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TRIBUNAL DESECHA PRUEBA CONSTITUCIONAL PARA ACELERAR SENTENCIA CONTRA ÁÑEZ

Para el Tribunal Primero de Sentencia la Declaración Constitucional de 2001 es impertinente 

VISOR21.- El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que direcciona el caso “golpe II” contra la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, decidió rechazar como prueba de descargo de la defensa, la Declaración Constitucional 003/01 que fue el sustento de jurisprudencia que comunicó el Tribunal Constitucional Plurinacional el 12 de noviembre de 2019 sobre la sucesión ipso facto.

El pasado 21 de abril, el tribunal ordinario, al que Áñez no reconoce competencia, procedió a rechazar 35 de las 41 pruebas que la defensa de la expresidenta había presentado, incluyendo el comunicado del TCP emitido en 2019 y la Declaración Constitucional al que hacía referencia para aplicar los alcances de una sucesión constitucional, sentando jurisprudencia cuando se dio el traspaso de mando de Hugo Banzer a Jorge Quiroga.

“La validez de prueba presentada por la defensa de Jeanine Áñez consta en página oficial del TCP, por más que el Gobierno y el tribunal ilegal quieran negarla, borrarla, omitirla, excluirla del proceso judicial más abusivo y fuera de lugar”, reclamó este viernes la expresidenta mediante la cuenta de Twitter que administra su familia.

Una a una se fueron desechando las pruebas de la defensa, bajo argumentos de que el caso sobre presunto incumplimiento de deberes que pesa contra Áñez, indaga su labor cuando era senadora, es decir, hasta antes del 12 de noviembre de 2019. El Tribunal conformado por los jueces Germán Ramos, Rocío Avilés y Marco Antonio Vargas calificó como “impertinentes” las leyes y decretos promulgados por Áñez durante su gestión, en calidad de presidenta del Estado, porque “fueron emitidos después de las fechas en que presuntamente se cometieron los ilícitos”.

Sin embargo, Ramos, Avilés y Vargas también descartaron como pruebas los informes previos de la Misión de Observación Electoral y la auditoria vinculante de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019, por considerar que son temas que competen al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Tribunal Primero de Sentencia delimitó el proceso, de esa forma, a los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019.

PRUEBAS “IMPERTINENTES”

El tribunal ordinario primero hizo referencia a una prueba presentada en fotocopia, sobre un comunicado emitido por el TCP, que si bien, cita, es un ente “reconocido” en el sistema jurídico del país, el documento “no lleva firma ni sello”, por tanto, “no se tiene certeza del origen, en tal virtud, el Tribunal con relación a esta prueba considera que la misma también es de carácter impertinente y adolece de este aspecto de no contar con el responsable de la emisión del mismo, por consiguiente la misma es excluida”.

Sobre la Declaración Constitucional que fue citado en el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, que es el documento con el que Áñez asume la Presidencia del Estado en la sucesión constitucional y bajo la figura de “ipso facto”, el tribunal ordinario vuelve a jugar con las fechas para descalificar la prueba.

“Con relación a la Declaración Constitucional 003, consignada como PDD 11, la misma que data de fecha 31 de julio de 2001, el mismo data con relación a una consulta que se habría efectuado respecto a los artículos 91 y 93 de la CPE. Si vemos el lineamiento constitucional, la norma suprema vigente ha sido promulgada el año 2009, exactamente el 9 de febrero del año 2009; en ese entendido, esta Declaración Constitucional ha sido efectuada el 31 de julio del año 2001 en base a la anterior CPE, por consiguiente, si bien es una declaración constitucional pero habiéndose ya modificado la norma suprema, el Tribunal considera que la misma en el presente caso es impertinente conforme al tenor del artículo 171, última parte, del adjetivo Penal, en tal virtud se excluye la misma”, lee el juez Ramos.

En otras palabras, el tribunal interpreta que una Declaración Constitucional anterior a la nueva CPE “no es válida”, tal como falló el TCP en 2013 cuando decidió habilitar la candidatura de Evo Morales a una segunda reelección consecutiva, bajo el argumento de que Bolivia y su ordenamiento jurídico pasaron del “sistema republicano al Estado Plurinacional”. Por tanto, Morales tenía “derecho” a “una sola reelección” como manda el artículo 168 de la CPE, que en febrero de 2016 fue vulnerado  pese al resultado del referendo del 21 de febrero de aquel año.

Asimismo, el artículo que sustenta el juez se encuentra en el Código de Procedimiento Penal, una norma adjetiva para el Código Penal, que es una norma sustantiva.

El texto del art. 171 sobre libertad probatoria, en su última parte, como refiere el tribunal, cita: “Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes”.

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL

La Declaración Constitucional 003/01 del 31 de julio de 2001 fue mencionada por la Sala Plena del TCP el 12 de noviembre de 2019, “considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país y el vacío de autoridad que ha dejado las renuncias” de toda la línea de gobierno y citando dos puntos.

El primero con alusión textual a una parte de la DC 003/01: “frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume Ipso Facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional”.

El segundo punto del comunicado complementa: “Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del art. 169 de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 003/01 del 31 de julio de 2001”. Es decir, el comunicado del TCP reconoció la jurisprudencia de la DC de 2001 y mandó a aplicar la figura ipso facto al artículo respectivo de la nueva Constitución”.

¿INCUMPLIMIENTO O TITULARIDAD?

Áñez es investigada en el denominado caso “golpe II” por presunto incumplimiento de deberes, porque según la Procuraduría General, el Ministerio Público y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como parte acusadora, ella no cumplió con las formalidades de asunción a la titularidad de la Presidencia de la Cámara Alta y luego a la Presidencia del Estado.

Sin embargo, la entonces senadora beniana como segunda vicepresidenta del Senado no solo asumió la titularidad ante la ausencia por renuncia de la presidenta Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente Rubén Medinacelli, sino que fue reconocida en despacho por el oficial mayor de esa instancia legislativa, Eduardo del Castillo, hoy ministro de Gobierno de Luis Arce, con la publicación oficial de la convocatoria a sesión entre el 11 y 12 de noviembre de ese año.

REGLAMENTO “A LETRA MUERTA”

El reglamento del Senado establece en su artículo 35 que la Presidencia y Primera Vicepresidencia corresponden a la fuerza política con mayoría y la Segunda Presidencia al bloque de minoría. Sin embargo, el art. 41 otorga como atribuciones a esta última “Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento”.

En ese marco, Áñez asumió sin necesidad de quórum o convocatoria la titularidad, tal como pasó en dos anteriores oportunidades en ese hemiciclo parlamentario durante 2019 y cuyas constancias se encuentran en el Redactor, instrumento de archivo que registra todas las sesiones legislativas.

El mismo reglamento, “a letra muerta”, agrega en su art. 39 como atribuciones de la Presidenta o Presidente del Senado: “Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente Nato”. En ese orden, la norma no prohíbe ni restringe el “derecho al cargo” a mayorías o minorías.

Tras una primera convocatoria a sesión para tratar las renuncias que habían anunciado mediáticamente y firmado en cartas Evo Morales, su segundo Alvaro Garcia y toda la línea de prelación con Adriana Salvatierra, Víctor Borda, como presidente de Diputados y Medinacelli, la línea de sucesión recayó en Áñez Chávez.

Empero, fue hasta conocer el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la referencia jurisprudencial de la Declaración Constitucional de 2001, que Áñez decide saltar esas formalidades, a tiempo de denunciar que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) no asistió a una sesión debidamente convocada y que se habían comprometido en participar.

Morales y Garcia Linera que habían renunciado la tarde del 10 de noviembre de 2019, para la noche del 11 abandonaron el país en un avión rumbo a México. Se daba la figura de “ausencia definitiva”, tal como señala el art. 170 de la CPE: “La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”.

A las 18:51 del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez daba lectura a su declaración desde la testera de la Asamblea Legislativa: “Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores,  asumo de inmediato la Presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”.

De esa manera, Áñez apeló a la “ausencia definitiva” y no a las renuncias del binomio masista, para pasar del edificio del Congreso al Palacio de Gobierno aquella noche de noviembre.

JURISPRUDENCIA PARA LA SUCESIÓN

En julio de 2001, Banzer Suárez anunciaba al país que renunciaría a la Presidencia de la República en el Día de la Independencia de Bolivia, es decir, el 6 de agosto, cumpliendo cuatro de los cinco años de gestión por la que fue electo en las elecciones de 1997.

De acuerdo con la Constitución vigente entonces, se aplicó la sucesión presidencial con base a los artículos 91, 93 y 111, que fueron a consulta del Tribunal Constitucional, para que Quiroga Ramírez asumiera la Presidencia por un año, para cumplir ese mandato y gestión constitucional.

El artículo 91 de la CPE señalaba que la proclamación del presidente “se hará mediante ley”, pero el TC interpretó que para el traspaso de mando de Banzer a Quiroga no era necesario aquello, pues se trataba de una sucesión por vacancia, es decir, la renuncia del líder de ADN. Se había dejado la jurisprudencia en la figura ipso facto y aquello fue redactado en la Declaración Constitucional 003/01.

Abogados constitucionalistas explican además, que todas las figuras de la anterior Constitución se retoman en el nuevo texto aprobado tras la última Asamblea Constituyente como el tema de la sucesión presidencial que ahora está descrito en el artículo 169 de la vigente CPE.

Asimismo, alertan que las declaraciones constitucionales tienen igual jerarquía que las sentencias constitucionales y negar su alcance puede activar procesos penales contra los eventuales administradores de justicia.    

JUICIO CON SENTENCIA REDACTADA

El juicio ordinario contra Jeanine Áñez inició el pasado 28 de marzo en la ciudad de La Paz y teniendo a la acusada en audiencia virtual desde la cárcel de mujeres de Miraflores, sin opción a que ella salga del penal hacia el salón rojo del edificio judicial en el centro paceño.

Desde el inicio, Áñez no reconoció competencia de ese tribunal al considerar que la CPE le otorga el derecho a un juicio de responsabilidades por haber ejercido la primera magistratura del país, pero también apelando a que en su condición de exsenadora no podía ser juzgada por sus acciones si no hubiera flagrancia comprobada.

Sobre las figuras de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, la defensa de Áñez presentó el viernes un recurso de inconstitucionalidad a los artículos 153 y 154 del Código Penal que se refieren a ambos tipos penales, por considerar que son “ambiguos” y con penas que van de un mes a un año, y de cinco a diez años de cárcel, respectivamente.

La acción de los abogados de defensa apunta también a frenar una posible sentencia que el tribunal ordinario ya tendría lista, dados los antecedentes y el manejo político del caso. Se entiende que el objetivo del tribunal y el régimen del MAS es justificar el encierro de Áñez porque los plazos de detención preventiva en su contra fenecen en junio. La abogada beniana está encarcelada desde marzo de 2021.
“Norka Cuéllar, Alain de Canedo y Luis Guillén no sólo son los abogados de la defensa de #JeanineAñez sino de la Verdad, la Libertad y la Democracia: Están luchando por la Verdad Histórica de los hechos en Bolivia ante un tribunal sin competencia en juicio ilegal”, tuiteó el entorno de la expresidenta.

INTERPRETACIÓN MASISTA

Desde el Gobierno, la interpretación de la jurisprudencia constitucional se entiende como restrictiva.

El ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció la figura ipso facto, pero dijo que aquella “solo procede entre el presidente y vicepresidente”, porque quienes ejercen la Primera y Segunda Vicepresidencia en ambas cámaras legislativas “no corresponden a cargos democráticos”, y que una segunda vicepresidenta corresponde al bloque minoritario dentro de la Asamblea Legislativa.

