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JEANINE ÁÑEZ, LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL, Y EL SUICIDIO DEL EVISMO

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Jeanine Áñez, ya como presidenta constitucional, junto a los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el palco de Palacio de Gobierno la noche del 12 de noviembre de 2019 / REUTERS 

VISOR BOLIVIA / Iván Rada.- Jeanine Áñez Chávez, senadora nacional, asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia de forma transitoria, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores  y la Declaración Constitucional 003/01, a partir del 12 de noviembre, con el mandato para llamar a nuevas elecciones y la misión de pacificar el país. Esta su historia.

Áñez, abogada nacida en San Joaquín, Beni, el 13 de agosto de 1967, conservadora, madre y esposa, tuvo que asumir el mando de la nación para precautelar el bien mayor del país, luego del vacío de poder dejado por el mandatario Evo Morales, su segundo Alvaro Garcia y los presidentes de ambas cámaras, Adriana Salvatierra en Senado y Víctor Borda en Diputados.

Se ha cuestionado mucho sobre la investidura de Áñez a la Presidencia del Estado, pues la sesión de la Asamblea Legislativa no tuvo quórum y ella, en calidad de segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, no estaba en la lista formal de sucesión presidencial prevista en la CPE.

Sin embargo, el vacío de poder que dejó el MAS por más de 24 horas, ponía en serio riesgo la estabilidad del país, a tal grado que las medidas de presión y la violencia se desbordaron desde el mismo domingo 10 de noviembre, luego de la dimisión de Morales Ayma, sobre todo por acción directa de la militancia fiel al caudillo cocalero o el “evismo”.

La decisión de renuncia colectiva de los cuatro altos funcionarios con capacidad de asumir la Presidencia parece haber sido planificada con un cálculo político que todavía se desconoce, pero que se explicaría en la apuesta por desestabilizar el país o jugar a una siguiente interpretación constitucional de que Morales “no acabó su mandato” y por tanto, “puede ser candidato” en las inmediatas nuevas elecciones generales convocadas para 2020. Empero, el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como todo el Órgano Judicial ya no obedece las órdenes dictadas desde la suite de la “Casa Grande del Pueblo”.

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Plaza Murillo, cuyo ingreso fue reprimido durante 14 años a la oposición política, cívica y social por orden de Evo Morales, fue recuperada en una semana por los “defensores de la democracia” / RRSS

BOLIVIA: 24 HORAS SIN PRESIDENTE

Áñez es abogada de profesión, fue directora del canal local Totalvisión en Beni y luego asambleísta constituyente entre 2006 y 2008. Con la alianza de Convergencia Nacional llega al Senado en 2010 y en 2015 es reelecta con el bloque de Unidad Demócrata. Es con ese curul que en enero de 2019 es designada como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, como corresponde a la bancada minoritaria, según el Art. 35 del Reglamento General del Senado.

REGLAMENTO SENADO Art. 35 (Composición y Elección).- II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia  y la Segunda Secretaría al bloque de minoría.

Con la crisis provocada por el MAS y su binomio, tras el comprobado fraude electoral, avalado además por el Tribunal Supremo Electoral – TSE, desde la noche del 20 de octubre, el reclamo ciudadano se convirtió en resistencia pacífica y luego en un paro cívico nacional con “pititas” como criticó el ahora ex mandatario.

Las arengas de “Quién se cansa? Nadie se cansa! Quién se rinde? Nadie se rinde!” quedarán marcadas en la historia democrática del país, tal como el remate de esas protestas callejeras: “Evo de nuevo, huevo carajo!”.

Morales no pudo soportar la presión social y con el motín policial y la sugerencia del Alto Mando Militar para renunciar al cargo, luego de 13 años, nueve meses y 22 días, el caudillo socialista decide emitir su dimisión desde el Chapare, a las 17:45 del domingo 10 de noviembre de 2019.

