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APREHENSIÓN DE ABOGADOS DE ZAPATA POSTERGA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS SOBRE “CONSORCIO DE MINISTROS”

Abogado de Evo Morales accionó proceso por “trata de personas” contra Pilar Guzmán, Eduardo León, Willy Sánchez y Wálter Zuleta.

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 17 mayo).- La sorpresiva aprehensión de los abogados y allegados de Gabriela Zapata postergará la presentación de pruebas que ella había anunciado sobre una presunta sociedad de funcionarios estatales que fueron parte de los procesos de contratación de obras de infraestructura.

Las amenazas del Gobierno como la lanzada por el segundo mandatario Alvaro García o el subjefe de los productores de coca Leonardo Loza que “esto no iba a quedar así” y que era necesario “dar cárcel” a los defensores de la exgerente de Camc, se efectivizaron con la aprehensión producida al abogado Eduardo León y la allegada a Zapata, Pilar Guzmán, por el presunto delito de “trata de personas”. La medida también se aplicará a los abogados William Sánchez y Wálter Zuleta que están requeridos por el Ministerio Público.

“Las pruebas se estaban procesando, mediante el doctor Sánchez, y lamentablemente se va a cortar en algo el proceso”, declaró León a los medios mientras era remitido a la Fiscalía de Distrito de La Paz.

Gabriela Zapata anunció en una entrevista difundida por radio Líder FM en horas de la mañana, que sus abogados tenían “todas las pruebas y un organigrama del consorcio de ministros” que implica a ministros de Gobierno y directivos de entidades estatales en la firma de contratos de infraestructura y presunto cobro de comisiones para beneficio propio.

La Fiscalía actuó inmediatamente a la sugerencia de los abogados de Evo Morales, que antes interpusieron una demanda para establecer el supuesto daño psicológico hacia el hijo que aquel tuvo con Gabriela Zapata.

“Los que se encuentran acusados de corrupción están detrás de todo esto. Eduardo León no es un delincuente ni un criminal, Eduardo León no ha matado ni robado a nadie”, agregó el abogado.

En horas de la tarde, la primera en llegar a prestar su declaración ante la fiscal Mariana Montero, fue la denominada “tía” de Gabriela Zapata que denunció haber sido retenida por efectivos policiales en motocicletas luego de almorzar y sin tener ningún tipo de citación.

“No hay una citación e inmediatamente proceden a esta acción”, dijo Pilar Guzmán a los medios y se comprometió a declarar ante la prensa a su salida, algo que no se producía hasta las 20.00.

La acusación activada por el abogado de Evo Morales, Gastón Velásquez, incluye las figuras penales de trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa.

Según anticipó la parte jurídica de Morales Ayma, el caso se fundamenta en el fallo de la juez de familia Jaqueline Rada, quien determinó la anterior semana que existen “dudas razonables” para sostener que el hijo del mandatario y la empresaria cochabambina “no existe”.

Al haberse presentado un menor de edad ante la autoridad competente, durante el proceso de verificación de esa demanda privada, pero con características que no corresponderían a la edad o rasgos del niño mostrado en fotografías, la jueza dio razón en parte a los abogados de Morales Ayma y se presumió que otro infante fue utilizado en este proceso.

El hijo de la pareja nunca fue presentado públicamente y la propia Pilar Guzmán explicó en horas de la mañana, antes de su aprehensión, que solo lo vio cuando este tenía unos meses, pero no ahora al haber cumplido ya nueve años. También dijo desconocer su paradero y quién se estaría haciendo cargo de él.

El abogado que llevó al menor de edad para prestar su declaración ante la juez de familia, en un departamento privado y no un juzgado, fue William Sánchez.

//@VisorBolivia // Foto: Archivo Ángel Fernández//

CASO ZAPATA SE EXTENDERÁ A OTRAS TRES EMPRESAS

 

Se firmaron al menos cinco contratos estatales con Camc y otros implicados en la Unidad de Gestión Social.