Otros miembros del MAS, como el senador cocalero Leonardo Loza, afirman que Áñez no fue electa en sesión, no recibió credencial del TSE como presidenta y solo “los policías y militares le pusieron la banda presidencial”.

Sobre el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, anteriormente el magistrado de esa instancia, Gonzalo Hurtado, calificaba de legal el procedimiento de sucesión; sin embargo, su par Petronilo Flores dijo que aquel documento solo tenía “carácter informativo”

“El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales”, respondía Flores en una comisión legislativa en febrero de 2020. Implícitamente, el magistrado sí reconoció el valor de una declaración constitucional dentro de la norma adjetiva constitucional.

Una serie de pronunciamientos y resoluciones posteriores fueron saliendo desde Sucre, a cual más ambigua, incluso por un recurso que confrontó en el TCP a las diputadas Margarita Flores de UN y Susana Rivero del MAS, por la misma coyuntura de sucesión en la Cámara Baja aquel noviembre de 2019.

//@VISOR21//

NUESTRAS RIN Y EL PRÍNCIPE DEL SALMÓN

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país volvieron a caer, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB) a 4,5 mil millones de dólares.

El récord histórico registrado fue de 15,1 mil millones en 2014, cuando el régimen del tirano activó los famosos dobles aguinaldos con base al crecimiento del PIB de 4,5% anual. Era la época dorada del despilfarro.

Hoy, el país ve sus arcas (ahorros) cada vez más vacías aunque todavía no llega al fondo de 1,7 mil millones de la «era neoliberal».

Las RIN son los ahorros de la casa, en dólares y euros, que maneja el BCB. De ahí, el banco tiene facultad para hacer inversiones y con ello lograr ingresos que luego son gastados, por ejemplo, en bonos, según lógica socialista de la «redistribución» y/o «estado de bienestar». Asimismo, las RIN sirven para cubrir las importaciones, como una «garantía» ante el mundo de que «podemos comprar y endeudarnos».

¿Qué tiene de malo? Malo es gastar y cubrir los gastos del Estado obeso cada mes y cada año, además de mezclar esa plata con otros recursos (privados) como son las AFPs para aparentar la sostenibilidad del modelo económico social comunitario productivo, inventado por el coyuntural presidente desde sus días como cajero estatal.

En términos simples, estamos gastando los ahorros, sacando del otro bolsillo y endeudando a un par de generaciones aún no nacidas.

Pero ¿cuánto significan las RIN en plata, cash, colque?

Googleando, las RIN de 4,5 mil millones de Bolivia son comparables a la cuenta bancaria de Gustav Magnar Witzøe, el joven noruego, magnate y accionista de Salmar, la empresa de cultivo de salmón más grande de Europa.

Gustav, de 29 años, recibió el 53% de las acciones de su padre, el fundador de la empresa, y pasa su vida entre el modelaje, la vida del jet set y esporádicas inspecciones al negocio familiar. Así, el príncipe del salmón tiene en su billetera lo mismo que el BCB en sus bóvedas subterráneas.

Esa es nuestra realidad financiera en el mundo.

La diferencia entre el Estado plurinacional y el tercer veinteañero más rico del mundo, según Forbes, es que el estatismo socialista apunta a redistribuir la riqueza, vivir de impuestos e inyectar circulante interno (bonos) para mantener a las masas quietas; mientras el joven noruego y su empresa generan riqueza, generan trabajo y oportunidad desde los pescadores vikingos hasta los vendedores de salmón en algún supermercado dentro de la UE, y aportan al catalogado como «mejor sistema público de salud», pues los impuestos de Salmar sirven para la atención al ciudadano y no para el pago de suculentos sueldos a miles de burócratas improductivos, entre otros detalles a comparar en estas visiones opuestas del mundo.

*IVÁN RADA es periodista y asesor político

MANIPULAR LA MUERTE POR POLITIQUERÍA (LA PANDEMIA EN BOLIVIA EN CIFRAS)

El masismo siempre raya en lo criminal, no solo por su accionar contumaz (desfalcos, coimas, sobreprecios, violaciones, etc.) sino por la manipulación de la realidad, la justicia y la verdad.Tal es el caso de las cifras y narrativa sobre la pandemia, que el régimen siempre compara con el «golpismo» para seguir usando el tema con fines políticos.

Arce y su ministro Auza (así como el honorable y todólogo Juanito) nos vienen a mentir con las cifras, inventando, por ejemplo, que las tasas de letalidad son casi nulas.

Dicen que antes «la malvada presidenta de facto dejaba morir a la gente», porque el porcentaje de muertes era de más del 6,2% y «una de las más altas de la región». Hoy, dicen sin pudor, esa tasa «gracias a ellos», es de 0,6%. Dividieron además estos porcentajes en las 4 olas que afectan al país desde aquel marzo de 2020, para impregnar que Arce es un «salvador» que justo llegó a recuperar el poder con las vacunas bajo el brazo.

Vamos a los datos oficiales de los reportes diarios emitidos por el Estado.

Añez tuvo que hacer frente a la pandemia sin tener experiencia previa en este tipo de emergencias mundiales, no existían vacunas y el sistema de salud heredado en Bolivia era paupérrimo tras 14 años de despilfarro evista.

Del 11 de marzo al 7 de noviembre de 2020, la administración de la mujer beniana reportó:

Casos confirmados 142 mil

Casos activos 19 mil

Decesos 8.790

En similar periodo de exactos siete meses, con Arce en el poder, las cifras oficiales a julio 2021 fueron:

Casos confirmados 437 mil

Casos activos 69 mil

Decesos 15.321

Vale aclarar que los confirmados siempre van en aumento porque es un dato acumulativo, mientras los activos, que son los enfermos registrados, varían según el movimiento de las fases epidemiológicas (escalada, pico, meseta, desescalada). Pero el dato de decesos es algo que se debería frenar con las acciones de contingencia, inoculación y capacidad hospitalaria actuales.

Hoy (10 de enero 2022, reporte 665 Ministerio de Salud) y por ello este post, entramos al pico de la epidemia con los datos históricos más elevados que arriesgan con colapsar al sistema hospitalario administrado por las regiones y municipios.

Casos confirmados 677 mil

Casos activos 102 mil

Decesos 19.983

En contraste con la narrativa y propaganda del régimen, estos datos verifican que: 1) Bolivia soporta el peor momento epidemiológico pues los casos se han desbordado a cinco veces de lo que fue la primera ola. 2) Bolivia supera los 100 mil activos pero no existe la misma percepción de crisis sanitaria como pasó con los 19 mil de la primera ola. 3) Las muertes en el actual Gobierno ya superan a las registradas en la anterior administración transitoria, con casi 2.500 vidas perdidas más, como dato frío y cruel.

Concluimos entonces, que el Gobierno maneja con astucia su aparato de propaganda para evitar el impacto social como pasó en el tiempo de Añez, tal vez porque los comunicadores de antes no tenían idea de cómo manejar la crisis. ¿Recuerdan el pesimismo con el que se esperaba el reporte diario de casos?, por ejemplo.

Es evidente también que la experiencia adquirida logró mejoras relativas en los sistemas de salud, sobre todo a nivel departamental y municipal, pero que todavía es insuficiente y hoy está a punto de colapsar.

Finalmente, es irrefutable que la propaganda masista para decir que antes la «golpista solo buscaba bolsas negras para los muertos» es un uso despreciable e irrespetuoso de la muerte de compatriotas, ante la cifra luctuosa que ya marca y supera al presidente coyuntural…

//IVÁN RADA ES PERIODISTA Y ASESOR POLÍTICO//

//TOMADO DE FACEBOOK//

LOS PABELLONES DE LA VIDA: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBREVIVIENDO A LA DISCAPACIDAD MÚLTIPLE

Pasan sus días, semanas, meses y años sumergidos en su mundo, pero con la atención de servidores que son como la familia que nunca conocieron / VISOR21

VISOR BOLIVIA / IVÁN RADA.- Acurrucada en una cuna casi redonda, como si se tratara de un pequeño nido, abrigada con una chompa azul y con una sonrisa en la mirada, Chiquita, como la llaman en el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), tiene 28 años, pero parece una niña pequeña que le ha ganado varias veces la partida a la muerte desde uno de los pabellones, donde convive con otros acogidos con discapacidad intelectual, psíquica y múltiple.

Los niños, niñas y adolescentes con estos trastornos del neurodesarrollo llegan al instituto dependiente de la Gobernación de La Paz en condición de orfandad o abandono. Todos ellos, desde niños, pasan a uno de los cuatro pabellones que acogen a este sector de la sociedad hace 55 años.

El “Pabellón Amanecer” es donde se acoge a los casos más complejos, explica el jefe médico del IDAI y doctor en Pediatría, Roberto Velasco, pues se trata de personas de 12 a 50 años con retraso y discapacidad intelectual grave y profunda, que deberían ser trasladados a hospitales psiquiátricos, pero esos centros están saturados tanto en La Paz como en los otros departamentos del país.

“Ahí no hay lenguaje, nadie habla, tienen daño neurológico severo y problemas conductuales a veces graves, con situaciones de agresividad, son totalmente dependientes”, describe el profesional que lleva tres décadas de servicio en la institución.       

Chiquita, nombre en reserva para preservar su identidad, llegó al IDAI a la edad de 8 años, sus problemas de salud son múltiples, desde presentar parálisis cerebral, afectación de un pulmón producida por una deformidad en la columna que le aplastó ese órgano y que le obliga a vivir con oxígeno. También tiene dañado el tórax, así que no puede ser operada y su alimentación se la realiza por medio de sonda.

Su cama parece una cuna donde debe ser acomodada día tras día por las asistentes terapéuticas que conviven con los internos en dos turnos.

Por ello, en el instituto se refuerzan las capacitaciones a las acompañantes o asistentes terapéuticas, que en otros centros de acogida de menores son denominadas “mamitas”, pero que acá deben lidiar cada día con casos de extremo cuidado.

“Chiquita es un ejemplo de la lucha por la vida, pese a todas las limitaciones habidas y por haber que ella tiene”, sostiene Velasco.

Cuando se le pone música, describe el médico, Chiquita se alegra, interactúa con los demás, sonríe y demuestra que quiere seguir viviendo.

Subiendo las gradas y pasando la reja está el pabellón de los «profundos», casos graves y psiquiátricos que se atienden en el instituto paceño / VISOR21

NIÑOS YA ADULTOS

En el IDAI se acoge a 64 personas. Si bien es un instituto de atención infantil, la mayoría de los casos que se fueron quedando en los ambientes ubicados en la calle 3 de la zona Obrajes, ya llegaron a la madurez.

De los 64 acogidos, 31 son menores entre 0 a 18 años y 33 personas son mayores de edad, con dos casos, una mujer y un varón que fluctúan entre los 43 y 50 años, respectivamente.

En el “Pabellón Amanecer”, donde se acoge a los casos profundos, están internas 17 personas, diez varones y siete mujeres. Los ambientes fueron edificados y entregados en 1966 durante el gobierno del general Alfredo Ovando y las gestiones de la entonces primera  dama, pero con una concepción totalmente hospitalaria, de camas lado a lado, como recuerda el doctor Velasco.     

En el “Pabellón Esperanza” se encuentran los infantes, 11 menores de edad, ocho varones y tres mujeres, que tienen de cero a 12 años, y que llegaron en condición de orfandad y abandono. Es importante remarcar aquello, resalta Velasco, pues en el IDAI solo se acoge a este grupo vulnerable, mientras los niños con capacidades especiales que cuentan con familias o algunos recursos reciben consulta externa para tratar sus distintos grados de discapacidad.

