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RADA: SEDICIÓN CANCELARÍA PERSONERÍA DEL MAS, NO LA FIGURA DE FRAUDE ELECTORAL

(EL DIARIO 29 mayo 2020).- El Movimiento al Socialismo (MAS) podría perder su personería en caso de existir una sanción al expresidente Evo Morales por la figura de sedición y no así por la figura de fraude electoral, y esa sería una de las razones detrás de la presión para convocar a comicios sin medir consecuencias en la salud de la ciudadanía, explicó a EL DIARIO el periodista y analista Iván Rada.

Para Rada, la demora en el procesamiento a Morales coincide con la presión de las bases del MAS para acelerar las elecciones generales, porque una eventual sanción al jefe cocalero bajo la figura de sedición podría derivar en la pérdida de personería de ese partido político.

Rada señala que el inciso J del Art. 58 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) refiere: la cancelación de personería jurídica de un partido por : “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”.

Por ello, afirma el entrevistado, el MAS le teme a la figura de sedición y no al fraude electoral, que no se encuentra penalizado con la pérdida de la sigla en la Constitución Política del Estado (CPE) ni en la Ley de Régimen Electoral 026 o la LOP, como se difunde de manera errónea en las redes sociales.

“Existe mucha confusión en la opinión pública sobre la pérdida o anulación de una sigla. No existe disposición alguna que sancione a un partido político por fraude electoral, porque el art. 238 de la Ley de Régimen Electoral apenas se refiere a la alteración u ocultación de resultados electorales con una pena de dos a cinco años para servidores públicos”, sostiene el entrevistado.

En ese contexto, el periodista afirma que la parte querellante debe apresurar sus argumentos ante el Ministerio Público por el “audio sedición” que implica a Morales y el dirigente Faustino Yucra, caso contrario, la estrategia del MAS de presión y convulsión social dará resultado y ese partido que gobernó Bolivia cerca de 14 años estará listo para retomar el poder sin medir consecuencias a corto plazo.

Link nota original:

https://url2.cl/yjmwA

ONG GLOBALISTA EMITE INFORME NEGATIVO SOBRE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL COVID-19 EN BOLIVIA

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VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La sombra del magnate y especulador George Soros ha apuntado esta vez contra el Gobierno Constitucional, en plena etapa de emergencia sanitaria, mediante un informe que deja a Bolivia como el segundo país con “menor información” sobre el Covid-19. Una verificación a los portales oficiales desmiente esa versión, pero advierte falta de coordinación gubernamental.

La Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanía Inteligente, publicó esta semana un reporte sobre la transparencia de información entregada por los gobiernos de Latinoamérica en torno al Covid-19.

“La pandemia del Covid-19 se ha insertado en nuestras vidas, y los gobiernos decretaron el aislamiento social masivo como forma de prevenir y combatir la enfermedad. La guerra por la información se convirtió en una agenda fundamental en la defensa de la vida y en el diseño de políticas públicas para el escenario que se avecina. Sin embargo, ¿Por qué no todos podemos conocer la información?”, justifica la ONG.

Ciudad Inteligente es una ONG financiada por Naciones Unidas, UNICEF y Open Society Foundation, que rastreó los portales oficiales de 20 países para asignarles puntuaciones de 0 a 100 sobre la calidad y cantidad de información publicada y dos tablas de variables que calculan desde rasgos demográficos hasta la cantidad de test aplicados en cada nación.

Colombia ocupa el primer lugar con 78,67 puntos de transparencia informativa, le siguen México con 76,33 y Chile con 60,6 puntos. En contraste, los tres peor ubicados son Uruguay con 15,1 puntos, Bolivia con 13,67 sobre 100, y Nicaragua cierra con cero.

Sin embargo, el reporte elaborado por Rodrigo Balbontín y Juan Ignacio Vila, publicado el 14 de mayo, únicamente tomó como fuente, para el caso de Bolivia, al portal http://www.boliviasegura.gob.bo que muestra datos generales de la evolución de la pandemia y no comparte todo el trabajo comunicacional elaborado por los 21 ministerios de la presidenta Áñez.

Desde el Ministerio de Salud, pero ante todo los ministerios de Obras Públicas y de Economía, se lleva adelante campañas sostenidas para informar a la población sobre los riesgos y efectos del coronavirus en la población. Asimismo, el Gobierno ha enfocado su comunicación en las políticas de sostenimiento de la cuarentena iniciada el pasado 22 de marzo, incluyendo los tres bonos que apuntan a llegar a más de 6 millones de personas.

Empero, la poca coordinación entre esas carteras de Estado y el portal dedicado al Covid-19, es utilizado por la ONG para ubicar al país en ese bajo puesto del rango regional. A aquello, explican analistas, se suma el hecho que la mayoría de la población no tiene acceso a internet y por tanto no interactúa con el portal oficial de la pandemia en Bolivia.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), Edgar Vásquez, manifestaba al portal Erbol, de manera general, que el manejo comunicacional del actual Gobierno es deficiente en tiempo de pandemia.

“Yo creo que como país estamos viviendo en manos de una improvisación total y absoluta. Habrá algunas líneas pero no una política comunicacional. Sin embargo no puedes pedirle peras al olmo, si lo ven por los resultados que no son buenos”, declaró.

El dirigente atribuyó esa deficiencia, en parte, porque al Gobierno de Áñez se contrató a gente “que nunca pensaba que iba a llegar a gobernar”, y por ello solo improvisa acciones de gestión comunicacional.

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¿EL GLOBALISMO DETRÁS DEL INFORME?

George Soros es un inversionista húngaro de 90 años, nacionalizado estadounidense, conocido por promover la agenda globalista en occidente, con financiamiento a las corrientes progresistas de derechos y diversidades sexuales, movimientos pro aborto, la migración masiva o política de fronteras abiertas, entre otros temas.

En Bolivia es vinculado a las acciones propietarias de la mina San Cristóbal, la única que no fue “nacionalizada” por el régimen de Evo Morales en sus 14 años de gestión, y cuyos trabajadores mineros estuvieron movilizados semanas antes de la caída del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) por demandas laborales, e identificaron a Soros como “dueño” de la empresa.

El billonario tiene una cuenta personal declarada por encima de los 7 mil millones de dólares, más que las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia, pero se estima su fortuna acumulada en $us 32 mil millones. Con esa fortuna, el militante del Partido Demócrata, fundó la ONG Open Society Foundation y la Open Society Institute con la que desplazó su influencia en toda Latinoamérica.