A su lado, Garcia Linera, el sujeto que llegó al poder luego de ser convicto por delitos de terrorismo, también dimitía a la Vicepresidencia. Horas antes, desde Potosí, había renunciado el diputado Víctor Borda, presidente de la Cámara Baja, quedando el mando del país en manos de la titular del Senado Adriana Salvatierra, joven política de recién cumplidos 30 años y de doble nacionalidad chilena. Su edad pudo complicar una eventual asunción a la Presidencia, pues la CPE establece como requisito para ejercer ese cargo el haber cumplido 30 años “al momento de la elección”, no de la “posesión”.

En ese marco, el vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli, del MAS, también se alejaba y al terminar la tarde del mismo domingo, Salvatierra renunciaba públicamente a través de al menos tres medios televisivos.

Bolivia estuvo sin Presidente desde la noche del domingo y todo el lunes. En esas horas aciagas, los desmanes y ataques violentos a instituciones públicas y particulares, además del amedrentamiento a canales de televisión y emisoras de radio se multiplicaron. Domicilios particulares como del ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín y la presentadora Casimira Lema fueron saqueados y quemados por turbas “evistas”.

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Áñez fue envestida por las FFAA y la Policía en democracia y en apego a la CPE, a diferencia de anteriores regímenes de facto / OFICIAL 

ÁÑEZ PRESIDENTA: MARCO NORMATIVO        

Con el país incendiado, es que Áñez es convocada por la clase política y con la ayuda militar llega a arribar de su natal Beni hasta La Paz, la mañana del martes 12 de noviembre.

Al ver que no existía Directiva en el Senado ni la Asamblea Legislativa, se activan los pasos constitucionales para la sucesión. Paralelamente, Morales salía del país acusando que su vida estaba “en riesgo”, previa aceptación de su calidad de asilado por el Gobierno de México. Evo Morales, implícitamente, asumía la ausencia definitiva del cargo.

Áñez comenzó a asumir el mando del país mediante el Art. 41 del Reglamento del Senado que establece que el segundo vicepresidente, es decir, ella, debe asumir la Presidencia del Senado en caso de ausencia del titular (Salvatierra) o del primer vicepresidente (Medinacelli). La beniana opositora era el último eslabón constitucional en la Cámara Alta, para ejercer ese alto puesto.

REGLAMENTO SENADO Art. 41 (Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia).- a) Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento.

Ya en calidad de reemplazo como presidenta del Senado, Áñez activa el Art. 39 del mismo Reglamento del Senado, para asumir el control de la Asamblea Legislativa, ya que Alvaro Garcia no solo había renunciado sino que también había salido del país de forma definitiva.

REGLAMENTO SENADO Art. 39 (Atribuciones de la Presidenta o Presidente).- b) Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente Nato.

Es en su calidad de reemplazo como presidenta de la Asamblea Legislativa, que Áñez convoca a sesión extraordinaria para asumir el mando de la nación. Pese a la negativa de la bancada del MAS de participar, cuando en la mañana habían comprometido su presencia en el hemiciclo solo exigiendo “garantías necesarias” para ingresar a Plaza Murillo. La sesión se aprobó sin quórum, pero, como interpretaría cualquier abogado, también sin oposición alguna y no hubo, además, ningún recurso o amparo de nulidad a dicha sesión desde el masismo.

CPE Art. 169 I. “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Finalmente, la sucesión presidencial se activó con los artículos 169 y 170 de la CPE, con el mandato de convocar a nuevas elecciones y remarcando la asunción al mando por la ausencia definitiva dejada por el mandatario saliente, respectivamente.

CPE Art. 170 “La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”.

Un comunicado del TCP ese mismo día, confirmaba que el procedimiento Legislativo se enmarcó en la Constitución y en la jurisprudencia de la Declaración Constitucional 003/2001, del 31 de julio de 2001 sobre la sucesión presidencial y la emergencia de actuar ipso facto para evitar el vacío de poder en el Ejecutivo. Los magistrados declaraban la aplicación de esa norma a la actual CPE y en el marco del Art. 169. El caso estaba cerrado.

