JORGE QUIROGA: PERSPECTIVAS POLÍTICAS EN LA REGIÓN Y LA DEFENSA DEMOCRÁTICA EN BOLIVIA

para conversatorio

CONVERSATORIO CON JORGE QUIROGA SOBRE LA REGIÓN Y BOLIVIA

El 6 de febrero en los conversatorios organizados por la Fundación Vicente Pazos Kanki, se hizo presente el presidente de la República durante 2001 a 2002, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, para exponer su visión sobre la decadencia del bloque de la Alianza Bolivariana por los pueblos de nuestra América (ALBA) y sus posibles efectos en Bolivia.

Quiroga dividió su exposición ante el auditorio abordando la situación política electoral en la región, el nuevo rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la crisis en Venezuela.

En una segunda parte, el jefe político se refirió a Bolivia y el contexto de la defensa del 21F, además de la demanda marítima boliviana que en las siguientes semanas entrará en su etapa final de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

EJEMPLO DE TAPA

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

tres

TRES ROSTROS EN EL OCASO DEL ALBA

CORREA GOLPEADO

Rafael Correa recibió un duro revés con los resultados del referendo y consulta popular del 4 de febrero.

El SÍ venció con un promedio de 67% en temas que perjudican a Correa y su aspiración de retomar la presidencia en 2012. La consulta cerró la puerta a la reelección indefinida y también determinó censurar a los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción.

Con ello comenzaría la “desmantelación” del correísmo en Ecuador. Sin embargo, el exaliado chavista ya anunció la “revancha popular”, aferrado en el caudal de poco más de 30% que siguió sus instrucciones para este referendo.

El proceso significó un respaldarazo para la administración de Lenin Moreno, que debe gobernar en medio de las pugnas internas de la Alianza País. Moreno, además, alejó del cargo al vicepresidente Jorge Glass, procesado por el escándalo Odebretch, para designar a María Alejandra Vicuña, quien como él, fue correísta acérrima durante toda una década.

MADURO CERCADO

Nicolás Maduro parece cercado a poco de verificarse las adelantadas elecciones presidenciales del 22 de abril.

El rechazo a su presencia en Lima, con motivo de la VIII Cumbre de Las Américas, firmada por 12 cancilleres de la región, es una muestra de la censura de estos gobiernos a la dictadura y modelo castrista que desde 1999 ha dejado a Venezuela con los índices más altos de hiperinflación, escasez de alimentos, medicamentos y niveles de reprobación en índices de libertad de expresión y economía.

Electoralmente, el dictador venezolano apeló a la Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral para anular cualquier alianza opositora, por lo que la denominada Mesa de Unidad Democrática – MUD no podrá participar como bloque sino con dispersos candidatos.

Por otro lado, EEUU ha girado su visión al sur del continente y con ello la sombra de una intervención militar, apoyada desde Colombia, es una posibilidad casi inminente para liberar a ese país.

LULA CONDENADO

Luiz Inácio Lula da Silva tuvo un golpe sobre otro el 24 de enero con la ratificación de su condena por el caso OAS – Lava Jato, más el incremento de esa condena a 12 años.

El expresidente brasileño, que se perfilaba para volver a candidatear en los comicios de octubre, fue investigado por el fiscal y juez Sergio Moro por haber recibido un lujoso apartamento costero en Guaruja, ciudad del estado de Sao Paulo, como “regalo” de los ejecutivos de la empresa OAS para beneficiar al consorcio en adjudicaciones estatales.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 a 2010, y la cúpula del Partido de los Trabajadores – PT, han calificado el caso como una “conspiración” y todavía guardan esperanzas para que su líder sea habilitado por la instancia electoral.

Sobre la sentencia, el juez Sergio Moro había logrado en junio pasado 9 años y medio contra el expresidente, por lo que cualquier recurso se complica con los 12 años de condena dictaminados por los tres jueces de apelación.

para aportes

JORGE QUIROGA: SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y CORRUPCIÓN

En su experiencia como veedor de los procesos latinoamericanos, el presidente de la República entre 2001 y 2002, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, desglosó el peso político que llevó a este lado del continente hacia el llamado “socialismo del siglo XXI”. Empero, como todo proceso con magnitudes inéditas, también se ha presentado en los últimos años un deterioro democrático y corrupción institucional contra los cuales parecen surgir algunas recetas efectivas.

Santos-castro-chavez

TRIÁNGULO DEL CARIBE

Quiroga profundiza y habla del “Triángulo del Caribe”, para explicar el eje de poder que dominó la agenda latinoamericana en más de medio siglo con dos procesos y un proyecto. Los procesos de Cuba (castrismo, embargo, resistencia a EEUU) y Colombia (FARC, proceso de paz, narcotráfico) y el proyecto de Venezuela (ALBA y socialismo del siglo XXI)

Ese triángulo no era casual, pues se coordinó todo desde los acuerdos de paz en Colombia que se negociaban en Cuba teniendo como garante a Venezuela. Timochenko salía de Caracas protegido en avión de PDVSA hacia La Habana; las FARC guardaban todo su armamento y droga en Venezuela y los Castro se sostenían con padrinos (primero rusos, luego Chávez) que les inyectaban hasta 2.700 millones de dólares.

Ese triángulo tuvo un pico cuando el papa Francisco y Barak Obama posibilitaron los acuerdos para privilegiar la apertura de Cuba con EEUU y luego hablar de la paz en Colombia, pero ambos procesos a costa de sacrificar la democracia venezolana, que era el tercer componente necesario para suministrar petróleo a Cuba hasta que funcione la apertura norteamericana y refugiar a los miembros de las FARC hasta garantizarles derechos y seguridad en su país.

“Sin el eslabón venezolano eran imposibles ambas soluciones”, cita Quiroga al referirse a la relación triangular entre Cuba, Colombia y Venezuela. Ese triángulo del caribe luego fue negociado por Obama y Francisco.

MORO

TRIÁNGULO DE MORO

En el caso de Brasil, es evidente la corrupción que envolvió al expresidente Lula Da Silva y su cúpula en las relaciones con Odebretch y OAS. El escándalo de sobornos a las altas autoridades de los países de la región por los consorcios brasileños para obtener beneficiosos contratos dejó a muchos expresidentes y exministros entre rejas o sentenciados como Perú, Ecuador o el propio jefe del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Pero estos casos no hubieran avanzado si no se implementaba el modelo del juez Sergio Moro, quien patentó un sistema judicial anticorrupción muy superior a “las payasadas de Baltazar Garzón” para la ciencia del Derecho.

Quiroga explica que el triángulo de Moro es: detención preventiva – diseminación informativa – delación premiada.

El círculo sospechoso es detenido y se comienza a lanzar información en base a sus declaraciones. Quien coopere se beneficia con penas menores o libertad condicional, dejando al último eslabón con toda la carga, salvo que implique a sus exsocios del hampa con cuello blanco. Así cayó Odebretch.

“Para mí el personaje más importante de la década es Sergio Moro, porque cambió todo, él ha patentado y ha establecido un sistema judicial que va a ser estudiado por décadas”, expresa con admiración Tuto.

tuto jovenes

EL CASO VENEZUELA

Jorge Quiroga expuso el proyecto chavista caracterizado por ser el más ambicioso en la historia contemporánea de América Latina y nacido por la unión de la chequera petrolera con los llamados precios chinos, cuando el precio del barril de petróleo pasó de $us 7 a 140 dólares.

Hugo Chávez primero buscó una alianza con los cinco países andinos entre sus afines militaristas en Ecuador y Perú. Luego se volvió pragmático y abarcó a líderes de otras ramas en Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Cuando subió el petróleo, cambió el proyecto bolivariano al proyecto del Socialismo del Siglo XXI que nace en los hechos en 2003 -aclara Quiroga- y no en 1999.