El escritor Emilio Martínez afirmó en varias publicaciones que Soros apoyó las campañas electorales de Evo Morales entre 2002 y 2009, incluyendo financiamiento a las denominadas “guerra del agua” y “guerra del gas” previas a la asunción al poder del jefe cocalero.

Precisamente la relación que el autor de “Ciudadano X” advierte entre Soros y Morales comienza en aquellos conflictos sociales y la producción de la hoja de coca del Chapare. Martínez también apuntó al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de ser el principal “operador” de la Open Society, y fuentes extraoficiales explican que la pareja del exmilitar, Loreta Tellería, fue impulsora de esa visión globalista para la despenalización de la producción del trópico cochabambino, donde Morales es presidente vitalicio.

VEA: INFORME DE CIUDADANÍA INTELIGENTE SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL COVID-19 EN LATINOAMÉRICA:

https://ciudadaniai.org/campaigns/covid19#informe 

//@VisorBolivia// 

RADA: PRESENCIAMOS UN DESBORDE DE DESINFORMACIÓN EN MEDIOS Y REDES

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Mientras el mundo enfrenta la pandemia del Covid-19, en Bolivia se prioriza la agenda política a través del uso político de algunos medios de comunicación, que se desborda con desinformación en las redes sociales, señala el periodista Iván Rada.

El entrevistado afirma que el país ha ingresado a un nuevo proceso de electoralización y la clase política usa y es usada para hacer campaña, sobre todo contra el actual Gobierno, mientras la administración de Jeanine Áñez se encuentra enfrentando al Covid-19.

“A partir del escándalo provocado por un exejecutivo de Entel, los medios terminaron esa etapa de “tregua” que le habían concedido al Gobierno, luego de la caída del régimen de Evo Morales en noviembre de 2019″, explica el periodista.

Hoy, todo el manejo de los medios tiende a una férrea fiscalización de Áñez, pero con evidente sesgo político que solo deriva en desinformación, agrega Rada.

“Los últimos casos de denuncias mediáticas han calado en la opinión pública para desgastar la imagen gubernamental, en un contexto y una sociedad crispada por la extensa cuarentena”, agrega.

La influencia mediática ha sido implacable contra los traslados de particulares en vuelos de la FAB, por ejemplo, y aquello se desbordó en las redes sociales, sin derecho a la contraparte.

“Vi con asombro la forma en la que se atacó a una familia, con el tema de una diputada tarijeña, bajo el supuesto criterio de fiscalización mediática, incluida una denuncia de la diputada (Norma) Piérola, pero nunca vi la contraparte en Gigavisión, El País o incluso Página Siete, pese al descargo que circuló en redes sociales, sobre el estado de salud de la primera”, añade el entrevistado.

Rada considera que lanzar denuncias como “piedra libre” desde algunos medios solo fomenta la reacción viral en las redes sociales, dónde la mayoría de la gente se ha convertido en “experta en todo” y se ha acostumbrado a “lapidar” a las personas sin oir ningún descargo.

Otro caso es la polémica generada por el gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien realizó una reunión paralela al Comité de Emergencia Covid-19 y que estableció una agenda de propuesta para flexibilizar la cuarentena en algunos sectores productivos del departamento.

Para Rada esas “sugerencias” se confundieron como determinaciones oficiales que iban contra la decisión de mantener cuarentena rígida en La Paz, y Patzi quedó expuesto “al escarnio”, tanto en medios, pero sobre todo en las redes sociales.

“El punto dos de la reunión del 7 de mayo es claro y dice que la flexibilización de la cuarentena con estrictas medidas de bioseguridad, es una resolución que se dará a conocer al Gobierno central. Es decir, nunca se firmó una ley o norma departamental por encima del trabajo que viene desarrollando los ministros y alcaldes”, explica Rada.

La confusión fue amplificada por los medios, al punto que un reconocido periodista tuvo que lanzar un “ajo” al aire, y en medio de una entrevista, como “reflexión” a todas las autoridades.

En época electoral, finaliza Rada, “todo vale” y cuando los medios lanzan sus “dardos” bajo la excusa de “denuncias públicas”, solo queda esperar el “linchamiento virtual” en las redes sociales, sin derecho a réplica, y ese “es un acto irresponsable que muchos medios deberían reconsiderar”.

//Tomado de El Diario y Visor Bolivia//

DESINFORMACIÓN POLÍTICA EN CUARENTENA Y EMERGENCIA SANITARIA RECAE EN FIGURAS PENALES

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VISOR BOLIVIA / Redacción.- La desinformación política activada en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria en Bolivia, no solo tiene la labor de confundir a la población, sino que son acciones que incurren en figuras penales como delitos contra la salud pública, desobediencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, entre otros, explicó la diputada Ginna Torrez.

La diputada por Tarija lamentó que en las últimas semanas se haya activado una serie de publicaciones en las redes sociales, pero también declaraciones públicas de sectores ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), como de otros actores políticos, con fines de campaña electoral, pese a la delicada situación que vive el país por el brote del coronavirus (COVID-19).

“Como la desmovilización social ha sido lograda, a excepción de algunos lugares que van cediendo, la desinformación política se ha trasladado peligrosamente al campo de las RRSS donde muchos delincuentes internautas creen poder generar y difundir “noticias falsas”, con el fin de causar pánico en la sociedad”, señaló.

La legisladora y abogada recuerda que esas noticias falsas no son simples “travesuras” sino que vulneran el D.S. 4200 de Emergencia Sanitaria Nacional, que cita en su artículo 3 de incumplimiento y sanción: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

En ese marco, agrega Torrez, la figura de delitos contra la salud tiene una condena de uno a diez años, según el Código Penal “sin perjuicio de que se los procese en concurso de los tipos penales de resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.

La diputada por Tarija destacó la eficiente gestión en salud de la Presidenta Constitucional Jeanine Áñez para contener la enfermedad, pues se activaron las normativas de control y restricciones para mantener a la población segura; por ello, advierte, los sectores políticos contrarios a su gestión tratan de generar opinión pública negativa con esas “fake news”.

El Ministerio de Gobierno advirtió con hacer cumplir la normativa contra quienes sean identificados como autores de esa desinformación, tal como se evidenció con dos adeptos al MAS, que a través de sus cuentas dijeron que el COVID-19 es “una mentira del Gobierno” o que la cuarentena fue “una medida exagerada para postergar las elecciones”.

