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MASISMO: DOS DÉCADAS DE DOMINIO POLÍTICO Y SOMETIMIENTO A SU OPOSICIÓN

El masismo ya no es solo un “instrumento político” como se definió desde su primera participación electoral en 2002, es un aparato de propaganda y prebenda que ha copado la política boliviana, incluida a la oposición coyuntural que va de fracaso en fracaso desde 2006 y antes.

El sentido caudillista de esa organización partidaria responde a la naturaleza de sus organizaciones sociales corporativas, nacidas en el sindicalismo de narrativa marxista y guevarista. El ingrediente indigenista del “sujeto histórico” como nuevo protagonista de la “revolución cultural” es aditamento cortesía de las ONGs que impulsaron la figura de Evo Morales como el “indio bueno”, en desmedro del radical Felipe Quispe “El Mallku” cuya tendencia era más indianista, no apta para una alianza de clases con la academia blanca de las universidades estatales.

El masismo llegó a gobernar en el marco de una estrategia internacional de toma del poder, desde las desafortunadas declaraciones del embajador de EEUU Manuel Rocha en los comicios de 2002, cuando se volvió el “mejor jefe de campaña” de Morales y con palabras de intromisión desbarató las encuestas del mapa electoral a favor del jefe cocalero.

El masismo también aprovechó su alianza con el castro-chavismo para sacar rédito de la crisis boliviana de 2003. Morales huyó del país solo para retornar y hacerse el rostro de la “víctima histórica” y plagiar la llamada Agenda de Octubre para plantear un programa de gobierno que seduzca a esas masas votantes a las que Morales jamás representó como dirigente deportivo o productor de coca en el colonizado Chapare.

A las figuras de la Embajada Norteamericana y 60 ONGs asentadas en todo el país, como el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) o la aún vigente Andean Information Network, se sumó todo un aparato mediático que hizo de Morales Ayma un presidenciable potable.

Carlos Mesa, que fuera periodista y accionista dueño de la red televisiva PAT, junto a su escudero Mario Espinoza, por ejemplo, abrió las puertas a quien sería el acompañante de fórmula y segundo al mando del jefe cocalero durante 14 años en un halo de “intelectual de clase media”. Alvaro Garcia Linera se presentaba en pantallas como un analista solvente y no como un ex reo vinculado a la célula terrorista EGTK. La justicia lo había liberado de cualquier responsabilidad.

Mesa fue presidente de Bolivia, pero tuvo que renunciar porque no logró forjar un aparato político interno. Se enfrentó sin razón al oriente y dio la mano al jefe cocalero a quien ya le había concedido amnistía por los hechos sangrientos de octubre de 2003. El poder político había liberado a Morales de cualquier responsabilidad.    

El tablero político quedó quebrado. Los partidos tradicionales del MNR, ADN y MIR habían perdido a sus jefes históricos y símbolos, Víctor Paz en junio de 2001 y Hugo Banzer en mayo de 2002, mientras Jaime Paz perdía la sigla en 2006 sin haber participado en una elección presidencial sino por el 2% que obtuvieron sus candidatos a la Asamblea Constituyente, ya con el MAS controlando el aparato estatal.

Morales ganó la Presidencia con holgura y dominó la Asamblea Constituyente “originaria” para “refundar Bolivia”. Su carácter totalitario se dio desde el inicio al querer imponer la mayoría simple para la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución Política del Estado, mientras la oposición marchaba en demanda del respeto a los dos tercios.

Morales ganó la Presidencia al derrotar a los sucesores de Banzer y Paz. Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina se constituirían desde 2005 en los primeros opositores al caudillo, en los rostros que pretendían relevar a sus antecesores como jefes de partido y como presidentes de la República electos por voto, pues Quiroga había heredado un año de gestión cuando el líder de ADN tuvo que renunciar a la primera magistratura agobiado por el cáncer.

En otro frente se había comenzado a formar el liderazgo de las regiones. Manfred Reyes Villa, que fue parte del epílogo de la “partidocracia” e incluso de Octubre Negro, logró sobrevivir y reinventarse. El cochabambino, junto a los prefectos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y luego Chuquisaca, amenazaban el proyecto totalitario y socialista del cocalero y sus aliados marxistas.

Ahí pudo darse el viraje en la nueva Bolivia “plurinacional”, pero fueron precisamente los jefes partidarios quienes dividieron para perder.

El referendo revocatorio de 2008 mermó el proyecto autonomista de un país visto desde las regiones. Quiroga con su bancada minoritaria de Podemos, militantes de ADN y del MIR, no solo aprobó ese proceso sino que validó un reglamento que beneficiaba y blindaba a Morales ante cualquier posibilidad de derrota. En cambio, sellaba el destino de dos presidenciables como fueron Reyes Villa y su par paceño José Luis Paredes. Cochabamba y La Paz, como nichos departamentales, quedarían de esa forma a merced del masismo por una década.

Luego vendría el terrorismo de Estado aplicado con el montaje del Porvenir y la capitulación de Santa Cruz en el caso Rozsa, con ejecuciones sumarias de por medio.

Doria Medina, a su vez, quedó como otro opositor dominado por el masismo. Su rostro blanco y su billetera de empresario lo hacían presa fácil para que en el discurso populista, marxista y hasta progresista, sea llamado como “neoliberal y vende patria”, dos apelativos de propaganda y narrativa muy bien empleados por el masismo para lavar el cerebro a las masas, como son “golpista” o “masacrador” en el tiempo reciente.

No está demás decir que la carencia de programas políticos alternativos o que salgan del nicho social demócrata estatista, también influyó para que la oposición nunca haya tenido posibilidades reales de bajar al MAS y su caudillo del poder. Por ello se explica la mayoría absoluta del MAS en los comicios de 2009 y 2014, incluyendo el margen de fraude que pudo, con seguridad, activar el masismo mediante sus operadores venezolanos.