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL 003/01 “(…) frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume Ipso Facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional”.

En cuestión de horas, Áñez pasó de ser senadora a convertirse en la segunda mujer en ocupar la Presidencia Constitucional del Estado, luego de Lidia Gueiler Tejada, quien fue nombrada presidenta, hace exactos 40 años, un 16 de noviembre de 1979.

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Activistas ciudadanos aprovecharon el motín policial para cerrar Plaza Murillo el sábado, un día antes de la renuncia de Evo Morales / TWITTER

LA “ESTRATEGIA ENVOLVENTE” DE LA OPOSICIÓN

El MAS había jugado con la oposición durante 14 años a las trampas, a los engaños, a las estratagemas y a las “estrategias envolventes”. Desde declarar a la Asamblea Constituyente como “originaria” cuando era derivada de un poder ya constituido, pasando por imponer la simple mayoría y no los dos tercios, aquellos que no tenía entonces, en la aprobación de la nueva CPE, hasta apropiarse del discurso de las autonomías. Todo en su primera gestión entre 2006 a 2010.

La segunda y tercera gestión del masismo, 2010 a 2015 y 2015 a 2019, con la nueva CPE en marcha y los dos tercios en la Asamblea Legislativa en ambas legislaturas, permitió a Morales, Garcia y su clan de élite política con eternos funcionarios rotando en el poder, a tomar cada una de las instituciones del Estado, desbaratando años de institucionalidad democrática. La oposición veía de palco, estéril y con “pataletas de ahogado”, como insultaba con sorna, desde su silla, el entonces vicepresidente, ex miembro del grupo irregular Ejército Guerrillero Túpac Katari – EGTK.

Las designaciones del Defensor del Pueblo, Fiscal General, postulantes a las Elecciones Judiciales, designaciones a cargos de las instituciones descentralizadas, etc. Todo era a gusto y placer de los dos tercios del MAS.

Las dos habilitaciones de Morales y Garcia como candidatos, saltándose la Disposición Transitoria Primera de la CPE en 2013 y luego con la sentencia constitucional 084/17 de 2017, ambas avaladas por el TCP, solo fueron el corolario para decirle al país y sus ciudadanos que en Bolivia mandaba una pequeña cúpula socialista y nadie más.

Noviembre de 2019 marca otra fase y es cuando la oposición aprovecha el vacío de poder dejado por los mandatarios y sin esperar reacción de la bancada del MAS, ya en desbande y de huida, es que logra activar los mecanismos constitucionales para llevar a una de sus senadoras a Palacio de Gobierno y terminar con la era del “proceso de cambio”.

La lectura interpretativa de la CPE y el Reglamento del Senado, sin que exista ninguna voz jurídica del oficialismo para objetar, permitió esa maniobra legal. Héctor Arce, jefe del gabinete jurídico y creador de los “Códigos Morales” para “cambiar” la justicia, no solo se quedó fuera de juego, sin poder alguno, sino que ya anticipaba, como muchos en la élite socialista, la caída de su jefe, pues días antes viajaba con su esposa a reconocer nuevas latitudes.

El MAS había perdido en la jugada más importante de su historia como partido. Era el Jaque Mate al tirano y la vendeta de la oposición política, cívica y social boliviana.

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La pasarela dinamitada en la avenida 6 de Marzo de El Alto quedó como testigo de diez días de violencia y sangre derramada, como sucedió en Senkata / FACEBOOK

DIEZ DÍAS CRUCIALES Y DOLOROSOS

Jeanine Áñez Chávez entraba a Palacio de Gobierno y desde el palco, con la banda presidencial en su cuerpo y agarrando una Biblia mandaba un mensaje de paz, unidad y reconciliación al país.

“Voy a trabajar este corto tiempo, porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto”, dijo Áñez acompañada por los líderes cívicos que lograron la renuncia de Morales Ayma.