Los cibernatuas del masismo “El zurdito” o “El chuño-man” borraron o se retractaron de sus publicaciones ante la evidencia del riesgo del COVID-19, mientras el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, fue quien declaró que las medidas tomadas por el Gobierno fueron “de manera obligada y forzosa, hasta muy exageradas en algunos casos”.

SOSPECHOSOS DE SEDICIÓN PROVOCAN IMPASE DIPLOMÁTICO ENTRE BOLIVIA Y MÉXICO

Ministro de AMLO amenaza con demanda ante la CIJ por “asedio” a su Embajada; Canciller boliviana responde que aquello es una falacia jurídica

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Wilma Alano

Quintana y Alanoca, junto a otros ex funcionarios masistas se encuentran asilados rehuyendo a los procesos penales por los hechos violentos de octubre y noviembre / ARCHIVOS

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Los ex funcionarios del régimen de Evo Morales, asilados en la Embajada de México en La Paz, han provocado un nuevo impase entre las administraciones de Jeanine Añez y Andrés Manuel López Obrador, incluso con amenazas de demandas internacionales que fueron calificadas desde la Cancillería de Bolivia como una falacia jurídica.

Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Javier Zavaleta y Nicolás Laguna, entre otros ex funcionarios del régimen de Evo Morales, se encuentran dentro de la Embajada de México en La Paz, y su presencia ha provocado un resguardo policial que vigila los predios para evitar una eventual fuga de los sospechosos de delitos como sedición y fraude electoral.

Quintana había anticipado la caída de su jefe Evo Morales y con ello amenazó con convertir a Bolivia en una zona de guerra o guerrilla urbana como Vietnam. Alanoca es señalada como promotora de grupos violentos, pues poco antes de la renuncia del jefe masista, se encontró a un grupo de jovenzuelos elaborando bombas molotov en un garaje del despacho de la ex ministra de Culturas.

Zavaleta, a su vez, fue ministro de Defensa, y 48 horas antes de la renuncia de Morales a sus 13 años de régimen adelantó que en el país se iba a “contar los muertos por centenas”.

Laguna, finalmente, es señalado como un operador de “inteligencia” de Quintana y los hermanos Garcia linera para hacer seguimiento a los bolivianos aprovechando su cargo como director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), entidad que centraliza los datos personales de 11 millones de ciudadanos. Se le acusa también de tener nexos con el grupo de informáticos que ejecutó el fraude electoral de los comicios del 20 de octubre.

La Policía desplazó hasta la zona de Calacoto, patrullas de vigilancia, lo cual fue interpretado por los diplomáticos mexicanos como una forma de “asedio” a su trabajo. Sin embargo, desde la propia Policía como el Gobierno Constitucional de Bolivia, se reveló que fue la embajadora María Teresa Mercado, quien pidió mayor presencia del orden.

Ayer, la Cancillería de Bolivia explicó que el resguardo solo responde al cumplimiento del Art. 22 de la Convención  de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para proteger esos ambientes de algunas amenazas conocidas, sobre todo de los llamados “ponchos rojos”, que exigen la salida de Quintana y los otros, para que respondan ante la justicia por los hechos de violencia de octubre y noviembre pasado.

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El ministro de AMLO, afirmó que “hoy” presentará una demanda contra Bolivia en la CIJ / NOTIMEX

EL “STAND UP” MEXICANO

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, salió este jueves en conferencia de prensa, para anunciar que se planteará una demanda contra el Gobierno boliviano por el “asedio” que “sufre” su Embajada en la ciudad de La Paz, ante la Corte Internacional de Justicia.

Los dos argumentos esgrimidos por el ministro del presidente socialista AMLO, socio de Evo Morales, es que el Gobierno boliviano pone en duda la cualidad de asilados de los ex funcionarios del régimen anterior, y además se atenta contra la soberanía de los predios que, por norma internacional, son considerados territorios de México en Bolivia.

“Pocos países y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo, te dice mucho de quienes lo promueven, son visiones autoritarias, porque el derecho de asilo es uno de los derechos esenciales internacionales”, declaró Ebrard.

En ese marco, Ebrard recordó que se planteó una queja a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir que se respeten las instalaciones y al personal de la Embajada mexicana en la zona sur de la sede de gobierno.

El siguiente paso, acotó el mexicano, será apelar a la CIJ por esas supuestas vulneraciones a la figura del asilo.

En respuesta inmediata, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo a Ebrard “allá nos vemos”, en referencia a la Corte Internacional de Justicia, pues considera que fue la administración de AMLO la que violó la Convención de Viena y los instrumentos de asilo y refugio, al dejar que Evo Morales “hiciera lo que le daba la gana” durante su estadía en suelo azteca, incluyendo declaraciones políticas y el llamado a “no dejar pasar alimentos” contra las ciudades.

Murillo calificó las palabras de Ebrard como “un show mexicano”.

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La canciller Karen Longaric explica las implicaciones del derecho internacional del asilo / ABI

UNA FALACIA JURÍDICA    

En ese contexto, la canciller del Gobierno Constitucional, Karen Longaric, calificó la amenaza de su par mexicano como una provocación en la que la administración transitoria de Jeanine Añez no caerá, con el objetivo de mantener las relaciones diplomáticas de alto nivel entre ambos países.

“No vamos a caer en la provocación del gobierno de México (…) No estamos pensando en ninguna medida de carácter coercitivo, Bolivia quiere tener relaciones amistosas con México de igual a igual”, declaró Longaric a radio Panamericana.

Sobre la demanda ante la CIJ, la experta en derecho internacional, calificó el anuncio como una “falacia jurídica” y agregó que tal figura no prosperará en ningún tribunal del mundo.

“No pueden demandarnos por presuntas infracciones, por presuntos delitos o supuestas violaciones a la Convención de Viena. Nadie puede demandar por hechos que no han ocurrido, esa es una contravención jurídica”, expuso.

Longaric aclaró que si bien los mandamientos de aprehensión contra los ex funcionarios de Evo Morales se emitieron el 29 de noviembre, diez días después de que estos solicitaran asilo en la Embajada de México, los hechos por los que son acusados se cometieron antes que Quintana o Alanoca adquieran el estatus de asilados y aquello corresponde a una acusación abierta por el Ministerio Público.

“El asilo no puede enemistar a dos Estados”, reflexionó Longaric.

