REELECCIÓN INDEFINIDA: TCP TIENE EN SUS MANOS LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

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CONVERSATORIO: DEMANDA ABSTRACTA DEL MAS PARA LA REELECCIÓN INDEFINIDA

El martes 26 de septiembre, en un nuevo conversatorio de la Fundación Vicente Pazos Kanki se debatió sobre las amenazas que pesan contra la Constitución Política del Estado.

Los abogados constitucionalistas Carlos Börth y Williams Bascopé expusieron los argumentos legales sobre el recurso abstracto que el oficialismo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dejar sin efecto cuatro artículos de la CPE y así habilitar a su binomio para las elecciones generales de 2019.

Ambos juristas coincidieron en que no existe criterio alguno para que ese recurso tenga efecto en el TCP, pues los argumentos expuestos por el MAS carecen de sustento y vulneran la jurisprudencia nacional e internacional.

Pese al análisis legal y el rechazo ciudadano, tres magistrados del TCP admitieron el documento este 29 de septiembre, en un hecho calificado como un retroceso para la democracia boliviana pronta a cumplir 35 años de vigencia.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?

Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

MASISTAS

¿QUÉ LE INSTRUYE EL MAS AL TCP?

La acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el pasado 18 de septiembre por senadores del MAS, sus nueve jefes departamentales y dos opositores disidentes ante el TCP, plantea a los magistrados declarar la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado para habilitar a su binomio Evo – Alvaro a las elecciones generales de 2019.

El documento de 58 páginas, avalado por la abogada Erika Bonilla, se basa en el Pacto de San José de Costa Rica y su artículo 23 referido a los derechos políticos que en su segundo parágrafo señala que esos derechos solo pueden ser reglamentados pro razones de: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena ejecutada por juez competente en proceso penal.

Bajo ese argumento, el oficialismo señala que los derechos políticos de Evo Morales son reconocidos por un tratado internacional y éstos son superiores para el ordenamiento jurídico nacional, por encima de la CPE, al ser un tema de “derechos humanos”.

El recurso pide al TCP revisar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral, la inconvencionalidad de cuarto artículos de la CPE y la inaplicación de aquellos en base a otros cuatro artículos de la misma Constitución.

En ese complejo planteamiento, el documento cita: “En consecuencia, dichos artículos deben ser expulsados del ordenamiento jurídico vigente pues vulneran derechos fundamentales y derechos humanos, específicamente derechos políticos reconocidos tanto por el texto constitucional boliviano, como por el Pacto de San José de Costa Rica”.

La expulsión de los cuatro artículos de la CPE referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades, deberá ser acompañada por la “labor fundamental” del TCP de “Aplicar cabalmente el parágrafo I del artículo 256 constitucional aplicando preferentemente los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de DDHH por sobre las partes de la CPE que, como en el caso presente, restringen o supriman derechos de las personas”.

 

BORTH

SIN FUNDAMENTOS INTERNACIONALES

El abogado, académico, político y exautoridad, Carlos Börth, realizó un desglose de los argumentos presentados por los legisladores oficialistas para justificar su recurso abstracto ante el TCP y demostró que la jurisprudencia internacional es contraria al petitorio de la reelección indefinida como derecho político y derecho humano.

En análisis de Börth, existe jurisprudencia internacional referida a las limitaciones para la reelección de autoridades en base al Pacto de San José de Costa Rica de 1969.

  1. El caso Yatama contra Nicaragua se remonta a las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución que dejó fuera de carrera a los candidatos de las etnias bajo argumento de incumplimiento de plazos y formalidades.

La sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concedió una reparación a la parte afectada.

El MAS argumenta que ese fallo sirve para habilitar a su candidato, porque se estableció que los Estados deben precautelar la “igualdad de condiciones” y eliminar cualquier acto de “discriminación”  o “regulación” al derecho político de ser electo.

Börth señala que el MAS, oficiosamente, no cita los párrafos 206 y 207 de esa misma sentencia.

El primero señala que “los derechos políticos no son absolutos” y que, efectivamente, “pueden estar sujetos a limitaciones” bajo los principios de legalidad y democracia. El segundo agrega que “los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política”, bajo criterios de lo razonable y democrático.

  1. El otro caso se refiere a Castañeda Gutman contra México. El candidato Jorge Castañeda se presentó a las elecciones presidenciales de 2004 como independiente, pero el Instituto Federal Electoral (IFE) le negó la inscripción.

Castañeda logró la reparación del Gobierno mexicano y abrió el debate sobre las postulaciones independientes sin dependencia de los partidos políticos mexicanos.

