Macario Cortez (suplente de Cusi) 77.290 votos

Oswaldo Valencia (suplente de Velásquez) 68.834 votos

Zenón Bacarreza (suplente de Chanez) 43.096 votos

FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

FVPK SELLOInstitución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki.

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ENLACES DE INTERÉS:

SENTENCIA QUE HABILITÓ A MORALES A LA REELECCIÓN EN 2013
http://www.tcpbolivia.bo/tcp/content/tcp-resolvi%C3%B3-consulta-sobre-proyecto-de-ley-de-aplicaci%C3%B3n-normativa

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

RESULTADOS ELECCIONES JUDICIALES 2011
https://www.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/elecciones-judiciales/elecciones-judiciales-2011/

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TIPNIS: TESTIMONIO PERIODÍSTICO DE LA CRÓNICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN RESISTENCIA

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CONVERSATORIO SOBRE EL TIPNIS: TESTIMONIO DE BEATRIZ LAYME

El martes 29 de agosto la Fundación Vicente Pazos Kanki tuvo la grata visita de la periodista del matutino Página Siete, Beatriz Layme, quien junto al fotógrafo Álvaro Valero, estuvo presente en el TIPNIS.

Su importante testimonio resalta el recelo de los comunarios del denominado Polígono 7 ante la presencia de cualquier extraño en su zona. Ese sector es controlado por colonizadores productores de la hoja de coca que se extendió desde el trópico de Cochabamba.

La labor periodística de Layme y Valero fue plasmada en varias publicaciones impresas del citado diario paceño, pero la protagonista de esta aventura informativa reveló algunos detalles más sobre la intimidad de los indígenas del TIPNIS que están a punto de ceder ante el avasallamiento cocalero.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?

Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

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POLÍGONO 7: PUENTES, COCA Y COLONIZADORES

Llegar hasta el TIPNIS parecía fácil desde Villa Tunari, pero el ingreso se convirtió en un plan muy arriesgado para la integridad de la periodista Beatriz Layme y el fotógrafo Álvaro Valero al cruzar el Polígono 7 de los colonizadores cocaleros.

Cuatro días de travesía fueron plasmados en una serie de reportajes del matutino Página Siete que confirma la intervención con obras de infraestructura en la reserva natural declarada hasta hace un mes como zona intangible, pero también revela la proliferación de cultivos de hoja de coca y una vigilancia organizada de los colonizadores en pleno TIPNIS.

Layme relata que en la primera semana de agosto llegaron por una vía que conecta Isinuta con Ichoa, dentro del Polígono 7, en el límite de la denominada línea roja establecida en 1990 que separa a colonizadores con indígenas dentro del TIPNIS, donde se pudo constatar los trabajos de infraestructura con tres puentes preparados para hacer la interconexión carretera.

El primero es el puente Isiboro, luego el puente Ibuelo y finalmente está el puente Sazsama. Los dos primeros son construidos por la empresa AMVI, que fue una concesión de la cooperación norteamericana a pobladores del trópico cochabambino, y el otro se encuentra a cargo de la empresa SERGUT.

En el trayecto se pudo evidenciar que existen cultivos de coca incluso al lado de una escuela.

Los colonizadores comercializan su producto en Bs 2.50 a Bs 3.50 por libra a razón de 300 libras por semana como mínimo, que se venden en el mercado local de Aroma y “en carretera”, respectivamente. Esto les permite tener un estilo de vida propio de las grandes ciudades con todas las comodidades y artefactos de moda, además de vehículos todo terreno.

Dentro del Polígono 7 de colonizadores existen 10 sindicatos de productores de coca y estos ejercen un estricto control sobre los habitantes de la zona.

En contraste, los indígenas son productores de alimentos. Ellos, explica la periodista, cultivan arroz o yuca y duermen en hamacas. Un indígena que “escapó” de la comunidad Santísima Trinidad contó que se adentró al TIPNIS porque “afuera todo es dinero”. El indígena caza o pesca para comer, se traslada a pie o en balsa, no necesita autos ni una casa, relata Layme.

Sin embargo, existen otros indígenas que poco a poco van convirtiéndose en trabajadores de los colonizadores y con ello reciben dinero en calidad de peones. El estilo de vida de los cocaleros comienza a ser envidiado por estos indígenas que ahora ven la construcción de la carretera a título de desarrollo.

Toda esta experiencia de cuatro días en el sector colonizador del TIPNIS siempre tuvo el resguardo receloso de gente que prohibía filmar o tomar fotografías. Los periodistas incluso fueron acusados de “trabajar para la oposición”.

De madrugada y en mototaxi, los periodistas se trasladaron hacia Ichoa, comprobando no solo la existencia de los tres puentes en construcción sino las sendas abiertas para el paso vehicular.

Layme concluye que los indígenas están conscientes que la carretera será un hecho a pesar de las movilizaciones, pero piden a gritos la intervención de la Iglesia Católica, como buenos creyentes en fe y de una institución que durante años cooperó a los pueblos mojeño trinitario, chimán y yuracaré dentro del TIPNIS.

“Ellos quieren que los colonos no sobrepasen la línea roja, es el pedido de los indígenas, y que el Gobierno cumpla con la protección a los pueblos indígenas. Ellos dicen: los colonos son abusivos, se expanden”.

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COLONIZACIÓN, CONCLUSIONES DE LA PERIODISTA

La presencia de los colonos está provocando una “arremetida cultural” de un mundo ajeno a la vida natural.

Están mostrando a los indígenas otro estilo de vida, aquella con comodidades, con bienes.

Este hecho sirvió de punta de lanza para que el Gobierno impulse la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS.

Los indígenas se han rendido ante la tentación, conociendo los peligros que significa convivir con los colonos.

El indígena ya conoció el “dulce del dinero” y ese es el efecto directo de la colonización “agresiva”, la “arremetida cultural”.

Si bien la oferta de desarrollo del Gobierno ha tentado a los indígenas, estos afirman que el progreso de los originarios se concretará siempre y cuando el colono no ingrese a su territorio.

Sin embargo, existe un grupo que no cayó en esta tentación y pide respeto a su modo de vida en armonía con la naturaleza.

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APORTES Y DEBATE

MIGUEL A. ROCA (Ingeniero)

La carretera es un falso debate. Una carretera se justifica por el costo y beneficio, construir por el desarrollo es un sinsentido y el diseño alternativo por un área poco estable es riesgoso porque cualquier ingeniero sabe que el agua es el peor enemigo de una infraestructura. Se deberían analizar alternativas como la vía de Puerto Villarroel a Loreto.

MÓNICA MACHICAO (Periodista)

Ese tipo de control organizado solo se ve en las favelas de Brasil donde existe presencia y gobierno del narcotráfico, porque hay zonas rojas donde el Estado ya no tiene ningún tipo de control. Es muy peligroso que en esta reserva natural se esté actuando de esa forma precisamente con estos sectores productores de la hoja de coca.

ÓSCAR LUNA (Activista)

Desde 1975 que se tiene registro de este tipo de avasallamientos. Estamos en medio de una guerra que también es cultural. Si se debe plantear un modelo alternativo de desarrollo está el desarrollo ecológico y turístico que en otros países ha demostrado ser una alternativa viable y coherente con los pueblos originarios y el medio ambiente.

WALDO VARGAS (Ingeniero)

Hay un tema que estamos ignorando y es que en el fondo del TIPNIS es un tema legal. La Ley 180 de intangibilidad ha sido muy bien utilizada para discutir hacia adelante, pero qué pasa con todo lo anterior, con toda la normativa que no se está acatando para intervenir el TIPNIS. Los detalles técnicos se pueden discutir, pero el fondo es un debate legal.

tipnis dentro

¿HACIA QUÉ CAMINO NOS DIRIGIMOS?

La problemática del TIPNIS y la insistencia de ingresar a la segunda reserva natural del país, después del Madidi, parece llevar por debajo un plan mayor que debe ser analizado más allá del conflicto carretero, concluye el director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, Diego Ayo.

“Todas las áreas forestales en Bolivia están invadidas, sin excepción, y la exportación de madera es ilegal”, señala en relación al tráfico de madera que se da en el país.

Otro factor de riesgo a tomar en cuenta con la construcción de la vía dentro del TIPNIS y la expansión de grupos foráneos a esas tierras es la amenaza a la vida misma de los indígenas, pues las áreas protegidas están colonizadas de facto y de 36 pueblos indígenas 22 están en peligro de extinción.

En ese marco, Ayo reafirma que la carretera es solo un paso en un plan desarrollista y colonizador a corto plazo.

“Tenemos 30 nuevos caminos que estructuran una red en la que el TIPNIS parece ser solo el chivo expiatorio de un plan mayor e imparable. Si no hay un modelo alternativo de desarrollo viene la amenaza de un grupo nuevo de actores sociales que como una mazamorra no se va a detener hasta conseguir sus objetivos”.

El académico y politólogo plantea asumir el reto de pensar alternativas claras e impulsar una plataforma ciudadana que pueda enfrentar aquello que se viene con información, preparación y conciencia.

FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

FVPK SELLOInstitución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

 

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki.

niños

ENLACES DE INTERÉS:

VERSIÓN DIGITAL DEL BOLETÍN IMPRESO:

https://www.flipsnack.com/IvanRada/bolet-n-9-hacia-el-bien-com-n.html

SERIE DE REPORTAJES DE PÁGINA SIETE:

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/8/27/tipnis-donde-vida-fluye-manera-simple-149840.html

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/8/27/originarios-ilusionan-rechazan-colonos-149839.html

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/8/27/indigenas-peones-colonos-propia-tierra-149838.html

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/8/27/aceleran-construccion-tres-puentes-ensanchan-149837.html

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/24/indigenas-ilusionan-carretera-rechazan-colonos-149460.html

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/21/imagenes-construccion-puentes-tipnis-149128.html

EL TIPNIS ES VIDA (EL PELIGRO DE LA COLONIZACIÓN):

http://www.tipnisesvida.net/tipnisdocuinra.html

 

//@GrupoMultimediaVEA2017//

VENEZUELA: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CRISIS ¿HACIA ALLÁ VAMOS EN BOLIVIA?

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CONVERSATORIO SOBRE LA CRISIS EN VENEZUELA

El martes 15 de agosto se desarrolló un nuevo conversatorio de interés general en la Fundación Vicente Pazos Kanki, está vez con la presencia de residentes venezolanos en Bolivia.

Los cuatro invitados dieron testimonio sobre la coyuntura social y política que vive Venezuela, un país sumergido en la crisis económica y la represión ideológica en todas sus formas.

Dentro de lo rescatable se puede citar una explicación sociológica sobre el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías y la instauración de un régimen socialista que pervive hasta hoy con el respaldo de dos frentes, los colectivos paramilitares y las Fuerzas Armadas, ambos asociados al gobierno de Nicolás Maduro a tal grado que es imposible vislumbrar una acción política exitosa desde la oposición.

El régimen de Maduro enfrentará en los siguientes meses la acusación de su exfiscal Luisa Ortega en un contexto donde EEUU y el eje Siria – Irán tiene relevancia, como se explica en la presente edición de este boletín.

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

desabastecimiento

¿CÓMO LLEGÓ VENEZUELA A ESTA CRISIS TERMINAL?

Jhonny López, Alejandro Moreno, Erismar García y Andreina Thaine son residentes venezolanos en Bolivia que promueven las manifestaciones y plantones para denunciar lo que consideran como la dictadura de Nicolás Maduro en su país.

Erismar comenta que Venezuela se puede dividir en un antes y después de la llegada de Hugo Chávez Frías al poder el 2 de febrero de 1999 cuando el Movimiento Quinta República con el 56 por ciento de los votos. La ciudadanía no creía en Chávez, un militar, pero había demasiada decepción en el sistema de partidos tradicionales.

Andreina agrega que el panorama político antes de la llegada de Chávez estaba dividido en dos partidos dominantes: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) o Partido Socialcristiano y Acción Demócrata (AD) que decidieron una alianza,  Proyecto Venezuela, al notar el crecimiento del militar que había pasado dos años encarcelado por el fallido golpe de 1992 contra Carlos Andrés Pérez.

La primera etapa de Chávez en el poder ilusionó a los venezolanos, pues había suficiente abastecimiento en los supermercados, los salarios alcanzaban y sustentaban su poder adquisitivo, no había ningún tipo de restricciones en la adquisición de productos e incluso la basura era recolectada con eficiencia.

Esa imagen, comenta Erismar, contrasta con el actual régimen de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez tras la muerte del “Comandante” en marzo de 2013, quien administra Venezuela con anaqueles vacíos, muertos en las filas por acceder a algo de comida, un control estricto para la dotación de alimentos básicos como pan, azúcar, aceite o las restricciones para acceder al sistema de farmacias.

“En Venezuela ahora es un lujo enfermarse”, expresa la joven mujer, quien recuerda cómo su familia tuvo que hacer fila desde las 4 de madrugada hasta la tarde siguiente para que se le niegue la atención a su madre. También recuerda que los hospitales atienden a los niños en cajas improvisadas pro la falta de camillas o camas adecuadas.

CÓMO GANARSE AL PUEBLO

“Al hombre se lo conquista por el estómago” citan las novelas de antaño, pero aquello se puede aplicar al pueblo en su conjunto.

Con Chávez en el poder se comenzó a aplicar una serie de medidas de redistribución tanto económica como en insumos. En ese marco nacen los subsidios que el presidente bolivariano no calculó en su extensión y sostenibilidad.

Alejandro explica que en Venezuela se utilizan los alimentos como una forma de coacción contra el pueblo y para mantenerlo condicionado hacia cualquier proceso electoral, como sucedió en la última elección parlamentaria o el referendo de julio reciente.

Ya con Maduro en plena crisis y descontento nacional en 2016 se crean las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) que se distribuyen en una estricta forma de control y registro de ciudadanos bajo el pretexto de “combatir la guerra económica”, con la cual el régimen venezolano justifica el desabastecimiento de alimentos.

“Compran la conciencia de quienes tienen alguna necesidad”, dice el residente venezolano.

Otra política aplicada por Chávez, ya en su segundo mandato con la Constitución modificada y con la alianza oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron las “misiones bolivarianas” que llevaron programas de salud, educación y vivienda por todo el país manejando un aparato de propaganda y culto a la imagen del presidente sin precedentes.

Pero cómo llegó Venezuela a ese extremo? La respuesta testimonial parece apuntar a la corrupción y el interés político que no mide consecuencias.

Chávez, por ejemplo, pensó que cambiando petróleo por productos y alimentos en la región iba a garantizar la estabilidad social de su país, pero aquello se fue complicando más allá de los intentos de acuerdos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en los que las principales potencias Brasil, Argentina o Chile no tuvieron el mismo desprendimiento, Santiago incluso nunca fue parte de los bolivarianos.

Ese “trueque” fue el gran error de Chávez, expresa con firmeza Jhonny, porque Venezuela no producía nada y solo conocieron la soya cuando Bolivia les envío el producto, que antes les llegaba procesado como “salsa inglesa”, por ejemplo.

La administración del Estado también fue parte del fracaso del modelo, pues se tomó control desde el Estado de cada espacio productivo y se incluyó a gente militante sin tener experiencia en ningún ramo. El modelo de las cooperativas hizo que, por ejemplo, en hotelería y turismo se incluyeran a sindicatos de obreros.

“VENECOS”, FFAA Y COLECTIVOS

Ante este panorama desalentador, surge la pregunta del por qué el chavismo sigue de pie y controla el país con muerte y represión a las libertades civiles.

Jhonny López detalla que durante años Venezuela fue visitada por ciudadanos colombianos que poco a poco fueron dejando familias enteras en su país. En la década de los 60s todos los extranjeros se asentaron en las áreas periurbanas de Venezuela, pero sobre todo los colombianos a través de los llamados “caminos verdes”.

Esas personas tenían un estatus de ilegales y no gozaban de ninguna prestación del Estado. Sus hijos fueron creciendo con cierto resentimiento conciudadano. Aquello llevó a una falsificación masiva de documentos de identidad.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder comenzó a hacer cambios desde la misma Constitución de 1961, pero tuvo una férrea oposición que incluso gestó el golpe de 2002 contra los poderes habilitantes que se habían atribuido al presidente para hacer cambios en las leyes productivas: Tierras, Hidrocarburos y Pesca. El desbande de algunos ministros y aliados dejó a Chávez solo en el Palacio de Miraflores, mientras empresarios de Petróleos de Venezuela S.A. entraban en huelga.

El golpe duró poco. Pedro Carmona se proclamó presidente interino por 48 horas, pero una operación de rescate de los chavistas y le general Raúl Badule le devolvía el mando a Chávez el 14 de abril de ese año.

Chávez, sostiene López, se dio cuenta que su poder no tenía suficiente respaldo en la ciudadanía ni dentro de las Fuerzas Armadas.

Fue entonces y hasta 2005 cuando se comenzó una campaña de beneficios sociales a los residentes colombianos que incluyó una masiva carnetización. Con ello lograba el apoyo incondicional de gran parte de aquella población marginada. Esos ciudadanos colombianos con cédulas venezolanas son conocidos hoy como “venecos”, casi como una forma despectiva.

“Allá en Venezuela que te digan ‘veneco’ es un gran insulto”, dice López y agrega con ironía “el caso más emblemático es Nicolás Maduro Moros”.

Por otra parte, era turno de copar al mando militar. Los beneficios económicos, tierras y cargos políticos para el mando militar fueron suficientes para lograr su subordinación militante.

Finalmente, llegó el turno de empoderar a todos los grupos chavistas que además de doctrina recibían armas. Los llamados “colectivos de autodefensa de Venezuela” se convirtieron en el brazo paramilitar del régimen, conformado por jóvenes, pero también con sicarios, exreclusos, gente con resentimiento social que solo esperaba una oportunidad para lograr beneficios.

Mientras pasaba todo esto, coinciden los residentes venezolanos, la ciudadanía en el país de Bolívar “se desentendía de la política”, permitiendo que la hegemonía partidaria crezca a tal grado que la oposición quedó por una década en silencio absoluto.