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Un vehículo policial en la acera de la Embajada de México en la zona de Calacoto de La Paz / REUTERS

AMLO Y EVO

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encarna hoy por hoy el liderato del llamado Grupo de Puebla, una nueva organización ideológica de extrema izquierda que pretende relevar a la chavista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), o al menos darle aire mientras el bloque comunista se recupera en la región, como sucedió con la asunción de Alberto Fernández a la Presidencia de Argentina.

En ese marco, AMLO no solo recibió a Evo Morales en México como “asilado” durante un mes, antes del paso del jefe cocalero a Argentina, sino que le permitió realizar declaraciones políticas, físicas y virtuales, en contravención a los tratados sobre asilo y refugio político humanitario, bajo el pretexto de que la libre expresión del ex mandatario boliviano son “un derecho humano”.

El Grupo de Puebla es relacionado por Estados Unidos con actividades subversivas en todo el continente sin descartar nexos con el narcotráfico, para financiar convulsiones contra los gobiernos democráticos, tal como sucede en Chile, Colombia o la propia Bolivia que mantiene tensiones en medio de la convocatoria a nuevas elecciones para 2020.

//@VisorBolivia//

SINIESTRO DE LA CHIQUITANÍA DESTAPA MASIVA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS DEL ORIENTE PARA INTERCULTURALES

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA ha negado que se haya emitido permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados la régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y amazonía del país.

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agro-ecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz beneficiada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael.

Posteriormente, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz.

Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

Entre febrero y abril el INRA entregó resoluciones de asentamientos a los interculturales del MAS / MDRYT

INRA NEGÓ LOS CARGOS

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de foscos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados.

“Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”, declaró el funcionario la pasada semana, a medios estatales.

Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía.

Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la comunidad campesina agroforestal Aguas Claras y la comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por contener una reserva natural.

Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados a la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran los carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores” hasta “Evo Morales”.

El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

Colonizadores marcan los troncos para delimitar sus propiedades comunitarias / RRSS 

REPARTICIÓN DE TIERRAS AGRARIAS Y GANADERAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios abarcan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las 11 normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitanía, en el mapa de esa entidad, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a puerto Suárez, con esta zona amazónica en medio, caracterizada como área de expansión agrícola.

Más de 1 millón de hectáreas ya se han consumido con el fuego en un mes del siniestro / OSCAR RIOS DEL CARPIO

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año, estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales.

El anterior decreto, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 también incluyó a Beni en la figura de quemas controladas, que ya estaban permitidas en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

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PRÓXIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA SERÁ COMPUESTA POR LA “PLURI FARÁNDULA”

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Los partidos políticos han optado por candidatos “out siders” de otros ámbitos, como la televisión y el deporte, para presentar sus listas de candidatos a diputados y senadores. En ese marco, se prevé que la próxima Asamblea Legislativa sea compuesta por la farándula que diseñará las leyes del país entre 2020 a 2025.

El Movimiento Al Socialismo – MAS es el partido que más figuras mediáticas ha enlistado en sus filas. El caso de la actriz y comediante María Renée Liévana, más conocida por el personaje de “Estefani Brillit”, desató una ola de opiniones en las redes sociales, la plataforma convertida en el nuevo canal de la opinión pública.

Las críticas a Liévana, sin embargo, obligaron a la ex estrella del elenco Chaplin Show, a cerrar sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, para evitar “mensajes de odio”.

La también abogada fue presentada el martes por el mandatario Evo Morales, como la candidata invitada a la primera senaduría por Santa Cruz, es decir, en la franja de seguridad que prácticamente le asegura el curul para los siguientes cinco años.

Liévana seguirá los pasos de Gabriela Montaño o Adriana Salvatierra que fueron las cartas del MAS en el departamento del oriente como cabeza de lista para el Senado, aunque vale aclarar que la segunda postuló como suplente de Carlos Romero quien ejerció el curul solo cuatro meses en 2015.

El diputado opositor Tomás Monasterio, en declaraciones a Gigavisión, calificó la nominación de la actriz como un chiste y la comparó su conocimiento en política como “lo que el vicepresidente Álvaro García Linera, sabe de matemáticas”.

Para el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, citado por medios de prensa, este caso servirá para “trasladar el humor a la política”, en este caso, el Legislativo. “Una política seria y solemne no genera atracción”, acotó.

Pero el MAS también se mueve en el ámbito deportivo con la nominación del exjugador de la selección de fútbol Luis Héctor Cristaldo, quien aceptó la invitación de Morales, a diferencia de su par Marco Antonio Etcheverry, quien rechazó estar en las listas como diputado oficialista, aunque dijo que es “evista” y agradece al mandatario ese gesto de confianza.

En La Paz, el oficialismo volvió a recurrir a la televisora de línea gubernamental ATB, para llamar a la presentadora Bertha Acarapi a una diputación.

Acarapi, en este caso, sigue los pasos de Wilma Alanoca, expresentadora de esa casa televisiva, que fue candidata y luego concejal del MAS por El Alto por corto tiempo, para luego ser invitada por Morales a asumir la cartera de Culturas y Turismo.

Otra coincidencia entre Acarapi y Alanoca es que la primera también fue concejal alteña al final de la gestión de José Luis Paredes y luego junto a Fanor Nava, en dos gestiones.

En 2015, Acarapi entrevistada por el matutino El Diario, estimaba no volver a la política.

“Creo que no, aunque la política te permite transformar, te permite operativizar las políticas públicas, pero creo que ya no volvería, lo que estoy haciendo ahora me gusta y me quedo con eso”, decía entonces.

La moda y belleza también repite listas en el MAS, con la candidatura al Senado de la ex miss Bolivia 2017, Gleisy Noguer, quien forma parte de un grupo de reinas de belleza y modelos que desde 2016 se han identificado con el llamado “proceso de cambio”.

Del lado opositor, el Movimiento Tercer Sistema – MTS también apuesta por el deporte con la inscripción de la ex atleta medallista en la disciplina marcha, Geovana Irusta, quien pugnará por la Circunscripción uninominal 6 de La Paz.

Irusta tuvo fuertes impases con el ministro de Deportes, Tito Montaño, a fines de 2018, a quien calificó como un “ignorante importante”, por no desarrollar política a favor de los deportistas bolivianos. El funcionario respondió con una acusación de pendientes financieros de la ex marchista, pero la Contraloría General certificó que la mujer sucrense no tiene cuentas pendientes con el Estado.

La extensa lista de gente que no es política de “oficio” prosigue en cada partido y será el Tribunal Supremo Electoral – TSE el que defina la habilitación o anulación de candidaturas este 11 de agosto, con la revisión de requisitos en los que la profesión o experiencia partidaria no tienen nada que ver.