Ese caso, como jurisprudencia, que cita el MAS ante el TCP, interpreta que “los derechos políticos son derechos humanos” y que deben ser respetados y garantizados en la normativa interna de los países.

Börth comparte los párrafos 166 y 180 de esa sentencia emitida en 2008, en la que la CIDH vuelve a ir contra el petitorio político del oficialismo.

El primero aclara que la Convención Americana permite a los Estados regular los derechos políticos  “de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales”.  El segundo agrega que la Convención permite algunas restricciones cuando estas afectan “los derechos y libertades de las demás personas” o se enmarcan en “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

“Estas sentencias citadas en su memorial no tienen asidero porque dicen exactamente lo contrario de su memorial; por tanto, no tienen respaldo de la CIDH”.

BASCOPE

RECURSO SUPONE RETROCEDER LA CPE

El abogado constitucionalista, analista, exmiembro de la Asamblea Constituyente, Williams Bascopé, desarrolló una exposición sobre el desarrollo de la legislación boliviana en el marco de los derechos humanos. El proceso constituyente determinó que el ciudadano debe tener mayores condiciones de igualdad cerrando el ciclo de la dominación del más fuerte.

La nueva CPE promulgada en febrero de 2009 estableció un nuevo marco para la administración del Tribunal Constitucional Plurinacional delegándole tres funciones: Velar por la primacía de la Constitución, vigilar la división e independencia de poderes y precautelar la vigencia de los derechos fundamentales del ciudadano.

El fundamento del MAS para pedir la reelección indefinida está en el artículo 256 de la CPE, en el que los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales tienen preferencia sobre el mismo texto constitucional. Ese “derecho preferente” es invocado por el oficialismo para que el Pacto de San José de Costa Rica sea interpretado por los magistrados del TCP y así favorecer a sus aspiraciones políticas.

Bascopé explicó que el primer principio de interpretación es el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cita: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

El jurista también alertó que le recurso del MAS interpela al vicepresidente Alvaro García que deberá explicar por qué existen esos cuatro artículos que supuestamente van contra el Pacto de San José. En caso que el TCP siga con su análisis luego de la reciente admisión, también se deberá convocar a los asambleístas constituyentes que elaboraron y redactaron el texto constitucional durante 2006 y 2008, y en última instancia, los magistrados deberán interpelar a los 10 millones de ciudadanos que votaron en el referendo de aprobación de la CPE.

Además, Bascopé acotó que dentro del propio Pacto de San José existe el reconocimiento a las restricciones que los países pueden establecer en sus normas internas. El artículo 30 cita: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito por el cual han sido establecidos”.

Finalmente, Bascopé añadió tres sentencias constitucionales que sientan jurisprudencia interna para que el tema de los derechos políticos sean regulados por el propio Estado. Las sentencias son la 061/2003, 110/2010 y 003/2013 esa última de la Ley de Aplicación Normativa que establece que la elección general de 2014 dio paso al último mandato de Evo Morales.

“El poder constituyente ejerce su poder estableciendo la CPE y este poder queda sujeto a ella”, concluyó.

CONSTITUCIONALISTAS

APORTES Y DEBATE

Ricardo Paz (sociólogo)

El poder político somete a la justicia y es mentira creer que este es un tema jurídico. El panorama político ha cambiado a partir de la presentación de este recurso porque el MAS no respeta la decisión ciudadana. El MAS nos está diciendo que se va a quedar y que hará lo que sea necesario para ese objetivo político”.

Miguel Roca (ingeniero)

Quienes admitan este recurso de inconstitucionalidad, esos magistrados, van a  tener que responder tarde o temprano ante la justicia y nos corresponde como sociedad hacer escarnio y denuncia pública contra estas autoridades, porque están violando la democracia que ha costado tanto en nuestro país.

Ramón Gosalvez (politólogo)

Más allá de las explicaciones jurídicas se debe entender el proyecto de poder que tiene el Gobierno que además utiliza a la justicia como un instrumento de venganza política. Hay que analizar con mayor profundidad ese proyecto político al cual se nos quiere llevar como país y explicárselo a la ciudadanía.

Diego Ayo (politólogo)

Veo con desolación lo que pasa en Venezuela con más de cien muertos, con condena internacional, escasez de alimentos y la dictadura está rebosante. Nosotros podemos tomar cualquier acción o reclamo y el MAS está tranquilo, es inmune, entonces qué debemos hacer? Nuestro foco debe estar en lo democrático.

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¿CONSTITUCIÓN INCONSTITUCIONAL?