El camino emprendido, sin embargo, no fue ni será fácil por la resistencia de los grupos corporativos ligados al ex presidente. La presidenta transitoria también debe enfrentar, como pasó los primeros días, a grupos de vándalos y terroristas internos y extranjeros, identificados como células de las FARC o la Inteligencia cubana y venezolana.

A diez días y con más de 20 muertos desde su asunción al mando de Bolivia, por acción directa de esos grupos de sedición, Áñez comienza a dialogar con los sectores sociales movilizados, algunos todavía sometidos a los designios de Morales desde México, y en la Asamblea Legislativa se va aprobando el proyecto de ley para la convocatoria a nuevas elecciones, con la anulación de los anteriores comicios y la designación de vocales para el TSE, dejando atrás mucho luto e investigando los delitos cometidos en la era masista.

De los días de violencia, saqueos, bloqueos, cercos, desabastecimiento, falta de alimentos, muertes por disparos en enfrentamientos de cocaleros y alteños contra el Ejército y la Policía, entre otros hechos vividos durante las jornadas de mayor tensión, queda el nombre de Evo Morales como principal instigador y con ello su legado o el “evismo”, ingresa en las páginas negras de la historia de Bolivia. Así se lo han hecho saber incluso sus aliados regionales.

Finalmente, el candado constitucional que cierra toda posibilidad de reclamo para Morales, también se cumple con los diez días desde su salida de Bolivia, pues el jefe cocalero, pese a que sigue alegando que fue “víctima de un golpe de Estado cívico, policial, militar, mediático, empresarial, racista, fascista” y cuanta etiqueta se vaya inventando, hizo evidente abandono del cargo; por tanto, debe ser adscrito formalmente como ex presidente del Estado.

CPE Art. 173 “La Presidenta o el Presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de diez días”.

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Junto a la Biblia, la Presidencia transitoria de Áñez incluyó a la bandera del Patujú en Palacio Quemado / RRSS

//@VisorBolivia//

CASO TERRORISMO, DIEZ AÑOS: LA HISTORIA DE UN MONTAJE QUE YA CONLLEVA CONSECUENCIAS PARA EL ESTADO PLURINACIONAL

¿Estratagema política o costosa ingenuidad regional? El martes se cumplieron diez años de un hecho violento que no termina de esclarecerse en Bolivia, pero que ya ingresó a la CIDH

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Eran las 04:30 del jueves 16 de abril de 2009. El Hotel Las Américas, entre las calles 21 de Mayo y Seoane del centro cruceño era intervenido por el grupo Delta de la Policía, en busca de la célula irregular del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores. Tres sujetos fueron abatidos y dos detenidos en el inicio del caso terrorismo que cumplirá diez años bajo el manto del montaje político.

El grupo Delta, que luego se supo fue la Unidad Táctica de Resolución de Crisis – UTARC, ingresó la madrugada del 16 de abril, hace diez años, en la habitación 456 del céntrico hotel de la capital cruceña para dar con los autores del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes. El operativo no contó con orden fiscal, se ordenó apagar las cámaras de seguridad y luego se montaron pruebas como la famosa mochila roja dejada por la oficial identificada como Marylin Villca, alias Karen, una infiltrada en el grupo junto al capitán Walter Andrade.

El denominado caso de “terrorismo y alzamiento armado”, sirvió para desbaratar a la oposición regional asentada en Santa Cruz, afirman los involucrados. Empresarios, cívicos y líderes políticos fueron perseguidos, detenidos o decidieron huir ante lo que se considera un montaje político ejecutado por gente de extrema izquierda con formación en táctica y guerrilla, que fue parte de la estructura del régimen de Evo Morales.

La nueva Constitución Política del Estado – CPE se había promulgado en febrero de 2009 y luego de la revocatoria de dos prefectos y el caso Porvenir, ambos en 2008, la llamada “media luna” quedó dividida, descabezada y con Santa Cruz como único bastión opositor.

Tras la sangrienta intervención, el régimen mostró las armas incautadas en el stand de COTAS en la FexpoCruz, en un operativo paralelo, ese día, que sirvió para sustentar la hipótesis que desde Santa Cruz se preparaba un “levantamiento armado” para separar a la “media luna” de Bolivia e incluso perpetrar un “magnicidio”.