Tras la muerte de Hugo Chávez por cáncer en marzo de 2013 Venezuela comenzó a dudar sobre la estabilidad política de su gobierno. Nicolás Maduro asumía el mando y encaraba las elecciones generales de abril de ese año en medio de una confusa interpretación constitucional que lo habilitaba sin renunciar al cargo.

Con apenas 200 mil votos de diferencia sobre Henrique Capriles, el exdiputado, excanciller, exconstituyente y otrora trabajador de la línea de buses de Caracas era electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2013 – 2019.

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VENEZUELA COMO FICHA DENTRO LA GEOPOLÍTICA IRÁN – RUSIA – CHINA – SIRIA

Para nadie es desconocido que Estados Unidos es considerado por el chavismo y sus aliados como el Imperio del mal. Pero aquella muletilla ideológica solo comenzó a ser utilizada a partir del pacto que hizo el comandante Hugo Chávez con el comandante Fidel Castro en La Habana.

Jhonny López, residente venezolano en Bolivia, asegura que ese pacto militar provocó la sumisión total de las autoridades de su país a tal grado que si bien existen generales de las FFAA que están en contra de la represión del régimen, sus inmediatos superiores no están en el alto mando sino en generales cubanos.

El tema, empero, va más lejos y “cruza el charco” cuando se habla del eje “antiimperialista” conformado por las potencias de Rusia, China, Irán y Siria. La visión antioccidental de esas naciones y su influencia en un país rico en petróleo convertido en satélite podría explicar mucha de la lógica geopolítica actual.

Venezuela, con Nicolás Maduro, ocupa desde 2016 la presidencia del Movimiento de Países No Alineados (MPNA) luego de la XVII cumbre realizada en la Isla Margarita, que tiene a su vez como secretario general al presidente iraní Hasán Rouhaní.

Joseph Humire, experto en seguridad y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura en EEUU, considera que en ese marco, Venezuela tiene gran dependencia y compromiso con Hezbolá, el brazo político armado del Islam que opera en Líbano, Siria, Irak e Irán.

El investigador revela que en Venezuela viven más de 200 mil sirios, todos ellos con pasaportes obtenidos durante el régimen de Chávez y Maduro, mientras que similar cantidad de venezolanos residen al sur de Siria, lugar de donde proviene la familia del actual vicepresidente Tareck El Aissami (42).

El vicepresidente venezolano de origen sirio, es un abogado, que llegó a ser diputado y luego ministro del Interior en 2008, encargado por el propio Chávez de luchar contra el crimen, pero  también anular cualquier “intento golpista de la derecha”. Para 2012 fue electo gobernador de Aragua, la cuna de la revolución bolivariana, en la que su padre participó activamente apoyando a Chávez en el golpe fallido de 1992.

“El propósito es subir a Tareck a la Presidencia”, cita el experto en entrevista con Panam Post.

El Aissami fue acusado por Washington en 2016 de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, aunque la administración de Barack Husein Obama no avaló las investigaciones. El aludido respondió: “ante la infamia imperialista, más fuertes que nunca, venceremos!”

Con Cuba y Venezuela como satélites, este movimiento “no alienado” que lleva una guerra de baja intensidad con EEUU, tendría como propósito “construir una revolución” a corto plazo. Aquello explicaría los convenios y acuerdos bilaterales con cada una de esas potencias que durante la era del “socialismo del siglo XXI” ha incrementado su presencia en Centro y Sudamérica. LA interpretación queda abierta.

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APORTES Y DEBATE

Durante el debate, la participación de los concurrentes fue importante.

El activista y político Guillermo Paz cuestionó a los invitados venezolanos qué sucedió con la oposición y por qué permitieron que pase toda la avalancha chavista en estos años, recibiendo como respuesta la desunión y pugna de intereses particulares de cada fracción contestataria a Chávez y Maduro.

La politóloga y académica Erika Brockman apuntó a las Fuerzas Armadas como el brazo armado que sustenta al régimen pero destacó la aparición de esos grupos civiles (colectivos) que han tenido protagonismo al momento de reprimir, enfrentar y masacrar a la resistencia. Vio que es necesario analizar el rol de esa red territorial de colectivos que se ha expandido en Venezuela.

Para el politólogo y Demócrata Julián Cors lo que sucede en Venezuela es algo más amplio y con tendencias mundiales. Los temas de narcotráfico, por ejemplo, podrían aplicarse en ese país como un laboratorio de ensayo y repetirse en Bolivia como una casa matriz, dada la alianza inseparable entre Maduro y Morales.

El analista Yerko Ihjic también habló del papel represivo de las FFAA Bolivarianas, la Guardia Nacional y en ese contexto cuestionó si la salida para Venezuela pasa por el militarismo constitucionalista, viendo que la oposición no tiene forma de tomar el poder ni en el corto ni a largo plazo.

Los residentes venezolanos explicaron que existían militares constitucionalistas como aquellos que devolvieron a Chavéz al Palacio de Miraflores luego del intento de golpe de Estado, porque entienden que la democracia debe ser respetada. Sin embargo, actualmente los altos rangos militares han sido comprometidos con dádivas y cuotas de poder dentro del chavismo como el propio Diosdado Cabello o Tareck El Aissami.

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LOS PASOS DEL COMANDANTE CHÁVEZ

Hugo Chávez Frías, el comandante de la revolución bolivariana, fue un hombre que supo aprovechar el momento histórico para hacerse del poder e influenciar a gran parte del sur del continente.

El militar que había fracasado en su intento de golpe de Estado, ya decía ante las cámaras que “aquel no era el momento”, pero avizoraba cambios en la administración política de Venezuela.

Chávez asumió el mando en una Venezuela muy similar a la que hoy existe. Un país con desabastecimiento general, represión a la ciudadanía, persecución a partidos políticos que en los 80s eran los comunistas. El chavismo defiende a su caudillo en vista de esa evidente decadencia que Venezuela soportó durante décadas.

Aprovechando las riquezas petroleras de su país, logró alianzas estratégicas con Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay, Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Ernesto Kischner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay e incluso apoyó a Ollanta Humala en su primera aspiración presidencial en Perú.

Sin embargo, su proyecto bolivariano de la “patria grande” quedó truncado por su repentina enfermedad apenas comenzado su cuarto mandato presidencial, pues pese a haber forzado la reforma constitucional, su cuerpo comenzó a cobrarle factura.

Cuba fue el país elegido para que los aliados y padrinos ideológicos Fidel y Raúl Castro tengan en sus manos la vida de Chávez. Literalmente así sucedió.

El cáncer detectado avanzó y ni la “avanzada” medicina cubana pudo evitar que el “segundo libertado de Venezuela”, como lo llaman sus seguidores, pierda esa batalla. “No quiero morir, por favor no dejen que yo muera”, fueron sus últimas palabras.

Chávez falleció el 5 de marzo de 2013 en Caracas, aunque existen versiones cada vez mayores sobre su muerte acaecida en La Habana el 30 de diciembre de 2012. Rumores y una grabación agregan además al mito, que éste fue inoculado con cáncer por los propios cubanos que se convirtieron en el poder detrás del poder en los países del ALBA.

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LAS CARTAS DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

Henrique Capriles (abogado, socialdemócrata, 45) fue dos veces candidato a la presidencia, quedando atrás de Chávez por 11% en 2012 y contra Maduro con apenas 1,4% en 2013. Fue diputado en 1999, alcalde de Baruta en 2000 y gobernador del Estado de Miranda en 2008, cargo que mantiene hoy. Estuvo procesado por las manifestaciones y la toma de la embajada cubana en 2012, quedó exento.

Leopoldo López (economista, socialdemócrata, 46) fue alcalde de Chacao en 2000, siempre encabezó las encuestas de la MUD pese a estar inhabilitado por presuntos actos de corrupción. Quedó enjuiciado por los disturbios de Maracaibo que dejaron varios muertos. Fue detenido en Ramo Verde y sentenciado a 13 años y 9 meses. En 2017 se le concedió excarcelamiento domiciliario condicionado.

María Corina Machado (ingeniera, liberal moderada, 49) presidió la Fundación Súmate, fue diputada electa en 2000, activó la recolección de 3 millones de firmas contra el régimen. Chávez la amenazó con un juicio por “traición a la Patria”, luego de una entrevista de la política con el presidente de EEUU George W. Bush, mientras Maduro repitió la figura cuando ella aceptó la embajada alterna ante la OEA.

MUD PIERDE

Los residentes venezolanos coincidieron en señalar que la oposición en ese país estuvo dividida durante años, pero al encontrar consenso lograron avanzar. Sin embargo, y pese a las manifestaciones del pueblo en las calles, al final se termina cediendo a la hegemonía del régimen chavista.

Después de 17 años de triunfos consecutivos del chavismo, con un ínterin en el intento de reforma constitucional para la reelección de 2007 que al final se consumó con otro referendo en 2009, la oposición logró hacerse de la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 7 de diciembre de 2015.