Chávez toma el poder total con la Asamblea Constituyente, el control de PDVSA, asumida como chequera personal, y depura a los militares venezolanos. Ese control interno coincide con la llegada de los Kirchner y Lula al poder en Argentina y Brasil. Todos los precios suben en la región y con ello este bloque llega a controlar la OEA a través de Insulza.

El fallecimiento de Chávez coincide con la caída de los precios y Maduro luego, derrumba todo el proyecto en menos de cinco años. A ello se suma la opositora Mesa de Unidad Democrática – MUD que logra ganar la Asamblea Legislativa en 2015.

Con esa oportunidad se esperaba una oposición que haga el relevo, pero este grupo no logró ningún cambio, solo retoques estéticos, convirtiéndose en funcionales a Maduro, mientras que todos los líderes opositores genuinos están exiliados, presos o asilados en las embajadas.

Por ello, el régimen venezolano ahora se aferra al poder y reprime sanguinariamente a la población aplicando el knowhow cubano.

“Es importante ver la reacción de la comunidad internacional los próximos 180 días porque ahí se decide todo para Venezuela. Si Maduro saca adelante su fraude electoral se habrá instalado en Sudamérica la segunda Cuba”.

para interior

“MORALES DEBERÁ ESCOGER ENTRE REELECCIÓN O MAR”

Bolivia se prepara para la última etapa de la resolución pacífica de controversias presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La demanda contra Chile pidiendo una negociación pronta y efectiva para lograr un acceso soberano a costas del océano Pacífico, entrará en su fase de alegatos orales en marzo, fecha coincidente con los 139 años de la usurpación del Litoral.

Para Jorge Quiroga Ramírez, Bolivia tiene importantes avances para retornar al mar en base a los llamados “derechos expectaticios” que son la base de la demanda contra Chile, recordando los constantes compromisos que hizo ese país para resolver el enclaustramiento nacional.

Esa jurisdicción internacional se basa en declaraciones y documentos emitidos por La Moneda y Bolivia ejerce sus derechos ante La Haya con certeza y razón.

En ese contexto, Quiroga lamentó que en la política interna el propio mandatario Evo Morales incumpla los “derechos expectaticios democráticos” que tienen los ciudadanos bolivianos que exigen respeto a su voto y alternancia en el poder.

Así, Quiroga recordó tres declaraciones del Jefe del Estado Plurinacional que se interpretan como “derechos expectaticios democráticos”.

Evo Morales dijo en 2009, cuando se convocaba a la aprobación de la CPE, que renunciaba a dos reelecciones consecutivas y no cumplió. Evo Morales dijo en 2014, tras ser habilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sería su último periodo y que luego iba a retirarse al Chapare a poner un restaurante y no cumplió. Evo Morales dijo en 2016, luego de activar el referendo constitucional para modificar un solo artículo de la CPE (168), que iba a respetar el resultado y si tenía que irse se iba para no dar golpe de Estado y, nuevamente, pretende incumplir su palabra.

“Va a querer mar con soberanía o poder con tiranía”, concluyó el político opositor.

marbol

  • Bolivia comenzará los alegatos orales el 19 de marzo a las 05:00hrs (10:00hrs en Holanda). El 20 de marzo, el país continuará su argumentación a la misma hora y por un máximo de tres horas. Chile responderá con sus alegatos orales el 22 y 23 de marzo en el mismo horario.

  • La etapa de contraargumentación se activará el 26 con los alegatos finales de Bolivia y el cierre por parte de Chile será el 28 de marzo, en los mismos horarios.

  • Bolivia presentó la demanda marítima el 24 de abril de 2013. Chile rechazó la competencia de la CIJ de La Haya, pero 13 de los 15 jueces del máximo tribunal ratificaron el caso el 24 de septiembre de 2015.

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¿CÓMO INFLUIRÍAN 5 ELECCIONES REGIONALES EN LA DEFENSA DEMOCRÁTICA BOLIVIANA?

La defensa de la democracia boliviana expresada en las manifestaciones ciudadanas del 21F depende también de factores internacionales. Jorge Quiroga explica el peor escenario para el país y el por qué.

Cada 12 años se da un ciclo electoral coincidente en América Latina. Este 2018 se realizarán elecciones presidenciales en México, Brasil y Colombia. Pero este año se suman los comicios en Cuba y Venezuela.

Un escenario complicado para Bolivia, cita Quiroga, sería la consolidación en el “triángulo del Caribe”, de que se perpetúe Maduro, la transición dinástica en Cuba, la incursión de las FARC en Colombia, López Obrador en México y Lula habilitado en Brasil.

¿Pero por qué tendrían impacto esos resultados en Bolivia?

Los procesos abiertos contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y eventualmente expuestos en la Corte Penal Internacional de La Haya, por la vulneración del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, debe pasar primero por el filtro de la OEA.

Hoy, el secretario general de la OEA es Luis Almagro, un social demócrata uruguayo que se vio enfrentado mediática y virtualmente al régimen de Evo Morales, pero en más de una década hubo silencio desde su antecesor el chileno José Miguel Insulza. ¿La razón?, Insulza solo obedecía el mando de 22 de los 34 votos que hacen a esa organización regional.

La correlación de fuerzas ha cambiado, pero con regresos o prórrogas en Venezuela, Cuba, Colombia, México y Brasil, el reclamo de los demócratas bolivianos quedaría casi silenciado en el Sistema Interamericano con sede en Washington.

Venezuela suma a este contexto la posible imposición del modelo cubano para reprimir toda libertad o voz contestaría a través de la legitimación de las elecciones de abril en las que Nicolás Maduro pretende ser reelecto sin participación del bloque opositor.

Este año es vital para el país, pero en criterio de Quiroga “si todas las acciones en Venezuela pasan y se permite que se consoliden, en 2019 será más difícil que la comunidad internacional apoye la defensa de la democracia en Bolivia”.

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UN CARNAVAL DEMOCRÁTICO

¿Carnaval politizado? Al parecer así fue este año y así será en 2019.

A pocos días del 21 de febrero los colectivos ciudadanos, junto a la militancia de oposición, hicieron sentir su presencia en cada corso o entrada del carnaval boliviano.

En La Paz ingresó la comparsa “Bolivia Dijo NO” o “bloque del pueblo”, llevándose por delante y a plan de kimsacharani a Evo, Alvaro y otros integrantes del “bloque del poder”. Algo insospechado hace cinco años cuando ni siquiera se pensaba en satirizar las figuras de los mandamases del Estado Plurinacional.

En Oruro la presencia de las plataformas ciudadanas puso en apuros a la Ministra de Culturas, pues mientras la funcionaria aplaudía a las fraternidades, la gente al rededor de ella repetía el estribillo “Evo de nuevo? Huevo, carajo!”.

Santa Cruz también tuvo su momento de carnaval político cuando las Kuña Mberetes y otros grupos, pasaron por el corso con gigantes pancartas de “Mi voto se respeta”.

Así, este #21F, Bolivia podría vivir una de las manifestaciones nacionales más grandes de su era democrática, pues en cada departamento se acatará el paro convocado por los Comités Cívicos. A ellos se suma el Comité Nacional de Defensa de la Democracia con el sistema universitario, Derechos Humanos y sectores fabriles, magisterio y salud, entre otros. Por otro lado, están los colectivos ciudadanos que marcan agenda sobre todo desde Santa Cruz, así como las plataformas y militancias políticas, organizadas en el resto del país.

El pedido de respeto al voto del referendo constitucional, han explicado los analistas, no pasa por rechazar una candidatura caprichosa, sino porque en democracia se deben respetar las reglas y tiene que imperar la ley. Caso contrario, se estaría pasando de un régimen totalitario a una dictadura que quiere imponer el modelo castrista-chavista en Bolivia.