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 3 marzo).- El polémico caso de presunto enriquecimiento ilícito y afectación al Estado, entre otras figuras, que pesa sobre la empresaria Gabriela Zapata, llegará a indagar a las empresas que se reunieron con ella en instalaciones de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia.

La información circuló esta tarde en juzgados mientras se daban detalles de la imputación formal interpuesta por la Fiscalía General. Pese a no darse nombres concretos de la siguiente fase en la investigación, va quedando claro que Zapata logró los beneficiosos contratos de infraestructura estatal con la empresa China Camc, de la cual fue gerente comercial hasta fines del reciente febrero, con sus respectivas dádivas personales.

La otrora amiga de Zapata y exdirectora de la señalada unidad, Cristina Choque, permitió que la expareja de Evo Morales ingrese al salón “VIP” de la infraestructura al menos 104 veces, según corroboró la Fiscalía este jueves. La información agrega que en esos ingresos se utilizó el cómodo y lujoso ambiente que antes funcionaba como despacho de la “Primera Dama de la Nación” para concretar cinco de los siete contratos que se firmaron entre el Estado, la Camc y esas tres empresas que serán reveladas en los siguientes días.

“El uso ilegal de esas oficina se hacía para obtener ventaja económica a través de negocios ilegales, habiéndose hecho pasar como funcionario estatal y tener relación con empresas y conseguir contratos para estas empresas, adjudicando los siguientes proyectos a la empresa china CAMC: Planta industrial de Azúcar de San Buenaventura, planta de sales de Potasio de Uyuni, Proyecto Múltiple Misicuni, la vía férrea Bulo Bulo-Montero, equipos de perforación para Yacimientos”, señala la imputación presentada por el fiscal Edwin Blanco.

Mientras la investigación prosigue y ya se han detenido a Zapata, Choque, el exfuncionario del Ministerio de Comunicación, Juan José Flores, el exchofer del Ministerio de la Presidencia, Jimmy Morales, el allanamiento que se hizo en la víspera a la residencia de la madre del hijo de Evo Morales dará mayores luces con la documentación que se llevaron las autoridades.

MENORES DE EDAD

En el otro extremo de la polémica, la versión sobre la vida o muerte del menor producto de la relación de Evo Morales y Gabriela Zapata se va confundiendo más porque no se ha establecido una relación parental con Pilar Guzmán, quien se identificó como “tía” de la polémica empresaria cochabambina, pero no en grado consanguíneo sino relación política.

Susceptibilidades de un uso incluso comercial de la imagen del menor que, de estar con vida cumplirá 9 años en abril, circulan por esferas gubernamentales. Guzmán estaría “negociando” una “exclusiva” con alguna revista o cadena internacional.

Sobre la otra hija de Zapata, de su matrimonio extinto con Hugo Carvajal, la Defensoría de la Niñez dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que tomará acciones y por ello se pidió a los medios informativos respeto a los derechos de la menor y asumir la reserva del caso.

//Monitor VB / Foto Archivo Web/

MENOR DE EDAD SE CONVIERTE EN VÍCTIMA DEL ESCÁNDALO POLÍTICO

Familiares y abogados de Zapata confirmaron que el niño presto a cumplir 9 años está vivo. Gobierno pide no distraerse sobre el fondo de las investigaciones.

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 28 febrero).- El hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata se convirtió en víctima de la polémica política, por las versiones contradictorias que han dado sus progenitores dentro del caso de presunto tráfico de influencias que hoy se convirtió en una querella diferente contra la joven empresaria cochabambina.

Zapata tuvo una relación sentimental con el primer mandatario desde sus 18 años y poco después concibió al menor, cuyo nombre ya es conocido por toda la sociedad, en abril de 2007.

Primero, fue el propio Morales quien dijo que el menor había fallecido a los pocos meses y por “esos problemas” se separó de Zapata y “no la volvió a ver”.