//@VisorBolivia// 

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN WWW.VISORBOLIVIA.COM

http://www.visorbolivia.com/noticia/5332

PLATAFORMAS CIUDADANAS 21F SON EL PERSONAJE HISTÓRICO 2018

A partir de este año y cada 31 de diciembre, nuestro medio informativo, nacido en septiembre de 2014, nombrará al PERSONAJE HISTÓRICO DEL AÑO, por su relevancia y trascendencia a futuro para Bolivia

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Eduardo Gutiérrez junto a otros activistas en el primer plantón al TSE / VISOR BOLIVIA

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Desde el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 surgió en Bolivia un nuevo actor en la política nacional: las plataformas ciudadanas. Su voz, desde el activismo, se trasladó a toda una sociedad que ve en los intentos de repostulación y reproducción del poder de una cúpula, la amenaza más grande contra la democracia en más de tres décadas.

2018 fue el año de las plataformas ciudadanas, del lema “Bolivia Dijo No” y del símbolo 21F.

La campaña contra la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, referido a los mandatos constitucionales, comenzó en 2015 desde grupos como Todos Podemos ser Presidente de Santa Cruz y Otra Izquierda es Posible de La Paz, representados por Ariel Hurtado y Beto Astorga, entre algunos nombres que comenzaron a mencionarse en los medios de comunicación.

Pasado el referendo y con el 51,3% de los votos a favor de la opción “No”, estos grupos se transformaron en vigilantes de su cumplimiento, pues a menos de una semana de ese verificativo, tanto Evo Morales como su régimen ya amenazaban con ir a un “segundo tiempo” y activar sus otras “vías legales” para que el mandatario en ejercicio pueda candidatear en las elecciones generales de 2019, sin tomar en cuenta el art. 168 consultado.

Christian Tejada impulsó la condecoración a los Beneméritos de Ñancahuazú en 2017 / G21 

JUVENTUD, OTRA VISIÓN

Desde Santa Cruz se formaron agrupaciones como Generación 21 con Christian Tejada, un joven que desbarató a cada oficialista de turno en los debates públicos,  o las Kuña Mbarete compuesto por mujeres del oriente y sur del país, para comenzar a generar conciencia ciudadana sobre la defensa del voto y la calidad de la democracia en Bolivia.

Fue en octubre de 2017 que estos grupos se mostraron claramente identificados contra la política y la ideología socialista del gobierno central, cuando se decidió apoyar y reconocer a los héroes de Ñancahuazú en vez de seguir los actos formales del régimen para conmemorar la muerte del guerrillero subversivo Ernesto Guevara.

La juventud cruceña comenzó a forjar un discurso propio, alejado además de las élites de esa región, llamadas “logias”, que se fueron convirtiendo en aliadas empresariales y corporativas del régimen del Movimiento Al Socialismo – MAS. Estos jóvenes lamentaron el largo silencio cómplice de sus representantes políticos y cívicos, aunque estos últimos se fueron sumando a la causa del 21F con el pasar de los meses.

En departamentos como Potosí, los cívicos también tomaron rostro joven con la dirección de Marco Pumari en el Comité Cívico Potosinista.

Los congresos de las plataformas sirvieron para coordinar acciones civiles / FACEBOOK G21

ACTIVISMO ORGANIZADO

El 21 de febrero de 2018 se activaron cabildos en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, demostrando que este movimiento tenía poder de convocatoria y, como señalaron analistas en su momento, comenzaban a ganarle al régimen del MAS en su propio espacio: las calles.

Waldo Albarracín se iba perfilando como un liderazgo nacional, pero quedó limitado al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia – CONADE que, pese a tener acercamientos con las plataformas, nunca pudo concretar esa alianza.

Figuras femeninas como Kelly Tejeda, Pamela Fernández o Cristina Soto, esta última muy resistida por ser pareja de un exasesor de Juan Ramón Quintana, o el “Hombre No” interpretado por Vladimir Machicado, dieron la cara en La Paz. Juan Flores se convirtió en una voz fuerte desde el Comité Cívico de Cochabamba junto al activista Henry Rojas que entró en tres ayunos voluntarios durante el año, mientras jóvenes como María Belén Mendivil, Oki Paniagua o Xiomara Klinsky daban de qué hablar en los medios por su activismo comprometido.

María Anelín Suárez inició el “escrache” al poder en los juegos de ODESUR / CAPTURA PANTALLA

DEMOCRACIA SÍ, DICTADURA NO

El 10 de abril las plataformas se hicieron presentes por primera vez ante el Tribunal Supremo Electoral – TSE, para entregar más de 10 mil cartas que pedían la inhabilitación de Evo Morales como candidato argumentando el resultado vinculante del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Está en nuestra conciencia y en nuestro ser más íntimo que nos motiva a denunciar estos atropellos y no callarnos ante la injusticia, la corrupción y la impunidad. Queremos una Bolivia diferente, una Bolivia democrática, libre y justa y no lo que se ve hoy cuando existe esa angurria de poder”, decía a @VisorBolivia el representante de SOS Bolivia, Eduardo Gutiérrez.

Gutiérrez viajaría en septiembre a EEUU para entregar una carta al jefe de gabinete de la OEA para que el secretario general, Luis Almagro, agilice un pronunciamiento de esa instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH sobre el caso boliviano.

En mayo, la activista de Las Calles Bolivia, María Anelín Suárez, mostraba a los ciudadanos el camino a seguir con su forma de protesta pacífica. Fue en la inauguración de los Juegos Deportivos Suramericanos – ODESUR, que la joven vestida con su polera de Bolivia Dijo No, comenzó a arengar ese lema en pleno estadio Félix Capriles de Cochabamba, al cual habían asistido los mandatarios Morales y Garcia. La gente se sumó al coro democrático.

Desde ese día, la ciudadanía comenzó a interpelar a los mandatarios en cada acto público, como le pasó al segundo Alvaro Garcia en junio en plena plaza 24 de Septiembre, cuando huyó “escarcheado” por los activistas que no le dejaron terminar su discurso con motivo de la Feria del Libro.

“En un futuro vamos a vivir en libertad, entre quien entre, nosotros vamos a luchar por la libertad, porque no es contra el Gobierno sino una lucha contra el socialismo y contra el comunismo que está atacando a nuestros países”, expresaba Suárez a este medio de comunicación.