Completan la distribución del instituto los pabellones “Varones” y “Mujeres” con 21 y 15 personas acogidas, respectivamente, siendo sus habitantes jóvenes y adultos de 19 a 42 años.

El pabellón Esperanza es donde llegan los bebés e infantes con discapacidad que son abandonados o quedan en orfandad / VISOR21

ACOGIDA ES TENER UN HOGAR

El silencio de la tarde de pronto se rompe con unos gritos. Es un menor que no puede hablar, pero que logra hacerse entender desde su silla de ruedas para ser llevado “de paseo” por los pasillos pintados de color verde y con figuras decorativas infantiles. Ese es su “living” y «cuarto de juegos» en el instituto que es su hogar desde que fue abandonado a los pocos meses de nacido en un hospital, hace tres años.

Los internos llegaron en esas condiciones de abandono total al Programa de Acogimiento. 

La exdirectora administrativa del IDAI y del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), Delia Condori, explica que ese programa de acogida “se relaciona directamente con las áreas de administración, trabajo social, enfermería, el área de cocina y lavandería, pues los pacientes acogidos reciben alimentación, vestuario, medicamentos y todo lo que necesitan” desde su ingreso al instituto.

Los acogidos también asisten al Programa de Rehabilitación y Terapias en sus diferentes servicios, de la mano de las asistentes terapéuticas y la Responsable de Acogimiento es quien elabora los horarios entregados por los profesionales, cuidando que no existan choques en los diferentes servicios o con otras actividades, para que los pacientes asistan con regularidad a sus terapias, recuerda Condori, que desempeñó labores durante cinco años en esa entidad estatal.

El instituto de referencia cumplió 55 años a mediados de este año. El personal de entonces celebró la fecha con los acogidos, menores y adultos / ARCHIVO SEDEGES

IDAI, 55 AÑOS

El IDAI es uno de los dos institutos y diez centros de acogida que tiene bajo su responsabilidad el Servicio de Gestión Social (SEDEGES), con la característica de recibir a la población con discapacidad mental y cognitiva, mientras en los otros espacios ingresan personas con discapacidad físico motora, visual, auditiva, personas en rehabilitación, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia.

El Instituto Departamental de Adaptación Infantil fue creado el 6 de julio de 1966, mediante el Decreto Supremo 00691 como Fundación Pro Instituto Nacional de Adaptación Infantil, pasando en 1971 a ser parte de la Junta Nacional de Acción Social de la Presidencia de la República hasta el año 1989, fecha en la que se inició el Proyecto INDI bajo el auspicio de ONAMFA y fondos provenientes de CÁRITAS/Alemania. En 1995 el INAI pasa nuevamente a tuición de ONAMFA y finalmente se integra a la Prefectura del Departamento, hoy Gobierno Autónomo Departamental  de La Paz, adquiriendo el denominativo de Instituto de Adaptación Infantil (IDAI).

Mediante su Programa de Evaluación y Diagnóstico, el IDAI trata casos de: Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral Infantil, Trastorno del Espectro Autista, Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad, Trastornos Específicos del Aprendizaje con Dificultad en: Lectura, Expresión escrita, Matemáticas; Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos; Trastornos de Ansiedad; Lento Aprendizaje; Retraso Escolar; Trastornos del Lenguaje como Disfasias, Disfemias Dislalias; Trastornos Motores como Dispraxias, retrasos, Disfunción en la Integración Sensorial, Torpeza motora y Trastornos Psiquiátricos.

Actualmente, el IDAI cuenta con 29 profesionales en salud, como el jefe médico pediatra, enfermeras, auxiliares en enfermería, médico general, psicopedagogo, fisioterapeuta, neurólogo, además de 34 administrativos entre administrador, secretaria, trabajo social, psicólogo, cocineras, lavanderas, chofer, portero y asistentes terapéuticas.

Una flamante silla espera la salida de una de las acogidas en el pabellón Mujeres para llevarla al comedor en la hora del almuerzo / VISOR21

CAUSAS PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Los trastornos y tipos de patologías en la infancia son complejos y diversos. Entre los factores internos y externos que originan la discapacidad intelectual se establecen tres categorías de las cuales se desprenden unos siete tipos y una treintena de enfermedades o patologías que afectan a este sector vulnerable de la población.

En la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento, con trastornos o anomalías cromosómicas que derivan en síndrome de Down y otros similares. Los trastornos de un solo gen dan, por ejemplo, malformaciones cerebrales como la microcefalia o la hidrocefalia. En esta etapa también están las influencias ambientales externas que pueden dañar al feto, desde el consumo de sustancias tóxicas, drogas, hasta la desnutrición de la madre o la exposición prolongada a radiaciones.

En la etapa perinatal, o al rededor del nacimiento, se presentan riesgos como el embarazo tardío, que es aquel que sobrepasa el tiempo de los nueve meses de gestación por una disfunción en la placenta. También están las complicaciones en el parto, el parto prematuro grave o los traumas en el nacimiento que son daños al bebé que se presentan en 1% de los nacimientos. Esta etapa también abarca el periodo neonatal de las primeras semanas que puede presentar cuadros de septicemia o hipoglicemia.  

En la etapa postnatal, que incluye la primera y segunda infancia, es cuando se pueden presentan infecciones cerebrales como la meningitis, tuberculosis, encefalitis, así como traumatismos craneales, exposición prolongada a tóxicos, desnutrición grave y la baja estimulación neuronal.

Roberto Velasco es un especialista en Pediatría que lleva más de 30 años de servicio en el IDAI, los internos le llaman «papá» / VISOR21

CUADROS CLÍNICOS

En el IDAI se realiza una constante evaluación médica y multidisciplinaria para tratar a los acogidos en sus cuatro pabellones.

Como se ha descrito, las causas de la discapacidad son complejas, pero es más dramático que éstas no solo afecten a los niños, niñas y adolescentes de una sola forma, pues también se suman cuadros clínicos con otras patologías físicas. Por ello, son diagnósticos múltiples.

Por ejemplo, Lynda, nombre convencional para proteger su identidad, es una adolescente de 13 años con síndrome de Down que entró a la edad de 4 al instituto y que hoy presenta un cuadro de discapacidad intelectual en grado moderado, pie plano y endotropia congénita, que es un estrabismo en el que un ojo queda fijado en un solo ángulo, generalmente desde la etapa lactante y primera infancia.

En otro caso, Dany, también nombre convencional, es un joven de 19 años que llegó al IDAI a la edad de 3, que tiene un diagnóstico múltiple. Presenta discapacidad intelectual en grado moderado, microcefalia, epilepsia y secuelas de parálisis cerebral infantil (PCI) con hemiparesia espástica derecha, es decir, parálisis de medio cuerpo.

IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO

En el IDAI también se realizan las consultas externas, donde cada día acuden padres de familia con niños, niñas y adolescentes que reciben el diagnóstico multidisciplinario respectivo, la atención médica y de los especialistas que apoyan la rehabilitación de los menores y la capacitación para los PPFF o tutores.  

Según la Historia Clínica de cada menor, se deriva el caso a los servicios del instituto que incluyen: Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicología, Psicopedagogía, Multisensorial, Psiquiatría, Estimulación temprana.

Por ejemplo, en el caso del área de Psicología se realizan recomendaciones para apoyar al paciente desde su hogar y entorno cercano.

Una de las pacientes externas con esquizofrenia simple, durante la evaluación presentó cambios repentinos de humor y conducta, crisis de ansiedad, ideas y pensamientos distorsionados de la realidad, reacciones emocionales desproporcionadas y tendencia a la acumulación. En su caso se recomendó trato con respeto y de acuerdo con su edad, brindarle espacios en los que pueda realizar actividades de su agrado, como bailar; contención oportuna, calma, firmeza y seguridad cuando se presente un cuadro de crisis y hacer el seguimiento regular para elaborar los reportes en el instituto.

Para que los padres o tutores comprendan su rol es importante la capacitación dentro del instituto, pues no se trata de llevar a los menores como si se tratara de una consulta médica común en la que se les dará una receta de pastillas y esperar que el paciente “se cure”.

“Los padres son los principales terapeutas y educadores”, resalta el jefe médico, Roberto Velasco.

En consulta externa se tiene una cifra superior a las 22.500 consultas o terapias realizadas por año.

Finalmente, según reseña el libro «Pedagogía, Psicopedagogía y Evaluación Integral» de la exdirectora administrativa, Delia Condori, respecto a los diagnósticos que se realizan en el IDAI, cabe destacar que estos informes son reconocidos interinstitucionalmente, pues «determinan el acceso a beneficios como la carnetización de la discapacidad, tienen valor en las unidades educativas, juzgados, Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia y muchas otras instituciones».

Velasco informa que en el IDAI se realiza entre 800 a 900 evaluaciones interdisciplinarias por año, pero la cifra es solo referencial, porque la capacidad de personal e infraestructura no da para mayor cobertura y esa es una necesidad que los niveles del Gobierno central y departamental deben conocer y solucionar.

La población acogida y los pacientes externos es atendida por las asistentes y enfermeras del instituto en turnos de hasta 12 horas / VISOR21

16.779 MENORES CON DISCAPACIDAD

Según los datos estadísticos proporcionados por el Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) a junio de 2021, en Bolivia existen 90.036 ciudadanos inscritos dentro del Sistema de Información de Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD).

De ese total nacional los departamentos con más personas con discapacidad son Santa Cruz con 22.567, La Paz con 21.486 y Cochabamba con 12.747. Les siguen Tarija con 8.754, Chuquisaca con 8.365, departamentos que cuentan con los hogares y psiquiátricos más amplios del país.

Completan la estadística Potosí con 6.233 personas con discapacidad, Beni con 4.792, Oruro con 3.914 y Pando con 1.178.

El registro del CONALPEDIS establece como tipos de discapacidad el auditivo, sensorial, físico motora, intelectual, mental o psíquica, múltiple y visual. Define también los grados grave, moderado y muy grave.

En ese contexto, existen datos de niños, niñas y adolescentes en rangos de menores de 12 años, entendiendo que en ese grupo se encuentran infantes y bebés, y de 13 a 17 años.

En Bolivia existe el registro de 16.779 menores de edad con algún grado de discapacidad.

Del total se repite la tendencia general por departamentos con Santa Cruz con 5.417 menores con discapacidad, La Paz con 3.818, Cochabamba con 2.268, Tarija con 1.289 y Chuquisaca con 1.126.

Completan el cuadro estadístico Beni con 962, Potosí con 937, Oruro con 639 y Pando con 323 menores de edad registrados.

64 acogidos viven dentro de los cuatro pabellones, cada uno con su propia historia y complejidades, desde niños hasta adultos que se quedaron en ese estado mental / VISOR21

CIFRAS ENGAÑOSAS

Desde el CONALPEDIS, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, se explica que el desglose específico de datos corresponde al Ministerio de Salud y aclaran que en muchos casos son los padres de familia o tutores quienes hacen el registro de los menores. También existen variables en el área rural, donde el acceso a la información o a los registros está en proceso de cobertura desde las entidades gubernamentales. 

El Programa Moto Méndez del Ministerio de Salud reportó en 2010 a 4.486 menores de 14 años con algún grado de discapacidad: 2.139 con discapacidad físico motora, 873 con discapacidad visual, 1.746 con discapacidad auditiva, 25 con discapacidad mental y 4 con discapacidad visceral.

Sin embargo, para 2017 esa misma cartera de Estado anunciaba el pago del bono de Bs 250 para 20.042 menores de seis años citando datos del SIPRUNPCD.