El menor ahora cumplirá nueve años, tras el desmentido que hizo Pilar Guzmán, tía de la empresaria, una vez que esta fue querellada, aprehendida y detenida en el penal femenino de Obrajes por tres figuras penales que no tienen, de momento, relación directa con el caso de tráfico de influencias que se denunció al principio de las investigaciones.

guzman-002.pngEsa segunda versión es la que ha provocado la reacción de la sociedad y la clase política. Los primeros indignados por el actuar del primer mandatario que ya tiene como antecedente haber rehuido a sus responsabilidades paternas con Eva Liz y Álvaro, hoy adolescentes, que viven lejos de su padre.

Zapata dio una entrevista luego de una semana de destapado el escándalo que tenía que ver con su participación como gerente comercial de la empresa China Camc Eng. Co., que se adjudicó siete contratos estatales como la planta de Uyuni, el ingenio de San Buenaventura, la vía férrea montero – Bulo Bulo o el proyecto integral Misucuni que superaron los 500 millones de dólares.

En esa oportunidad, al ser consultada sobre la versión de la muerte de su pequeño hijo, Zapata dijo que no hablaría temas personales “que solo le incumben a ella”.

Mientras Zapata y sus abogados apuntaban a enjuiciar al periodista e investigador Carlos Valverde, quien reveló todo este entramado de presunciones que ahora se van confirmando, el Gobierno asumía la investigación acusando a la joven empresaria que aparentemente tuvo la ayuda desde el ministerio de la Presidencia para cerrar aquellos negocios millonarios.

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La Fiscalía la denunció bajo las figuras de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.

Tras perder su cargo en el consorcio chino y no poder justificar el origen y destino de ingresos que superan los 10 mil dólares mensuales, la polémica mujer fue derivada al centro de orientación femenina de Obrajes. Riesgos procesales de fuga se argumentó en la audiencia cautelar.

Zapata tiene además otra hija, una niña fruto de su relación con Hugo Carvajal, hijo del exministro de Educación en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que hoy se encuentra asilado en Perú.

Ese fue un argumento de la defensa para desmentir el riesgo de fuga, por tener dos dependientes directos, pero el juzgado que conoció la causa decidió remitirla a una celda.

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En medio del escándalo queda el niño del cual el Gobierno, a través de la ministra de Transparencia, Leny Valdivia, exige “pruebas” de vida.

La autoridad, además, descargó responsabilidades al primer mandatario, porque según dijo “a él le dieron esa versión”, por lo que “el presidente no mintió a los bolivianos”, cuando dijo que su hijo estaba muerto.

El abogado de Zapata, Walter Zuleta, explicó que ese “ultimátum” del Ejecutivo debe seguir un curso legal y no declaraciones mediáticas. Un juez del menor deberá constatar “la existencia” del menor que pese a que su nombre hoy es precautelado, la notoriedad de sus padres hace que no pueda pasar desapercibido en la sociedad boliviana.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a la sociedad que la atención no se desvíe en el menor sino en la investigación que tanto la Unidad de Investigación Financiera como la Fiscalía han abierto contra la mujer que un día fue la pareja sentimental del primer servidor público del Estado plurinacional.

//Monitor VB / Fotos El Deber/ Abi/ Captura pantalla/Facebook/

CASO FONDIOC: CIERRAN CERCO A ACHACOLLO

 

 

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VISOR BOLIVIA (Monitor, 13 enero).- Salen nuevas denuncias e indicios de responsabilidad contra la exministra de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo, en el denominado caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc). Su convocatoria a la comisión de fiscales se hace esperar.

El exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, que se encuentra detenido en el penal de San Pedro, se presentó a declarar en audiencia pública este miércoles y a su salida habló con los medios de comunicación señalando nuevas responsabilidades contra Achacollo.