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LA ABROGACIÓN DEL CSP Y EL 21F EN LA ÓPTICA DE TRES PERIODISTAS

tapa

CONVERSATORIO:

CIUDADANÍA CONTRA EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL Y EN DEFENSA DEL 21F

El 24 de enero, en el ciclo de conversatorios de la Fundación Vicente Pazos Kanki, se tuvo la presencia de tres periodistas para analizar el contexto de las manifestaciones ciudadanas que lograron dos victorias consecutivas contra el régimen del MAS.

Evidentemente, los colectivos y plataformas de ciudadanos, protagonizaron las acciones del voto nulo del 3 de diciembre de 2017 y la abrogación del Código del Sistema Penal del 21 de enero de este año.

Los periodistas Andrés Gómez, Isabel Mercado y Raúl Peñaranda asistieron en calidad de analistas invitados, para brindar su opinión y tratar de avizorar, además, la agenda de la opinión pública en Bolivia en un año preelectoral y con el tema del 21F como el siguiente paso para defender la democracia.

EJEMPLO DE TAPA

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

pdteBTV

CIFRAS NEGATIVAS PARA “EL PROCESO” AL INICIO DE SU AÑO 13

El régimen ha comenzado su 13vo año de poder, o como algunos llaman: “el año de la mala suerte”.

La abrogación del Código del Sistema Penal anunciada el 21 de enero, significó para el Gobierno un retroceso y una derrota ante la movilización ciudadana como no se veía desde la marcha del TIPNIS de 2011. En el ámbito electoral, el MAS también sufrió una derrota, considerando que la elección judicial del 3 de diciembre se convirtió en un plebiscito en el que la ciudadanía votó nulo contra los magistrados propuestos por la hegemonía del oficialismo.

Las encuestas ratifican la debacle del masismo en cada ámbito, tal como citaron Peñaranda y Gómez durante sus exposiciones, basados en las últimas muestras de El Deber y Página Siete:

  • 77% de la población cree que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habita de facto a Morales a las elecciones de 2019 es ilegal
  • 8 de cada 10 bolivianos no está de acuerdo con una nueva candidatura del presidente y jefe del MAS
  • 66% de la población no cree que el MAS vaya a respetar el resultado de esos comicios en caso de perder la elección
  • Los niveles de “poca desconfianza” y “mucha desconfianza” suman 55% frente a solo 28% que aún confía en el Gobierno.
  • La calificación de la gestión gubernamental como “mala” y “muy mala” pasó de 19 puntos en 2017 a 38 puntos en este mes de enero.
  • La aprobación al Gobierno, a su vez, bajó de 34% frente a 59% que desaprueba las medidas del Estado Plurinacional.
  • Evo Morales como líder perdió el 25% de respaldo ciudadano

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ESTOS MOVIMIENTOS HAN DEMOSTRADO QUE SÍ SE PUEDE DERROTAR AL CAUDILLO

ANDRÉS GÓMEZ

El periodista Andrés Gómez ve el fenómeno de los colectivos ciudadanos como una reacción contra el caudillo, en este caso el mandatario Evo Morales, y las movilizaciones como la consecuencia de una suma de manifestaciones contenidas muy parecida al panorama de octubre de 2003.

El régimen del MAS, explica, no cae en cuenta que el panorama no es igual a 2006 o 2008, cuando Morales tenía pleno apoyo de la ciudadanía, y por ello creyó que podía aplicar medidas apoyado solo por sus grupos corporativos. Ese fue el caso del fallido Código del Sistema Penal.

Ese Código Morales caló hondo en la población porque llegó a afectarle y amenazó su propia libertad. No solo aquello sino que además de la cárcel se amenazaba con la pérdida del trabajo.

Aquel manejo informativo en las redes sociales, agrega el periodista y docente universitario, evidentemente exageró varias figuras y artículos del CPS, pero fue exactamente como pasó en octubre 2003 que del rechazo de la venta de gas por Chile se terminó en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ante ese panorama, el régimen decidió sacrificar su “bien menor” para resguardar su “bien mayor” que en este caso es la candidatura de Morales en los comicios presidenciales de 2019. La “candidatura trucha”, según Gómez.

El periodista identifica cuatro sectores que a partir del anuncio de esa candidatura se enlistaron en la defensa del voto del 21F, que es el candado constitucional para evitar que Morales aspire a quedarse en el poder hasta 2025.

Uno de esos sectores es el de los “radicales revolucionarios” que califican al Gobierno como poco revolucionario. Otro grupo son “los derechosos” que nunca han querido a Evo Morales. El tercer movimiento se perfila con un grupo que quiere que el proceso de cambio siga, pero con otro mando. El cuarto sector es de centro, que tienen valores democráticos que rescatan lo bueno del Gobierno, critican lo malo, pero no quieren a nadie que haya sido masistas sino a alguien totalmente nuevo.

La pregunta es si todos estos grupos tendrán fuerza para que obligar a que Morales retroceda. Pero algo sí quedó claro en los últimos meses y es que al caudillo sí se lo puede derrotar.

Eso ha generado que el miedo cambie de lugar y la respuesta del régimen es el lenguaje de la violencia como instiga García Linera, en procura de recuperar algo de apoyo popular frente a una oposición aún sin horizonte, que el propio MAS mantiene vigente para alimentarse de ellos descalificándolos como “el pasado neoliberal”.

El tema fundamental este año es el respeto al voto y su defensa en las calles, concluye Gómez.

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FUE UN CONFLICTO CON RUMORES Y CONTRADICCIONES EN LAS RRSS Y DESDE LAS AUTORIDADES

La directora del periódico Página Siete, Isabel Mercado, explica la cobertura informativa que se dio durante las semanas del conflicto médico que derivó en el pedido general de la abrogación del Código del Sistema Penal, con la consecuente suma de la defensa del voto ciudadano del 21F.

Mercado apuntó la dificultad que tienen los periodistas en transmitir la información en los tiempos de la “post verdad” y el influjo de las redes sociales.

Página Siete, un matutino conocido por su línea crítica al régimen de Evo Morales, tuvo que manejar la información de estas movilizaciones en un contexto muy similar al caso Zapata, en medio de mentiras, contradicciones y rumores que salían en las RRSS, pero también de las fuentes oficiales.

En ese contexto, el conflicto médico tuvo elementos como los rumores sobre los alcances reales del artículo 205, que citaba triple penalización a la mala praxis profesional, y que después se fue extendiendo a otras áreas de la sociedad. Versiones sobre la confiscación de bienes, el abandono a mujeres embarazadas, la prohibición de cultos religiosos, la despenalización del microtráfico y otros temas fueron reflejadas y compartidas desde diversas fuentes.

En las fuentes oficiales también hubo contradicciones y dificultades a tiempo de informar desde el presidente y su negativa a dialogar con la dirigencia médica, el vicepresidente y su orden de no cambiar ni una coma del CSP, pasando por la ministra de Comunicación que usó Twitter para descalificar a cada sector movilizado o la ministra de Salud que volvió a activar el conflicto cuando ya habían preacuerdos alcanzados.

Toda esa información acompañó cada momento del desarrollo del conflicto, haciendo seguimiento a uno y otro lado, aunque aquel esfuerzo siempre deja a sectores inconformes.

Mercado recuerda que los médicos cuestionaron al periódico por haber dado cobertura al Dakar 2018, desarrollado en pleno conflicto social, y el régimen también se molestó por considerar que Página Siete azuzaba a la población con sus noticias.

El CSP fue abrogado por la falta de socialización y de información, en una responsabilidad que debió asumir el Gobierno, pero también la oposición que trabajó el texto en comisiones y plenaria.

La reacción del Gobierno al conflicto con soberbia, agrega Mercado, derivó en un movimiento mayor que es el respeto al voto del 21F, una demanda que ha adquirido “vida propia” en un nuevo contexto social.

Morales fue derrotado “por un colectivo vestido de blanco”, concluye la periodista, pero persistirá en su intento de candidatear y eso provocará mayor polarización que el periodismo debe aprender a reflejar con equilibrio y mejor cuidado de los tiempos.