En la Defensoría del Pueblo se explicó que no cuentan con una base de datos sobre esta población y que su labor se enfoca en desarrollar recomendaciones y políticas públicas para la inclusión social del sector.

En otro estudio, esta vez del Ministerio de Educación, se enfoca la estadística solo al eje troncal y en el ámbito educativo.

En cifras, esa cartera de Estado identificó a 2.825 estudiantes con algún grado de discapacidad o necesidades educativas, en un estudio publicado en 2013 por la Escuela de Formación de Maestros.

El desglose del documento cita a  951 estudiantes con discapacidad intelectual, 691 con dificultades en lectoescritura, 354 con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 275 con dificultades en matemáticas, 277 con discapacidad física motora, 137 con discapacidad auditiva y 140 con discapacidad visual.

En ese contexto, se concluye que los datos estatales sobre niños, niñas y adolescentes con discapacidad resultan engañosos y es aún más incierta la cifra de menores con discapacidad intelectual, cognitiva o múltiple.

El IDAI, dependiente del SEDEGES, se encuentra en la calle 3 de Obrajes, pasando la av. Héctor Ormachea / VISOR21

ESCUELA ESPECIAL

En el IDAI también funciona la Escuela Especial, un centro donde se impulsa el proceso de enseñanza y aprendizaje de la población externa y de los acogidos del instituto, que hoy depende del Ministerio de Educación.

Según la normativa vigente, los casos de menores con problemas de discapacidad intelectual, psíquica y múltiple, que se enmarcan en los trastornos del neurodesarrollo, tienen dos caminos a seguir para su inserción educativa: derivar a los niños a escuelas regulares o escuelas especiales.

El doctor Velasco remarca que desde el instituto se manda un programa pedagógico específico para que los profesores lo apliquen en las escuelas y 220 estudiantes con capacidades especiales que llevan la educación regular. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el proceso de vio trabado y las llamadas clases virtuales no logran su objetivo, tal como evidencian los padres de familia.

“Los padres que realizan seguimiento psicopedagógico de forma virtual nos comentan que los niños no están aprovechando las clases. Es imposible que un niño con necesidades especiales se mantenga tres o cuatro horas frente a una pantalla”, expresa.  

La pandemia, agrega Velasco, también provocó el encierro de los menores y con ello se cortó el proceso de enseñanza aprendizaje, porque los menores con discapacidad aprenden por la práctica diaria mediante la imitación y ahora “seguro hasta se olvidaron cómo deben cruzar la calle”. 

El experimentado profesional apunta más allá en esta problemática y cuestiona el alcance de la Ley de Educación 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, porque si bien en papeles se habla del bachillerato técnico humanístico, en los hechos esto no responde a la realidad, más aún en las personas con trastornos del neurodesarrollo.

Las materias y contenidos no están enfocados en solucionar o aportar a este sector de la sociedad. Por ejemplo, las matemáticas básicas que se aplican en la vida real deberían ser reforzadas para que ellos se preparen en la vida y no memorizar fórmulas inútiles.

“La Ley 070 dice dos tipos de bachillerato, el técnico y humanístico. Se esperaba la inclusión para el ámbito técnico, pero cuando se hace una evaluación pedagógica a una persona con discapacidad intelectual que obtuvo su título de bachiller, sus niveles están como cuarto a quinto de primaria”, sostiene.

Se les crea falsas expectativas, porque con el título de bachiller creen que pueden acceder a una carrera universitaria y esto luego los frustra, agrega Velasco. 

Sin embargo, se debería generar políticas para impulsar las habilidades de estas personas con perspectivas reales de inclusión social y laboral.

En ese contexto, la encargada de acogimiento, Gabriela Lima, resalta que las asistentes asumieron un rol de educadoras en este tiempo de pandemia, porque debieron acompañar a los menores en las clases virtuales y aprender a manejar las nuevas tecnologías y plataformas que se fueron implementando desde 2020.

En el caso de los estudiantes del IDAI, las “mamitas” acompañaron a los menores para seguir las instrucciones virtuales sobre colorear, realizar manualidades, recortes u otras tareas básicas.

Cuadro elaborado en un estudio de 2013 por la Dirección General de Formación de Maestros / MIN. EDUCACIÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL

Desde la Defensoría del Pueblo se adelantó que se trabaja en un proyecto para fortalecer la inclusión educativa para las personas con discapacidad, sobre todo en referencia a los niños, niñas y adolescentes.

En tanto, el Ministerio de Educación lanzó un estudio de casos en 2013 para orientar a los futuros profesores cursantes en la Escuela de Formación de Maestros, sobre la problemática de la discapacidad y la educación especial.

El texto titulado Comprensión de la Discapacidad de la Dirección General de Formación de Maestros, identifica a tres sectores y las características de esa población:

Estudiantes con discapacidad, “que por sus características propias requieren apoyo educativo permanente o temporal para desarrollar procesos educativos en las modalidades directa e indirecta».

Estudiantes con dificultades en el aprendizaje, “que presentan dificultades generales y específicas en los procesos de aprendizaje en las áreas curriculares del contexto educativo”.

Estudiantes con talento extraordinario, “que presentan potencialidades superiores a las esperadas en su desarrollo integral, de acuerdo con las dimensiones vinculadas del ser en la educación comunitaria”.

Las paredes de todos los ambientes fueron decoradas para brindar calidez a los acogidos y pacientes externos que requieren servicios y evaluación interdisciplinaria / VISOR21

HABILIDADES ESCONDIDAS

En el instituto también estuvo una joven con espectro autista que se dedicó a ayudar en la cocina y demostró su habilidad para pelar papas. Era tan experta, recuerda Velasco, que les ganaba a todas las cocineras y por su condición podía quedarse durante horas realizando la misma operación mecánica.

Ella pudo ser incluida laboralmente en algún restaurante o cadena de comida rápida, tenía un talento, expresa el médico. Lamentablemente, la joven falleció en 2019 víctima de cáncer de mama.

Lima también se refiere al tema, y coincide en que los menores con discapacidad tienen habilidades escondidas que los hace aptos para muchas actividades repetitivas, que se requieren en escalas de producción artesanal hasta industrial.

“En la parte de manualidades ellos son expertos, en pintado hacen maravillas, en carpintería también, repostería, corte y confección. Ellos aprenden estas habilidades en la escuela y se capacitan. Muchos de nuestros niños que fueron abandonados demostraron que tienen habilidades increíbles, el hecho de tener costumbres monótonas los hace aptos para muchas actividades”, cita la joven profesional.

Velasco observa que faltan políticas públicas de inclusión efectiva, que les permita generar y tener recursos propios, más allá del 4% de inserción laboral en las instituciones públicas como establece la normativa vigente.

Señala el caso de España, donde las personas con síndrome de Down son designadas para el cuidado y limpieza de los parques y plazas turísticas.

En el Día Internacional de las Personas de la Discapacidad, celebrado este 3 de diciembre, el Banco Mundial informó que 85 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad y que su exclusión laboral representa la pérdida del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países.

El informe “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”, difundido en la web del BM sostiene que “la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, así como la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son problemas a los que las personas con discapacidad se enfrentan”.

En Bolivia, la Ley General para las Personas con Discapacidad establece el “derecho al trabajo y empleo”. La Defensoría del Pueblo remarca que la ley instruye que por lo menos 4% de los trabajadores en las instituciones públicas deben ser personas con discapacidad.

“Además, las personas con discapacidad gozan de inamovilidad laboral, es decir, que no pueden ser despedidas de su trabajo, tanto en el sector público como privado”, cita un documento institucional.

Alguna producción generada en la granja ocupacional de Kallutaca, donde se traslada a personas con discapacidad leve para abastecer a los institutos y casas de acogida de La Paz / ARCHIVO TAYPI – RTP

GRANJA DE KALLUTACA, TERAPIA OCUPACIONAL PRODUCTIVA

Para sostener la alimentación diaria de los acogidos en el IDAI se requiere de muchos recursos. En ese sentido, algunos pacientes que llegan al instituto o que son personas en situación de orfandad son evaluados para poder ingresar en el sistema de terapia ocupacional que les brinde un espacio de trabajo y a la vez puedan retribuir con su producción a la institución.

La directora técnica del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), Beatriz Churata, explica que al ser una nueva administración departamental, esta instancia dependiente de la Gobernación de La Paz, está dando continuidad al Plan Operativo Anual (POA) de la anterior gestión.   

Sin embargo, se tiene como proyecto para 2022 el potenciar la granja hogar de Kallutaca, ubicada en el municipio de Laja, provincia Los Andes, donde personas con discapacidad realizan labores de ganadería, crianza de gallinas y agricultura.

“Personas con discapacidad múltiple, así como personas que llegan en orfandad o abandono, se transfieren de acuerdo con el reglamento interno del SEDEGES a Kallutaca, para capacitarse en crianza de gallinas, vacas, cerdos, incluso agricultura, esto como terapia ocupacional”, explica.

En el Centro de Acogida para Personas con Discapacidad de Kallutaka convive una veintena de personas con discapacidad múltiple que trabaja en la producción de quesos, papas y hortalizas en carpas solares. Del SEDEGES también depende la granja de Yanacachi, ubicada en la provincia Sud Yungas, con la implementación pecuaria de aves de engorde y producción bovina a cargo de otro sector con capacidades especiales.

La producción generada en esas granjas se destina al consumo interno de los diez centros hogares y dos institutos de acogida dependientes del SEDEGES.  

Los institutos son: Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), Instituto para la persona con discapacidad Erick Boulter. Los centros son: Centro de Acogida “Niño Jesús”, “José Soria”, “María Esther Quevedo”, “Rosaura Campos”, “Félix Méndez Arcos”, de Reintegración Social para Mujeres, de Reintegración Social para Varones, para Víctimas o Refugio Dignidad y las granjas terapéuticas de Kallutaca y Yanacachi.

Wilma Peñaranda y Gabriela Lima relatan su diario vivir con los menores con discapacidad, sostienen que pese a otras ofertas ellas prefieren no abandonar su labor / VISOR21

SER “MAMITA”, UN COMPROMISO DE AMOR Y SERVICIO

Su cargo es de asistentes terapéuticas, pero también son conocidas como “mamitas”. Son 20 mujeres que  trabajan en dos turnos para cubrir las 24 horas de atención a los menores acogidos.

Su labor es esencial para atender las necesidades básicas desde la alimentación, deglución, hasta la evacuación y control de esfínteres, así como el aseo diario de cada uno de los 64 internos. El seguimiento al comportamiento conductual y la administración de la medicación farmacológica son otras labores que este grupo de mujeres desarrollan en turnos de 24/7.

“Ellas cumplen el rol más importante, son como mamás”, remarca la encargada de acogimiento, Gabriela Lima.   

Wilma Peñaranda es una de las asistentes terapéuticas que ha dedicado su vida a la atención de los internos del IDAI. Ella lleva 23 años de servicio y espera pasar la posta a mujeres que tengan vocación y compromiso, más allá de querer ingresar al instituto solo por tener un trabajo remunerado.

“Son muy raras las personas comprometidas, la mayoría solo piensa en cuánto va a ganar. Yo quisiera que quienes vengan a trabajar al IDAI lo hagan por amor y por compromiso”, expresa.

La asistente relata su jornada diaria, que inicia a las 9 de la mañana y termina pasadas las 10 de la noche, todos los días.

A las 9:00 se entrega el turno con el cuaderno de reportes en el que se apunta todo lo que ha sucedido durante la jornada. Se anota el control de esfínteres, los comportamientos, las enfermedades y tratamientos farmacológicos que recibió cada uno. “Todo se anota y se informa”, remarca Peñaranda.