Según expuso Aramayo, la entonces Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del directorio fue alertada por su persona a fines de 2013 de una quiebra  del Fondioc que ya tenía un saldo negativo de Bs 300 millones, pero al ser un año electoral el 2014, Achacollo decidió aprobar mil proyectos más causando un daño económico de Bs 575 millones.

“Estoy indignado con la justicia de este país porque se llenan la vodca de revolución, pero no son capaces de convocar a 60 pillos y a su presidenta. Yo la convoco, vamos a un careo en un juicio”, expresó.

Por su lado, el diputado opositor Rafael Quispe mostró nuevos documentos donde se confirma que la exministra firmó una serie de proyectos que hoy son parte de la investigación activada por la Contraloría General del Estado.

Asimismo, Quispe anunció que se presentará una petición a la comisión de fiscales para que se incluya en la investigación a tres familiares directos de Achacollo por la presunta transferencia de recursos a sus cuentas particulares.

“Son recursos que recibió por diezmos por los proyectos del Fondo Indígena que fueron a parar a cuentas de sus familiares y vamos a presentar un requerimiento para que la Fiscalía recurra a la ASFI y se investiguen esas cuentas”, dijo según reporte de Periodistas Sin Fronteras.

La exministra mantiene silencio, pero en últimas declaraciones en diciembre aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio y que ella realizó todos los descargos correspondientes.

La Fiscalía de Distrito de La Paz confirmó que se convocará a otro grupo de involucrados, pero no se aclaró si entre ellos estará la exministra.

//Monitor VB /

DICTAN SENTENCIA CONTRA ASESINO EN BENI

VISOR BOLIVIA.- El Fiscal Departamental del Beni, Alejandro Ilich Cruz, informó que el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital dictó sentencia condenatoria de 30 años de privación de libertad en contra de Javier Ronaldo Flores Copa conocido también como Fabricio Escalante Romero, por el delito de asesinato de Héctor Douglas Roca Suárez y Manuel Leigue Aramayo.

“Se concluyó un proceso de investigación por el delito de asesinato de dos personas, este hecho conmocionó a la ciudad de Trinidad, y se registró la madrugada del 15 de febrero de 2014”, explico.

De acuerdo con las investigaciones se logró identificar y capturar al autor del hecho y sentenciarlo a 30 años de presidio sin derecho a indulto, toda vez que se comprobó que Javier Flores Copa fue el autor del asesinato.

Ilich sostuvo que se realizó la investigación respectiva y se fundamentó la acusación en el desarrollo de la Audiencia de Juicio Oral, demostrando a través de las pruebas la verdad histórica y material de los hechos.

La autoridad informó que el sentenciado deberá cumplir su condena en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en el departamento de La Paz.

Con esta sentencia el Ministerio Público demuestra su compromiso con la sociedad que clama justicia y éste es un precedente para que la población esté segura de que estos delitos son castigados. ///Boletín //Fiscalía General: 14/may/2015

VUELVE PROCESO POR “PETROCONTRATOS”

VISOR BOLIVIA.- El Ministerio Público presentó hoy la acusación formal en contra de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, Jorge Berindoague Alcocer, Carlos Alberto López Quiroga y Carlos Alberto Contreras del Solar, por la comisión de los delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, dentro del caso denominado Petrocontratos.

El Fiscal General en Suplencia Legal, Roberto Ramírez Torres, firmó una resolución de acusación formal en contra de cinco personas y otra de rechazo para dos personas. Ambas resoluciones fueron presentadas ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En cuanto a la Acusación Formal se solicitó que se remitan las correspondientes actuaciones al Tribunal de Sentencia dentro del plazo establecido.

La resolución de rechazo es en favor de los exministros Fernando Illanes De La Riva, designado ministro sin Cartera Responsable de Hidrocarburos a partir del 29 de agosto del 2002, y Carlos Morales Landívar, que desempeñaba el cargo de Ministro de Vivienda y Servicios Básicos, pero fungió interinamente como Ministro sin Cartera Responsable de Hidrocarburos hasta el 29 de agosto del año 2002.