Tuvieron que ser los errores, el desgaste y sobre todo la tiranía de la cúpula enferma de poder del masismo, lo que abriría un nuevo frente de oposición real, tangible e imparable.

“¡Bolivia dijo no!” no era un “trisílabo” como catalogó con ignorancia y arrogancia jacobina el falso exvicepresidente. Aquel fue un movimiento ciudadano genuino, germinado en el hastío de ver a Morales y su cúpula prebendal y corrupta aferrados al poder. En 2014 “se perdonó” que el masismo haya violado la CPE, porque se creía que mediante el voto aquello se podía subsanar, pero no fue así. Luego se dejó llevar el tema de la reelección a las urnas, porque se creía que mediante el voto se iba a poner candado a las aspiraciones del caudillo masista, pero pese a la victoria del 51%, esa cúpula enferma habló de “empate técnico” primero y luego de “otras vías” para insistir en la re-re-reelección. Nuevamente, el escenario desplazó a la clase política para dar voz a las plataformas ciudadanas que desde el 21 de febrero de 2016 no pararon en ser la verdadera oposición al MAS.

Las elecciones de 2019 devolvieron a Mesa a la arena política. Pese a su pasado tibio y sus encuentros cercanos con el masismo, los ciudadanos apostaron por él como alternativa potable. Santa Cruz, con la que el historiador había tenido desafortunados impases en su efímero gobierno, demostró valor cívico y le otorgó confianza plena con el “voto útil”. Mesa iba a volver a la Presidencia y sería el elegido para derrotar a Morales en las urnas y con ello romper el mito del “líder indígena”.

El masismo no lo permitió y apeló a la mala leche del fraude o, en palabras de la auditoría de la Misión de Observación Electoral de la OEA, una “manipulación dolosa de resultados”.

Bastó manipular 30.688 votos para decir que Morales había superado la primera vuelta y con ello el jefe cocalero proclamaba en las escalinatas de Palacio Quemado ser el único político que “ganaba cuatro elecciones consecutivas”.

Bastó 21 días para que Bolivia salga a las calles a defender su voto y la democracia. 21 días para que la demanda por segunda vuelta mute al pedido de renuncia del jefe masista a la Presidencia. Incluso sus aliados corporativos de la COB y su mando militar, porque él mismo los puso de jefes en las FFAA, le “sugirieron” renunciar.

Tras la rebelión de 2019, se sintió un breve respiro de esperanza en el país. Sin embargo, la estrategia del socialismo del siglo XXI volvió a encender a este país y con ello se repitió Octubre Negro para tratar de desestabilizar a Jeanine Áñez, la presidenta constitucional de transición. La violencia política y el factor externo del Covid-19 terminaron por mermar la conciencia y voluntad ciudadana, mientras el masismo reflotaba y se perfilaba a retornar al poder.

Si los pueblos no aprenden de sus errores están condenados a repetir su magra historia. Así sucedió con Mesa otra vez en el ruedo sin entender que su tiempo ya había pasado; sucedió con Áñez que se dejó seducir por voces de prorroguistas y traidores; sucedió con el liderazgo regional que a diferencia del movimiento autonomista de 2007 no tenía bases militantes para encarar el reto nacional.

El MAS no solo ganó otra vez con holgura, incluidos los puntos de fraude que una vocal reconoció aunque sin pruebas, sino que volvió para hacer más de los mismo: prebendas, manipulación de las cifras macroeconómicas, cacería política, censura a la prensa y perversión del sistema de justicia.

Hoy Morales es un expresidente que se resiste a jubilarse. Ha comenzado la pugna interna y necesita retomar el control de la Policía y la seguridad interna del país, quién sabe por qué motivos. Sin embargo, esas pugnas no son una división, al contrario, significan una multiplicación interna para que el masismo sobreviva otra década con sus variantes no solo en el poder sino también desde la oposición, porque saben que en dos décadas lograron dominar la política interna y someter a su ya inexistente competencia partidaria.

Solamente el recambio generacional y la superación al sistema, desde una alternativa liberal / conservadora es el futuro para Bolivia. Más de lo mismo, con la clase política descrita, implicará caer sin esperanza alguna en esa espiral de colectivismo totalitario acorde al globalismo y sus denominadas Agendas 2030 y 2050.

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Iván Rada es periodista, director del diario digital VISOR21 y asesor político de línea Liberal Conservadora y Federal.

SUBNACIONALES DEJA SIETE ALCALDÍAS CONSOLIDADAS Y CINCO PROBABLES BALOTAJES EN LAS GOBERNACIONES

El proceso electoral de este domingo todavía tendrá una última fase en abril para volver a las urnas / RRSS

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Las elecciones subnacionales de este domingo 7 de marzo, dejó siete alcaldías capitales más El Alto consolidadas, y cinco gobernaciones que perfilan la segunda vuelta para el 11 de abril, según los datos de boca de urna difundidos por encuestadoras. El conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los resultados oficiales concluirán en una semana.

De las diez ciudades capitales, incluida la urbe alteña, quedaron resueltas por la tendencia de porcentajes al menos siete alcaldías. La Paz con Iván Arias que obtuvo 48% de los votos; El Alto con Eva Copa (67%); Cercado en Cochabamba con Manfred Reyes Villa (56%); Sucre con Enrique Leaño (33%); Tarija con Johnny Torres (51%); Potosí con Johnny Llally (28%); y Trinidad con Christian Cámara (32%).

Copa, entre sollozos, dijo a las redes televisivas que es un importante paso en su vida y aseguró que “no defraudará a su pueblo”. Desde el valle, el “Bombón”, que regresa al mando de la Alcaldía de Cercado, señaló que “más que un triunfo de Manfred, es un triunfo del pueblo cochabambino”.