Luego se lleva a los menores a la escuela especial, para pasar los cursos que hoy se dictan solo por algunas horas por las restricciones de la pandemia. En la hora de la merienda se les da atención personal uno por uno y después se les lleva a las sesiones de fisioterapia.

Llega la hora del almuerzo y se debe vigilar la alimentación de cada interno, porque todos los casos reciben tratamiento diferente, desde la dieta blanda, semilíquida o normal. Esto porque en muchos casos los menores no tienen capacidad de masticar de forma normal y por ello se evalúa el tipo de alimentación que se les debe administrar, incluso por medio de sondas.

La jornada continúa con la limpieza de las habitaciones y de las camas. El aseo es importante y la ducha uno por uno absorbe un par de horas más. Para la cena se repite la misma rutina y para las 19:30 los niños, niñas y adolescentes vuelven a sus habitaciones para dormir; ahí se les coloca los pañales, un elemento que cuesta unos Bs 700 por día.

Entre 22:00 y 23:00 culmina la labor de Peñaranda y sus colegas, cuando realiza y entrega el reporte diario al siguiente turno. Luego, ella debe retornar a su hogar para reposar y alistarse a volver al IDAI al día siguiente para cumplir la rutina, con el mismo compromiso, como lo realiza hace 23 años.

La encargada de acogida y la asistente terapéutica con más experiencia en el instituto, en la puerta del servicio de psicomotricidad / VISOR21

CONVIVIR CON LA PANDEMIA

Como en toda esfera de la sociedad, el IDAI también sufrió las consecuencias del Covid-19, la pandemia mundial que aún hoy amenaza a la vida humana.

La concepción del instituto desde su creación fue muy hospitalaria, es decir, con una infraestructura de pabellones y camas propias de un hospital. Sin embargo, con el tiempo las necesidades fueron cambiando y esto se debe tomar en cuenta para la planificación futura.

En ese ambiente de camas lado al lado, el contagio se disparó y afectó a más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes.

El jefe médico Roberto Velasco, explica que de los 64 acogidos en el instituto, 40 dieron positivo al coronavirus, pero gracias a la labor de los profesionales en salud, ni uno de ellos fue derivado a internación y menos a Unidad de Terapia Intensiva (UTI).   

“Evitar el contagio era muy difícil. Nadie externo entraba solo el personal, pero ellos también se contagiaban afuera y hubo tres fallecidos, un chofer y dos profesores”, lamenta el profesional.

AUTISMO

A nivel clínico, Velasco advierte que existe una afección del desarrollo provocada por el Covid-19 que todavía no es visible, pero que debe alarmar a la sociedad.   

“Actualmente hay una patología que nos sorprende y hasta nos causa terror, que es el incremento de los casos de niños con trastorno del espectro autista. Cuando me inicié como pediatra hace más de 30 años, veía en un año siete casos, pero ahora cada semana se presentan dos a tres casos con indicadores de autismo”, advierte.

El profesional médico observa que el sistema de salud no está poniendo atención en los efectos de la pandemia en el aislamiento y el factor de aprendizaje en los niños, más aún en los casos de menores con necesidades especiales.

NECESIDAD DE SALIR

Por su parte, el director administrativo del IDAI, Paulino Blanco, explica que la pandemia afectó a los acogidos en el ámbito emocional, porque desde la cuarentena y con las constantes restricciones, los niños, niñas y adolescentes acogidos no pueden salir ni a los parques, como se hacía habitualmente.

“La pandemia nos ha quitado mucho, los chicos están estresados, ya no pueden salir ni a los parques. Hay una conducta en ellos de agresividad y eso es algo que se debe solucionar”, remarcó Blanco.

Quienes pueden realizar más actividades son los internos de los pabellones mujeres y varones, pero el siguiente paso es trabajar mucho en la inclusión social, agrega el profesional médico.

“Hay muchachos que pueden independizarse que pueden trabajar y las autoridades del SEDEGES deben trabajar en ese objetivo”, señala. 

Es el SEDEGES, precisamente, el que por procedimiento administrativo, debe brindar los permisos de salidas, desde una visita médica hasta las excursiones recreativas o salidas laborales cuando el caso lo amerita.

ESTRÉS DEL PERSONAL

Para la asistente terapéutica, Wilma Peñaranda, las primeras olas de la pandemia significaron una etapa de mucho temor, porque más de la mitad de los acogidos presentó contagios y se determinó dividir la atención de las “mamitas” en grupos.

“Yo tenía miedo de contagiarme y llevar la enfermedad a mi familia, como todos. A veces no quería ni acercarme a ellos y esa fue una etapa muy estresante y difícil para mí”, recuerda.

En el instituto se mantienen las medidas de bioseguridad y las restricciones para el ingreso de personas ajenas. Para las consultas externas se reciben máximo dos personas por cada caso y al entrar se realiza la fumigación y se exige el aseo de manos en un lavamanos colocado al ingreso del primer patio. También se proporciona trajes de bioseguridad enterizos y herméticos para realizar alguna visita dentro de los pabellones.

El pabellón Varones alberga a la mayor cantidad de acogidos del IDAI / VISOR21

FAMILIA, UNA NUEVA OPORTUNIDAD

La encargada de acogimiento del IDAI, Gabriela Lima, explica que los niños, niñas y adolescentes que pasan por el instituto, muchas veces logran salir hacia un entorno familiar favorable, sea con adopciones o con las familias ampliadas.

El caso de adopciones, sin embargo, se tornó complejo y burocrático. Antes había mayores oportunidades y eran familias extranjeras las que optaban por otorgarles un nuevo hogar a estos menores con discapacidad. Hoy esa figura se ha reducido y son pocas las solicitudes en trámite.

En la otra categoría está el caso de Jimy, nombre convencional, un niño de diez años con síndrome de Down que estuvo por un tiempo en el instituto, luego de haber pasado por albergues como el «Niño Jesús» y «José Soria».

Luego de una intensa búsqueda de la unidad de Trabajo Social, se dio con la tía materna que demostró que podía hacerse cargo del menor. Se trataba de un caso de familia ampliada que permitió que el niño concluya con éxito ese proceso de reinserción familiar.

“Yo tuve la oportunidad de verlo hace un tiempo y realmente está muy bien, se nota la mejora, tener una familia fue beneficioso para él. Se acercó con alegría, me abrazó y me dijo estoy contento, estoy con mi mamá (señalando a su tía) y eso nos hace sentir una satisfacción muy grande”, recuerda Lima.

La labor del IDAI y su escuela espacial logra esos resultados, como remarca la asistente Wilma Peñaranda, por la experiencia de un caso de su propio entorno familiar.

Su pequeño familiar fue producto de un embarazo complicado que incluyó un cuadro de polihidramnios o acumulación excesiva de líquido amniótico, que determinó el parto a los siete meses.

Al parecer, el menor presentaba signos del espectro autista y desde sus 2 años mostró una personalidad hiperactiva. Parecía que el niño iba desarrollarse con muchos problemas y la familia temía que sus actitudes empeoraran con el pasar de los años.

Entonces, la asistente lo ingresó al IDAI y el doctor Velasco lo derivó con los especialistas y las terapias personalizadas en su hogar, lo que le permitió superar esa fase en poco tiempo. Hoy, señala con orgullo Peñaranda, el pequeño es un estudiante destacado con excelencia, se expresa bien y domina la computación, entre otras habilidades que se fueron descubriendo a partir del tratamiento recibido.

El reciente bautizo realizado en el instituto. Antes se les asignaba nombres provisionales hasta encontrar familias o establecer procesos de adopción / SEDEGES

CELEBRAR CADA DÍA

Un festejo del Día de la Madre, había niños que se ponían a llorar porque no tienen una madre; sin embargo, Lima recuerda que se les dijo que las asistentes terapéuticas cumplen ese rol con amor y ellos lo entienden así. Los abrazos ahora funden a las “mamitas” con cada uno de los menores con discapacidad cada 27 de mayo.

Mientras los acogidos no cuenten con oportunidades de tener nuevas familias, seguirán dentro del instituto, recibiendo el cariño y atención del personal, tal como sucedió el sábado 9 de octubre con el bautizo a los niños, niñas y adolescentes del IDAI, con la presencia de sacerdotes católicos y autoridades del SEDEGES que les entregaron certificados, así como a los padrinos y madrinas, voluntarios, de cada bautizado.

SONREÍR A LA VIDA

Chiquita lleva 20 años en el IDAI. Sus problemas y cuadro empeoran con el tiempo, pero desde su cama que parece un pequeño nido donde está acurrucada sobre su estómago, sonríe y cuando escucha música se mueve con alegría.

“Ella es sonrisas, le gusta bailar, nosotras bailamos con ella”, reseña Peñaranda.

El doctor Velasco recuerda que Chiquita ya fue internada tres o cuatro veces en el Hospital del Tórax donde fue desahuciada, pero ella demuestra sus ganas de vivir y siempre vuelve.

Lima también rememora las veces que la falta de aire o alguna infección orgánica puso en riesgo la vida de la “pequeña” de 28 años.

“Varias veces hemos salido llorando del hospital, el médico nos decía despídanse de ella, pero tres días después le dan de alta y vuelve con nosotros”, expresa emocionada la encargada de acogida.

La joven reflexiona sobre la lección de vida que Chiquita les da a todos en el IDAI. “Puede ser un día muy feo, pero ves su sonrisa y el día se vuelve bonito, ella te contagia su alegría, porque dices si ella puede, con tantos problemas que soporta, por qué nosotros no vamos a seguir y ver adelante”.

Chiquita / ITF

PENSAR EN UN FUTURO

Las fuentes consultadas para este reportaje dieron su conclusión para apuntar a mejorar las condiciones de vida de estos niños, niñas y adolescentes, con la premisa de que deben salir del anonimato para ser incluidos en la sociedad boliviana.

INFRAESTRUCTURA

La directora técnica del SEDEGES, Beatriz Churata, concluye que se requiere mayor personal médico, psicólogos y asistentes para atender a los acogidos y los pacientes externos, y para ello se realizarán gestiones para lograr mayores recursos en el POA reformulado que se aplicará en el siguiente año, que incluirá un proyecto para que el Gobierno central vea la posibilidad de ampliar infraestructuras en el área rural.

“Sería muy necesario que el Gobierno central nos apoye en algunos aspectos, que vea las necesidades de los centros de acogida públicos y privados que se encuentran en abandono. Se requiere, por ejemplo, construir infraestructura en el área rural, porque la gente en las comunidades muchas veces no sabe dónde ir o dónde llevar a los menores con discapacidad”, manifiesta Churata.

INCLUSIÓN

La encargada de acogimiento del IDAI, Gabriela Lima, reitera la importancia de la inclusión desde el ámbito familiar y hacia la sociedad en su conjunto.

“La discapacidad no es una limitación sino una posibilidad de inclusión. Ellos son parte de la familia y el hecho de que tengan una discapacidad no les hace personas con limitaciones que no puedan apoyar en la casa. Si recibes capacitación como padres, para reconocer que ellos pueden aportar en el hogar, también se puede pensar en su inclusión en la vida cotidiana”, sostiene.

El director administrativo, Paulino Blanco, concuerda y asegura que se debe trabajar en políticas públicas que ayuden a que estos menores puedan salir a la sociedad, formarse para la vida adulta y ser útiles en la sociedad. “Ellos pueden hacer muchas cosas”, afirma.