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DESDE EL 21F EL GOBIERNO ESTÁ ABAJO Y HA PERDIDO EL RESPETO DE LA CIUDADANÍA

El periodista Raúl Peñaranda realiza un análisis de la coyuntura a partir de la caída del régimen del MAS tanto en las encuestas, como en las calles.

Para el Premio Cabot 2015 la abrogación del Código del Sistema Penal es el resultado de un largo proceso acumulado de descontento ciudadano contra el régimen que inició en el referendo del 21 de febrero de 2016. Aquel día la población se dio cuenta que Evo Morales ya no representaba a la mayoría de los bolivianos y por ende, comenzaba su caída.

El CSP o Ley 1005, según Peñaranda, fracasó porque era una norma innecesaria, elaborada para reemplazar al Código Penal Boliviano promulgado por Hugo Banzer en 1972, solo por el capricho de ser parte de los bautizados “Códigos Morales”. Reformas, ajustes y modificaciones a la actual ley deberían haberse tomado en cuenta en vez de redactar 681 artículos, de los cuales surgió el conflicto, específicamente con el art. 205 referido a la mala praxis médica.

En menos de una semana, del 23 al 28 de noviembre, los médicos comenzaron una huelga general y luego se produjo la polémica sentencia 084/3217 del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró “preferentes” los derechos políticos de las autoridades electas, subrayando a Morales, por encima de la Constitución Política del Estado.

Para el 3 de diciembre, el régimen sufre un revés perdiendo una elección judicial que se había convertido en un plebiscito al Gobierno, y para rematar llega la promulgación del CSP en medio del conflicto médico con firma del vicepresidente Alvaro García quien, de forma arrogante, afirma que “los hechos están consumados y aquí ya no hay más debate”.

En ese contexto, Peñaranda explica que el régimen no leyó la realidad porque ante la creciente movilización ciudadana se trató de frenar el conflicto con paliativos como la derogación de dos artículos primero, luego el anuncio de Morales y la Conalcam de debatir el CSP durante un año antes de su aplicación y finalmente la abrogación del 21 de enero, 24 horas antes del “Día del Estado Plurinacional”.

Esa suma de hechos comprueba que el MAS está en la parte baja de la “rueda de la fortuna”. Las encuestas lo reafirman y las autoridades de turno lo saben.

Para adelante, concluye Peñaranda, el Gobierno tiene dos años de gestión en medio de la desconfianza en la población que, además, rechaza el intento reeleccionista de Morales y que ha decidido dejar de temer y respetar a sus autoridades, como se vio en las expresiones del voto nulo.

2019 será un año electoral totalmente polarizado y tenso por unos gobernantes que ahora tienen miedo a perder el poder.

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TRES PERIODISTAS, TRES RESPUESTAS

¿Se podrá lograr que se respete el 21F?

“Si siguen las movilizaciones durante todo este año, debe ser con la virtud de salir todos los días. Para ellos (régimen) es de vida o muerte, porque saben que después de que se vayan del poder viene el infierno para ellos y tal vez se pueda resquebrajar el MAS desde adentro”. (ANDRÉS GÓMEZ)

“Tengo mis serias dudas, pero también tengo una gran esperanza y creo que el pueblo boliviano es un pueblo que respeta la democracia y que va a continuar movilizado para que se respeten sus decisiones y el voto que manifestó en un momento dado”. (ISABEL MERCADO)

“Estos señores en el poder se quieren quedar porque les ha gustado lo que se llama popularmente ‘la mamadera’, ya no hay el discurso del cambio. Ellos dicen: ‘El costo de salida es tan alto que nos espera la cárcel y entonces prefiero quedarme’, pero esa es una apuesta muy riesgosa para todo el país”. (RAÚL PEÑARANDA) 

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APORTES Y DEBATE

Los asistentes al conversatorio de la Fundación Vicente Pazos Kanki expresaron sus opiniones sobre la coyuntura política que vive el país, la labor de los medios y la unidad para defender el 21F los siguientes meses.

Jenny Ibarnegaray dijo que el Gobierno ya no representa el bien común y en tiempos de conflicto solo provoca un estado de ánimo caldeado en la gente. Marcel Rivas, a su turno, cuestionó la falta de criterio en los medios de comunicación a tiempo de discutir el fracaso del socialismo como sistema y plantear que la salida para el país es el liberalismo.

Para Guille Sánchez los medios informativos tienen como debilidad su poca llegada a las áreas rurales del país donde la gente necesita expresar su voz. Miguel Ángel Roca agregó que el discurso de bonanza se está desmoronando y eso debería llevar a los medios a abrir un debate más sincero con la sociedad.

Ricardo Dávila cuestionó que se nombre a Waldo Albarracín como una alternativa, pues en su criterio, el exdefensor del Pueblo anteriormente se vio muy ligado al MAS. Alejandro Medinaceli acotó que el país está pasando de ser un Estado de Derecho a un Estado desecho sin derechos y por ello, se debe reemplazar las descalificaciones de grupo por la unidad de los bolivianos.

Samuel Doria Medina señaló que el siguiente paso para la ciudadanía, las plataformas y la oposición debe ser la defensa del 21F y para ello se debe llevar el mensaje de la democracia a las comunidades, al área rural, a las ciudades intermedias donde el voto nulo del 3 de diciembre también ganó y reveló la disconformidad de la población con el Gobierno de turno. En ese sentido, dijo que la unidad es el camino y se debe evitar la división frente a un enemigo en común que es el MAS y su intento totalitario.

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CINCO PERSPECTIVAS DESNUDARON AL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

auditorio

CONVERSATORIO:

ANÁLISIS DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

El 10 de enero, el primer conversatorio de este 2018 tuvo la presencia de cinco profesionales que analizaron el Código del Sistema Penal desde distintas perspectivas ante un auditorio lleno de ciudadanos.

Luis Vásquez, Carlos Böhrt, Antonio Vargas, Moira Sandoval y Américo Salgueiro dieron su punto de vista con datos y comparaciones que evidencian la falta de criterio y consenso en la elaboración de la Ley 1005 – CSP.

El CSP fue abordado por los profesionales desde las perspectivas de la administración de justicia, la legislación comparativa, el riesgo a la libertad de expresión, la visión penalista y el análisis estructural de una normativa contradictoria y sin fundamentos consensuados que hoy ha provocado una serie de manifestaciones en las calles de gente que pide su abrogación.

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

EXPEDIENTESACUMULADOS

LA CRISIS GENERAL DE LA JUSTICIA

(LUIS VÁSQUEZ)

El abogado y exparlamentario Luis Vásquez Villamor explica que la crisis de la justicia en Bolivia va más allá de la promulgación de leyes. Identifica cinco parámetros que hacen a este deterioro y espera que baje el índice de detenciones preventivas VER RECUADRO

El Órgano Judicial obtuvo en 2017 por mandato de la Ley Financial 796 mil bolivianos de presupuesto del TGN. El PGE de esa gestión ascendió a 274 mil millones de bolivianos, es decir, el presupuesto para toda la administración de justicia apenas llegó al 0,29%

La sobrecarga procesal también hace mella. En La Paz, por ejemplo, en Sala Plena y las salas especializadas se recibieron 253.341 causas, de las cuales 119.310 fueron resueltas y 134 mil quedaron pendientes de resolución. Siguiendo en La Paz, Vásquez explica que existen 144 jueces que reciben 1.500 causas cada uno, es decir, cada juez debería administrar centenares de procesos a la vez.

La politización de los altos cargos judiciales también aporta a la crisis de la justicia. “Un juez elegido por razones de afecto político no se constituye en un juez natural, y el principio del juez natural es la base de la justicia independiente. La década que ha pasado ha destruido la carrera judicial y la carrera fiscal”.

En esta década también creció el crimen organizado y el rol de combatir el delito por la Policía no se cumple. La persecución penal debe cambiar, cita Vásquez, la Policía debe ser especializada, permanente en sus funciones e independiente del Alto Mando.