Por Decreto Presidencial Nº 26776 de 28 de agosto de 2002 se amplía el interinato del ministro Morales Landívar, en la cartera de Hidrocarburos, hasta el 2 de Septiembre de ese año. En ambos periodos de funciones de esas autoridades no se tiene registrada la firma de ningún contrato de riesgo compartido tanto en su minuta como su protocolización.

Durante el mandato de Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante (Presidente de la República en dos oportunidades) se suscribieron 53 contratos de riesgo compartido (52 en el primer periodo y 1 en el segundo), cuyo objeto era la de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.

Bajo del mandato de Tuto Quiroga Ramírez (Presidente de Bolivia desde el 7 de agosto de 2001 hasta el 6 de agosto de 2002), se firmaron cuatro contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.

Jorge Berindoague Alcocer: secretario Nacional de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico (23 de diciembre de 1996 a Agosto de 1997), en el primer período del Presidente Sánchez de Lozada. También fue ministro de Minería e Hidrocarburos (21 de marzo de 2003 al 17 de octubre de 2003), en el segundo período del mismo Presidente. En ese mandato se suscribieron 52 contratos en su primer periodo y 1 en el segundo periodo, en total 53 contratos.

Carlos Alberto López Quiroga: primero fue Secretario Nacional de Energía (agosto de 1997 a septiembre de 1997) y luego viceministro de Energía e Hidrocarburos (entre septiembre de 1997 a diciembre de 1999). En ese periodo de funciones se firmaron 47 contratos.

Carlos Alberto Contreras del Solar: viceministro de Energía e Hidrocarburos (diciembre de 1999 a agosto de 2001) en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. En esa gestión se firmó 1 contrato de riesgo compartido. ///Boletín //Prensa Fiscalía: 12/may/2015

RATIFICAN SENTENCIA CONTRA ASESINO DE DOS FRANCESES

VISOR BOLIVIA.- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy que mediante Auto Supremo Nº 272/2015-RRC emitido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fue ratificada la sentencia de 30 años de privación de libertad contra Jaime Martínez Jiménez, autor del asesinato de dos turistas franceses registrado en 2010.

De acuerdo con los datos, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, por Sentencia 01/2014 de 02 de marzo el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a Jaime Martínez culpable de la comisión del delito de asesinato.

Contra esa sentencia y su Auto Complementario, el acusado formuló recurso de apelación restringida que fue resuelta por Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto declarando improcedente el recurso y confirmando la sentencia apelada.

En fecha 1 de septiembre de 2014, el sentenciado presentó un recurso de casación impugnando el Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto, pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Jaime Martínez Jiménez, quedando ratificada la sentencia de 30 años sin derecho a indulto”, explicó el Fiscal General.

EL HECHO

El 28 de agosto de 2010, Fannie Blancho, de nacionalidad francesa, prepara una cena para celebrar el cumpleaños de su esposo Jeremie Bellanger. Luego deciden continuar el festejo saliendo a diferentes centros nocturnos de la localidad de Guayaramerín, incorporándose luego Jaime Martínez Jiménez.

Cuando estaban en el local “Los Troncos”, se denota que desde el primer momento el ahora sentenciado muestra un total interés por conquistar a la francesa, sin importarle que ella estaba junto a su esposo.

Por declaraciones de uno de los testigos, se comprobó que la muerte de Jeremie Bellanger y Fannie Blancho ocurrió el domingo 29 de agosto de 2010 entre las 16.00 y 17.00 aproximadamente.

Horas antes, a las 06.00 del domingo, el ahora sentenciado había invitado a la pareja de franceses a su estancia con el pretexto de que iba a ordeñar vacas. En el lugar continuaron consumiendo bebidas alcohólicas.

Cuando eran las 16.30 el francés que había salido en busca de cervezas, llegó en una motocicleta y escuchó los gritos de auxilio de su esposa. Fue en ese entonces que decide intervenir, pero es empujado por Jaime Martínez quien le propina dos balazos y lo remata con otro disparo cuando ya estaban tendido en el suelo.