Sin embargo, pese a haber obtenido como Mesa de la Unidad Demócrata (MUD) 109 de 167 escaños parlamentarios, la reciente Asamblea Constituyente convocada y ganada por la plancha de Nicolás Maduro se atribuyó este 18 de agosto todos los poderes legislativos. El chavismo había quedado con solo 55 diputados y 3 escaños indígenas.

El siguiente proceso son las elecciones regionales de octubre de 2017 en las que la MUD parece haber “tranzado” con el PSUV a fin que la Asamblea Constituyente les permita participar.

“Parece que aquí hay una tramoya”, remarcan las jóvenes venezolanas. “No importa si ganan o pierden, la oposición siempre pierde”, agregan los ciudadanos caribeños.

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FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

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La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki.

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A FUEGO LENTO HACIA VENEZUELA

Inexorablemente y con la astucia de los zorros, el régimen avanza y arrasa sin importarle, siquiera, las formas. El norte del Gobierno boliviano es transitar la ruta bolivariana de Venezuela y los bolivianos parecemos no caer en la debida cuenta.

El Gobierno a estas alturas, “le mete no más” porque ya sólo importa su objetivo: atornillarse en el poder a como dé lugar. Y no es que estas pretensiones las estén ocultando o diciendo entre dientes ¡No! las expresan abiertamente, sin sangre ni rubor en el rostro: “¡Carajo! Nosotros vamos a continuar aquí en la plaza Murillo 500 años”. Así el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, se refirió al Pachacuti (tiempo de cambio), que a su criterio sólo tiene su inicio con Evo Morales y dará paso a un gobierno “indio” para los próximos cinco siglos (ERBOL, febrero, 2017).  Mientras el continente le da la espalda, a nombre de todos los bolivianos, el Presidente cierra filas a favor de Maduro: “Desconocer Constituyente venezolana es desconocer su democracia y su Constitución. Atentar contra este país es atentar contra América Latina” (Twitter @evoespueblo).

En Venezuela el régimen formó a los colectivos ciudadanos como agrupaciones paramilitares para defender al régimen y, hoy, actúan bajo la égida del Gobierno atemorizando y matando a sus propios compatriotas a nombre de defender la revolución bolivariana. Pues bien, en Bolivia, el sábado 7 de agosto, en la parada cívico-militar (similar al pacto militar-campesino) han nacido las fuerzas patrióticas, encabezadas por  las Bartolinas, para defender el proceso de cambio.

Ahí mismo el Gobierno arengó a las Fuerzas Armadas para que defiendan a los países del imperialismo. “En todo caso, este no es un aspecto novedoso, tomando en cuenta que el Gobierno ha sometido a las Fuerzas Armadas a su proyecto político, a cambio de concesiones,  prebendas y cargos en el Gobierno o en el servicio exterior para los generales retirados” (editorial, Página Siete, 10 de agosto)

Nos están refregando en la cara su agenda 2025 y nosotros seguimos sin darnos cuenta que el camino es seguir en el poder más allá de  2019, porque Evo es imprescindible y “el hermano Vicepresidente es insustituible”.  Como ya no hay plata de los hidrocarburos para chauchitar, el régimen se ha lanzado hacia las áreas protegidas, parques nacionales y TCO  para repartir a sus bases cocaleras, colonizadoras, cooperativistas y empresariales concesiones, y territorios para que los exploten a su gusto.  Pero, eso sí, les garanticen su permanencia en el poder.

Y los bolivianos seguimos creyendo que el tema de la coca-narcotráfico es un problema de los cocaleros y que el tema de las áreas protegidas es un problema de los indígenas. Cuando, en realidad, en las políticas que hoy aplica el Gobierno se está jugando el futuro de todos los que vivimos en esta patria. Narcotráfico y destrucción de nuestros bosques es algo que nos afecta a todos los bolivianos y por eso debemos ser consultados vía referendo para saber si estamos de acuerdo o no en que se siembre más coca para el narcotráfico y si estamos de acuerdo o no en que se destruyan nuestros bosques.   

Para reflexionar y  entender lo que nos pasa a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra amada Bolivia, voy a recurrir a la fábula La rana que no sabía que estaba hervida, de Olivier Clerc (1961): “Una cacerola llena de agua fría en la que una pequeña rana está nadando. Se enciende un pequeño fuego que va calentando el agua lentamente. Poco a poco, el agua se va poniendo tibia. La rana encuentra la situación  muy agradable y sigue nadando muy a gusto. La temperatura del agua va subiendo. Empieza a estar caliente, bastante caliente. La rana ya no goza como antes, se siente un poco cansada, pero no por eso se asusta. La temperatura sigue subiendo, cada vez más. Está muy caliente. La rana comienza a encontrar la situación desagradable, pero está tan débil que decide seguir aguantando sin hacer nada. La temperatura continúa subiendo aún más, mucho más, hasta que llega un momento en que la rana termina cocinándose y muriendo”.

Ahora bien, imagínese el caso en que la rana salta a una olla de agua hirviendo, comprobará que sale enseguida porque siente el peligro. Olivier Clerc, en una entrevista decía: “En nombre del progreso, de la ciencia, y del aprovechamiento, se efectúan continuos ataques a las libertades individuales, a la dignidad, a la integridad de la naturaleza, a la belleza y a la felicidad de vivir. Lenta, pero inexorablemente, con la constante complicidad de las víctimas, inconscientes, o quizás incapaces de defenderse”.

A estas alturas del partido, me pregunto y pregunto a todos: ¿estamos los bolivianos siendo cocinados a fuego lento, dejando que nos quemen hasta el punto que no tengamos retorno y nos quede sólo que aceptar nuestra propia perdición?

¿Estamos los  bolivianos siendo cocinados a fuego lento, dejando que nos quemen hasta el punto que no tengamos retorno?

*Artículo de opinión de Iván Arias Durán originalmente publicado en:

Página Siete, Visor Bolivia, Amalia Pando Cabildeo y ANN el 14 de agosto de 2017//

ENLACES DE INTERÉS:

EL APOYO DEL EJE NO ALINEADO AL CHAVISMO

QUIÉN ES TARECK EL AISAMMI
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38526752

VENEZUELA ANTES DE CHÁVEZ EN LA VISIÓN DEL PSUV
https://juanmartorano.wordpress.com/2015/09/21/te-muestro-como-era-venezuela-antes-de-chavez-pasa-papu/

QUÉ SON LAS CLAP
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160603_venezuela_alimentos_clap_yv

//@GrupoMultimediaVEA//

TIPNIS DESPUÉS DE SEIS AÑOS: ¿HACIA UNA ENTRADA SIN RETORNO?

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BOLETÍN “HACIA EL BIEN COMÚN ” DE LA FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

¿Qué es el BIEN COMÚN?: Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna. Director: Diego Ayo.

CONVERSATORIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL TIPNIS

El miércoles 2 de agosto, la Fundación Vicente Pazos Kanki desarrolló un nuevo conversatorio público, esta vez para abordar la problemática del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS.

El invitado expositor fue el Dr. Roger Cortez Hurtado, médico y politógolo, exdiputado del Partido Socialista, director del Instituto Alternativo y actual columnista en medios de prensa, quien dio otra lectura a los intereses externos sobre la reserva natural boliviana.

“TIPNIS después de 6 años ¿Hacia una entrada sin retorno?” fue la convocatoria para este nuevo espacio de debate y construcción de país en el que intervinieron personalidades reconocidas, profesionales y políticos asistentes.

En este boletín se incluyen datos referenciales para entender el contexto de la lucha de los pueblos indígenas por el TIPNIS, como una contribución a la opinión pública para el debate en democracia.

SELVA

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA TOMA DEL TIPNIS?

La reciente aprobación de la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS en la Asamblea Legislativa abre la posibilidad de intervención estatal dentro de la reserva natural boliviana, una situación que no debería tomarse como un problema regional, étnico ni cultural sino como un conflicto a nivel nacional, según Cortez.

La Ley 180 de Intangibilidad sobre el TIPNIS, producto de la octava marcha indígena de 2011, queda abrogada y con ello el Gobierno Central adquiere un plazo corto para elaborar un plan de desarrollo en esa zona.

 – COCA EN SEGUNDO PLANO

En ese contexto, el exponente asegura que el debate entre oficialistas y opositores hoy se centra en la posible expansión de cultivos de coca en el TIPNIS, pero aquello, en su visión, no es determinante, porque Bolivia tiene una producción relativamente menor a otros países, como Perú o Colombia, en comparación a su población.

Bolivia estima tener 25 mil hectáreas cultivadas, mientras en Perú existen entre 45 mil a 50 mil ha y en Colombia se llega a bordear las 190 ha.

Por tanto, sustenta Cortez, el tema pasa por la especulación de tierras, porque el verdadero interés de los productores del trópico de Cochabamba sería diversificar su capital y, como sujeto económico, quieren ampliar su mercado de tierra, adquiriendo soberanía sobre el TIPNIS.

La  carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no tiene justificación ni estudios serios, por lo que se convierte en un proyecto que al final distrae el debate sobre la verdadera intención sobre ese territorio.

 – FUENTE DE VIDA

Un segundo punto que Cortez observa es el valor del TIPNIS como generadora de fuente de vida.