Las banderas del 21F a los pies del Cerro Rico en víspera del 6 de Agosto / LAS CALLES BOLIVIA

MOVIMIENTO NACIONAL

Es en agosto que las plataformas ciudadanas logran la adhesión de algunos los comités cívicos y entidades corporativas opositoras al régimen de Evo Morales como los productores de coca de Yungas.

Con motivo de la efeméride Patria del 6 de agosto, miles de manifestantes se hicieron presentes en Potosí, rumbo a la Casa de la Moneda, lugar donde Morales dio su mensaje a la nación.

Gremiales, mineros, transportistas, se sumaron a una marcha que, pese a ser reprimida y retenida por la Policía hasta que Morales y su cúpula abandonaron la plaza central, recorrió la Villa Imperial con decenas de cuadras llenas del grito “Bolivia Dijo No!”, como testimonian las filmaciones compartidas en las redes sociales.

El ejemplo de los activistas surtió efecto en la bancada legislativa opositora que por primera vez en 13 años no guardó silencio y abucheó al mandatario cada que pudo durante su discurso de apenas 33 minutos, muy alejado a las cinco o seis horas que solía extenderse.

En la sede de gobierno volvía Guadalupe Cárdenas, la exrepresentante de las esposas de los policías, que fue sentenciada a dos años por haber publicado un video en las redes sociales días antes del referendo del 21F, en el que llamó “dictador” a Morales y pidió su renuncia.

Precisamente fueron las plataformas ciudadanas en sus congresos de Cochabamba en julio y de Sucre en septiembre que resolvieron nombrar al jefe del Estado Plurinacional como “el nuevo dictador de Bolivia”.

La marcha por la democracia partió desde Konani con respaldo popular / FACEBOOK

RESISTIR LA ELECTORALIZACIÓN

Con la electoralización prematura del país, activada por el MAS y el TSE, las plataformas fueron rebasadas por la agenda de los partidos políticos.

Ocho frentes de la oposición se presentaron a las elecciones primarias y algunas se relacionaron con las plataformas.

Por ejemplo, Astorga se sumó a la alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Hurtado trató de candidatear como vicepresidenciable por el Frente Para la Victoria, pero quedó inhabilitado, mientras el Félix Patzi invitó a Klinsky de G21, pero ella rechazó la candidatura al MTS. Paniagua promovió a Víctor Hugo Cárdenas en la UCS y, finalmente, los Demócratas se atribuyeron la consigna “Bolivia Dice No” a través de una Asociación Civil registrada en Santa Cruz, para aprovechar su campaña proselitista, sin el consenso de las plataformas ciudadanas.

Las plataformas emprendieron en diciembre la última batalla ante el Órgano Electoral Plurinacional. En La Paz hubo una marcha desarticulada por el adelantamiento de la resolución de habilitación de candidatura que definieron los vocales el día 4. En Santa Cruz se instaló un piquete de huelga conjunta a los representantes cívicos.

La primera movilización no tuvo el eco esperado en la ciudadanía paceña, mientras que la segunda terminó con actos vandálicos en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz; de ese hecho, se identificó a cabecillas ligados al régimen del MAS, sin embargo, quedaron detenidos e imputados otros actores cívicos y activistas. La quema del TED sirvió al régimen masista para comenzar una campaña de desprestigio contra las plataformas, aunque su efecto recién será evaluado el año que inicia.

Plataformas interpelaron al TSE durante semanas / FACEBOOK/ KELLY TEJEDA

AGENDA 2019

Al cierre de 2018 las plataformas ciudadanas del 21F determinaron una tregua hasta enero, para replantear otras formas de protesta y defensa de la democracia más allá de las elecciones primarias.

En carpeta se tiene el 22 de enero, en el llamado “día del Estado Plurinacional”, además de la agenda de febrero, cuando los relatores de la CIDH lleguen a sesionar a Cochabamba entre el 7 y 16 de ese mes.

Las plataformas ciudadanas marcaron el 2018 con su valiente activismo en defensa de la democracia y pusieron en jaque al régimen socialista. Por ello, son el hecho relevante y Personaje Histórico del Año para @VisorBolivia, porque su acción política y social quedará marcada en los libros y registros del país.

//@VisorBolivia// 

LA DERECHA EN BOLIVIA REAPARECE TRAS CIEN AÑOS SIN UN PARTIDO LIBERAL REAL

Ningún frente logró llevar al país a un sistema de libre mercado por estigmas y confusiones ideológicas

 

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Las corrientes ideológicas en la región están marcando la muerte del socialismo del siglo XXI y con ello resurge una alternativa al modelo estatista, desde la visión liberal. En Bolivia, un partido y algunas plataformas ciudadanas son el nuevo rostro de un liberalismo de derecha que no tiene presencia política en el país hace ya 98 años.

El fin de semana, desde Tarija, se hizo la presentación del partido de derecha Alianza Liberal, que asume el gobierno limitado, el capitalismo de libre mercado, el respeto a la propiedad privada como fundamentos, además de ver la seguridad y la justicia como únicas prioridades naturales del Estado.

El exdiputado Andrés Ortega encabeza esta iniciativa desde 2012 y ha logrado que el abogado Marcelo Ostria acepte incursionar en la arena política, en un proyecto que ya tiene presencia en el eje central del país.

“Yo tengo unos sólidos principios ideológicos, soy un hombre de derecha y esta es una organización de derecha. Debido al gran trabajo que ha hecho el Gobierno se satanizó a la derecha, pero si indagamos en la historia veremos por qué se llaman derecha e izquierda”, dijo Ostria en entrevista con Guadalquivir TV.

Por su lado, el académico y economista Hugo Balderrama aclaró que el proyecto apunta a anteponer al individuo sobre el Estado, en un cambio de sistema que no va a criticar al partido de turno sino a todos los políticos que rotan dentro de estas élites herméticas que solo buscan vivir del usufructo público.

Ortega desnudó a la oposición boliviana como socialista en todas sus formas. Asegura que si bien el Movimiento Al Socialismo – MAS tiene una corriente clara, los opositores navegan dentro de la misma izquierda pero con diferentes colores, proponiendo más gasto público, más impuestos y más regulaciones contra los ciudadanos.

La Alianza Liberal nace en el marco de la electoralización prematura del país, con la convocatoria da las elecciones primarias. Su presencia en algún binomio o candidatura actual dependerá del trabajo que se logre avanzar, pero sobre todo, en coincidencias ideológicas con algún partido que proponga capitalismo, ahorro e inversión. “Pero nadie lo va a hacer”, concluyó Ortega.