En el ámbito de la corrupción judicial existen temas como el encubrimiento y la falta de transparencia. Alrededor de la función judicial se construyó anillos de acero para que los procesos de orden público no sean conocidos. El monopolio de la información se maneja con intereses particulares.

Art. 3 – III. PRINCIPIO PROCESAL DE LIBERTAD

“11. La persona imputada tendrá derecho a permanecer en libertad durante el proceso. La libertad sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso, conforme a lo previsto en la CPE y con los alcances, modos y tiempos establecidos en este Código”.

cocacocaina

CORRUPCIÓN Y NARCO BENEFICIADOS

(CARLOS BÖHRT)

Para el abogado, analista y académico Carlos Böhrt, la redacción del Código del Sistema Penal no se apegó a los valores de la CPE. Además de los artículos que han generado rechazo ciudadano, el expositor identifica tres áreas de riesgo en las que se redujo la penalidad.

CORRUPCIÓN PÚBLICA

Böhrt hace una comparación de las infracciones en el CSP y la Ley 004 Anticorrupción con 15 figuras delictivas de 32 analizadas, en las que se reducen las sanciones y 5 conductas que fueron legalizadas como “nombramientos ilegales” o “uso indebido de bienes y servicios públicos”. En el caso de la malversación de recursos que tiene 3 a 8 años de prisión, el nuevo CSP solo impone la inhabilitación. En el caso de los beneficios en razón del cargo, con similar pena actual, a partir de la Ley 1005 solo tendrá 251 a 400 días de multa, con el añadido que los “regalos” que puedan recibir los servidores públicos se legalizan según usos y costumbres.

NARCOTRÁFICO

Para abordar este tema, Böhrt vuelve a hacer una comparación del actual Código Penal y la Ley 1008 con el promulgado CSP.

En 10 de 26 tipos penales se redujo la pena y 6 figuras fueron eliminadas, como “suministro” o “asociación delictuosa”.

El analista advierte que también se plantea un raro “escalonamiento de penas” VER RECUADRO. Böhrt relaciona el tema con la cadena de producción coca – cocaína que se asienta en el Chapare, donde Evo Morales es presidente vitalicio de las Seis Federaciones del Trópico. En dicha región, recuerda, se produce en promedio 2,4 toneladas métricas de hoja de coca, y que, con tecnología tradicional, no sofisticada, la producción promedio de pasta base llega hasta 2kg por tonelada. Estos agricultores podrían facilitar en una hectárea 4kg de pasta base de producción, pero al segmentar la cantidad presentarían 1,5 kg o menos para librarse de penas.

INFRACCIONES ELECTORALES SUPRIMIDAS

Tres figuras salieron del ordenamiento jurídico: “doble o múltiple inscripción” en el padrón electoral, “manipulación informática” con fines electorales e “injerencia en la democracia comunitaria”.

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(Cuadro elaborado por Carlos Böhrt)

 

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TRES LIBERTADES AMENAZADAS

ANTONIO VARGAS

El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz aborda el Código del Sistema Penal a través de una revisión de esa norma y sus efectos sobre tres libertades que hacen al humano como ser pensante.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

En ese marco, la Ley 045 Antirracismo fue una de las primeras muestras de la arquitectura jurídica que el régimen comenzó a montar en 2010 para poder controlar a las personas y, en su forma específica, a los medios y periodistas, al definir al racismo como una teoría cuando es a todas luces una conducta.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La difusión de ideas y pensamientos y la información se difunden por los medios masivos y la prensa hace énfasis en vigilar al poder coyuntural, porque son los funcionarios quienes disponen y administran los recursos de todos los ciudadanos.

Acá entra el CSP con tres artículos referidos a la 309 (injuria), 310 (calumnia) y 311 (difamación) que de ser delitos contra el honor se renombran como “Faltas contra la dignidad”, en las que el autor es sancionado tres veces por el mismo hecho, pero también se aplica igual triple sanción a quien difunda el contenido, es decir, periodistas que abran micrófonos y los medios que acojan un programa de debate.

Esos tres artículos, además, ignoran completamente la Ley de Imprenta de Bolivia en la que ya se encuentran las figuras de injuria y calumnia.

Vargas alerta sobre otro artículo (539) VER RECUADRO que podría utilizarse para someter judicialmente a los periodistas. La norma se refiere a la entrega de objetos y documentos, secuestros. Una salvedad en el art. 341 todavía es ambigua y a aquello se opuso el gremio.

LIBERTAD DE REUNIÓN

Los individuos se manifiestan en sociedad y el nuevo CSP no solo repite el carácter del saliente “Código Penal Banzer” sino que agrega en los delitos contra la seguridad interna del Estado a la sedición y el atribuirse los derechos del pueblo citados en los arts. 293 y 294. Acá no es tan crucial la ley sino quién la interpreta, como los magistrados electos el 3 de diciembre con poca legitimidad, concluye.

ARTÍCULO 539

“Todo aquél que tenga en su poder objetos o documentos que puedan servir como medio de prueba, estará obligado a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos, a cuyo efecto podrá ser compelido por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. Quedan exceptuadas de este deber las personas que por Ley no están obligadas a declarar como testigos”

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¿DESPENALIZAR EL MICROTRÁFICO?

MOIRA SANDOVAL

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD

La abogada penalista Moira Sandoval advierte que en los temas de difamación, calumnia e injuria se sanciona al autor, pero también a quien propaga una de esas figuras, desechando la posibilidad de la retractación que anulaba cualquier proceso.

También se quitó del Código del Sistema Penal la excepción de verdad que eximía la causa cuando la difamación, injuria o calumnia se refieren a un funcionario público. La penalista afirma que se debe exigir la reposición inmediata de esa figura.

MICROTRÁFICO LEGALIZADO

Sandoval también entra a cuestionar la apertura que se hace en el nuevo CSP hacia el microtráfico de sustancias controladas en la Sección VII de Delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Art. 215, parágrafo IV VER RECUADRO

Esa despenalización a la posesión de sustancias controladas está enmarcada en la Ley 1008 (todavía vigente) y su art. 49 de consumo y tenencia para el consumo, con la diferencia que esa norma dispone que el dependiente o consumidor sea internado en un instituto de farmacodependencia para su rehabilitación; asimismo, dos especialistas deben definir la dosis mínima de consumo inmediato.

Este único “detalle”, para la abogada, justifica el pedido ciudadano para que el CSP sea abrogado.

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

La abogada también explica el concepto del Derecho penal y Derecho penal del enemigo.

Con el nuevo CSP del derecho garantista se pasa al derecho persecutorio que no es otra cosa que un estado de excepción que ya se aplicó en la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” sobre los funcionarios públicos que sirvió en su momento para criminalizar la política.

En contraste, varias figuras delictivas estipuladas en la Ley 004 Anticorrupción se anulan o alivianan en el CSP como tratando de prever procesos que deberán enfrentar servidores públicos a futuro.

 

ARTÍCULO 215

“No será punible la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, equivalentes a dosis personales que razonablemente sean para su consumo inmediato”.

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UN CÓDIGO INCONSTITUCIONAL

AMÉRICO SALGUEIRO

Américo Salgueiro, abogado procesalista, médico y académico expone las contradicciones constitucionales del CSP, una norma que reúne una parte sustantiva (Código Penal) y una parte adjetiva (procedimiento penal) convirtiéndose en una norma ampulosa de 681 artículos que hacen de la Ley 1005 un código ilegible.

El profesional cree que la redacción, además de innecesaria, fue elaborada con criterios políticos, sociológicos y psicológicos, pero no jurídicos como el Código Penal de 1972 que recogió la moderna experiencia legal alemana. El CSP ni siquiera cuenta con una exposición de motivos, pero sí nueve planas para describir solo el Art. 3.