El vicepresidente Alvaro Garcia alertaba que no solo era el grupo de Rózsa el que se estaba preparando para atentar contra Morales, sino que había información de otras células terroristas activas.

“No estamos solamente ante una célula, se supone y deducimos que hay otras células por la cantidad de armas encontradas en el stand de COTAS y por las cajas vacías de armamento que deben estar en algún lado”, declaró entonces Garcia.

LA FIGURA PRESENTE DE DWYER

En la intervención de la UTARC se dio muerte a Rózsa Flores, Árpád Magyarosi de nacionalidad húngara rumana, y Michael Martin Dwyer, irlandés. De este último es que parten las dudas de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y, sobre todo, su madre, Caroline Dwyer.

Entrevistada el sábado 13, por el periódico The Irish Times, la madre de Dwyer reiteró que la muerte de su hijo fue una ejecución sumaria, porque así lo confirma la autopsia e informe patológico que se hizo al cuerpo del joven irlandés de 24 años cuando el cadáver fue repatriado.

Una bala en el corazón, disparada desde arriba, lo mató. Cuatro tiros más por la espalda marcaron el cuerpo en lo que la versión del régimen de Evo Morales llama “un enfrentamiento a tiros que duró más de 20 minutos”.

Michale Dwyer había llegado a Bolivia a finales de 2008 para aprender construcción y seguridad, luego de haber estudiado esa carrera en su país. Su plan inicial era viajar por África, pero en noviembre se decidió por conocer el corazón de Sudamérica.

En los pocos correos que escribió a su madre, ya desde Santa Cruz, Dwyer le explicaba que había conocido a un “hombre de negocios” con quien empezaría a trabajar. Ese hombre era Eduardo Rózsa.

El irlandés fue señalado por el régimen oficialista de ser un “terrorista” entrenado. Incluso se presentaron fotos de éste manejando armas de fuego. Caroline Dwyer explica que esas fotos fueron bajadas de la red social Bebo, cuando su hijo practicaba el juego de airsoft, en el que se usan rifles de aire comprimido y balas de pintura.

Y es que la narrativa para mostrar a los extranjeros como “mercenarios” se dio a horas del mismo día del operativo, luego que el propio mandatario del Estado Plurinacional, desde Cumaná en Venezuela y acompañado por los entonces presidentes, el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro, reconoció haber dado la orden para el operativo.

“Yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado, sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República, y mediante el vicepresidente al comandante de la Policía, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, declaró Morales Ayma.

En noviembre de 2015, Morales viajó a Irlanda y se reunió con su par Michael D Higgins. En la reunión, el canciller irlandés Charlie Flanagan expresó al mandatario boliviano que existe preocupación por el caso Dwyer y que se espera la apertura de una investigación internacional al respecto. Morales mandó “sus condolencias” a la familia Dwyer y expresó su “voluntad” para el esclarecimiento de la investigación.

Sin embargo, la investigación en Bolivia no prospera y por ello Caroline Dwyer acudió al Comité de Asuntos Exteriores que aprobó en enero de 2017 una petición al Parlamento Europeo. La figura de ejecución sumaria es la línea judicial que se maneja desde entonces.

CIDH CONTRA EL ESTADO PLURINACIONAL

Caroline Dwyer y la asesora legal Catherine Heaney llevaron el caso ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extra Judiciales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH con sede en Washington.

En abril de 2018 se conoció la admisión del caso por parte de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA, por la violación de derechos humanos de ciudadanos extranjeros en Bolivia, además de la ejecución extrajudicial de Dwyer, Magyarosi y Rózsa.

El régimen de Evo Morales tenía 90 días para responder a la denuncia inicial. El mandatario boliviano, al conocer esa decisión dijo, vía Twitter, que la CIDH era “un defensor del terrorismo y el separatismo que quería dividir el país”.