Los recursos naturales dentro de esta reserva natural, en cada metro cuadrado, tienen mayor valor que muchas instalaciones industriales. Estudios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas así lo certifican.

En ese marco, todos los proyectos del Gobierno y su Agenda Patriótica tienen el mismo norte, algo que opositores y oficialistas no debaten ni refutan. Cada proyecto histórico para el país elaborado por consultores foráneos se aferra al extractivismo.

La afectación al TIPNIS y otros proyectos como la hidroeléctrica sobre el Chepete (que Cortez remarca en no llamar El Bala)  llegaría hasta el sistema de cuencas. La cuenca amazónica se vería afectada a partir de la reducción de caudal en el río Grande y el sedimento minimizado en el río Mamoré.

La Agenda Patriótica 2025, como generadora de recursos energéticos alternativos al gas, “es una ofensiva total a las cuencas”. El Chepete, por ejemplo, retendrá aguas y se convertida en una cloaca.

 – ACAPARAR TIERRAS

El tercer punto proyectado por Cortez es la condición y propiedad de las tierras en el TIPNIS entendida como una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

Todo el territorio nacional se está convertido en tierra fiscal para luego ser repartida a grupos de colonizadores. En el marco de la nueva Constitución se sustentó el sujeto histórico indígena originario campesina, algo que no existe, porque la clase campesina llega a ser una creación de la Revolución de 1952 y hoy se ha convertido en la base social de la nueva burguesía: cooperativistas mineros, comerciantes populares (gremialistas) y choferes de transporte público.

Esta burguesía apunta a tomar las tierras de los indígenas, también considerados como otra categoría de creación foránea, mediante una contrarreforma agraria. La CSUTCB y el propio mandatario Evo Morales consideran que existe “mucha tierra para poca gente” y con ello se llegará a intervenir a las TCO.

Esta nueva dotación de tierras no tendrá como objetivo el cultivo de productos (tampoco la coca), sino para acaparar y usufructuar de esas nuevas hectáreas para seguir empoderando a esa clase social de colonizadores, hoy denominada “interculturales”.

conalcam

¿PROYECTO PAÍS SOLO PARA ALGUNOS?

La visión de la Agenda Patriótica 2025 impulsada por el gobierno de Evo Morales resulta “perversa” para el país, señala Roger Cortez.

La fundamentación del analista radica en que esa agenda prevé convertir a Bolivia en centro energético de la región a cualquier precio. El conflicto del TIPNIS solo sería una parte del “paquetazo electoral” antes de los comicios de 2019, en los que se beneficiar para tratar de convencer del voto a las bases aliadas al MAS para tener el camino expedito sobre esa reserva natural, los recursos hídricos y mineros, entre otros.

El TIPNIS y los bosques chimanes son parte de esa expansión territorial para sus bases aliadas. Las megarepresas Chepete, Miguillas, Rositas con una inversión de 27 mil millones de dólares y otra asignación para el cooperativismo minero calculado en $us 500 millones son parte de ese “combo” que  se viene en los siguientes años.

Cortez alerta que esas millonarias cifras dejarán endeudado al país, porque como en el caso del Chepete que debería generar 3.700 MegaWats para exportar energía, hoy no existen compradores a la vista.

COLONIZADORES

En el caso de los colonizadores, para el politólogo mal llamados “interculturales”, serán beneficiados en este “proyecto país” accediendo al mercado de tierras que será creado por su propia demanda social.

15 años antes del MAS en el poder, estos sujetos económicos fueron comprando tierra, no para trabajarla sino para comercializarla. “La particularidad del país es ser indígena, pero los campesinos se desprenden de esa raíz por su modernización económica, porque ellos son el motor de la modernización”, cita Cortez.

Por ello, los indígenas son vistos como un escollo a esos intereses, no solo en el TIPNIS sino en otros territorios que tienen recursos de vida o generan actividad minera o petrolera.

ASFALTAN

LA CARRETERA QUE DIVIDE A BOLIVIA

 – ANTECEDENTES

La integración caminera siempre fue un tema de Estado inconcluso. La unión entre Cochabamba y Beni podría tener vías alternas por el norte, pero existe un especial conflicto hace más de 30 años por cruzar o no el TIPNIS.

En diciembre de 1984 se promulgó la Ley 676 en el gobierno de Hernán Siles Zuazo que declara de prioridad y urgencia nacional la construcción de la carretera Cochabamba – Trinidad.

En septiembre de 1990 se promulgó la Ley 1185 que autoriza gestionar con carácter de urgencia el financiamiento para los estudios de factibilidad y diseño final del tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Con ambos antecedentes, la vía por la reserva natural estuvo en debate con la salvedad que el TIPNIS quedó PROTEGIDO al adquirir reconocimiento y doble categoría jurídica: territorio indígena y parque nacional y reserva ambiental el 24 de septiembre de 1990 como consecuencia de la primera marcha por la vida y el territorio.

 – LA CARRETERA DE EVO

La administración de Evo Morales impulsó desde su primer año de gestión la construcción de la carretera por le TIPNIS.

El 22 de septiembre de 2006 el mandatario firma la ley que decreta de “prioridad nacional y departamental la elaboración del estudio a diseño final y construcción del tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba – Beni, de la Red Vial Fundamental”.

Para el 7 de abril de 2010 se decreta la “Ley de aprobación del protocolo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil, sobre el financiamiento del proyecto de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.

Con esta norma se aprobó el Protocolo de Financiamiento entre ambos países aprobado en agosto de 2009, por 332 millones de dólares para esa obra de 306 kilómetros. El crédito luego era cursado a la Asociación Latinoamericana de Desarrollo (ALADI). El monto, en comparación, sería igualado a la compra del satélite Túpac Katari.

La empresa encargada de realizar la obra en su segundo tramo de 50 km que ingresa a la reserva natural, fue la brasileña OAS cuya adjudicación en su momento no fue aclarada.

 – MARCHAR, EL QUIEBRE MONOLÍTICO

En 2010 se produce la primera movilización y huelga de hambre de la bancada indígena en rechazo a los proyectos gubernamentales sin consulta a las comunidades. Los siete legisladores, incluidos del MAS, pidieron más cupos de representación par las 36 naciones indígenas, originarias, campesinas.

Aquella huelga tuvo la participación de representantes de la Confederación de pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Allyus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) como representantes de los pueblos de tierras bajas y tierras altas, respectivamente.

Ante las voces de alerta sobre las obras iniciadas en el tramo I de la vía Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, el mandatario Evo Morales salía a decir el 29 de junio de 2011 que la carretera por el TIPNIS se iba a hacer “quieran o no quieran”

Los representantes de la Subcentral TIPNIS y Subcentral Sécure convocaron a los corregidores de las comunidades y con ello se inició la octava marcha indígena por la defensa del TIPNIS, que partió desde Trinidad el 25 de agosto de ese año.

El avance se detuvo por una semana en Yucumo, Beni, ante la amenaza de confrontación por el sector de los colonizadores vinculados a la Confederación de Comunidades Interculturales, célula afín al MAS. Un cerco policial para tratar de evitar la pelea impidió incluso que los indígenas se abastezcan de agua.

La tensión se disparó el 24 de septiembre luego de la visita del canciller David Choquehuanca que fue retenido y llevado por mujeres marchistas a comprobar que no podían abastecerse de agua. El Gobierno acusó secuestro y violencia. Choquehuanca declaraba “algo habrá que hacer” en el lugar.

El 25 de septiembre de 2011 400 efectivos policiales intervinieron la macha en la zona de Chaparina. Gases, golpes, amordazamientos, cinta masquin en la boca como mordaza, y traslado forzado de los marchistas, mujeres y niños incluidos se extendió de mediodía hasta el caer de la tarde.

La ciudadanía que aún no apoyaba esta causa se mostró indignada y la solidaridad con los indígenas permitió la reagrupación de la marcha y su avance sin mayor intervención. Luego de 65 días de caminata entre Beni, Cochabamba y La Paz, la marcha llegaba a la Sede de Gobierno con emotivo y masivo recibimiento de banderas tricolor y patujú.

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 – LEY 180, LEY 222, LEY 266

Producto de esta movilización y luego de una vigilia en Plaza Murillo, los dirigentes Adolfo Chávez y Fernando Vargas se sentaban junto a Evo Morales y los presidentes de ambas cámaras Héctor Arce por Diputados y René Martínez por el Senado, para firmar el compromiso de no intervenir el TIPNIS y atender 15 puntos de la plataforma de la VIII Marcha.

El 24 de octubre de 2011 se promulga la Ley 180 que declara al TIPNIS como zona intangible y que estipulaba sobre la carretera en el art. 3 que esa vía “como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS”.

Para enero de 2012 el sector de colonizadores asentados en el Polígono 7 del TIPNIS reunidos en el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) al mando de Gumercindo Pradel, militante del MAS, partieron en marcha para pedir la construcción de la carretera y como argumento se usó la necesidad de la consulta previa en las 64 comunidades.

Las nuevas presidentas de ambas cámaras Gabriela Montaño (Senado) y Rebeca Delgado (Diputados) aprobaron en febrero de 2012 la Ley 222 de consulta previa que en su artículo 4 señala como finalidad: “Definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.