En ese marco, Salgueiro explica que el Derecho Penal es la doctrina más próxima a la sociedad pues regula la convivencia pública. El ciudadano debe tener la capacidad natural de “conocer, entender, querer y actuar” en el marco de la ley y la CPE. “Se entiende que el ciudadano tiene esa capacidad natural, se acata la ley y si no lo hacemos es ahí conde actual el Derecho Penal”.

La mayor observación del abogado es que el nuevo CSP aplica una nomenclatura tripartita identificando crimen, delito y falta. Empero, la Constitución solo reconoce las figuras de crimen y delito, siendo esta una sola razón para declarar al Código del Sistema Penal como inconstitucional. Consecuencia: la falta como figura es inconstitucional . y con ello todo el catálogo penal también llega a ser inconstitucional, remarca el jurista.

Un ejemplo de estas contradicciones es la figura de genocidio que en el artículo 11 de la CPE es considerado como un delito, mientras en el art. 84 del CSP se lo llama crimen. VER RECUADRO

Otra observación de Salgueiro es la separación del derecho penal de acto que sanciona los actos cometidos, frente al derecho penal de autor que apuntan al sujeto. Acá entran en contradicción el art. 3 con el art. 43 del CSP, pero a su vez con el art. 116 de la CPE. 

¿CRIMEN O DELITO?

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD ARTÍCULO 80: (Genocidio) I. Será sancionada con prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica…

CPE ARTÍCULO 111: “Los DELITOS de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la Patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”.

CURA

EL PAÍS PIDIÓ ABROGACIÓN

El Código del Sistema Penal fue promulgado por el segundo mandatario Alvaro Garcia el 15 de diciembre, en ausencia del jefe del Estado Plurinacional, Evo Morales.

El primer sector movilizado, desde septiembre cuando se conoció la triple sanción que conllevaba la figura de “negligencia médica”. Tras seis reuniones se quitó la palabra “médica” y quedó como “profesional” en el art. 205. Eso llevó a un paro del sector salud por 47 días.

El sector del transporte pesado también se sumó a los rechazos por el contenido del art. 137, muy similar a la triple pena contra los médicos.

El 4 de enero, Morales determinó derogar ambos artículos y pedir la revisión del 293 y 294 que otros sectores como la COB calificaron como persecutorios y que apuntaban a criminalizar la protesta social. Su iniciativa al Legislativo no calmó la crecida de protestas que llegó a unir a cívicos, plataformas sociales, gremios, juntas vecinales, iglesias católica y evangélica, colegios de profesionales e incluso deportistas. La protesta generó además una huelga de hambre de una docena de parlamentarios de oposición.

Varios artículos fueron saliendo a cuentagotas y el CSP quedó en la mira de la colectividad boliviana. Morales, en otro intento de frenar la protesta, dio un año de plazo para que cada sector “demuestre” que una ley afecta a su sector ante una comisión de la Asamblea Legislativa.

Los paros cívicos escalonados y el resurgimiento del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) que solo se activa ante amenazas de dictadura, prevén un panorama conflictivo que el régimen del MAS se niega a reconocer a tiempo de cumplir y “festejar” 12 años en el poder.

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Fundación Vicente Pazos Kanki

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

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ENLACES DE INTERÉS

Boletín 13 Hacia el Bien Común – versión digitalizada:

https://www.flipsnack.com/F89A89B9E8C/bolet-n-13-hacia-el-bien-com-n.html

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AGUAS DEL SILALA “ARGUMENTOS DE CHILE Y BOLIVIA ¿HACIA UN TRIUNFO O UN EMPATE?”

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BOLETÍN “HACIA EL BIEN COMÚN ” DE LA FUNDACIÓN VICENTE PAZOS KANKI

¿Qué es el BIEN COMÚN?: Se entiende por bien común el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna. Director: Diego Ayo.

CONVERSATORIO SOBRE LAS AGUAS DEL SILALA

El miércoles 19 de julio se desarrolló en la Fundación Vicente Pazos Kanki un nuevo conversatorio para debatir y analizar una problemática de interés nacional.

Las aguas del manantial boliviano Silala y la demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fueron los ejes del evento en el que participaron como exponentes el periodista e investigador Milton Lérida, el internacionalista Andrés Guzmán y el experto en recursos hídricos Guillermo Arroyo.

Lérida, conocido por su constante trabajo de investigación y fiscalización sobre la frontera del país con el vecino chileno, remarcó los hechos históricos y referenciales que hacen a esta problemática bilateral que se remonta a 1908.

Guzmán, joven profesional con libros publicados sobre la causa marítima, aportó detalles sobre la demanda chilena y sus argumentos conocidos para tratar de definir que el Silala es un río de curso internacional, algo que el país objeta históricamente.

Arroyo, experimentado ingeniero boliviano, dio detalles técnicos sobre la problemática hídrica y abrió el planteamiento para ver la demanda chilena mucho más allá de la coyuntura.

De las ideas planteadas esa jornada, se rescata este trabajo que incorpora material de consulta que espera servir para ampliar los conocimientos de la ciudadanía sobre el manantial boliviano.

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LOS MANANTIALES QUE NACEN EN POTOSÍ HISTORIA:

La actividad minera en Potosí y Antofagasta se incrementó a finales del siglo XIX. Chile, previsor de acelerar y garantizar su producción mediante la compañía minera Huanchaca, asentada en Bolivia pero dirigida por chilenos, compró la línea férrea de la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta en 1877. La compañía Huanchaca luego vendió sus acciones a la compañía anglo chilena The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. el 8 de diciembre de 1888 que se haría cargo de la línea férrea desde el punto denominado Ascotán.

Chile ya había aprovechado mediante canalización las aguas del río Loa, pero apuntó a abastecerse del río San Pedro. El tendido de cañerías continúo los siguientes años tomando los manantiales de Polapi, Palpana, Ujina Grande y Poquios.

Ingenieros ingleses y chilenos luego de la demarcación territorial del Tratado de 1904 ingresan a Potosí y advierten otro manantial que podía formar parte de su amplia red de abastecimiento: el Silala.

UBICACIÓN:

Los manantiales del Silala se encuentran en el Vice cantón Quetena Chico de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. Es una cuenca hidrográfica de 70 km2 con cerca de 100 manantiales activos con corrientes subterráneas que brotan agua dulce. Su posición geográfica está en la hoyada del cerro Cabana entre los hitos 73 y 75 a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

ANTECEDENTES:

Los antecedentes sobre las aguas del Silala se remontan a la primera normativa sobre uso de recursos hídricos que se dio el 8 de septiembre de 1879 con el Reglamento de Aguas que luego se elevó a rango de Ley el 28 de noviembre de 1906.

En ese marco, la Prefectura de Potosí otorgó mediante Escritura Pública Nº 48 del 28 de octubre de 1908, la concesión del uso de las aguas que forman los manantiales que existen en la zona del Vice cantón Quetena Chico de la provincia Sud Lípez a la empresa The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd. para abastecer el funcionamiento de las locomotoras a vapor.

Sin embargo, alerta Lérida, ese contrato no cumplió con tres características básicas, en parte por la irresponsabilidad de las autoridades bolivianas de turno. La concesión no definió el precio del agua, no definió un tiempo de vigencia y no definió el volumen que salía desde Potosí hacia Chile, aspectos fundamentales para determinar la llamada “deuda histórica” que se hace hasta hoy en el vecino país.

Para 1991 una expedición in  situ de representantes nacionales y trabajadores de la prensa, evidenció los trabajos de canalización artificial realizados en la zona. Lérida explica que se encontraron 3 vertientes que lanzaban entre 60 a 80 litros por segundo y luego se descubrió 6 fuentes canalizadas que fácilmente botaban entre 160 a 200 litros por segundo.