Luego ingresa a la habitación y minutos después dispara contra la francesa. Minutos después con ayuda de otras personas cargan los dos cuerpos sin vida en una camioneta para llevarlos a botar en un arroyo de la zona.

El caso fue abierto por la comisión del delito de asesinato y violación agravada y encubrimiento contra Jaime Martínez Jiménez, Roberto Forero Molina, Azar Martínez Parada y Rosmery Roca Suárez. /// Boletín //Fiscalía General: 30/abr/2015

PATANA NO FUGÓ, PERO PIDEN TOMAR MEDIDAS

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VISOR BOLIVIA.- El abogado Eduardo León denunció en la jornada que el exalcalde de El Alto Edgar Patana fugó del país, pues esas eran las versiones que manejaba este jurista. El excandidato oficialista negó ese extremo asegurando que enfrentará todos los procesos que se interpongan en su contra.

León presentó en la mañana otra denuncia contra Patana referida al cobro de comisiones para la adjudicación y construcción de obras en esa urbe. La presunción de delitos como extorsión, también forman parte de las investigaciones solicitadas por el representante de la empresa Terra Forte que acusó el cobro del 40% del contrato para adjudicarse la construcción de la subalcaldía del distrito 8 de esa urbe.

“Con esta son cinco denuncias que estamos presentando y que sumadas llegan a superar los Bs 11 millones, además de haber tenido beneficios a través de su hermano por 30 mil dólares”, explicó León a tiempo de pedir que la Fiscalía tome las medidas respectivas para evitar aquello, por ser una “posibilidad inminente”.

Las figuras por las que el excandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), derrotado en las elecciones regionales del 29 de marzo, es acusado son extorsión, uso de influencias, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica, según listó el abogado.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Distrito deberían servir para que se tomen medidas para evitar la fuga de Patana, agregó León, citando la posible salida del país del exdirigente de la Central Obrera Regional (COR), también vinculado en las últimas semanas con manejos antieconómicos millonarios en favor del dirigente de los gremiales Braulio Rocha, acusado a su vez de manejar al sector comercial de esa urbe con amenazas y sicariato incluido.

Patana se manifestó hasta horas de la tarde en conferencia de prensa.

“He estado escuchando en otros medios de comunicación que tendría la intensión de salir del país, de fugar. Están equivocados, no somos de tendencia neoliberal, no hemos hecho nada, no vamos a escapar, conocen mi domicilio y estaremos acudiendo a la Fiscalía cuando se nos convoque”, declaró a los medios locales.

A su turno, la bancada de concejales electos por Unidad Nacional (UN) adelantó que se realizará una auditoria interna a la gestión de Patana, pero también extendida hasta la administración del exalcalde Fanor Nava, incluyendo a los oficiales mayores, asesores y dirigentes que tengan alguna denuncia por hechos de corrupción. En la lista de investigados figuran Henry Alcón, Braulio Rocha, los hermanos José y Marcelo Patana, entre otros. ///Visor Bolivia //Monitoreo: 23 abril 2015

MILITAR SE EXILIA EN ESPAÑA ACUSANDO MONTAJE EN CASO TERRORISMO

– Informe secreto vincula a altos representantes del Ejecutivo y Legislativo. Gobierno desacredita al coronel Cardona.

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VISOR BOLIVIA.- El coronel de Ejército, Germán Cardona, hoy exiliado en Madrid, España, reveló que el caso terrorismo fue montado con armas tomadas de la Octava División que sirvieron como sustento para que la Fiscalía arme el proceso contra la cúpula empresarial y política de Santa Cruz en 2009.

El primer militar que sale del país acusando persecución de parte del régimen de Evo Morales, en entrevista exclusiva con el diario cruceño El Deber, reveló que el pasado 20 de febrero entregó un informe ultra secreto al Comando General del Ejército, hecho que le generó conflictos y procesos en su contra.