Meses después se tuvo que activar la novena marcha indígena para denunciar esa ley y aquella consulta previa. El reglamento de ambas normas contrapuestas y el compromiso de no construir la carretera desactivó el tema durante cinco años.

El 3 de julio de 2017 representantes de tres subcentrales llegaron a la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley junto a la diputada Ramona Moye. El proyecto citaba la abrogación de la intangibilidad de la Ley 180 y abría la intervención de proyectos carreteros.

El artículo 9 era claro: “Articulación e integración del TIPNIS.- Las actividades de articulación e integración que mejoren establezcan o mantengan derechos de los pueblos indígenas como la libre circulación a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial, áreas y otras, se diseñarán de manera participativa con los pueblos indígenas debiendo cumplir la normativa ambiental vigente”.

La Ley 266 era aprobada en diputados y sancionada la madrugada del 9 de agosto de 2017 por el Senado.

Las bases indígenas y los colectivos ambientalistas anunciaron una nueva movilización y posible décima marcha por la defensa del TIPNIS.

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APORTES Y DEBATE

Para el ingeniero Antonio Coca, la carretera por el TIPNIS no tiene estudio de factibilidad y esto genera dudas, porque para plantear un proyecto de semejante magnitud se debería tomar en cuenta, por ejemplo, el costo beneficio en el tiempo de desplazamiento de mercancías y el mantenimiento de los motorizados.

Los 415 millones de dólares que significaría la conclusión de la vía, sin este estudio, significará un gasto en calidad de préstamo, que será pagado con los impuestos de todos los bolivianos que tributan al fisco y que, paradójicamente, beneficiará solo a los sectores informales (interculturales) que no pagan impuestos.

El investigador Roger Carvajal y el senador Fernando Campero coinciden en que no se puede negar la expansión de cultivos de coca como un tema de fondo. El comunicador agrega que dentro del Polígono 7 del TIPNIS, limítrofe con el trópico de Cochabamba, la deforestación de estos productores de coca es evidente al ampliar su frontera de cultivos.

La ambientalista Carmen Capriles agrega que las consecuencias de la intervención sobre el TIPNIS y las hidroeléctricas reproducirán efectos contrarios a la biodiversidad reproduciendo desastres como los vividos en Trinidad con inundaciones permanentes. También observa que el criterio “intercultural” se va convirtiendo en una amenaza contra lo indígena.

En una segunda ronda de aportes y consultas, el sociólogo Ricardo Paz explica que el proyecto de Evo Morales para intervenir el TIPNIS nace por convicción y es en eses ámbito que la oposición y los colectivos sociales deberían encarara la lucha ideológica, caso contrario, los argumentos políticos solo sirven para blindar el discurso desarrollista del mandatario.

La exdiputada Marcela Revollo recuerda que la Asamblea Constituyente discutió el criterio “tierra – territorio” entre los sectores indígenas, campesinos y colonizadores. Luego de la octava marcha y el quiebre de esa alianza, la problemática del TIPNIS significó una derrota política para el Gobierno del MAS que no se supo capitalizar y esa falta de organización y unidad aún es una debilidad para las oposiciones políticas.

La analista y exlegisladora Erika Brockman retoma el criterio del TIPNIS como una fuente de vida y asegura que las proyecciones del Gobierno demuestran el fracaso en reenfocar el desarrollo alternativo, tanto en el ámbito energético como agrícola.

Finalmente, la senadora opositora Mirtha Arce llama a los organismos internacionales como “cómplices” de las políticas centralistas porque ni siquiera el informe de la UNODC sobre los cultivos de coca muestra las cifras rojas que, por ejemplo, EEUU ya alertó.

Además, concluye, la apropiación de tierras, ya se da mediante las políticas de saneamiento en que los nuevos propietarios revenden la tierra como pasa en Tarija.

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EL TIPNIS EXCEDENTE Y LA BURGUESÍA ASCENDENTE

Para el director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, Diego Ayo, los intereses sobre el TIPNIS  entendidos como un proyecto de toma territorial solo son la continuación de una guerra y revolución nacida en la década de los 80s, cuando grandes masas quedaron desplazadas y sin excedentes de capital que los obligó a buscar nuevas fronteras.

Contrabandistas, comerciantes informales, productores de coca, entre otros, se fueron expandiendo hasta tomar el poder en 2006 dejando a un lado o instrumentalizando el discurso utópico de los ideólogos comunitaristas del MAS sobre lo indígena originario campesino.

Esta nueva burguesía ascendente ahora busca avasallar nuevos territorios como el TIPNIS.

“Aunque es correcto decir que al TIPNIS no se toca, es casi inevitable que otros sectores busquen generar su excedente. El TIPNIS no solamente es tierra, significa llegar al Brasil  con contrabando, es tener la posibilidad de la gran tala de madera para contrabandearla ilícitamente, es un reducto de grandes fortunas y de consolidación de estas burguesías y clases medias”.

tipnis razones 2017

LA COCA YA INVADE SEIS PARQUES

La producción de coca en Bolivia se extiende en cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz llegando a 23.100 hectáreas cultivadas, según el último reporte de monitoreo de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen – ONUDC revelado el pasado 19 de julio.

La “hoja sagrada” además ha ingresado a seis de los 22 parques protegidos pese a las advertencias del Gobierno y la promesa de erradicación del mandatario Evo Morales.

Los parques nacionales intervenidos con cocales son: Carrasco (95 hectáreas), Apolobamba (45 ha), Cotapata (39 ha), Isiboro Sécure (30 ha), Amboró (23 ha) y Madidi (21 ha). La afectación entre 2015 y el reporte de 2016 revela el crecimiento de 49 hectáreas en comparación.

Las 22 áreas protegidas del país constituyen el 16% del territorio nacional. En el caso del Isiboro Sécure como área protegida este tiene 1.236.296 ha.

El TIPNIS fue declarado Parque Nacional por D.S. 7401 del 22 de noviembre de 1965 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y luego adquirió rango de Territorio Indígena a través del D.S. 22610 del 24 de septiembre de 1990 en la administración de Jaime Paz Zamora.

La amenaza de expansión cocalera, finalmente, se evidencia en el crecimiento sostenido de cultivos en la zona del Polígono 7 y su limítrofe Villa Tunari del trópico de Cochabamba, que en 2010 subió 100 hectáreas y para 2016 llegó a 372 ha de crecimiento anual.

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La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

FVPK SELLO

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

 

TEXTO DE CONSULTA:

“Pueblos en el camino en defensa de los territorios”, CAOI 2012

 

 

LINKS DE INTERÉS:

EVO MORALES, DIPUTADO, PROMETE TIERRA A COLONIZADORES


EL PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA (PÓSTUMA)

https://chaskiclandestino.wordpress.com/2017/08/03/el-gobierno-se-apoya-en-una-consulta-postuma-y-de-mala-fe-para-imponer-la-carretera-por-medio-del-tipnis/

SEGUIMIENTO OCTAVA MARCHA FUNDACIÓN TIERRA

EVO MORALES, PRESIDENTE, PREVÉ PRONTA CARRETERA


DOCUMENTAL ASFALTAR BOLIVIA


 

//EDICIÓN: @GRUPOVEA 2017//

AGUAS DEL SILALA “ARGUMENTOS DE CHILE Y BOLIVIA ¿HACIA UN TRIUNFO O UN EMPATE?”

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BOLETÍN “HACIA EL BIEN COMÚN ” DE LA FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

¿Qué es el BIEN COMÚN?: Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna. Director: Diego Ayo.

CONVERSATORIO SOBRE LAS AGUAS DEL SILALA

El miércoles 19 de julio se desarrolló en la Fundación Vicente Pazos Kanki un nuevo conversatorio para debatir y analizar una problemática de interés nacional.

Las aguas del manantial boliviano Silala y la demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fueron los ejes del evento en el que participaron como exponentes el periodista e investigador Milton Lérida, el internacionalista Andrés Guzmán y el experto en recursos hídricos Guillermo Arroyo.

Lérida, conocido por su constante trabajo de investigación y fiscalización sobre la frontera del país con el vecino chileno, remarcó los hechos históricos y referenciales que hacen a esta problemática bilateral que se remonta a 1908.

Guzmán, joven profesional con libros publicados sobre la causa marítima, aportó detalles sobre la demanda chilena y sus argumentos conocidos para tratar de definir que el Silala es un río de curso internacional, algo que el país objeta históricamente.

Arroyo, experimentado ingeniero boliviano, dio detalles técnicos sobre la problemática hídrica y abrió el planteamiento para ver la demanda chilena mucho más allá de la coyuntura.

De las ideas planteadas esa jornada, se rescata este trabajo que incorpora material de consulta que espera servir para ampliar los conocimientos de la ciudadanía sobre el manantial boliviano.

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FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

 

 

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LOS MANANTIALES QUE NACEN EN POTOSÍ HISTORIA:

La actividad minera en Potosí y Antofagasta se incrementó a finales del siglo XIX. Chile, previsor de acelerar y garantizar su producción mediante la compañía minera Huanchaca, asentada en Bolivia pero dirigida por chilenos, compró la línea férrea de la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta en 1877. La compañía Huanchaca luego vendió sus acciones a la compañía anglo chilena The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. el 8 de diciembre de 1888 que se haría cargo de la línea férrea desde el punto denominado Ascotán.