La acción inconstitucional abstracta que presentó el oficialismo afirma, en base al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, referido a los derechos políticos, que la CPE de Bolivia tiene “contradicciones intraconstitucionales” entre los artículos 156, 168, 285 II y 288 con el 26, 28, 256 y 410.

También refiere la “inconstitucionalidad” de los artículos 52 III, 64 d), 65 b), 71 c) y 72 b) de la Ley de Régimen Electoral – 026, todos estos referidos a las limitaciones para la reelección de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Para el oficialismo, entonces, son cuatro artículos que deben ser “expulsado del ordenamiento jurídico vigente”, modificando la Constitución de facto, porque el TCP además debe “aplicar cabalmente” el referido tratado internacional, evitando así un referendo aprobatorio que la Carta Fundamental boliviana exige para cualquier  modificación parcial de la CPE.

“Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional decretar la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 II y 288”.

CPE Artículo 156

El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua.

CPE Artículo 168

El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.

CPE Artículo 285

II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

CPE Artículo 288

El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez

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LOS ACTUALES MAGISTRADOS DEL TCP

Bolivia desarrolló el 16 de octubre de 2011 las primeras elecciones judiciales para las altas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura con 118 postulantes.

El total de empadronados para esa elección fue de 5.243.375 habilitados. Se contabilizaron 1.768.576 votos válidos (42,34%), 629.469 votos blancos (15,07%) y 1.779.425 nulos (42,60%). Total votos no válidos: 57,67%

En el caso del TCP, se emitieron 4.176.549 votos. Los votos válidos fueron 1.758.283 (42,10%) y los votos no válidos, nulos y blancos juntos, fueron 2.418.266 (57,90%).

El candidato más votado fue Gualberto Cusi, quien luego sería suspendido y posteriormente destituido por un juicio de responsabilidades ventilado en la Asamblea Legislativa pro la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. El abogado aymara había logrado 276.037 votos.

Los actuales magistrados, en orden de votación, tuvieron rangos menores en votación, incluso por debajo de las otras dos magistradas que fueron alejadas del cargo por el proceso de la Ley del Notariado, Ligia Velásquez (127.632 votos) y Soraida Chanez (89.370 votos).

DATOS:

Efren Choque (titular) 185.793 votos

Mirtha Camacho (titular) 104.621 votos

Ruddy Flores (titular) 101.481 votos

Neldy Andrade (titular) 92.340 votos

Macario Cortez (suplente de Cusi) 77.290 votos

Oswaldo Valencia (suplente de Velásquez) 68.834 votos

Zenón Bacarreza (suplente de Chanez) 43.096 votos

FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

FVPK SELLOInstitución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki.

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ENLACES DE INTERÉS:

SENTENCIA QUE HABILITÓ A MORALES A LA REELECCIÓN EN 2013
http://www.tcpbolivia.bo/tcp/content/tcp-resolvi%C3%B3-consulta-sobre-proyecto-de-ley-de-aplicaci%C3%B3n-normativa

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

RESULTADOS ELECCIONES JUDICIALES 2011
https://www.oep.org.bo/procesos-electorales-y-consultas/elecciones-judiciales/elecciones-judiciales-2011/

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EN BOLIVIA PENA DE MUERTE SOLO SE ACTIVARÁ MEDIANTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE

CPE es clara sobre procedimientos y modificaciones. VISOR BOLVIIA explica cada detalle de la reforma constitucional pretendida

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La inyección letal es una de las formas de dar muerte a un reo sentenciado

(Por: Iván Rada, 8 enero).-  Toda reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) se debe activar con una elección popular, democrática, con la voz del soberano. La pena de muerte, nuevo tema coyuntural de agenda, también se somete a la carta fundamental para ser aplicada en el Código Penal boliviano, con una salvedad importante que es convocar a una Asamblea Constituyente.

Existen dos formas para cambiar desde una coma en la CPE hasta sus 411 artículos enteros.

La primera es convocar a una Asamblea Constituyente “originaria plenipotenciaria” que conlleva todo un proceso de selección, convocatoria de la Asamblea Legislativa (Órgano Legislativo), elección nacional de los nuevos constituyentes postulados pro los partidos políticos, redacción de un nuevo texto en un plazo definido y un referendo aprobatorio de ese nuevo texto. Dos elecciones seguidas (elección de constituyentes y referendo dirimidor) sumarían tranquilamente 50 millones de dólares para ese único fin.

La segunda es cambiar solamente algunas palabras, artículos o partes de la CPE. La llamada “reforma parcial” implica una convocatoria desde el Legislativo, o un decreto presidencial o la iniciativa ciudadana que logre recabar 30% del padrón electoral en cada departamento y 20% nacional total. Para la aprobación de los cambios se requiere, siempre, de un referendo.