Para los años 60s el sistema de ferrocarriles de Chile cambió su toma de combustible hacia el diesel. Tres décadas después y con los antecedentes de la primera alerta de canalización de 1991, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada determinó revocar el contrato de concesión mediante Decreto Supremo 24660 del 20 de junio de 1997 que apoyaba la Resolución Administrativa 71/97 de la Prefectura de Potosí de mayo de ese año.

La resolución justificaba la revocatoria del contrato de 1908 porque se determinó “la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas”, además que ya no existía el concesionario “como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano”, es decir, la empresa chilena  de ferrocarriles.

Esa empresa, presentó un recurso de nulidad a la Resolución Administrativa 71/97 a la Sala Plena de la Corte Superior de Distrito de Potosí que se declaró incompetente de resolver el caso.

La empresa luego fue comprada por el Grupo Luksic y cambió su denominación a Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), mientras en Bolivia el año 2000 se adjudicó la administración del uso de las aguas del Silala a la empresa  Ductec SRL.

El conflicto de pago se derivó entonces a dos empresas privadas, dejando al margen a los Estados.

Sin embargo, el 4 de julio de 2000 la Cancillería de Chile decide asumir defensa del Grupo Luksic y de la otra aprovechadora del agua, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) llevando el caso al ámbito bilateral.

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VERDADEROS MOTIVOS DE USO:

Para Lérida, Chile solo utilizó como excusa el transporte de minerales en el ferrocarril a vapor que amenazaba a la carga de Potosí y Oruro.

El Gobierno chileno, consciente de las necesidades de sus habitantes delegó la negociación a una de sus empresas para hablar del transporte de minerales, pero en realidad la necesidad se daba en el consumo humano de la población de Calama, además, y aún más importante, para la dotación de agua a la creciente industria del cobre a principios del siglo XX en el vecino país.

Por ello, el cambio de vapor a diesel en el sistema de combustible para los ferrocarriles no impidió que Chile continuara utilizando el mismo o mayor caudal de agua que ya abastecía entre el 60 y 80 por ciento de su actividad minera. Actualmente, comenta el periodista, Chile ya usa agua de mar para su industria.

En cambio, en Bolivia, los gobiernos de turno se olvidaron de aprovechar esos recursos hídricos y tampoco se ocuparon de fortalecer la presencia militar en la extensa frontera con Chile.

Finalmente, Lérida describe algunos errores del Estado Boliviano en el manejo de la problemática del Silala.

Uno de los temas en discusión es la denominación del Silala como “manantial” como afirma Bolivia o como “río” como pretende Chile. Un mapa elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) nominó al Silala como un río. El hecho fue denunciado en su momento, pero el mapa siguió impreso y distribuido como tal hasta 2003, algo que Chile aprovecha en la actual coyuntura con la demanda jurídica en curso.

Otra de las acciones infortunadas para el país se dio en el preacuerdo bilateral del 1 de octubre de 2010 en el que Bolivia se compromete a: asegurar a Chile la provisión de agua (Art.2), dejar abierta la posibilidad para que Chile aproveche el agua (Art. 3) y asumir solamente el pago del 50% del uso del agua sin tomar en cuenta la deuda histórica (Art. 6).

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LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA CHILENA

La demanda sobre el Silala, explica Guzmán, debate si esta agua dulce es parte de un sistema acuático como define la posición boliviana o es parte de un sistema fluvial como aspira la posición chilena.

Para demostrar su postura, Chile argumenta tres puntos: 1) que existe un uso racional y equitativo de las aguas; 2) que Bolivia cambió varias veces su discurso en torno a la denominación del Silala; 3) que las aguas fluyen naturalmente en base a la ley de la gravedad desde Potosí hacia su territorio.

¿CUÁL ES EL USO ACTUAL DEL AGUA?

Luego de la concesión de la Prefectura de Potosí a la empresa anglo chilena The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company en 1908 para el uso de locomotoras a vapor, se produjo el cambio de matriz energética de esas máquinas de transporte por diesel.

El líquido entonces pasó a tener otros usos aprovechados por los siguientes propietarios del ferrocarril, la unión entre el Grupo Luksic, perteneciente a la familia más rica del vecino país, y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) que se reparten el caudal de agua en 140 litros por segundo y 40 litros por segundo, respectivamente.

Esos 180 lt/seg son comercializados por ambas empresas privadas hacia el consumo humano y el abastecimiento de ingenios mineros en Chile. Es decir, el agua proveniente del Silala se ha convertido en un negocio lucrativo para los consorcios chilenos.

En el caso de CODELCO sus beneficios económicos producto del uso de las aguas del Silala, adquiere implicaciones bélicas pues como compañía chilena tiene el deber de aportar con 10% de sus utilidades para la compra de material bélico.

Chile ha ocupado en 2015 el tercer puesto de armamento militar en la región, cayendo al sexto lugar de Sudamérica para finales de 2016, según el ranking de Global Firepower Index (Índice Global de Potencia de Fuego) con unas FFAA de 60 mil miembros, 82 mil reservistas, 2.346 vehículos blindados, 236 aeronaves, 69 buques y un presupuesto de 5.483 millones de dólares.

¿EXISTEN CONTRADICCIONES?

Si bien en Bolivia hubo declaraciones equivocadas de altas autoridades sobre las características del Silala y también cartografía errada que le atribuyen el denominativo “río” al caudal nacido en Quetena Chico, no significa que Chile haya sido más coherente durante este siglo y nueve años de controversia.

Guzmán recuerda que autoridades chilenas llamaban vertiente o riachuelo al Silala (para ellos Siloli), por tanto, el argumento puede ser contrastado con facilidad.

Respecto a la cartografía, fue el canciller chileno Heraldo Muñoz quien mostró públicamente el mapa adjunto al Tratado de 1904 que describe al Silala como un río, situación que calificó como “un antecedente decididor” poco antes de que el tema fuera interpuesto como demanda por Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 6 de junio de 2016.

Pero en las contradicciones chilenas también se observa que Chile ya hizo una concesión del recurso hídrico antes de la Resolución de la Prefectura de Potosí en 1908.

La Dirección General de Aguas (DGA) de Chile reveló que su gobierno concedió los derechos de uso del agua a The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. con el Decreto 794 de 11 de junio de 1906 para recibir 121 litros por segundo, es decir, en calidad de propietario.

En 1990 se ampliaron esos derechos a CODELCO para uso “permanente y continuo” a 41 litros por segundo, según la publicación de “Análisis de la oferta y demanda de recursos hídricos en cuencas críticas de Loa, Rapel y Mataquito”. Para 1996 se establece que los derechos de CODELCO beneficiarán a Chuquicamata, la región donde está la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo.

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MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS

El internacionalista e investigador recuerda que el tema Silala iba en reconocimiento de Chile dentro de la Agenda de 13 Puntos que se instaló entre las administraciones de Evo Morales y Michelle Bachelet en 2006, logrando para el país un preacuerdo que incluía el pago de 50 por ciento del uso del agua, algo que las empresas chilenas concesionarias con “derechos de uso” negaron abordar desde la década de los 90s.

El Mecanismo de Consultas Políticas fue diseñado por ambos países para suplir la carencia de relación a nivel de embajadas, tras la ruptura diplomática de 1962 del presidente Víctor Paz Estenssoro por el corte del río Lauca y el establecimiento de relaciones consulares desde 1978 dispuesto en el régimen del general Hugo Banzer Suárez.

El punto 7 de la Agenda de 13 Puntos se refería al Silala y los Recursos Hídricos.

Para el 5 de abril de 2009 ambos países representados por sus vicecancilleres Hugo Fernández por Bolivia y Alberto Van Klaveren por Chile, anunciaban en Santiago el reconocimiento de un pago y el uso compartido de las aguas.

El siguiente encuentro, y último del Mecanismo de Consultas Políticas, se dio el 14 de julio de 2010 en La Paz con los vicecancilleres de Bolivia, Mónica Soriano, y de Chile, Fernando Schmidt.