Chile ya había aprovechado mediante canalización las aguas del río Loa, pero apuntó a abastecerse del río San Pedro. El tendido de cañerías continúo los siguientes años tomando los manantiales de Polapi, Palpana, Ujina Grande y Poquios.

Ingenieros ingleses y chilenos luego de la demarcación territorial del Tratado de 1904 ingresan a Potosí y advierten otro manantial que podía formar parte de su amplia red de abastecimiento: el Silala.

UBICACIÓN:

Los manantiales del Silala se encuentran en el Vice cantón Quetena Chico de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. Es una cuenca hidrográfica de 70 km2 con cerca de 100 manantiales activos con corrientes subterráneas que brotan agua dulce. Su posición geográfica está en la hoyada del cerro Cabana entre los hitos 73 y 75 a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

ANTECEDENTES:

Los antecedentes sobre las aguas del Silala se remontan a la primera normativa sobre uso de recursos hídricos que se dio el 8 de septiembre de 1879 con el Reglamento de Aguas que luego se elevó a rango de Ley el 28 de noviembre de 1906.

En ese marco, la Prefectura de Potosí otorgó mediante Escritura Pública Nº 48 del 28 de octubre de 1908, la concesión del uso de las aguas que forman los manantiales que existen en la zona del Vice cantón Quetena Chico de la provincia Sud Lípez a la empresa The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. para abastecer el funcionamiento de las locomotoras a vapor.

Sin embargo, alerta Lérida, ese contrato no cumplió con tres características básicas, en parte por la irresponsabilidad de las autoridades bolivianas de turno. La concesión no definió el precio del agua, no definió un tiempo de vigencia y no definió el volumen que salía desde Potosí hacia Chile, aspectos fundamentales para determinar la llamada “deuda histórica” que se hace hasta hoy en el vecino país.

Para 1991 una expedición in  situ de representantes nacionales y trabajadores de la prensa, evidenció los trabajos de canalización artificial realizados en la zona. Lérida explica que se encontraron 3 vertientes que lanzaban entre 60 a 80 litros por segundo y luego se descubrió 6 fuentes canalizadas que fácilmente botaban entre 160 a 200 litros por segundo.

Para los años 60s el sistema de ferrocarriles de Chile cambió su toma de combustible hacia el diesel. Tres décadas después y con los antecedentes de la primera alerta de canalización de 1991, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada determinó revocar el contrato de concesión mediante Decreto Supremo 24660 del 20 de junio de 1997 que apoyaba la Resolución Administrativa 71/97 de la Prefectura de Potosí de mayo de ese año.

La resolución justificaba la revocatoria del contrato de 1908 porque se determinó “la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas”, además que ya no existía el concesionario “como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano”, es decir, la empresa chilena  de ferrocarriles.

Esa empresa, presentó un recurso de nulidad a la Resolución Administrativa 71/97 a la Sala Plena de la Corte Superior de Distrito de Potosí que se declaró incompetente de resolver el caso.

La empresa luego fue comprada por el Grupo Luksic y cambió su denominación a Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), mientras en Bolivia el año 2000 se adjudicó la administración del uso de las aguas del Silala a la empresa  Ductec SRL.

El conflicto de pago se derivó entonces a dos empresas privadas, dejando al margen a los Estados.

Sin embargo, el 4 de julio de 2000 la Cancillería de Chile decide asumir defensa del Grupo Luksic y de la otra aprovechadora del agua, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) llevando el caso al ámbito bilateral.

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VERDADEROS MOTIVOS DE USO:

Para Lérida, Chile solo utilizó como excusa el transporte de minerales en el ferrocarril a vapor que amenazaba a la carga de Potosí y Oruro.

El Gobierno chileno, consciente de las necesidades de sus habitantes delegó la negociación a una de sus empresas para hablar del transporte de minerales, pero en realidad la necesidad se daba en el consumo humano de la población de Calama, además, y aún más importante, para la dotación de agua a la creciente industria del cobre a principios del siglo XX en el vecino país.

Por ello, el cambio de vapor a diesel en el sistema de combustible para los ferrocarriles no impidió que Chile continuara utilizando el mismo o mayor caudal de agua que ya abastecía entre el 60 y 80 por ciento de su actividad minera. Actualmente, comenta el periodista, Chile ya usa agua de mar para su industria.

En cambio, en Bolivia, los gobiernos de turno se olvidaron de aprovechar esos recursos hídricos y tampoco se ocuparon de fortalecer la presencia militar en la extensa frontera con Chile.

Finalmente, Lérida describe algunos errores del Estado Boliviano en el manejo de la problemática del Silala.

Uno de los temas en discusión es la denominación del Silala como “manantial” como afirma Bolivia o como “río” como pretende Chile. Un mapa elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) nominó al Silala como un río. El hecho fue denunciado en su momento, pero el mapa siguió impreso y distribuido como tal hasta 2003, algo que Chile aprovecha en la actual coyuntura con la demanda jurídica en curso.

Otra de las acciones infortunadas para el país se dio en el preacuerdo bilateral del 1 de octubre de 2010 en el que Bolivia se compromete a: asegurar a Chile la provisión de agua (Art.2), dejar abierta la posibilidad para que Chile aproveche el agua (Art. 3) y asumir solamente el pago del 50% del uso del agua sin tomar en cuenta la deuda histórica (Art. 6).

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LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA CHILENA

La demanda sobre el Silala, explica Guzmán, debate si esta agua dulce es parte de un sistema acuático como define la posición boliviana o es parte de un sistema fluvial como aspira la posición chilena.

Para demostrar su postura, Chile argumenta tres puntos: 1) que existe un uso racional y equitativo de las aguas; 2) que Bolivia cambió varias veces su discurso en torno a la denominación del Silala; 3) que las aguas fluyen naturalmente en base a la ley de la gravedad desde Potosí hacia su territorio.

¿CUÁL ES EL USO ACTUAL DEL AGUA?

Luego de la concesión de la Prefectura de Potosí a la empresa anglo chilena The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company en 1908 para el uso de locomotoras a vapor, se produjo el cambio de matriz energética de esas máquinas de transporte por diesel.

El líquido entonces pasó a tener otros usos aprovechados por los siguientes propietarios del ferrocarril, la unión entre el Grupo Luksic, perteneciente a la familia más rica del vecino país, y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) que se reparten el caudal de agua en 140 litros por segundo y 40 litros por segundo, respectivamente.

Esos 180 lt/seg son comercializados por ambas empresas privadas hacia el consumo humano y el abastecimiento de ingenios mineros en Chile. Es decir, el agua proveniente del Silala se ha convertido en un negocio lucrativo para los consorcios chilenos.

En el caso de CODELCO sus beneficios económicos producto del uso de las aguas del Silala, adquiere implicaciones bélicas pues como compañía chilena tiene el deber de aportar con 10% de sus utilidades para la compra de material bélico.

Chile ha ocupado en 2015 el tercer puesto de armamento militar en la región, cayendo al sexto lugar de Sudamérica para finales de 2016, según el ranking de Global Firepower Index (Índice Global de Potencia de Fuego) con unas FFAA de 60 mil miembros, 82 mil reservistas, 2.346 vehículos blindados, 236 aeronaves, 69 buques y un presupuesto de 5.483 millones de dólares.

¿EXISTEN CONTRADICCIONES?

Si bien en Bolivia hubo declaraciones equivocadas de altas autoridades sobre las características del Silala y también cartografía errada que le atribuyen el denominativo “río” al caudal nacido en Quetena Chico, no significa que Chile haya sido más coherente durante este siglo y nueve años de controversia.

Guzmán recuerda que autoridades chilenas llamaban vertiente o riachuelo al Silala (para ellos Siloli), por tanto, el argumento puede ser contrastado con facilidad.

Respecto a la cartografía, fue el canciller chileno Heraldo Muñoz quien mostró públicamente el mapa adjunto al Tratado de 1904 que describe al Silala como un río, situación que calificó como “un antecedente decididor” poco antes de que el tema fuera interpuesto como demanda por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 6 de junio de 2016.

Pero en las contradicciones chilenas también se observa que Chile ya hizo una concesión del recurso hídrico antes de la Resolución de la Prefectura de Potosí en 1908.

La Dirección General de Aguas (DGA) de Chile reveló que su gobierno concedió los derechos de uso del agua a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. con el Decreto 794 de 11 de junio de 1906 para recibir 121 litros por segundo, es decir, en calidad de propietario.

En 1990 se ampliaron esos derechos a CODELCO para uso “permanente y continuo” a 41 litros por segundo, según la publicación de “Análisis de la oferta y demanda de recursos hídricos en cuencas críticas de Loa, Rapel y Mataquito”. Para 1996 se establece que los derechos de CODELCO beneficiarán a Chuquicamata, la región donde está la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo.