“Mi lucha es con el sistema de justicia boliviano, y para tratar de obtener justicia para Michael”, dijo Caroline Dwyer a The Irish Times al cumplirse un año de los hechos.

Del caso, los dos sobrevivientes detenidos, el croata Mario Tadic y el húngaro EIöad Tóazó, que pasaron seis años en detención en la cárcel de Palmasola, se sometieron a proceso abreviado por la figura de complicidad en alzamiento armado. Fueron liberados y salieron a Chile, para luego volver a sus países. Ya en Europa, ambos negaron haber sido parte de una célula terrorista y denunciaron presión del Gobierno boliviano para inculparse.

Tadic y Tóazó se sumaron a las denuncias contra el Estado Plurinacional por violación a los Derechos Humanos, tanto ante la CIDH como a la Relatoría Especial de NNUU.

El abogado de cuatro implicados en el caso terrorismo I, Gary Prado Arauz, entrevistado también el sábado por la periodista Maggy Talavera, reveló que se está preparando una larga lista de denuncias contra el Estado boliviano por este proceso que cumple diez años este martes.

Del lado de los bolivianos implicados, Prado afirma que los propios jueces han sugerido a Juan Carlos Guedes y a Alcides Mendoza, declararse culpables en proceso abreviado para no extender más el caso. Pero también existe presión desde el Ministerio de Gobierno, a través de ofrecimientos de casas de lujo en condominios a cambio de aceptar responsabilidades.

La presión, afirma, se da para que Guedes y Mendoza dejen su denuncia ante la CIDH. Ambos están por cumplir diez años desde su detención en Santa Cruz y posterior traslado a La Paz, luego a Palmasola. Ambos son señalados de vender armas a Rózsa, pero en descargo afirman que eran armas de colección, “inservibles” para “atentar” contra nadie.

El abogado también patrocina a su padre, el general en retiro Gary Prado Salmón y a Zvonko Matkovic, el joven líder cruceño que estuvo ocho años encarcelado y que ahora mantiene detención domiciliaria. El joven fue incluido en la lista del fiscal Marcelo Soza por haber recibido una llamada perdida de un conocido de Rózsa, pero su detención se dio, en palabras del propio Zvonko Matkovic, por denunciar la extorsión de la cual era víctima su padre, por parte del ex “súper fiscal”.

RÓZSA: SOLDADO, ESCRITOR, IDEALISTA RADICAL

Eduardo Rózsa Flores nació en Santa Cruz en 1960. Fue apasionado por el arte, el cine y la poesía. Su formación ideológica se enmarcó en las religiones, pues su padre tenía ascendencia judía, pero él decidió militar en el conservador Opus Dei. Al final, se convertiría al islam.

A principios de los 90s se fue a Serbia para participar en la guerra del lado Croata, primero como corresponsal de guerra, pero luego involucrado militarmente, por lo que obtuvo triple nacionalidad. Luego, el políglota retomó su vocación de escritor y editó ocho libros, además de filmar y protagonizar cuatro películas documentales que repercutieron en Hungría.

El diario El Deber viajó en 2012 a Budapest para entrevistar a sus amistades, incluida su pareja Linda Szászvári, quienes revelaron que Rózsa partió hacia Bolivia en octubre de 2008 alentado por “alguien” desde Santa Cruz para realizar la “defensa” de ese departamento y con la promesa de ser “comandante de la Policía cruceña”. Ese “alguien” resulta imposible de identificar, pues el boliviano húngaro croata era muy reservado en sus relaciones, solo se sabe que se hacía llamar “Igor”.

Rózsa explicaba sus móviles en una entrevista local antes de partir hacia Bolivia. “En Santa Cruz se presentó ante el Consejo de la provincia una propuesta de decreto, la que al final aceptaron. Se trataba de la formación de un órgano de defensa provincial, cuya tarea es la protección de la propiedad pública, la garantía de la tranquilidad pública, la defensa de las personalidades de alto cargo. Todo esto tiene una base legal. No hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

El enigmático personaje se declaró anti comunista y pese a haber celebrado la llegada al poder de Evo Morales en 2006, luego lo criticó por relacionarse al régimen de Hugo Chávez, detallan sus amistades.