“Esta es una materia delicada para ambas partes y de interés de ambas partes, que evidentemente no puede resolverse en una sola reunión”, decía Schmidt. “Bolivia dio a conocer la deuda histórica y ante los criterios no compartidos hemos coincidido en que el equipo de trabajo antes constituido con relación a la temática del Silala se reúna nuevamente para analizar y responder sobre las propuestas que existan en esta materia”, agregaba Soriano.

Durante el siguiente gobierno chileno de Sebastián Piñera, el tema del Silala quedó archivado y las relaciones bilaterales se fueron deteriorando con constantes cruces verbales entre ambos presidentes.

Las gestiones de los cancilleres David Choquehuanca y Alfredo Moreno nunca lograron un acercamiento como se dio en los años 2006 a 2009.

El tema que quedó pendiente y dilatado ahora pasó a instancias judiciales como el mecanismo de resolución pacífica de controversias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

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EL OBJETIVO CHILENO

El ingeniero Guillermo Arroyo explica que el Silala se origina por el deshiele estancado hace siglos que yace muy abajo en un terreno esponjoso de granito, de donde brota y se acumula. Por ello niega el mito que los bofedales tienen 8 mil años y alerta que esas cosmovisiones pueden ser contraproducentes para Bolivia en la demanda chilena que trabaja con expertos en hidrología.

Para Arroyo la demanda presentada por Chile por las aguas del Silala no obedece a una estrategia política y coyuntural sino a un objetivo de sentar jurisprudencia internacional sobre la posesión y uso de los recursos hídricos fronterizos.

El constante asesoramiento y trabajo conjunto entre Inglaterra, Estados Unidos y Chile los hacen adversarios de nivel mundial, por tanto, considerar que la demanda solo aduce a definir si el Silala es un cauce, río o manantial, es no ver más allá de los verdaderos intereses chilenos.

El experto considera que el equipo boliviano que ya trabaja en la contramemoria a ser presentada hasta el 3 de julio de 2018, debe abocarse antes que lo legalista, hacia el ámbito técnico que desmenuce los elementos geohidrológicos para que Bolivia no sea sorprendida en el proceso.

Para ello, sugiere, sería conveniente buscar asesoramiento en expertos de Israel, Kansas en EEUU o Perth en Australia, lugares donde el trabajo de geología hídrica ha logrado buenos resultados con estudios a profundidad e instrumentos de última generación como visores satelitales o infrarrojos.

Precisamente, una de esas técnicas es la que el vecino país y su Instituto de Estudios Hídricos estaría aplicando en la zona fronteriza para haber anunciado que Chile será la primera potencia minera en corto plazo. “El agua es fundamental para la producción minera y Chile lo sabe”, agrega el experimentado ingeniero.

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APORTES Y PROPUESTAS

El conversatorio sobre las aguas del manantial Silala tuvo la participación de destacadas personalidades.

Varios criterios fueron expresados partiendo de la necesidad de una Ley de Aguas en Bolivia para así poder aprovechar los recursos hídricos que solo en Bolivia fluyen sin control y se desperdician, según sostuvo el consultor Jack Matijasevic.

La diputada nacional Jhovana Jordan, a su turno, puso énfasis en que según el Derecho toda concesión o pago por el uso de un bien se hace con el propietario de éste, dando ventaja a Bolivia por los antecedentes expuestos desde 1908.

En criterio del analista político Franklin Pareja es necesario que los ciudadanos tengan mayor información y se pueda establecer con claridad las diferencias entre río, manantial, lago y otros términos para expresar esta temática con propiedad; mientras el docente universitario Óscar Heredia ve bastantes diferencias de criterios internos, algo que debería ser superado como sucede con la demanda marítima boliviana que se ventila en la misma CIJ.

El experto Sergio Luis Vasquez planteó la necesidad de conocer más a profundidad las implicaciones y argumentos que Chile tiene, no solo dentro de sus pretensiones sobre el Silala sino a otros 13 ríos y lagos de la región. “Debemos ser más sofisticados”, recomendó.

El tema de una contrademanda boliviana, cuya posibilidad está en la mesa para 2018, y el pedido por el pago de la deuda histórica son aristas pendientes dentro de la problemática del Silala y la relación bilateral entre Bolivia y Chile.

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ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS

6 de junio de 2016

Chile formaliza la presentación de la demanda sobre el Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

“Hemos decidido tomar la iniciativa de pedir a la Corte de La Haya que se pronuncie sobre si el Silala es un río internacional como decimos nosotros” anunciaba la presidenta chilena Michelle Bachelet en un programa de radio

23 de junio de 2016

Los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, y de Chile, Ximena Fuentes, se presentan en la sede de la Corte en el Reino de los Países Bajos para conocer el cronograma de la demanda

5 de julio de 2016

La CIJ establece como plazos para la presentación de la memoria chilena y para la contramemoria boliviana un año a cada uno de los países.

“Estamos listos desde hace tiempo respecto a las aguas del río Silala y por eso hemos presentado esta demanda ante Bolivia para que se respeten nuestros intereses a un uso razonables y equitativo de aguas que son de un río internacional”, decía el canciller chileno Heraldo Muñoz.

8 de julio de 2016

Se filtra a los medios que la Corte quitó los términos “río y “manantial” sobre los documentos recabados del Silala. Ambos gobiernos consideran esa disposición como “un triunfo” en el proceso.

20 de marzo de 2017

Canciller Heraldo Muñoz junto a la agente Ximena Fuentes, el coagente Juan Ignacio Piña y un grupo de parlamentarios visitan el lado fronterizo chileno donde desembocan las aguas.

“En el río Silala con Parlamentarios, agentes, expertos y Carabineros. Y es un río, como reconoció Bolivia 100 años”, escribe en su cuenta de Twitter @HeraldoMunoz.

3 de julio de 2017

La delegación chilena presenta ante La Haya la memoria sobre el Silala en seis tomos, dos históricos y cuatro técnicos. Bolivia debe presentar su contramemoria hasta julio de 2018.

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¿QUÉ PRETENDE CHILE ANTE LA HAYA? (*)

a) Chile pide que la Corte declare que el sistema del Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.

b) Chile pide también que se reconozca su derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala.

c) Que la Corte declare que Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del Silala, bajo el estándar de utilización equitativa y razonable.

d) Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en las cercanías del Silala.

e) Bolivia tiene la obligación de cooperar y de proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental, para permitir que Chile pueda evaluar los posibles efectos de tales medidas planificadas, obligaciones que Bolivia ha incumplido

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AGENDA DE LOS 13 PUNTOS

1) Desarrollo de la confianza mutua

2) Integración fronteriza

3) Libre tránsito

4) Integración física

5) Complementación económica

6) Tema marítimo

7) Silala y recursos hídricos

8) Instrumentos de lucha contra la pobreza

9) Seguridad y defensa

10) Cooperación para control antidrogas

11) Educación, ciencia y tecnología

12) Culturas

13) Otros temas

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https://www.flipsnack.com/IvanRada/boletin-6-hacia-el-bien-comun.html?b=1&p=12

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

FVPKLOGO

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

REFERENCIAS:

(*) Fragmento: Documento oficial de Chile, Los Tiempos / Correo del Sur

TEXTO DE CONSULTA:

El Silala no es un río / UNADERENA mayo 2011

 

LINKS DE INTERÉS:

ARGUMENTOS DE CHILE SOBRE EL SILALA – TELE TRECE NOTICIAS

http://www.t13.cl/noticia/politica/la-haya-argumentos-chile-memoria-silala

ESTUDIO RATIFICA QUE EL SILALA ES UN MANATIAL – NOTA DE PRENSA EL DIARIO

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170330/politica.php?n=64&-estudio-ratifica-que-silala-es-manantial

URGENTE: SENTAR SOBERANÍA SOBRE LAS AGUAS DEL SILALA – POR MILTON LÉRIDA

http://miltonlerida.com/?p=376

 

//Edición GRUPO MULTIMEDIA V.E.A. //