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MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS

El internacionalista e investigador recuerda que el tema Silala iba en reconocimiento de Chile dentro de la Agenda de 13 Puntos que se instaló entre las administraciones de Evo Morales y Michelle Bachelet en 2006, logrando para el país un preacuerdo que incluía el pago de 50 por ciento del uso del agua, algo que las empresas chilenas concesionarias con “derechos de uso” negaron abordar desde la década de los 90s.

El Mecanismo de Consultas Políticas fue diseñado por ambos países para suplir la carencia de relación a nivel de embajadas, tras la ruptura diplomática de 1962 del presidente Víctor Paz Estenssoro por el corte del río Lauca y el establecimiento de relaciones consulares desde 1978 dispuesto en el régimen del general Hugo Banzer Suárez.

El punto 7 de la Agenda de 13 Puntos se refería al Silala y los Recursos Hídricos.

Para el 5 de abril de 2009 ambos países representados por sus vicecancilleres Hugo Fernández por Bolivia y Alberto Van Klaveren por Chile, anunciaban en Santiago el reconocimiento de un pago y el uso compartido de las aguas.

El siguiente encuentro, y último del Mecanismo de Consultas Políticas, se dio el 14 de julio de 2010 en La Paz con los vicecancilleres de Bolivia, Mónica Soriano, y de Chile, Fernando Schmidt.

“Esta es una materia delicada para ambas partes y de interés de ambas partes, que evidentemente no puede resolverse en una sola reunión”, decía Schmidt. “Bolivia dio a conocer la deuda histórica y ante los criterios no compartidos hemos coincidido en que el equipo de trabajo antes constituido con relación a la temática del Silala se reúna nuevamente para analizar y responder sobre las propuestas que existan en esta materia”, agregaba Soriano.

Durante el siguiente gobierno chileno de Sebastián Piñera, el tema del Silala quedó archivado y las relaciones bilaterales se fueron deteriorando con constantes cruces verbales entre ambos presidentes.

Las gestiones de los cancilleres David Choquehuanca y Alfredo Moreno nunca lograron un acercamiento como se dio en los años 2006 a 2009.

El tema que quedó pendiente y dilatado ahora pasó a instancias judiciales como el mecanismo de resolución pacífica de controversias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

CARABINEROS SILALA

EL OBJETIVO CHILENO

El ingeniero Guillermo Arroyo explica que el Silala se origina por el deshiele estancado hace siglos que yace muy abajo en un terreno esponjoso de granito, de donde brota y se acumula. Por ello niega el mito que los bofedales tienen 8 mil años y alerta que esas cosmovisiones pueden ser contraproducentes para Bolivia en la demanda chilena que trabaja con expertos en hidrología.

Para Arroyo la demanda presentada por Chile por las aguas del Silala no obedece a una estrategia política y coyuntural sino a un objetivo de sentar jurisprudencia internacional sobre la posesión y uso de los recursos hídricos fronterizos.

El constante asesoramiento y trabajo conjunto entre Inglaterra, Estados Unidos y Chile los hacen adversarios de nivel mundial, por tanto, considerar que la demanda solo aduce a definir si el Silala es un cauce, río o manantial, es no ver más allá de los verdaderos intereses chilenos.

El experto considera que el equipo boliviano que ya trabaja en la contramemoria a ser presentada hasta el 3 de julio de 2018, debe abocarse antes que lo legalista, hacia el ámbito técnico que desmenuce los elementos geohidrológicos para que Bolivia no sea sorprendida en el proceso.

Para ello, sugiere, sería conveniente buscar asesoramiento en expertos de Israel, Kansas en EEUU o Perth en Australia, lugares donde el trabajo de geología hídrica ha logrado buenos resultados con estudios a profundidad e instrumentos de última generación como visores satelitales o infrarrojos.

Precisamente, una de esas técnicas es la que el vecino país y su Instituto de Estudios Hídricos estaría aplicando en la zona fronteriza para haber anunciado que Chile será la primera potencia minera en corto plazo. “El agua es fundamental para la producción minera y Chile lo sabe”, agrega el experimentado ingeniero.

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APORTES Y PROPUESTAS

El conversatorio sobre las aguas del manantial Silala tuvo la participación de destacadas personalidades.

Varios criterios fueron expresados partiendo de la necesidad de una Ley de Aguas en Bolivia para así poder aprovechar los recursos hídricos que solo en Bolivia fluyen sin control y se desperdician, según sostuvo el consultor Jack Matijasevic.

La diputada nacional Jhovana Jordan, a su turno, puso énfasis en que según el Derecho toda concesión o pago por el uso de un bien se hace con el propietario de éste, dando ventaja a Bolivia por los antecedentes expuestos desde 1908.

En criterio del analista político Franklin Pareja es necesario que los ciudadanos tengan mayor información y se pueda establecer con claridad las diferencias entre río, manantial, lago y otros términos para expresar esta temática con propiedad; mientras el docente universitario Óscar Heredia ve bastantes diferencias de criterios internos, algo que debería ser superado como sucede con la demanda marítima boliviana que se ventila en la misma CIJ.

El experto Sergio Luis Vasquez planteó la necesidad de conocer más a profundidad las implicaciones y argumentos que Chile tiene, no solo dentro de sus pretensiones sobre el Silala sino a otros 13 ríos y lagos de la región. “Debemos ser más sofisticados”, recomendó.

El tema de una contrademanda boliviana, cuya posibilidad está en la mesa para 2018, y el pedido por el pago de la deuda histórica son aristas pendientes dentro de la problemática del Silala y la relación bilateral entre Bolivia y Chile.

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ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS

6 de junio de 2016

Chile formaliza la presentación de la demanda sobre el Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

“Hemos decidido tomar la iniciativa de pedir a la Corte de La Haya que se pronuncie sobre si el Silala es un río internacional como decimos nosotros” anunciaba la presidenta chilena Michelle Bachelet en un programa de radio

23 de junio de 2016

Los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, y de Chile, Ximena Fuentes, se presentan en la sede de la Corte en el Reino de los Países Bajos para conocer el cronograma de la demanda

5 de julio de 2016

La CIJ establece como plazos para la presentación de la memoria chilena y para la contramemoria boliviana un año a cada uno de los países.

“Estamos listos desde hace tiempo respecto a las aguas del río Silala y por eso hemos presentado esta demanda ante Bolivia para que se respeten nuestros intereses a un uso razonables y equitativo de aguas que son de un río internacional”, decía el canciller chileno Heraldo Muñoz.

8 de julio de 2016

Se filtra a los medios que la Corte quitó los términos “río y “manantial” sobre los documentos recabados del Silala. Ambos gobiernos consideran esa disposición como “un triunfo” en el proceso.

20 de marzo de 2017

Canciller Heraldo Muñoz junto a la agente Ximena Fuentes, el coagente Juan Ignacio Piña y un grupo de parlamentarios visitan el lado fronterizo chileno donde desembocan las aguas.

“En el río Silala con Parlamentarios, agentes, expertos y Carabineros. Y es un río, como reconoció Bolivia 100 años”, escribe en su cuenta de Twitter @HeraldoMunoz.

3 de julio de 2017

La delegación chilena presenta ante La Haya la memoria sobre el Silala en seis tomos, dos históricos y cuatro técnicos. Bolivia debe presentar su contramemoria hasta julio de 2018.

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¿QUÉ PRETENDE CHILE ANTE LA HAYA? (*)

a) Chile pide que la Corte declare que el sistema del Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.

b) Chile pide también que se reconozca su derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala.

c) Que la Corte declare que Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del Silala, bajo el estándar de utilización equitativa y razonable.

d) Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en las cercanías del Silala.

e) Bolivia tiene la obligación de cooperar y de proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental, para permitir que Chile pueda evaluar los posibles efectos de tales medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido

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AGENDA DE LOS 13 PUNTOS

1) Desarrollo de la confianza mutua

2) Integración fronteriza

3) Libre tránsito

4) Integración física

5) Complementación económica

6) Tema marítimo

7) Silala y recursos hídricos

8) Instrumentos de lucha contra la pobreza

9) Seguridad y defensa

10) Cooperación para control antidrogas

11) Educación, ciencia y tecnología

12) Culturas

13) Otros temas

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https://www.flipsnack.com/IvanRada/boletin-6-hacia-el-bien-comun.html?b=1&p=12

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

FVPKLOGO

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

REFERENCIAS:

(*) Fragmento: Documento oficial de Chile, Los Tiempos / Correo del Sur

TEXTO DE CONSULTA:

El Silala no es un río / UNADERENA mayo 2011

 

LINKS DE INTERÉS:

ARGUMENTOS DE CHILE SOBRE EL SILALA – TELE TRECE NOTICIAS

http://www.t13.cl/noticia/politica/la-haya-argumentos-chile-memoria-silala

ESTUDIO RATIFICA QUE EL SILALA ES UN MANATIAL – NOTA DE PRENSA EL DIARIO

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170330/politica.php?n=64&-estudio-ratifica-que-silala-es-manantial

URGENTE: SENTAR SOBERANÍA SOBRE LAS AGUAS DEL SILALA – POR MILTON LÉRIDA

URGENTE: SENTAR SOBERANÍA SOBRE LAS AGUAS DEL SILALA

 

//Edición GRUPO MULTIMEDIA V.E.A. //