En La Paz, el alcalde electo Iván Arias, se pronunció desde la plaza San Francisco mostrando unos zapatos desgastados como símbolo del camino avanzado. “Venimos desde abajo y vamos por más. Vamos a trabajar para todos los colores”, señaló.

“No nos vamos a dormir, empezamos una nueva gestión, un nuevo periodo e inmediatamente nos pondremos a trabajar. Mañana tomamos un descanso, el martes saldremos a agradecer a la población en una caravana y el miércoles inauguramos la oficina del alcalde electo para preparar la transición”, declaró el “Negro” Arias.

En el caso de la capital del Estado, Leaño lleva cinco puntos a Horacio Pope, y en el caso de la Villa Imperial, el candidato Lllally sobrepasa con seis puntos a René Joaquino. En ambos casos, los segundos lugares tienen un margen escaso para revertir la tendencia.

Quedan en suspenso las alcaldías de Santa Cruz de la Sierra, donde Gary Áñez y Johnny Fernández disputan voto a voto el cargo edil, pues entre ambos existe apenas 1% de diferencia, según CiesMori. El periodista tiene 32,9%, mientras el exalcalde lleva 31,9%.

Áñez fue el primero en salir al frente con su militancia. Luego de una breve oración, el candidato citó: “Podemos decir con toda claridad y absoluta certeza que hemos ganado esta noche”.

A su turno, el jefe de UCS aseguró que su partido “va a ganar la elección”, porque cuenta con los datos oficiales del centro de cómputo que le da mayoría de votos. «Les hemos dejado que ellos hablen, pero que no canten victoria», dijo.

En Oruro se disputan la Alcaldía Marcelo Medina de SOL-Oruro con 26,9% y Adhemar Wilcarani del MAS con 25,2%. Cobija es la otra ciudad capital que tiene una pugna voto a voto entre Erick Mollinedo del MAS con 34% y Ana Lucía Reis del Movimiento Tercer Sistema (MTS) con 32%.

GOBERNACIONES EN BOCA DE URNA

De las nueve gobernaciones, en las que aplica la Ley de Régimen Electoral para elegir al Gobernador con 50 por ciento más uno de los votos o bajo la fórmula de al menos 40% y diez puntos sobre el segundo lugar, son cuatro las autoridades electas, según el boca de urna.

En Cochabamba es gobernador electo Humberto Sánchez del MAS con 51%. En Santa Cruz es gobernador electo Luis Fernando Camacho de la alianza Creemos con 55%. En Potosí también logra el cargo Jhonny Mamani del MAS con 41%, lo suficiente para aventajar a su seguidor, el excívico Marco Pumari, que apenas llegó a 17%.

El cuarto candidato que ya puede sentirse gobernador es Jhonny Vedia del MAS con 39,9% frente a Paola Pinaya de SOL-Oruro con 17,2%. En este caso, solo un bajón en la tendencia que impida al masista redondear 40 puntos, activaría la segunda vuelta.

Donde sí se perfila el balotaje del 11 de abril, son los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando.

En La Paz, al diferencia entre Franklin Flores del MAS y Santos Quispe de Jallalla es de diez puntos con 37% a 27%, respectivamente, pero el exdiputado oficialista tiene el margen suficiente para ganar en primera vuelta.

El tercero en votación, Rafael Quispe, asumió al desventaja que le impide pensar en llegar a la segunda vuelta, y declaró que el voto “antimasista” es el que ganó este domingo. “Como candidato quiero agradecer al pueblo paceño, hay que esperar y sea el que sea el resultado vamos a respetar la decisión del pueblo”.

En Chuquisaca Damián Condori de CST lleva 43% y Juan Carlos León del MAS 40%. En Tarija Oscar Montes de UNIR con 37% y Alvaro Ruiz del MAS con 36% perfilan el balotaje. En Beni la figura se disputaría entre Unzueta y Ferrier. Finalmente, en Pando son Miguel Becerra del MAS con 40% y Regis Ritcher del MTS con 33% los que aspiran al cargo departamental.

//@VisorBolivia// 

UNA “DEDICATORIA DE ANIVERSARIO” PARA EVO MORALES DESTAPA POSIBLES DELITOS PÚBLICOS Y PENALES

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Noemí Meneses envió un video dedicado a Evo Morales, en el que celebra cinco años de relación mutua. Las fotos llamaron la atención y tras confirmar la identidad de la joven se logró corroborar al menos tres delitos en los que esa familia y el exmandatario pudieron incurrir.

“Feliz aniversario mi cucu”, es el sello que la joven coloca en su video dedicatoria al jefe cocalero, a quien agradece su amistad y luego remata con un “te amo”.

El periodista español Alejandro Entrambasaguas había anunciado el jueves, que iba a lanzar “fotos reveladoras” de la relación sentimental de Morales con una menor de edad, lo cual constituye el delito de pedofilia. Su aviso fue comentado y también criticado en las redes sociales, en las que comenzaron a circular más fotografías a partir del video privado de Meneses.

“¿Y si publico unas fotografías inéditas e impactantes que podrían probar una relación sentimental que @evoespueblo mantuvo con una menor de edad mientras era Presidente de Bolivia?”, escribió Entrambasaguas en su cuenta de Twitter.

USABAN VAGONETA DE LA GOBERNACIÓN COMO CARRO FAMILIAR

La familia Meneses usó un vehículo oficial de la Gobernación de Cochabamba como propio. El caso fue denunciado por transeúntes y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó la triangulación respectiva con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), comprobando que estas personas habían realizado nueve cargas de combustible a la vagoneta pública a su nombre.

La denuncia fue presentada en julio a la Fiscalía de Punata, donde el vehículo y sus ocupantes fueron aprehendidos en Tiraque. Las pericias policiales comprobaron que las placas de la vagoneta de la Gobernación, con número de control 3151 GAH, fueron adulteradas para pasar como un motorizado particular.