El Dr. Velasco sostiene con toda la autoridad de su experiencia, que la discapacidad infantil múltiple es una problemática que debe ser visibilizada en la sociedad / VISOR21

PENDIENTES

Para el jefe médico Roberto Velasco, la problemática pasa por varios ámbitos, desde la carencia de infraestructura para tratar y luego derivar a estos pacientes, la falta de personal y recursos humanos para lograr una atención personalizada o mejorar las políticas educativas para que la inclusión sea efectiva y útil, pues de nada sirve adquirir conocimientos que no aplicarán en la vida real.

“Nos falta una terapista ocupacional, antes no se formaban en esta profesión, pero ahora sí lo hacen y es importante porque se realiza una evaluación vocacional para determinar las facultades efectivas de cada persona”, explica.

También señala que la normativa internacional recomienda la presencia de asistentes terapéuticas para la atención personalizada de los internos. En discapacidad grave se debería contar con una asistente para cada acogido, por su dependencia total, y en casos moderados una para cada tres, pero en el país se tiene a dos asistentes para atender a 22 personas y en el área de profundos a una para seis pacientes.

En el ámbito laboral, remarca que las instituciones públicas y privadas se centran en incluir y contratar a personas con discapacidad físico motora, pero no en emplear a quienes tienen trastornos en el neurodesarrollo y esa es otra tarea pendiente para la sociedad.

Asimismo, el jefe médico advierte de que si no se proyectan infraestructuras o centros para derivar a los menores acogidos cuando estos pasen a ser adultos, el IDAI y otros hogares de acogida se convertirán con el tiempo en asilos, como sucede en el instituto donde de los 64 acogidos, 31 son menores y 33 ya son mayores de edad.

VISIBILIZAR

Blanco concluye en que los menores con discapacidad intelectual no deben ser tratados con estigmas y menos ser ocultados. Por ello, considera importante visibilizar la problemática ante la sociedad.

“No hay que ver la discapacidad como un problema ajeno sino es un tema que se debe visibilizar en la sociedad. La persona con discapacidad se la ve como un marginado y eso no debería ser así, ellos pueden aportar en muchos aspectos de la sociedad”, expresa el profesional médico.

Velasco agrega que tiene que haber un cambio de mentalidad, porque el acogimiento no significa aislamiento. “Se les debe dar la oportunidad de salir más y de compartir más con la sociedad”, cita.

Recuerda que en otros países se logró avanzar en esta problemática con la visualización de la discapacidad.

“Si nuestra sociedad no hace visible la discapacidad siempre vamos a tener un sentimiento de decirles ‘pobrecitos, qué pena’. Y esos sentimientos hacen que no haya una aceptación, pues el que uno sienta pena por el otro no es aceptarle, es condescendencia”, finaliza.

Tras el breve tiempo que pasó este medio de comunicación en el IDAI, queda el recuerdo de esas siluetas y el resplandor de sus sonrisas que, como Chiquita, denotan un poderoso deseo de vivir y sobrevivir. El agradecimiento a los profesionales y verdaderos servidores que colaboraron con sus testimonios y guía en la elaboración de este reportaje.

https://fundacionperiodismo.org/

//ESTA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL MARCO DEL FONDO CONCURSABLE SPOTLIGHT XI DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE IMPULSA LA FUNDACIÓN PARA EL PERIODISMO//

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INJERENCIA DE LA IZQUIERDA NORTEAMERICANA PRETENDE INCRIMINAR A JÓVENES BOLIVIANOS 

Phillips llegó al país esta gestión y Ledebur trabaja en el trópico desde los años 90s / PÁGINA SIETE / LA RAZÓN / MONTAJE

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Una es representante diplomática de la administración de Joe Biden, la otra es jefa de una Organización No Gubernamental (ONG) que es el nexo internacional de Evo Morales con las cúpulas mundiales que promueven el multilateralismo. Hoy, ambas apuntan contra los jóvenes que resistieron la arremetida y violencia masista en 2019.

El lunes, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, del Partido Demócrata, envió una nota al viceministro de Seguridad Ciudadana, Nelson Cox, conocido persecutor de la oposición nacional, para pedirle que “desmantele” a los grupos “paraestatales” que según ella, “aún amenazan” a ciudadanos norteamericanos.

“Ha llegado a mi conocimiento que la señora Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su seguridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, señala la nota de la diplomática.

Entre esas “otras personas” que supuestamente son amenazadas por la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, es el abogado Thomas Becker, quien se hizo famoso por apoyar la demanda civil de las denominadas víctimas de octubre negro de 2003, en su causa contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en EEUU desde ese año.

Phillips aludió a Ledebur, la jefa de la ONG Andean Information Network que administra la Red Andina de Información y la radio cocalera del Chapare Kausachum Coca con su versión en inglés Kausachum News. La organización, además, es parte del conglomerado de Open Society del magnate y especulador George Soros.

Ledebur llegó a Bolivia en los años 90s y desde entonces impulsó la agenda de despenalización de la “hoja sagrada” y se asentó bajo el paraguas de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba, donde conoció a Evo Morales y luego la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el exministro Ramón Quintana y su pareja Loreta Tellería, con quien coordina cada acción interna en Bolivia.  

El pedido de “desmantelar” a la RJC, por parte de la diplomática Demócrata, se enmarca en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sin embargo, el exembajador de Bolivia ente la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, ya había advertido que esa “sugerencia” respondía a interese políticos ideológicos.

“El GIEI -CIDH no sólo incumple el acuerdo suscrito con el gobierno anterior, sino que demuestra su falta de independencia e imparcialidad al incluir inconsulta y arbitrariamente en su investigación a la activista norteamericana de Evo Morales y del Chapare, Katherine Ledebur del Andean Information NETWORK”, citó.

Ledebur acompañó a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cada sesión que el grupo tuvo en el trópico cochabambino para investigar la llamada “masacre de Sacaba”, donde no se tomó en cuenta las versiones de las otras partes, es decir, los militares y policías que fueron parte del operativo del 14 noviembre de 2019 y menos a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.

La operadora de la ONG de Soros, también fue parte de las audiencias instaladas contra los jóvenes de la RJC, en calidad de “veedora de derechos humanos”, pese a que había otras instancias avaladas desde Naciones Unidas para hacer ese seguimiento.

La activista de la RJC, Milena Soto, recordó que Ledebur estuvo 14 horas en línea, en las dos audiencias virtuales efectuadas en Cochabamba como representante de una “víctima” de las “agresiones” de los jóvenes cochabambinos.

Con el pedido de Charisse Phillips, a denuncia de Kathryn Ledebur, Soto ve que solamente se quiere montar otros casos de “amenazas y terrorismo” para mantener encarcelados a los líderes de la RJC en detención preventiva, tal el caso de Yassir Molina, Tonchy Bascopé o su caso, que está cumpliendo arresto domiciliario.

No es causal, dijo Soto, que la carta sea dirigida a Cox, quien es considerado como “enemigo de Cochabamba”, porque desde que era representante del defensor del Pueblo en el valle, se dedicó a descalificar al movimiento ciudadano de resistencia que surgió a partir del fraude electoral de 2019.

“Si la señora tiene una amenaza tendrá que demostrarlo, porque en ningún momento yo voy a tener esa ligereza y yo no parto de la amenaza (…) son ellos quienes me amenazaron y tengo como probarlo, no solamente a mí sino a mi familia y a mi hijo, me enviaron videos de mujeres descuartizadas de México diciendo que eso me iba a pasar”, completó la activista cochabambina.

La RJC se agrupó en 2019 para hacer resistencia a las amenazas de los grupos masista de ingresar a la capital de Cercado y hacer la toma de la ciudad.

Juan José Mamani fue una de las víctimas fatales de la violencia masista, cuando fue linchado en la zona sur cuando iba a buscar repuestos para su moto el 13 de noviembre de 2019, cuando la RJC ya había determinado replegarse. Al día siguiente, los grupos de cocaleros se dirigieron al puente de Sacaba para intentar entrar a la ciudad, pero fueron reprimidos por policías y militares. Hubo intercambio de disparos que la propia prensa reportó e incluso se ayudó a uniformados heridos a salir de la zona, pero aquello no fue tomado en cuenta por el GIEI en su trabajo de campo desarrollado en Tiquipaya en una sede del MAS, donde también reside Ledebur.   

“Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la Encargada de Negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales”, declaró la norteamericana, el martes, al periódico oficialista La Razón.

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MASISMO CULMINA SU DISEÑO SINCRONIZADO PARA DESECHAR EL FRAUDE DE 2019 E IMPONER LA NARRATIVA DEL “GOLPE”

Chávez, Lanchipa y Hurtado se convierten en las caras visibles que reafirman la versión del MAS sobre el fraude y el golpe / WEB ARCHIVOS/ MONTAJE

VISOR BOLIVIA / Redacción.- El masismo está a punto de culminar su estrategia política sincronizada entre diferentes representantes del aparato estatal, para desechar el fraude electoral de 2019 y con ello sentar la narrativa “oficial” que en esa etapa histórica del país hubo un “golpe a Evo Morales”.

En medio de dos semanas de una escalada de conflictos sociales en Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúo con su diseño estatal para negar que en las elecciones de 2019 hubo un fraude que pretendió dar como ganador en primera vuelta a Morales y su segundo Alvaro Garcia, para mantener el poder por otro lustro, pese a las restricciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y el referendo del 21 de febrero de 2016.  

40 jóvenes informáticos, envueltos en gigantografías del «golpe» y la «masacre», revisaron 34.555 actas electrónicas en menos de cinco días / APG

Por un lado, el procurador general Wilfredo Chávez, encaminó su propio recuento de actas electrónicas denominado “acta por acta”, con un grupo de estudiantes de Informática de último año de las universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y Pública de El Alto (UPEA).

Chávez, que fue delegado político del masismo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las pasadas elecciones y abogado personal de Evo Morales cuando aquel fugó y se asiló en México y luego Argentina, usó los predios de la Procuraduría, ubicados en la ciudad de El Alto, para llevar adelante ese “recuento” equipando a los jóvenes “revisores” con chalecos distintivos y computadoras portátiles.

El ambiente en un tinglado fue “decorado” con gigantografías alusivas al “golpe” que alude el régimen masista, con frases como: “El informe preliminar de la OEA fue el detonante del golpe”, “Almagro estafó a Bolivia” y “El Alto de pie nunca de rodillas”, además de referencias a la “masacre de Senkata”.

“Lo que hace el procurador es mezclar su recuento para tratar de desechar el fraude del MAS, con un enfrentamiento a la OEA, hablar de golpistas y finalmente instrumentalizar la tragedia de las familias de Senkata, que al final es parte de esta estrategia de confusión y total irrespeto a la inteligencia, memoria y luto de la ciudadanía”, explicó el periodista Iván Rada.       

En cuestión de cinco días, ese grupo de 40 personas terminó de “revisar” las 34.555 actas de los comicios del 20 de octubre de 2019, y Chávez dijo exaltado que con ello se “demuestra” que en Bolivia no hubo fraude.

“Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo el procurador a tiempo de anunciar que los “resultados finales” se darán a conocer en las siguientes horas.

Exvocales del TSE quedan libres de todo proceso y ahora buscarán resarcimiento de daños, además de descalificar al informe de la OEA / ARCHIVOS

En esa línea, los principales acusados de perpetrar el fraude del 20 de octubre de 2019 fueron los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más aún cuando ellos tuvieron a su cargo el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que hasta las 20:00 de esa noche perfilaba una segunda vuelta entre el presidente y candidato Morales y el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Sin embargo, el sistema sufrió un corte y al reinicio del cómputo la distancia entre ambos se amplió a más de 10 % a favor del candidato masista, con lo que se consolidaba como “ganador en primera vuelta” y por tanto, presidente reelecto para un cuarto mandato consecutivo, cuando la CPE establece solo una reelección de forma seguida.