PLATAFORMAS CONSERVADORAS

Desde las plataformas ciudadanas también salen rostros capitalistas de derecha, en una coyuntura marcada desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la inminente asunción de Jair Bolsonaro en Brasil con un discurso duro que en el mundo movió el tablero de la corrección política.

María Anelín Suárez de Las Calles Bolivia, es precisamente una aliada al Partido Social Liberal de Bolsonaro y el movimiento As Ruas de Brasil que logró impulsar el impeachment contra la entonces mandataria Dilma Rousseff en 2016.
Las Calles Bolivia realiza un trabajo amplio en Santa Cruz para la defensa del resultado del 21 de febrero de 2016 con el añadido de ser frontales contra los funcionarios públicos, increpándolos en cada evento o espacio público.

Esto le valió a Suárez recibir amenazas de muerte de extremistas de izquierda en Santa Cruz, que tratan de aplicar contra ella el aparato de propaganda de desprestigio con frases como “fascista o racista”, como se hizo con Trump o se hace hoy con Bolsonaro.

En otra ala de esta nueva derecha boliviana está Ariel Hurtado, como coordinador de la alianza de plataformas denominada Movimiento 5 Reformas que también nace en el contexto del 21F, pero que se proyecta a lograr los primeros escaños parlamentarios en 2019.

El plan de Hurtado se basa en la teoría del profesor Alberto Mansueti sobre la “gran devolución” que limite al Estado y empodere al individuo.

Tanto Suárez como Hurtado llevan el factor cristiano a su lado. Plataformas como SOS Bolivia también entran en esa línea ideológica de fe, defensa a la familia y discurso pro vida, pero todavía no se notan proyecciones partidarias como Las Calles o el Movimiento 5R.

98 AÑOS SIN LIBERALISMO

La historia política de Bolivia no registra un partido liberal puro, con bases en el capitalismo de libre mercado. Historiadores como Luis Antezana afirman que el Partido Liberal en realidad aplicó medidas antiliberales sin salir del feudalismo para avanzar al capitalismo.

Eliodoro Camacho, nacido en La Paz, pero educado en Cochabamba, estudió las corrientes políticas de su tiempo y fundó el Partido Liberal en Bolivia en 1883, siendo candidato presidencial en tres oportunidades, según reseña el texto Historia de Bolivia de Carlos Mesa. Sin embargo, no es sino hasta la muerte de Camacho que ese partido logra su objetivo.

El Partido Liberal en Bolivia llegó al poder en 1899, tras el desgaste de los Conservadores y en el marco de la Guerra Federal que delineó los contrapesos regionales con mayores ventajas hacia el lado andino y de visión centralista.

José Manuel Pando asumió la presidencia del Partido Liberal en 1894 y desde su gestión logró una etapa de superávit para el país, sobre todo sustentada en los precios internacionales y exportación de minerales.

Sin embargo, esa estabilidad económica fue mermada por las amenazas bélicas como la Guerra del Acre o la firma del Tratado de 1904. En ese año, ya con Ismael Montes en la Presidencia de la República, senadores y diputados liberales, que controlaban además las principales empresas nacionales desde fábricas hasta medios impresos, firmaron el enclaustramiento marítimo con Chile a cambio de un pago y mejores condiciones de exportación que nunca fueron esclarecidas.

Montes tendría luego como oponente interno a Fernando Guachalla, quien gana las siguientes elecciones, pero muere a los dos meses, con lo que el presidente decide prorrogar su mandato.
Para 1909 Eliodoro Villazón mantiene el poder para los liberales y aplica un intenso programa de integración vial y en base al Tratado de 1904 acelera las obras en ferrocarriles. Paralelamente, las tendencias nacionalistas ya estaban presentes en la sociedad boliviana desde su clase intelectual. El Partido Republicano nacía como contrapeso a la era liberal.

Con el segundo gobierno de Montes llegan los conflictos económicos a Bolivia. El contexto de la caída de precios internacionales por efecto de la Primera Guerra Mundial hizo que su administración aplique medidas antiliberales incluyendo la regulación del circulante a través del Banco de la Nación.

Los liberales estaban divididos y sus aliados del Partido Radical comenzaron a tomar control cuando José Gutiérrez Guerra ya era presidente. Los liberales también tuvieron roces con la Iglesia Católica al impulsar un Estado laico con libertad de religiones, entre otros puntos, que también pueden considerarse antiliberales.

En 1920 llega el golpe consolidado por los republicanos con la junta militar de Bautista Saavedra, José María Escalier y José Manuel Ramírez. Las corrientes nacionalistas se reafirmarían con la Guerra del Chaco y concluirían con la Revolución Nacional de 1952 que marcó la nueva etapa de partidos políticos, vigente hasta hoy en Bolivia.

El historiador Luis Antezana, citó en anterior columna de opinión publicada en el periódico El Diario que el liberalismo nunca fue liberal en Bolivia.

“El liberalismo es la expresión ideológica del capitalismo y el liberalismo boliviano de entonces no practicó el capitalismo, sólo mantuvo y desarrolló el feudalismo, tanto en el campo, las ciudades y las minas (produciendo, además, una derivación al colonialismo). Los liberales de la primera mitad del Siglo XX fueron lo contrario del liberalismo, es decir contrarios al capitalismo, según la anterior definición. Es más, se opusieron al capitalismo o liberalismo. De ahí que entre 1900 y 1952, Bolivia no conoció en los hechos el verdadero liberalismo. Sólo lo conocieron de palabra porque no se puso en práctica los principios económicos de ese sistema económico democrático. Así, el Partido liberal fue en realidad antiliberal”.

En 2014 el político Félix Castañeda trató de revivir la sigla del Partido Liberal ante el Tribunal Supremo Electoral – TSE, sin embargo, su proyecto no avanzó y dentro de su ponencia de principios reiteraba las mismas confusiones ideológicas de la etapa 1899 – 1920. El proyecto de ese “nuevo Partido Liberal” planteaba “libertad, justicia e igualdad”, con guiños en salud y educación que no son parte, e incluso son contrarios, a la ideología de derecha real o del capitalismo de libre mercado.

//@VisorBolivia//

BOLIVIA CULMINA UNA ETAPA DE SU HISTORIA CON EL FALLO MARÍTIMO DE LA CORTE DE LA HAYA

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VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Este 1 de octubre concluye una etapa para la historia de Bolivia, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya definirá el camino a seguir para que el país retorne a costas del océano Pacífico luego de la usurpación de 1879. Los momentos claves de este proceso y los protagonistas en detalle son reflejados en la siguiente nota previa a la audiencia en el Palacio de la Paz.