Cuando se presentó el caso, hace tres semanas, el director de la FELCC, coronel Iván Rojas, calificó el caso como uso indebido de bienes del Estado e identificó a tres personas de la familia Meneses como responsables de esta irregularidad; Johnny Meneses Castellón quien se declaró como chofer de la Gobernación, así como Rosario de 23 años y Noemí de 19 años, como sus ocupantes.

El jefe policial también relacionó a estas personas como muy cercanas a la alta dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). Es acá donde resalta el nombre de Noemí Meneses por sus viajes al exterior, precisamente a los destinos donde declaró asilo el exmandatario Evo Morales.

“En noviembre del 2019, vía Lima, ella fue a México, y este año, en dos oportunidades, viajó a Argentina. Estamos investigando si tiene algún tipo de relación con la alta dirigencia del Movimiento Al Socialismo que actualmente se encuentra en Argentina”, detalló el coronel en conferencia de prensa.

LAS HERMANAS PASEABAN EN EL HELICÓPTERO PRESIDENCIAL

Meneses era integrante de la selección femenina de fútbol, categoría juvenil, y nació en 2001. También fue participante de la disciplina de kárate. Las fotos en las redes sociales de su propio entorno la muestran como muy afectiva y cercana a Morales Ayma, conocido por su “pasión futbolera”.

Otras imágenes, tomadas de la cuenta de Rosario Meneses, muestran cómo ambas mujeres viajaban en el helicóptero presidencial desde 2017. “Un viajecito para distraerse”, escribió la joven en una foto a bordo de la nave oficial tomada el 4 de noviembre de 2017.

Rosario es estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en La Paz, según sus datos en redes sociales, en las que surgieron comentarios críticos y hasta agresivos en su contra, luego de revelarse la relación de ella y su hermana con el jefe del MAS.

En febrero de 2020, ambas hermanas viajaron a Argentina con tickets registrados a nombre de Evo Morales en Aerolíneas Argentinas.

Desde las cuentas del MAS, los ciberactivistas del “proceso de cambio”, usando nombres como la hija de Morales, se pronunciaron contra el anuncio del reportero de OK Diario y el video de Meneses, difundido este viernes.

“El periodista Estrambasaguas en otro ataque artero para dañar la imagen de nuestro presidente, se dedica a editar fotos para engañar a la opinión pública tratando de vincularlo a una supuesta menor de 16 años integrante de la selección juvenil de futbol. Este hecho no quedará en la impunidad. El periodista mencionado tarde o temprano tendrá que responder ante los tribunales de justicia españoles”, escribió el perfil de “Evaliz Morales Alvarado”.

//@VisorBolivia//

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN WWW.VISORBOLIVIA.COM 07/08/2020

http://www.visorbolivia.com/noticia/8120

RADA: SEDICIÓN CANCELARÍA PERSONERÍA DEL MAS, NO LA FIGURA DE FRAUDE ELECTORAL

(EL DIARIO 29 mayo 2020).- El Movimiento al Socialismo (MAS) podría perder su personería en caso de existir una sanción al expresidente Evo Morales por la figura de sedición y no así por la figura de fraude electoral, y esa sería una de las razones detrás de la presión para convocar a comicios sin medir consecuencias en la salud de la ciudadanía, explicó a EL DIARIO el periodista y analista Iván Rada.

Para Rada, la demora en el procesamiento a Morales coincide con la presión de las bases del MAS para acelerar las elecciones generales, porque una eventual sanción al jefe cocalero bajo la figura de sedición podría derivar en la pérdida de personería de ese partido político.

Rada señala que el inciso J del Art. 58 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) refiere: la cancelación de personería jurídica de un partido por : “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”.

Por ello, afirma el entrevistado, el MAS le teme a la figura de sedición y no al fraude electoral, que no se encuentra penalizado con la pérdida de la sigla en la Constitución Política del Estado (CPE) ni en la Ley de Régimen Electoral 026 o la LOP, como se difunde de manera errónea en las redes sociales.

“Existe mucha confusión en la opinión pública sobre la pérdida o anulación de una sigla. No existe disposición alguna que sancione a un partido político por fraude electoral, porque el art. 238 de la Ley de Régimen Electoral apenas se refiere a la alteración u ocultación de resultados electorales con una pena de dos a cinco años para servidores públicos”, sostiene el entrevistado.

En ese contexto, el periodista afirma que la parte querellante debe apresurar sus argumentos ante el Ministerio Público por el “audio sedición” que implica a Morales y el dirigente Faustino Yucra, caso contrario, la estrategia del MAS de presión y convulsión social dará resultado y ese partido que gobernó Bolivia cerca de 14 años estará listo para retomar el poder sin medir consecuencias a corto plazo.

Link nota original:

https://url2.cl/yjmwA

ONG GLOBALISTA EMITE INFORME NEGATIVO SOBRE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL COVID-19 EN BOLIVIA

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VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La sombra del magnate y especulador George Soros ha apuntado esta vez contra el Gobierno Constitucional, en plena etapa de emergencia sanitaria, mediante un informe que deja a Bolivia como el segundo país con “menor información” sobre el Covid-19. Una verificación a los portales oficiales desmiente esa versión, pero advierte falta de coordinación gubernamental.

La Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanía Inteligente, publicó esta semana un reporte sobre la transparencia de información entregada por los gobiernos de Latinoamérica en torno al Covid-19.

“La pandemia del Covid-19 se ha insertado en nuestras vidas, y los gobiernos decretaron el aislamiento social masivo como forma de prevenir y combatir la enfermedad. La guerra por la información se convirtió en una agenda fundamental en la defensa de la vida y en el diseño de políticas públicas para el escenario que se avecina. Sin embargo, ¿Por qué no todos podemos conocer la información?”, justifica la ONG.