Los vocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz e Idelfonso Mamami fueron aprehendidos desde la noche siguiente a la renuncia de Morales del 10 de noviembre de 2019, presentados ante las cámaras enmanillados y luego trasladados a los respectivos centros carcelarios de La Paz.

En julio de este año, la Fiscalía General determinó cerrar el caso con base en un informe de una consultora avalada por la Universidad de Salamanca de España, con el docente Juan manuel Corchado y dos estudiantes maestrantes en Informática.

El fiscal general Juan Lanchipa, que fuera director de la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR) en el gobierno de Evo Morales y abogado muy cercano al exministro de Justicia, Héctor Arce, había solicitado una “pericia informática” al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de España el 5 de abril y los resultados fueron entregados en junio, es decir, en 60 días.

“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”, justificó Lanchipa.

Sin embargo, el propio Corchado se encargó de explicar que su consultoría se basó exclusivamente en los sistemas informáticos y la base de datos que le entregó la Fiscalía General de Bolivia y en ningún caso se hizo un trabajo de campo, in situ o de revisión de las actas impresas. Asimismo, el docente español coincidió en que hubo irregularidades en el proceso electoral, tal como señaló la OEA en su informe de auditoría, con al menos 12 acciones que llevaron a direccionar los resultados en una “manipulación dolosa” de esa elección.   

Este miércoles, la Fiscalía de La Paz decidió ratificar el sobreseimiento del caso y archivar las figuras de delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo que pesaban contra los exvocales.

Como anexo, en esa investigación, hoy cerrada por el Ministerio Público, nunca se convocó a declarar a Morales ni García y la denuncia particular contra ambos, que había presentado Mesa y su abogado Carlos Alarcón, fue desechada por la juez Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro el 23 de noviembre de 2020, luego de la victoria del MAS en las recientes elecciones generales.

Castro emitió una resolución que declaró fundado un incidente de excepción de prejudicialidad y falta de acción que presentó al defensa de Morales, que entonces era el abogado Wilfredo Chávez, y archivó el caso. La juez sería nombrada en agosto de este año como nueva vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

Comunicado del TCP sobre su reciente sentencia constitucional que reconoce la figura ipso facto para la sucesión presidencial, pero no para las directivas camarales / TCP

Finalmente, este viernes se conoció un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referido a la sucesión presidencial, ante un recurso directo de nulidad que planteó la exdiputada por Unidad Nacional (UN), Margarita Fernández, quien fuera segunda vicepresidenta de la Cámara Baja en 2019, contra Susana Rivero, la diputada masista y primera vicepresidenta que también renunció durante las jornadas del 10 al 12 de noviembre de ese año.

Según el recurso, Rivero ejerció el cargo de manera ilegal el 14 de noviembre, pues había renunciado mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados, que incluso la masista compartió  en su cuenta de Twitter, aunque luego la trató de borrar, con alusiones al “golpe” y que ella no sería “cómplice” de aquello porque “sus principios y corazón se lo impiden”.

Rivero, luego de la sucesión de Jeanine Áñez, volvió a plenaria y ejerció la presidencia de Diputados para posesionar a su par Sergio Choque. Empero, su renuncia tuvo efecto inmediato, como señala el artículo 153.3 de la CPE y ante la anterior dimisión de Víctor Borda como presidente de la Cámara Baja, correspondía el cargo a Fernández, hecho que se produjo durante algunas horas.

En todo ese enredo normativo, el TCP decidió emitir hoy el comunicado que “sentencia” que la sucesión ipso facto sólo aplica al cargo de la Presidencia y no a las directivas camarales, con lo cual Áñez quedaría como “inconstitucional” al no haber cumplido las formalidades del Pleno Camaral para tratar y aceptar las renuncias de las cabezas en Senado y Diputados.     

En otras palabras, para el TCP “reemplazo temporal” no es igual a “adjudicarse” un cargo en Senado y Diputados, pero mantiene vigente y reconoce la jurisprudencia de la figura ipso facto.

El investigador jurídico Franz Barrios explicó que esta sentencia 025/2021 emitida por los magistrados del TCP solamente ratifican que existe la figura de reemplazo en los reglamentos de ambas cámaras legislativas, que en el caso de Áñez se activó en el artículo 41 del Reglamento General del Senado y luego las disposiciones del art. 169 de la CPE.

“Esto reafirma nuestra irrebatible teoría sobre que la Declaración Constitucional 001/2020 del 15 de enero de 2020 sobre la “Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional”, llevada en consulta por el propio masismo, y su Voto Aclaratorio del 15 de enero de 2020, que avalaron la sucesión constitucional de la Dra. Áñez”, citó Barrios.

La DC 003/2001 señala que la sucesión presidencial se debe realizar ipso facto sin que medie norma o ley alguna, porque no se puede dejar ese vacío de poder en el Ejecutivo. La DC 001/2020 ratifica el carácter constitucional de Áñez como presidenta transitoria con prórroga de mandato junto a todos los asambleístas y autoridades de los gobiernos subnacionales.

Finalmente, el Voto Aclaratorio del propio TCP, emitido en enero de 2020 señala en una de sus partes que durante la sucesión de 2019 “no se presentó ninguna situación de anormalidad constitucional”.

El magistrado presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, firma la reciente sentencia, pero en noviembre de 2019 leía un comunicado institucional en el que recordaba la DC 003/2001 y en ese marco se tenía que actuar “para cumplir el rol guardián de la Constitución”.

Consultado sobre la legalidad de la sucesión específica de Áñez, Hurtado afirmaba a los medios de cobertura en Sucre: “el comunicado en forma expresa señala que sí (es legal), desde luego que sí”.

El periodista Andrés Gómez concluye que todas estas acciones recientes del Gobierno, Fiscalía y TCP son sincronizadas y sólo buscan fines políticos sin darse cuenta que ponen en peligro el orden democrático.      

“Entonces si el gobierno de Áñez fue inconstitucional, todos sus actos son nulos, la convocatoria a elecciones también es nula; por tanto, Luis Arce es un presidente inconstitucional y como no hubo fraude el 2019, según el Procurador, Evo ganó. Conclusión: ¿Evo Morales, Presidente; Álvaro García, vicepresidente; chau Lucho, chau David?”, escribió en las redes sociales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el régimen utilizará esta nueva sentencia para forzar una sentencia de 12 años contra la expresidenta por la vía ordinaria dentro del proceso de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, más conocido como “caso golpe de Estado II”.

La figura de “sedición, terrorismo y conspiración” es parte de la querella activada por la exdiputada masista Lidia Patty en diciembre de 2020 y que derivó en la detención preventiva por seis meses de Áñez en el penal de Miraflores desde marzo de este año, con incremento de cinco meses más hasta febrero de 2022 por parte de los administradores de justicia.

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EL LÍO DE LA WIPHALA ES CULPA Y DELITO DEL MAS

Crédito de foto: UNITEL

Por: IVÁN RADA.- La wiphala vuelve a ser protagonista de la confrontación en el país, tal como sucedió en noviembre de 2019. Su esencia “sagrada” de “igualdad, armonía, solidaridad”, etc., no tiene nada que ver con los hechos del 24 de septiembre ni el riesgo que conlleva llevar el escándalo a marchas por desagravios y posteriores actos de violencia.

La wiphala divide al país, en vez de unificar y revalorizar a los pueblos originarios y retomar su carácter simbólico de plurinacionalidad.

Sin embargo, es nuevamente el masismo el que instrumentaliza este emblema para dividir, violentar y perseguir a los bolivianos.

El escándalo del 24 de septiembre en la plaza principal de Santa Cruz, cuando se izó la wiphala amarrada debajo de la Tricolor y sin estar dentro del programa de protocolo oficial, fue un acto planificado y perpetrado por el Gobierno del MAS y el propio vicepresidente David Choquehuanca, que debería meditar bastante antes de “aprobar” un juicio contra el gobernador Luis Fernando Camacho, sus asambleístas o las dos mujeres que fueron “identificadas” en el “ultraje” a esa bandera.

Hablar de dignidad, respeto u otras narrativas políticas o sentimentales no sirve y sólo le hacen el juego al masismo que ya sembró la división y el odio, nuevamente, en el oriente boliviano. Tampoco nos vamos a perder en dilucidar los conceptos de “símbolo” y “representatividad” que obedecen más a la esfera política que jurídica o constitucional.

Entonces, ¿cuál es la base para analizar el tema? La normativa vigente. ¡Punto!

Vamos a la Constitución Política del Estado (CPE) y el Decreto Supremo (DS) 241, que son los únicos instrumentos legales que hacen al caso, además del Código Penal, como se verá más adelante.

La CPE en su artículo 6, inciso II cita: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”.

Entonces, la wiphala ES reconocida como un símbolo estatal y aquello no se puede negar.

¿La wiphala es bandera?

Ahora vamos al DS 241 de 5 de agosto de 2009, que norma los “Símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En su artículo 4, de Definiciones, se refiere al concepto bandera como: “Pieza de tela cuadrangular que se sujeta por uno de sus lados a un asta y se emplea como insignia o emblema de una nación o Estado. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia son: la enseña tricolor compuesta por tres franjas horizontales rojo, amarillo, verde y la Wiphala”.

Entonces, la wiphala, por definición de ese DS, SÍ adquiere “rango” de bandera.

¿Se puede armar un caso por “ultraje al símbolo patrio”?

El DS 241 en su artículo 43, refiere el Régimen Sancionatorio y define como Ultraje a los Símbolos del Estado que: “Quien o quienes injurien, ofendan, desprecien ultrajen públicamente los Símbolos del Estado serán pasibles a las sanciones previstas por el Artículo 129 del Código Penal”.

¿Qué dice el art. 129 del CP?

“El que ultraje públicamente la bandera, el escudo o el Himno de la Nación, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años”.

A interpretación de abogados, el Código Penal de 1972 no alcanza a “wiphalas”, porque aquella no estaba reconocida como tal sino hasta que se dicta el DS en 2009; es decir, 37 años después.

¿Los cruceños que protagonizaron el escándalo del 24 de septiembre en Santa Cruz deben ser sancionados bajo esta figura?

Categóricamente, ¡NO!

En el marco de su autonomía departamental, la Gobernación organizó los actos protocolares y dispuso que sólo se izaría en mástiles la Tricolor y la bandera cruceña, verde y blanco. Aquello fue conocido por coordinación del nivel central, del Gobierno central y Presidencia.

Fue el Gobierno central y el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, quienes en ese momento rompen el protocolo del organizador. Fueron funcionarios de Presidencia quienes “meten” la wiphala al acto y Choquehuanca el que la amarra debajo de la Tricolor.

Volvemos al DS 241 que en su artículo 31 sobre Uso en instituciones públicas, establece con nitidez: “La Wiphala se izará en el lado izquierdo del frontis de los inmuebles de las instituciones públicas del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSCZ) NO es parte del nivel central del Estado.

Asimismo, la iza de la wiphala está normada para ser colocada al lado izquierdo de las instituciones o actos públicos. NUNCA DEBAJO, como la amarró Choquehuanca.

Conclusión: fue el Gobierno el que rompió el protocolo oficial del organizador, vulneró la autonomía departamental y provocó a los cruceños.

Choquehuanca, en su deseo de “reivindicar” sino provocar, ULTRAJÓ la bandera wiphala al exponerla, amarrarla y colocarla por debajo de la Tricolor.