Sin embargo, acá existe un candado constitucional para aprobar la pena de muerte, pues la reforma parcial (simple) de la CPE solo aplica a cuatro de las cinco partes de la Carta Fundamental y este caso es más complejo.

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CPE fue promulgada el 7 de febrero de 2009 bajo la consigna de “no ser tocada en 50 años”

La CPE se divide en cinco partes:

Primera Parte “Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías”. Incluye cinco títulos con sus respectivos capítulos e incluye los artículos 1 al 144.

Segunda Parte “Estructura y organización funcional del Estado” con ocho títulos y sus capítulos que van desde el artículo 145 al 268.

Tercera Parte “Estructura y organización territorial del Estado” con un solo título dividido en ocho capítulos extensos y abarca del artículo 269 al 305.

Cuarta parte “Estructura y organización económica del Estado” con tres títulos y sus capítulos que va desde el artículo 306 al 409.

Quinta parte “Jerarquía normativa y reforma de la Constitución” con un título único que conlleva dos artículos 410 y 411, además de las disposiciones transitorias, disposiciones abrogatorias y disposición final.

Ahora bien, la propuesta de incluir a Bolivia en el circuito mundial de la pena de muerte como lanzó Alvaro García en la Cumbre de Justicia de 2016 y recién reiteró el mandatario Evo Morales debe pasar por la modificación del artículo 118 de la CPE.

El artículo 118 cita: “La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto”.

Para cambiar ese artículo y sus consecuente ingreso al Código Penal, se debe activar la reforma parcial de la CPE, que parecería fácil, pero se traba por mandato del artículo 411 que dicta los pasos para hacer algún cambio al texto fundamental.

El art. 411 cita: “La reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo”.

El artículo 118 se encuentra en el capítulo I del Título IV de la Primera Parte de la CPE. Es decir, es un artículo que forma parte de las “Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías”, por lo que su modificación solo se puede ejecutar mediante una Asamblea Constituyente.

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Entre 2006 y 2008 constituyentes redactaron el texto constitucional en Sucre

El razonamiento de interés y cálculo político, o estrategia envolvente como se dice ahora,  pensaría “si vamos a llamar a Asamblea Constituyente para cambiar un simple artículo, entonces mejor incluyamos varios temas de una vez”.

Uno de esos temas, que es motivo de preocupación en la clase política y los defensores de la normativa democrática, es el artículo 168 que habla sobre los periodos de mandato presidenciales.

Abrir la CPE a una Asamblea Constituyente echaría al basurero el referendo del 21 de febrero de 2016 en el cual se impuso el NO a la modificación del art. 168, limitando la reelección presidencial a solo dos mandatos de manera consecutiva.

La Asamblea Constituyente es plenipotenciaria y podría incluso cambiar el nombre del país a “Estado Comunitario de Bolivia” para que los mandatos de Evo Morales como presidente de la República (2006-2009) y del Estado Plurinacional (2010-2015/2015-2020) no sean tomados en cuenta, según la jurisprudencia que dejó el Tribunal Constitucional Plurinacional que dividió la historia jurídica del país en esos dos periodos generales solo para efectos políticos.

También se podría colocar que la reelección presidencial puede ser indefinida siempre y cuando el soberano decida democráticamente seguir apoyando al jefe de Estado, etc. La pena de muerte es una buena excusa, pero inviable si el MAS cree que todavía puede llevar adelante y con éxito todo un proceso constituyente que podría durar hasta dos años.

El as bajo la manga del oficialismo, sin embargo, puede ser dilatar el tema hasta fines de 2018 o 2019 cuando la demanda marítima ante La Haya dé sus primeras conclusiones, con mucha probabilidad de ser favorable para Bolivia. El caudillo tendría mayor popularidad incluso que en aquella elección del 18 de diciembre de 2005 y con ello abrir la CPE sería un mero trámite en las urnas.

La pena de muerte en Bolivia no es inviable, pero sí compleja en su aprobación, pues necesariamente pasa por una convocatoria a Asamblea Constituyente, y no como pasó con la consulta “simple” del art. 168 que se desarrolló en el referendo del 21F y que significó la derrota más importante del régimen socialista en una década de poder totalitario.

VEA: Morales convocó a referendo en octubre 2008 para referendo aprobatorio de la CPE cuando dijo por primera vez que renunció a la reelección continua

https://www.youtube.com/watch?v=3KPc9IWFweU #t=5m54s

 

//@VisorBolivia//Iván Rada es periodista//Fotos Amnistía/ArchivoWeb//