Ciudad Inteligente es una ONG financiada por Naciones Unidas, UNICEF y Open Society Foundation, que rastreó los portales oficiales de 20 países para asignarles puntuaciones de 0 a 100 sobre la calidad y cantidad de información publicada y dos tablas de variables que calculan desde rasgos demográficos hasta la cantidad de test aplicados en cada nación.

Colombia ocupa el primer lugar con 78,67 puntos de transparencia informativa, le siguen México con 76,33 y Chile con 60,6 puntos. En contraste, los tres peor ubicados son Uruguay con 15,1 puntos, Bolivia con 13,67 sobre 100, y Nicaragua cierra con cero.

Sin embargo, el reporte elaborado por Rodrigo Balbontín y Juan Ignacio Vila, publicado el 14 de mayo, únicamente tomó como fuente, para el caso de Bolivia, al portal http://www.boliviasegura.gob.bo que muestra datos generales de la evolución de la pandemia y no comparte todo el trabajo comunicacional elaborado por los 21 ministerios de la presidenta Áñez.

Desde el Ministerio de Salud, pero ante todo los ministerios de Obras Públicas y de Economía, se lleva adelante campañas sostenidas para informar a la población sobre los riesgos y efectos del coronavirus en la población. Asimismo, el Gobierno ha enfocado su comunicación en las políticas de sostenimiento de la cuarentena iniciada el pasado 22 de marzo, incluyendo los tres bonos que apuntan a llegar a más de 6 millones de personas.

Empero, la poca coordinación entre esas carteras de Estado y el portal dedicado al Covid-19, es utilizado por la ONG para ubicar al país en ese bajo puesto del rango regional. A aquello, explican analistas, se suma el hecho que la mayoría de la población no tiene acceso a internet y por tanto no interactúa con el portal oficial de la pandemia en Bolivia.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Edgar Vásquez, manifestaba al portal Erbol, de manera general, que el manejo comunicacional del actual Gobierno es deficiente en tiempo de pandemia.

“Yo creo que como país estamos viviendo en manos de una improvisación total y absoluta. Habrá algunas líneas pero no una política comunicacional. Sin embargo no puedes pedirle peras al olmo, si lo ven por los resultados que no son buenos”, declaró.

El dirigente atribuyó esa deficiencia, en parte, porque al Gobierno de Áñez se contrató a gente “que nunca pensaba que iba a llegar a gobernar”, y por ello solo improvisa acciones de gestión comunicacional.

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¿EL GLOBALISMO DETRÁS DEL INFORME?

George Soros es un inversionista húngaro de 90 años, nacionalizado estadounidense, conocido por promover la agenda globalista en occidente, con financiamiento a las corrientes progresistas de derechos y diversidades sexuales, movimientos pro aborto, la migración masiva o política de fronteras abiertas, entre otros temas.

En Bolivia es vinculado a las acciones propietarias de la mina San Cristóbal, la única que no fue “nacionalizada” por el régimen de Evo Morales en sus 14 años de gestión, y cuyos trabajadores mineros estuvieron movilizados semanas antes de la caída del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) por demandas laborales, e identificaron a Soros como “dueño” de la empresa.

El billonario tiene una cuenta personal declarada por encima de los 7 mil millones de dólares, más que las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia, pero se estima su fortuna acumulada en $us 32 mil millones. Con esa fortuna, el militante del Partido Demócrata, fundó la ONG Open Society Foundation y la Open Society Institute con la que desplazó su influencia en toda Latinoamérica.

El escritor Emilio Martínez afirmó en varias publicaciones que Soros apoyó las campañas electorales de Evo Morales entre 2002 y 2009, incluyendo financiamiento a las denominadas “guerra del agua” y “guerra del gas” previas a la asunción al poder del jefe cocalero.

Precisamente la relación que el autor de “Ciudadano X” advierte entre Soros y Morales comienza en aquellos conflictos sociales y la producción de la hoja de coca del Chapare. Martínez también apuntó al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de ser el principal “operador” de la Open Society, y fuentes extraoficiales explican que la pareja del exmilitar, Loreta Tellería, fue impulsora de esa visión globalista para la despenalización de la producción del trópico cochabambino, donde Morales es presidente vitalicio.

VEA: INFORME DE CIUDADANÍA INTELIGENTE SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL COVID-19 EN LATINOAMÉRICA:

https://ciudadaniai.org/campaigns/covid19#informe 

//@VisorBolivia// 

RADA: PRESENCIAMOS UN DESBORDE DE DESINFORMACIÓN EN MEDIOS Y REDES

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Mientras el mundo enfrenta la pandemia del Covid-19, en Bolivia se prioriza la agenda política a través del uso político de algunos medios de comunicación, que se desborda con desinformación en las redes sociales, señala el periodista Iván Rada.

El entrevistado afirma que el país ha ingresado a un nuevo proceso de electoralización y la clase política usa y es usada para hacer campaña, sobre todo contra el actual Gobierno, mientras la administración de Jeanine Áñez se encuentra enfrentando al Covid-19.

«A partir del escándalo provocado por un exejecutivo de Entel, los medios terminaron esa etapa de «tregua» que le habían concedido al Gobierno, luego de la caída del régimen de Evo Morales en noviembre de 2019″, explica el periodista.

Hoy, todo el manejo de los medios tiende a una férrea fiscalización de Áñez, pero con evidente sesgo político que solo deriva en desinformación, agrega Rada.

«Los últimos casos de denuncias mediáticas han calado en la opinión pública para desgastar la imagen gubernamental, en un contexto y una sociedad crispada por la extensa cuarentena», agrega.