Si los abogados Wilfredo Chávez e Iván Manolo Lima persisten en una denuncia fallida, lanzarán un “boomerang” a su propio régimen.

Más claro aún, de mantener la tensión simbólica, como ahora impulsa el tirano Morales Ayma, los masistas confirmarán que su único objetivo es confrontar, perseguir y ensangrentar Bolivia con fines políticos, usando argumentos muy distantes de las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y el carácter “sagrado” de la (su) wiphala.

//*IVÁN RADA ES PERIODISTA Y ASESOR POLÍTICO//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN//

DESDE CANTUMARCA YASSIR MOLINA PIDE A LA POBLACIÓN NO CREER LAS MENTIRAS ARMADAS EN SU CONTRA

El joven cochabambino cumplirá seis meses de detención este 30 de septiembre / RRSS

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Mediante un comunicado publicado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, joven recluido actualmente en el penal de Cantumarca Potosí, denunció la forma discrecional y tergiversación que se hace de su caso desde su abusiva detención que cumplirá seis meses el próximo jueves 30 de septiembre.

El pasado sábado, Molina fue sorpresivamente trasladado del pabellón 4 de la cárcel San Roque en Sucre, hasta la población de Cantumarca en Potosí, por una resolución administrativa de la Dirección General de Régimen Penitenciario y bajo el argumento de que los propios internos habían pedido su cambio por las “constantes faltas disciplinarias”.

La responsable de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, Elizabeth Quispe, explicaba que incluso se recibió un “voto resolutivo” de los internos en el que solicitaba su expulsión, además de haber encontrado “celulares y armas punzo cortantes” en la celda del miembro de la RJC.

Ante esta campaña de desprestigio, Molina logró enviar una nota desde Potosí, para que la RJC difunda su versión de los hechos, en la que aclara su situación y califica su traslado como una acción abusiva y política.

“Jamás busqué alterar el orden en dicho pabellón, me sometí a las normas de conducta al pie de la letra y aporté con mi granito de arena con personas y algunas instituciones, por lo que ruego a la población no creer en las mentiras que manifiestan algunas autoridades”, expuso el joven cochabambino.

Su traslado, según relata, se dio con fuerte custodia policial, que le puso un chaleco antibalas, lo enmanilló y sacó solamente con el pantalón buzo y polera que llevaba puestos para llevarlo hasta Potosí.

Molina lamentó el accionar de un sargento de apellido Romay, quien sería el operador de su traslado, en coordinación con algunos policías de San Roque. Denunció también que tras esa acción abusiva le despojaron de sus pertenencias personales.

“Creyeron hacerme un mal, pero me dieron una nueva familia”, expresó el activista, en agradecimiento a los internos y población de Potosí que le brindó su apoyo desde ese traslado irregular.

“Gracias Sucre, gracias Potosí, gracias Bolivia; es un honor para mí el estar aquí, pues no me escapé, no me vendí, mis ideales de igualdad, libertad, derecho están intactos. No sólo es Yassir Molina, sino todos los que salimos en contra del fraude y en defensa de nuestro país”, expresó.

La nota remitida por Molina el domingo para que la RJC la difunda al país / RRSS

Recordó que colaboró con la delegatura de San Roque, con trabajos para remodelar la carpintería, la capilla, la sala de audiencias y el consultorio médico, acción que espera repetir en Cantumarca, y para ello pidió la colaboración de las autoridades correspondientes.

Molina aprovechó para mandar un saludo a “su amada llajta” por la reciente efeméride, así como recordar que este 24 de septiembre es el aniversario de Santa Cruz, el Día del Médico, a quienes llamó “ángeles guerreros” y también es el Día del Privado de Libertad.

“Nos están privando de la libertad de expresión, generando persecución, vivimos presos de un gobierno”, citó y concluyó con un mensaje: “¡Fuerza, todo va a mejorar, Dios es grande!”.        

El líder de la RJC fue aprehendido el 13 de marzo y llevado a Sucre para audiencia, en la que la juez Ximena Mendizábal determinó libertad irrestricta. Sin embargo, por acción coordinada entre el Gobierno central y la Fiscalía General, la apelación a esa determinación llegó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que dictó seis meses de detención preventiva en San Roque, desde el 30 de marzo.

Molina junto a otros jóvenes de la RJC como Milena Soto, los hermanos Mario “Tonchy” y Fabio Bascopé, junto a Jaime Maldonado se encuentran detenidos bajo acusaciones de supuesto “deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas”, por las protestas sociales de octubre de 2020 en la sede de la Fiscalía General en Sucre, cuando se pedía la renuncia de Juan Lanchipa como cabeza del Ministerio Público.

Otras acusaciones activas desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), secundadas por las anteriores administraciones de la Gobernación y Alcaldía de Cochabamba apuntan otras ocho supuestas figuras penales contra los jóvenes cochabambinos que salieron a defender la ciudad de un inminente ataque de los grupos de choque y cocaleros del MAS en 2019.

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SOTO DENUNCIA ABANDONO DE LA CLASE POLÍTICA COCHABAMBINA, HOY EN FUNCIÓN LEGISLATIVA

Milena Soto enfrenta dos procesos por diez figuras penales que el MAS y la Fiscalía activó en su contra / RRSS

VISOR  BOLIVIA / Redacción.- Milena Soto, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, lamentó el abandono de la clase política cochabambina a quienes defendieron la seguridad del valle de los ataques de grupos aliados al Movimiento Al Socialismo (MAS), durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019. Una senadora y una diputada son mencionadas por la activista en contacto con ViSOR.

La activista lamentó el abandono de la clase política, como el caso de la diputada Doris Torrez o la senadora Andrea Barrientos, ambas militantes de Comunidad Ciudadana, que siendo representantes por Cochabamba, no se pronunciaron por su detención ni contra el constante acoso judicial que sufren los jóvenes de la RJC sólo por haber dado la cara durante las jornadas de 2019.

El reciente escándalo viral protagonizado por Barrientos, quien dijo en una sesión legislativa que tenía “coincidencias con el MAS”, provocó el repudio de la RJC que considera aquello como una falta de carácter en medio del contexto de persecución política que vive el país.

En ese marco, Soto recordó que en la crisis de 2019 hubo dos reuniones de coordinación para la defensa de Cochabamba; una en la capilla de la avenida Monseñor Rivero, con activistas, políticos de oposición, incluidas las entonces candidatas de CC y representantes de la Iglesia Católica, donde Barrientos mostraba una postura tibia y hasta crítica a la propia Resistencia.

Los marchistas del MAS, relata Soto, durante esas jornadas habían amenazado a los activistas con “quemarlos vivos” y para ello rociaron diésel y gasolina en las calles. También colocaron alambres de púas de calle a calle para que los motociclistas sufran cortes y lesiones al pasar por esos sectores.

Entonces, un segundo encuentro se dio en el Colegio Médico de Cochabamba para analizar la pacificación del país, cuando ya había grupos de cocaleros que pretendían avanzar desde Sacaba a la capital del valle. Esa jornada, Barrientos criticó a la RJC porque, según ella, “actuaban muy agresivos” y dijo que los grupos masistas “eran pacíficos”. Sugirió además, dirigirse hacia la marcha de cocaleros con una “bandera blanca” para entablar el diálogo, pero condicionó aquello a que los uniformados la resguarden. Un coronel de Ejército del CITE le aclaró que había mucho riesgo y tensión, aceptó acompañarla, pero dijo que la dejarían sola para hablar con los manifestantes cocaleros. Entonces, Barrientos retrocedió.  

Doris Torrez y Andrea Barrientos fueron parte de las acciones ciudadanas de 2019. Hoy ejercen cargos legislativos totalmente distanciadas de la resistencia cochabambina / RRSS

Asimismo, Soto recordó que la diputada Torrez “era su amiga de muchos años”, pero hoy ve una total indiferencia ante la persecución que vive la RJC con cinco detenidos por acusaciones activadas desde el MAS y el propio Ministerio Público.

CC en Cochabamba, que este 14 de septiembre celebra su efeméride, cuenta con una senadora, Barrientos, y seis diputados: Toribia Lero, Saúl Lara, Samantha Nogales, José Maldonado, Alejandra Camargo y César Virguetti, este último fallecido por Covid-19.

Torrez, que es suplente de Maldonado, escribió el 27 de julio en sus redes: “Bolivia vivía y vive en los últimos años, en un estado derecho vulnerado al antojo político de personajes desamorados de su patria. Nadie puede vulnerar los derechos que por ley tiene cada uno de las personas, Derechos Universales que no pueden ser atropellados, manoseados, ultrajados. Basta de la persecución política”. De los últimos procesos a la RJC no existe ningún post o referencia de la diputada opositora.

Yassir Molina y Milena Soto llamaron a mantener la resistencia la noche del 12 de noviembre de 2019, con barricadas pacíficas. «Nosotros en ningún momento estamos llamando a la confrontación», expresaron con claridad / RRSS

LA RESISTENCIA PERSEGUIDA

Durante las jornadas de tensión de octubre y noviembre de 2019, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se convirtió en un bloque de defensa de la capital valluna, ante las amenazas de violencia por parte de hordas del MAS que se incrementaron a partir de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

La noche del 12 de noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez asumía la sucesión presidencial, los miembros de la RJC alertaban sobre una supuesta convocatoria de Andrónico Rodríguez, como vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico, para hacer la “toma” de Cochabamba. Soto, junto a Yassir Molina, llamaban a seguir en vigilia pacífica y mantener las barricadas zonales para evitar enfrentamientos.

Sin embargo, el actual régimen de Luis Arce, mediante sus operadores judiciales como el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, comenzó una suerte de cacería contra este grupo, argumentando que fueron parte del “golpe” a Evo Morales y desde los medios de propaganda oficialista se los califica como un “grupo paramilitar” que “coordinó” con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, la “masacre de Sacaba” del 16 de noviembre.   

Posteriormente, tanto Molina como Soto fueron procesados, aprehendidos y detenidos por las protestas en la sede de la Fiscalía General en Sucre, en octubre de 2020, cuando se exigía la renuncia de Juan Lanchipa, por dilatar las investigaciones que implicaban a la dirigencia masista, como el caso de sedición que salpicó a Morales, que al final quedó archivado ya con el MAS retomando el poder.  

Bajo imputación de supuesto deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas, Molina, Soto y los hermanos Mario y Fabio Bascopé fueron detenidos uno a uno.

Amparo Carvajal en puertas de la casa de Soto, junto a activistas el pasado 2 de septiembre / CAPTURA TV

DOBLE ARRESTO DOMICILIARIO

En ese mar de confusión de fechas, narrativas y manipulación judicial, Milena Soto fue aprehendida el 3 de agosto en Cochabamba y trasladada a Sucre para su audiencia de medidas cautelares, en la que el juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca le dictó arresto domiciliario con salidas para trabajar.

Pese a cumplir con esa medida cautelar, el 3 de septiembre, Policías y fiscales allanaron la casa de Soto y la aprehendieron en presencia de su hijo. Paralelamente se procedía a arrestar a Jaime Maldonado, otro integrante de la RJC.

Tras el fin de semana, en audiencia de más de 12 horas, se dictó otro arresto domiciliario a Soto por los supuestos delitos de “organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación o tenencia de sustancias explosivas”. Toda esa lista a sola denuncia de la exdiputada del MAS, Juana Quispe, por los conflictos de 2019.

El proceso se ejecutó horas después de la visita de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, a integrantes de la RJC, a quienes había expresado su solidaridad.

“Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”, expresó Carvajal.

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