La cobertura del diario cruceño también dio con allegados de Árpád Magyarosi.

Sobre el tercer abatido en el Hotel Las Américas, su madre Mária Tóth, recuerda que el húngaro de 28 años debía viajar a Londres para comenzar a estudiar música, su pasión, pero decidió visitar a su amigo Elod Tóasó en Santa Cruz, Bolivia en febrero de 2009.

Magyarosi era músico, graduado de Pedagogía, no tenía contextura para la guerrilla y debía salir del país el 20 de abril, pero las balas de la UTARC le quitaron la vida cuatro días antes.

La autopsia local, encomendada por la familia Magyarosi determinó que el joven murió asfixiado por su propia sangre, agonizando un “largo tiempo”, por los siete impactos de bala recibidos, además de lesiones en el rostro.

LOS OPERADORES DEL MONTAJE

Otros antecedentes que servirán de prueba para un proceso contra el Estado Plurinacional, ratifica Prado, es la sentencia que se le dictó al exfiscal Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil y que en su tiempo su declarado “súper fiscal” por el Gobierno nacional.

Soza fue sentenciado a 12 años de cárcel por concusión, la figura equivalente a extorsión, pero cometida en el ejercicio público con el agravante de ventajas en razón del cargo.

“El día que Marcelo Soza vuelva al país irá directo a Palmasola a cumplir esos 12 años”, sostuvo Prado.

Prado también recuerda a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien fue chofer del grupo Rózsa, luego testigo clave del fiscal Soza y del Ministerio de Gobierno, para terminar como implicado, acusado y sentenciado por complicidad en terrorismo, esto último mediante procedimiento abreviado.

“El Viejo” reconoció haber participado en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, pero también reveló que recibió llamadas desde La Paz, desde un número que no se investigó, pero que Prado logró ubicar en COTEL. Carlos Núñez del Prado fue el “coordinador”, tanto del atentado a la casa del delegado presidencial Saúl Ávalos del 29 de marzo, como a la casa del jerarca católico.

Núñez del Prado, quien falleció en abril de 2014, fue viceministro de Seguridad Ciudadana y luego trabajó en la Defensoría del Pueblo. Su relación con Villa Vargas se delató en 2011 con el famoso “video soborno” en el que éste entrega 30 mil dólares a “El Viejo” para “fugar” a Argentina en compañía de Edson Alí, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

Las investigaciones por el caso terrorismo nunca llegaron a este hombre de izquierda extrema, declarado guevarista, formado tácticamente en Cuba, hijo del exsenador masista Antonio Peredo, sobrino de Inti Peredo, quien fue parte y muerto en la guerrilla de Ñancahuazú.

Finalmente, tanto Prado como las investigaciones del periodista Carlos Valverde, señalan a Raúl Garcia Linera, hermano del vicepresidente y exmiembro de la célula irregular Ejército Guerrillero Tupac Katari – EGTK, como el operador que trajo a Rózsa a Bolivia en coordinación con el régimen chavista venezolano.

Garcia negó los cargos y en su última declaración ante el juez, en abril de 2017, dijo que con su presencia en juzgados solo se trata de “manchar políticamente” la imagen de su hermano, el vicepresidente.

El caso terrorismo implicó a 39 acusados, hubo 12 procesados y seis personas acudieron al procedimiento abreviado. En esta década se acumularon 221 cuerpos procesales y la investigación derivó en el caso terrorismo II con otros 13 sindicados.

Una eventual sentencia contra el Estado Plurinacional obligaría a anular el caso, indemnizar a los sujetos que vieron vulnerados sus derechos y una posible acción penal interna contra los protagonistas, operadores, ejecutores y administradores de justicia que fueron protagonistas de esta década de montaje político judicial.

//@VisorBolivia//

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN VISOR BOLIVIA EL 14/ABRIL/2019

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