La influencia mediática ha sido implacable contra los traslados de particulares en vuelos de la FAB, por ejemplo, y aquello se desbordó en las redes sociales, sin derecho a la contraparte.

«Vi con asombro la forma en la que se atacó a una familia, con el tema de una diputada tarijeña, bajo el supuesto criterio de fiscalización mediática, incluida una denuncia de la diputada (Norma) Piérola, pero nunca vi la contraparte en Gigavisión, El País o incluso Página Siete, pese al descargo que circuló en redes sociales, sobre el estado de salud de la primera», añade el entrevistado.

Rada considera que lanzar denuncias como «piedra libre» desde algunos medios solo fomenta la reacción viral en las redes sociales, dónde la mayoría de la gente se ha convertido en «experta en todo» y se ha acostumbrado a «lapidar» a las personas sin oir ningún descargo.

Otro caso es la polémica generada por el gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien realizó una reunión paralela al Comité de Emergencia Covid-19 y que estableció una agenda de propuesta para flexibilizar la cuarentena en algunos sectores productivos del departamento.

Para Rada esas «sugerencias» se confundieron como determinaciones oficiales que iban contra la decisión de mantener cuarentena rígida en La Paz, y Patzi quedó expuesto «al escarnio», tanto en medios, pero sobre todo en las redes sociales.

«El punto dos de la reunión del 7 de mayo es claro y dice que la flexibilización de la cuarentena con estrictas medidas de bioseguridad, es una resolución que se dará a conocer al Gobierno central. Es decir, nunca se firmó una ley o norma departamental por encima del trabajo que viene desarrollando los ministros y alcaldes», explica Rada.

La confusión fue amplificada por los medios, al punto que un reconocido periodista tuvo que lanzar un «ajo» al aire, y en medio de una entrevista, como «reflexión» a todas las autoridades.

En época electoral, finaliza Rada, «todo vale» y cuando los medios lanzan sus «dardos» bajo la excusa de «denuncias públicas», solo queda esperar el «linchamiento virtual» en las redes sociales, sin derecho a réplica, y ese «es un acto irresponsable que muchos medios deberían reconsiderar».

//Tomado de El Diario y Visor Bolivia//

DESINFORMACIÓN POLÍTICA EN CUARENTENA Y EMERGENCIA SANITARIA RECAE EN FIGURAS PENALES

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VISOR BOLIVIA / Redacción.- La desinformación política activada en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria en Bolivia, no solo tiene la labor de confundir a la población, sino que son acciones que incurren en figuras penales como delitos contra la salud pública, desobediencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, entre otros, explicó la diputada Ginna Torrez.

La diputada por Tarija lamentó que en las últimas semanas se haya activado una serie de publicaciones en las redes sociales, pero también declaraciones públicas de sectores ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), como de otros actores políticos, con fines de campaña electoral, pese a la delicada situación que vive el país por el brote del coronavirus (COVID-19).

“Como la desmovilización social ha sido lograda, a excepción de algunos lugares que van cediendo, la desinformación política se ha trasladado peligrosamente al campo de las RRSS donde muchos delincuentes internautas creen poder generar y difundir “noticias falsas”, con el fin de causar pánico en la sociedad”, señaló.

La legisladora y abogada recuerda que esas noticias falsas no son simples “travesuras” sino que vulneran el D.S. 4200 de Emergencia Sanitaria Nacional, que cita en su artículo 3 de incumplimiento y sanción: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública».

En ese marco, agrega Torrez, la figura de delitos contra la salud tiene una condena de uno a diez años, según el Código Penal “sin perjuicio de que se los procese en concurso de los tipos penales de resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.

La diputada por Tarija destacó la eficiente gestión en salud de la Presidenta Constitucional Jeanine Áñez para contener la enfermedad, pues se activaron las normativas de control y restricciones para mantener a la población segura; por ello, advierte, los sectores políticos contrarios a su gestión tratan de generar opinión pública negativa con esas “fake news”.

El Ministerio de Gobierno advirtió con hacer cumplir la normativa contra quienes sean identificados como autores de esa desinformación, tal como se evidenció con dos adeptos al MAS, que a través de sus cuentas dijeron que el COVID-19 es “una mentira del Gobierno” o que la cuarentena fue “una medida exagerada para postergar las elecciones”.

Los cibernatuas del masismo “El zurdito” o “El chuño-man” borraron o se retractaron de sus publicaciones ante la evidencia del riesgo del COVID-19, mientras el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, fue quien declaró que las medidas tomadas por el Gobierno fueron “de manera obligada y forzosa, hasta muy exageradas en algunos casos”.

SOSPECHOSOS DE SEDICIÓN PROVOCAN IMPASE DIPLOMÁTICO ENTRE BOLIVIA Y MÉXICO

Ministro de AMLO amenaza con demanda ante la CIJ por “asedio” a su Embajada; Canciller boliviana responde que aquello es una falacia jurídica

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Wilma Alano

Quintana y Alanoca, junto a otros ex funcionarios masistas se encuentran asilados rehuyendo a los procesos penales por los hechos violentos de octubre y noviembre / ARCHIVOS

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Los ex funcionarios del régimen de Evo Morales, asilados en la Embajada de México en La Paz, han provocado un nuevo impase entre las administraciones de Jeanine Añez y Andrés Manuel López Obrador, incluso con amenazas de demandas internacionales que fueron calificadas desde la Cancillería de Bolivia como una falacia jurídica.

Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta y Nicolás Laguna, entre otros ex funcionarios del régimen de Evo Morales, se encuentran dentro de la Embajada de México en La Paz, y su presencia ha provocado un resguardo policial que vigila los predios para evitar una eventual fuga de los sospechosos de delitos como sedición y fraude electoral.