QUÉ PIDIÓ BOLIVIA

En la parte petitoria de la demanda marítima, Bolivia solicitó a la Corte que obligue a Chile a cumplir con una negociación de buena fe y en un tiempo razonable para lograr un acceso soberano al océano Pacífico.

La base de esta petición fue que Chile generó derechos expectaticios en Bolivia al haber ofrecido de forma voluntaria y en reiteradas oportunidades una solución con soberanía para el país.

“Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo concediendo a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Chile ha incumplido esta obligación, y Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta, formal y efectivamente, en un tiempo razonable, concediendo a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”.

De esos ofrecimientos de Chile para solucionar el enclaustramiento boliviano destacan el Tratado de Lima de 1929 en el que Chile y Perú definen límites pero dejan la soberanía boliviana como un “tema pendiente”; el intercambio de notas entre los cancilleres de 1950 cuando Chile se dispone a entablar negociaciones con solución; el memorándum de Trucco de 1961 que ratifica al anterior incluyendo el término “soberanía” para Bolivia y el abrazo de Charaña de 1975 en el que incluso se comenzó a barajar el canje territorial.

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FECHAS CLAVE EN LA DEMANDA BOLIVIANA

La demanda marítima boliviana fue una iniciativa del régimen de Evo Morales anunciada el 23 de marzo de 2011, cuando, a tiempo de conmemorar otra fecha de la pérdida del Litoral, el mandatario dijo que era hora de incluir los estrados internacionales en la estrategia boliviana para volver al Pacífico.

“Nuestra reivindicación marítima ahora debe incluir otro elemento fundamental, el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales demandando en derecho y justicia una salida libre y soberana al océano Pacífico”.

Posteriormente, en la misma fecha, pero el año 2013, Morales confirmó que se iba a interponer una demanda penal ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego de que la Asamblea Legislativa denunciara el Pacto de Bogotá para acudir a esa vía de resolución de controversias entre Estados. La llamada estrategia jurídica fue desarrollada en inicio por un equipo multidisciplinario en la Dirección de Reivindicación Marítima – DIREMAR, que abordó las áreas legal, diplomática e histórica.

Un año después, en abril de 2014, la demanda boliviana era presentada ante la CIJ de La Haya en el Palacio de la Paz, la sede de esta jurisdicción en el Reino de los Países Bajos.

Chile interpuso una objeción al tribunal de La Haya para pedir que la misma CIJ se declare sin competencia para analizar la demanda boliviana, puesto que entre ambos países “no habían temas territoriales pendientes”.

El 24 de septiembre de 2015 con 14 votos de los jueces, se rechazó la objeción chilena y se dio pie a la etapa de alegatos, es decir, al juicio entre ambos países. La Corte, sin embargo, aclaró que aquello no significaba un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda.

Entre el 19 y 28 de marzo de este 2018 concluyeron los alegatos orales y la fase del juicio con las ponencias entre ambos equipos jurídicos y las exposiciones de los agentes marítimos Rodríguez Veltzé y Grossman.

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LOS JUECES DE LA HAYA

El tribunal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya está compuesto por 15 miembros, un presidente y 14 magistrados provenientes de los cinco continentes. Tres jueces son mujeres y 12 son varones en esta instancia dependiente de la Organización de Naciones Unidas – ONU.

El presidente de la CIJ es Abdulqawi Ahmed Yusuf de Somalia. El tribunal está conformado por Xue Hanqin de China, Hisashi Owada de Japón, Peter Tomka de Eslovaquia, Mohamed Bennouna de Marruecos, Antônio Augusto Cançado Trindade de Brasil, Ronny Abraham de Francia, Joan E. Donoghue de Estados Unidos, Giorgio Gaja de Italia, Julia Sebuntinde de Uganda, Dalveer Bhandari de India, Patrick Lipton Robinson de Jamaica, James Richard Crawford de Australia, Kirill Gevorgian de Rusia y Nawaf Salam de Libia.

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EQUIPO JURÍDICO BOLIVIANO

La demanda marítima boliviana fue diseñada y trabajada por el equipo jurídico internacional liderado por el agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Los seis juristas que acompañan la causa boliviana son Antonio Remiro Brótons de España, Vaughan Lowe y Amy Sander del Reino Unido, Mathias Forteau y Monique Chemillier de Francia, Payam Akhavan de Irán.

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EQUIPO JURÍDICO CHILENO

Por su parte, Chile defendió su postura ante la demanda boliviana a través de un equipo de 14 abogados encabezados por el agente marítimo Claudio Grossman y los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva.

Completan el equipo chileno Alberto van Klaveren, Carolina Valdivia, Claudio Troncoso, Ximena Fuentes, todos de Chile. Sir Daniel Bethlehem y Sam Wordsworth del Reino Unido, Ben Juratowitch de Australia, Jean – Marc Thouvenin de Francia, Kate Parlett de Australia, Harold Koh de EEUU y Mónica Pinto de Argentina.

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DIÁLOGO ABIERTO

Sin dejar de lado la demanda boliviana, el mandatario Evo Morales llamó a su par chileno Sebastián Piñera a establecer un escenario de diálogo para la etapa posterior al fallo de la CIJ de La Haya.

Antes de salir de Bolivia, Morales también habló al pueblo chileno: “Al hermano pueblo de chile le reitero que nuestra demanda no puede ni debe ser considerada como un acto inamistoso sino como la oportunidad que nos permita reencontrarnos, somos vecinos y hermanos con un destino común”.

El vocero de la causa y expresidente Carlos Mesa, pieza clave en el posicionamiento del tema en la región e incluso para la opinión pública chilena, ensayó una hipótesis sobre un fallo favorable para Bolivia.

“Eso tiene que establecer una lógica de la construcción de un espacio de diálogo, de una recomposición de confianza y una nueva era las relaciones de Bolivia y Chile en todos los ámbitos, que marque que la voluntad de Bolivia es encontrar una solución razonable y justa sobre un fallo existente”.

A las 9 horas en Bolivia se revelará el episodio final de una demanda que abrirá otra era en la relación bilateral, pero sobre todo asienta las bases sobre una certeza jurídica para confirmar si la aspiración de un retorno a costas del Pacífico será viable o no para el país.

//@VisorBolivia//