En el citado informe, según reporta el medio impreso, se implica a dos ministros, un viceministro y un alto representante de la Asamblea Legislativa, en el montaje del caso terrorismo, además de explicar que armas de la Octava División fueron sustraídas el 9 de marzo de 2009 en una ambulancia con rumbo desconocido. Estas, según el militar, fueron presentadas la mañana del 16 de abril, luego que la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) intervino el hotel Las Américas desbaratando la célula irregular de Eduardo Rózsa, con el saldo de tres fallecidos.

En respuesta, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que esas denuncias son políticas, tildando a Cardona de “esquizofrénico” al decir que es perseguido y seguido por instancias de Inteligencia.

“Estamos ante una persona que es una combinación de una personalidad bastante esquizofrénica a la vez con intereses políticos”, declaró.

Pidió al sindicado de presentar las pruebas para sustentar sus palabras, mientras recordó que en el país operó una célula irregular comandada por el fallecido Eduardo Rózsa, que tenía, según la hipótesis del Gobierno, la intención de generar un proceso de desestabilización armada e incluso magnicidio contra el mandatario Evo Morales en abril de 2009.

A su turno, el fiscal que llevó el caso desde su inicio hasta 2013, Marcelo Soza, refugiado en Brasil, acusando similar figura de “persecución política”, habló este martes con la red Erbol, confirmando las palabras de Cardona.

“Es un dato cierto, ya existían rumores dentro de la misma Policía de que el armamento que se encontró en el hotel Las Américas y en el stand de Cotas había salido de un operativo anterior al caso terrorismo”, declaró Soza quien tiene en el país denuncias por extorsión a los implicados en la investigación.

El abogado de los acusados Gary Prado, en declaraciones a medios locales, explicó que estas nuevas revelaciones sirven como pruebas recientes para sustentar a la defensa, pues confirmarían que el caso fue “orquestado desde el Gobierno” con fines políticos.

Los principales acusados, en tanto, hace un mes se declararon culpables mediante procedimiento abreviado y hoy ya están en libertad, aunque con medidas sustitutivas. Mario Tadic, Elod Tóasó, Juan Kudelka e Ignacio Villa Vargas fueron sentenciados entre 6 a 8 años de prisión tras acordar sus responsabilidades con el Ministerio Público.  Alejandro Melgar, acusado de ser el principal financiador de la célula irregular, está en Uruguay en espera de ser extraditado tras el fallo del Conare en el vecino país. ///Visor Bolivia //Monitoreo: 21/abr/2015

EJECUTIVO HARÁ  SEGUIMIENTO A 16 CASOS POR MALA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

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VISOR BOLIVIA.- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, informó que el Ministerio de Justicia hará el seguimiento a 16 casos de víctimas de la mala administración de justicia en Tarija, en el marco de sus competencias, tras sostener una reunión con la Asociación de Víctimas del Órgano Judicial.

“Tras reunirnos con la Asociación de Víctimas del Órgano Judicial en la ciudad de Tarija, en coordinación directa con los afectados, analizamos las demandas caso por caso, con el fin de evaluar en cuáles de ellos el Ministerio de Justicia, en el marco de sus competencias, puede efectuar el seguimiento correspondiente y se ha determinado que son 16 casos”, dijo.

Jiménez señaló que tras dos días de trabajo, se firmó un acta de compromiso para dar seguimiento a los casos, que principalmente incurren en retardación de justicia y mora procesal.

“Este encuentro con este grupo de la sociedad civil organizada nos muestra un síntoma más de la crisis del sistema de administración de justicia que existe en nuestro país”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad convocó a todos los ciudadanos a hacer conocer sus demandas o solicitudes en las oficinas del Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), donde se brinda orientación y patrocinio legal de forma gratuita. ///Boletín //Min. Justicia: 17/abr/2015