Quintana había anticipado la caída de su jefe Evo Morales y con ello amenazó con convertir a Bolivia en una zona de guerra o guerrilla urbana como Vietnam. Alanoca es señalada como promotora de grupos violentos, pues poco antes de la renuncia del jefe masista, se encontró a un grupo de jovenzuelos elaborando bombas molotov en un garaje del despacho de la ex ministra de Culturas.

Zavaleta, a su vez, fue ministro de Defensa, y 48 horas antes de la renuncia de Morales a sus 13 años de régimen adelantó que en el país se iba a “contar los muertos por centenas”.

Laguna, finalmente, es señalado como un operador de “inteligencia” de Quintana y los hermanos Garcia linera para hacer seguimiento a los bolivianos aprovechando su cargo como director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), entidad que centraliza los datos personales de 11 millones de ciudadanos. Se le acusa también de tener nexos con el grupo de informáticos que ejecutó el fraude electoral de los comicios del 20 de octubre.

La Policía desplazó hasta la zona de Calacoto, patrullas de vigilancia, lo cual fue interpretado por los diplomáticos mexicanos como una forma de “asedio” a su trabajo. Sin embargo, desde la propia Policía como el Gobierno Constitucional de Bolivia, se reveló que fue la embajadora María Teresa Mercado, quien pidió mayor presencia del orden.

Ayer, la Cancillería de Bolivia explicó que el resguardo solo responde al cumplimiento del Art. 22 de la Convención  de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para proteger esos ambientes de algunas amenazas conocidas, sobre todo de los llamados “ponchos rojos”, que exigen la salida de Quintana y los otros, para que respondan ante la justicia por los hechos de violencia de octubre y noviembre pasado.

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El ministro de AMLO, afirmó que «hoy» presentará una demanda contra Bolivia en la CIJ / NOTIMEX

EL “STAND UP” MEXICANO

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, salió este jueves en conferencia de prensa, para anunciar que se planteará una demanda contra el Gobierno boliviano por el “asedio” que “sufre” su Embajada en la ciudad de La Paz, ante la Corte Internacional de Justicia.

Los dos argumentos esgrimidos por el ministro del presidente socialista AMLO, socio de Evo Morales, es que el Gobierno boliviano pone en duda la cualidad de asilados de los ex funcionarios del régimen anterior, y además se atenta contra la soberanía de los predios que, por norma internacional, son considerados territorios de México en Bolivia.

“Pocos países y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo, te dice mucho de quienes lo promueven, son visiones autoritarias, porque el derecho de asilo es uno de los derechos esenciales internacionales”, declaró Ebrard.

En ese marco, Ebrard recordó que se planteó una queja a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir que se respeten las instalaciones y al personal de la Embajada mexicana en la zona sur de la sede de gobierno.

El siguiente paso, acotó el mexicano, será apelar a la CIJ por esas supuestas vulneraciones a la figura del asilo.

En respuesta inmediata, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo a Ebrard “allá nos vemos”, en referencia a la Corte Internacional de Justicia, pues considera que fue la administración de AMLO la que violó la Convención de Viena y los instrumentos de asilo y refugio, al dejar que Evo Morales “hiciera lo que le daba la gana” durante su estadía en suelo azteca, incluyendo declaraciones políticas y el llamado a “no dejar pasar alimentos” contra las ciudades.

Murillo calificó las palabras de Ebrard como “un show mexicano”.

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La canciller Karen Longaric explica las implicaciones del derecho internacional del asilo / ABI

UNA FALACIA JURÍDICA    

En ese contexto, la canciller del Gobierno Constitucional, Karen Longaric, calificó la amenaza de su par mexicano como una provocación en la que la administración transitoria de Jeanine Añez no caerá, con el objetivo de mantener las relaciones diplomáticas de alto nivel entre ambos países.

“No vamos a caer en la provocación del gobierno de México (…) No estamos pensando en ninguna medida de carácter coercitivo, Bolivia quiere tener relaciones amistosas con México de igual a igual”, declaró Longaric a radio Panamericana.

Sobre la demanda ante la CIJ, la experta en derecho internacional, calificó el anuncio como una “falacia jurídica” y agregó que tal figura no prosperará en ningún tribunal del mundo.

“No pueden demandarnos por presuntas infracciones, por presuntos delitos o supuestas violaciones a la Convención de Viena. Nadie puede demandar por hechos que no han ocurrido, esa es una contravención jurídica”, expuso.

Longaric aclaró que si bien los mandamientos de aprehensión contra los ex funcionarios de Evo Morales se emitieron el 29 de noviembre, diez días después de que estos solicitaran asilo en la Embajada de México, los hechos por los que son acusados se cometieron antes que Quintana o Alanoca adquieran el estatus de asilados y aquello corresponde a una acusación abierta por el Ministerio Público.

“El asilo no puede enemistar a dos Estados”, reflexionó Longaric.

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Un vehículo policial en la acera de la Embajada de México en la zona de Calacoto de La Paz / REUTERS

AMLO Y EVO

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encarna hoy por hoy el liderato del llamado Grupo de Puebla, una nueva organización ideológica de extrema izquierda que pretende relevar a la chavista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), o al menos darle aire mientras el bloque comunista se recupera en la región, como sucedió con la asunción de Alberto Fernández a la Presidencia de Argentina.

En ese marco, AMLO no solo recibió a Evo Morales en México como “asilado” durante un mes, antes del paso del jefe cocalero a Argentina, sino que le permitió realizar declaraciones políticas, físicas y virtuales, en contravención a los tratados sobre asilo y refugio político humanitario, bajo el pretexto de que la libre expresión del ex mandatario boliviano son “un derecho humano”.

El Grupo de Puebla es relacionado por Estados Unidos con actividades subversivas en todo el continente sin descartar nexos con el narcotráfico, para financiar convulsiones contra los gobiernos democráticos, tal como sucede en Chile, Colombia o la propia Bolivia que mantiene tensiones en medio de la convocatoria a nuevas elecciones para 2020.

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SINIESTRO DE LA CHIQUITANÍA DESTAPA MASIVA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS DEL ORIENTE PARA INTERCULTURALES

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA ha negado que se haya emitido permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados la régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y amazonía del país.

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agro-ecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz beneficiada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael.

Posteriormente, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz.

Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

Entre febrero y abril el INRA entregó resoluciones de asentamientos a los interculturales del MAS / MDRYT

INRA NEGÓ LOS CARGOS

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de foscos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados.

“Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”, declaró el funcionario la pasada semana, a medios estatales.

Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía.

Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la comunidad campesina agroforestal Aguas Claras y la comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por contener una reserva natural.

Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados a la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran los carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores” hasta “Evo Morales”.

El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

Colonizadores marcan los troncos para delimitar sus propiedades comunitarias / RRSS 

REPARTICIÓN DE TIERRAS AGRARIAS Y GANADERAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios abarcan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las 11 normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitanía, en el mapa de esa entidad, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a puerto Suárez, con esta zona amazónica en medio, caracterizada como área de expansión agrícola.

Más de 1 millón de hectáreas ya se han consumido con el fuego en un mes del siniestro / OSCAR RIOS DEL CARPIO

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año, estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales.

El anterior decreto, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 también incluyó a Beni en la figura de quemas controladas, que ya estaban permitidas en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

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PRÓXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA SERÁ COMPUESTA POR LA “PLURI FARÁNDULA”

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Los partidos políticos han optado por candidatos “out siders” de otros ámbitos, como la televisión y el deporte, para presentar sus listas de candidatos a diputados y senadores. En ese marco, se prevé que la próxima Asamblea Legislativa sea compuesta por la farándula que diseñará las leyes del país entre 2020 a 2025.

El Movimiento Al Socialismo – MAS es el partido que más figuras mediáticas ha enlistado en sus filas. El caso de la actriz y comediante María Renée Liévana, más conocida por el personaje de “Estefani Brillit”, desató una ola de opiniones en las redes sociales, la plataforma convertida en el nuevo canal de la opinión pública.

Las críticas a Liévana, sin embargo, obligaron a la ex estrella del elenco Chaplin Show, a cerrar sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, para evitar “mensajes de odio”.

La también abogada fue presentada el martes por el mandatario Evo Morales, como la candidata invitada a la primera senaduría por Santa Cruz, es decir, en la franja de seguridad que prácticamente le asegura el curul para los siguientes cinco años.

Liévana seguirá los pasos de Gabriela Montaño o Adriana Salvatierra que fueron las cartas del MAS en el departamento del oriente como cabeza de lista para el Senado, aunque vale aclarar que la segunda postuló como suplente de Carlos Romero quien ejerció el curul solo cuatro meses en 2015.

El diputado opositor Tomás Monasterio, en declaraciones a Gigavisión, calificó la nominación de la actriz como un chiste y la comparó su conocimiento en política como “lo que el vicepresidente Álvaro García Linera, sabe de matemáticas”.

Para el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, citado por medios de prensa, este caso servirá para “trasladar el humor a la política», en este caso, el Legislativo. “Una política seria y solemne no genera atracción”, acotó.

Pero el MAS también se mueve en el ámbito deportivo con la nominación del exjugador de la selección de fútbol Luis Héctor Cristaldo, quien aceptó la invitación de Morales, a diferencia de su par Marco Antonio Etcheverry, quien rechazó estar en las listas como diputado oficialista, aunque dijo que es “evista” y agradece al mandatario ese gesto de confianza.

En La Paz, el oficialismo volvió a recurrir a la televisora de línea gubernamental ATB, para llamar a la presentadora Bertha Acarapi a una diputación.

Acarapi, en este caso, sigue los pasos de Wilma Alanoca, expresentadora de esa casa televisiva, que fue candidata y luego concejal del MAS por El Alto por corto tiempo, para luego ser invitada por Morales a asumir la cartera de Culturas y Turismo.

Otra coincidencia entre Acarapi y Alanoca es que la primera también fue concejal alteña al final de la gestión de José Luis Paredes y luego junto a Fanor Nava, en dos gestiones.

En 2015, Acarapi entrevistada por el matutino El Diario, estimaba no volver a la política.

“Creo que no, aunque la política te permite transformar, te permite operativizar las políticas públicas, pero creo que ya no volvería, lo que estoy haciendo ahora me gusta y me quedo con eso”, decía entonces.

La moda y belleza también repite listas en el MAS, con la candidatura al Senado de la ex miss Bolivia 2017, Gleisy Noguer, quien forma parte de un grupo de reinas de belleza y modelos que desde 2016 se han identificado con el llamado “proceso de cambio”.

Del lado opositor, el Movimiento Tercer Sistema – MTS también apuesta por el deporte con la inscripción de la ex atleta medallista en la disciplina marcha, Geovana Irusta, quien pugnará por la Circunscripción uninominal 6 de La Paz.

Irusta tuvo fuertes impases con el ministro de Deportes, Tito Montaño, a fines de 2018, a quien calificó como un “ignorante importante”, por no desarrollar política a favor de los deportistas bolivianos. El funcionario respondió con una acusación de pendientes financieros de la ex marchista, pero la Contraloría General certificó que la mujer sucrense no tiene cuentas pendientes con el Estado.

La extensa lista de gente que no es política de “oficio” prosigue en cada partido y será el Tribunal Supremo Electoral – TSE el que defina la habilitación o anulación de candidaturas este 11 de agosto, con la revisión de requisitos en los que la profesión o experiencia partidaria no tienen nada que ver.

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PUBLICADO ORIGINALMENTE EN WWW.VISORBOLIVIA.COM

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