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CHINA ACELERA SUS RUTAS PARA TOMAR AMÉRICA LATINA Y A BOLIVIA

Con las secuelas de la pandemia del Covid-19 la influencia de China en el continente americano ya parece imparable / BBC

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Para 2022 China será la única economía recuperada y en crecimiento, porque según las proyecciones logrará superar el 8% del PIB para este año. Sus políticas de exportación de servicios y el manejo de las vacunas contra el Covid-19 también permiten al gigante asiático llegar a controlar como nunca a este hemisferio.

China fue el lugar donde brotó el coronavirus, en noviembre de 2019, pero logró controlar la pandemia con estrictas y herméticas decisiones, mientras la enfermedad se “exportaba” descontrolada hacia los otros continentes.

Además de la salud afectada de millones de personas, la economía fue la más dañada, pues se produjo un “reseteo” en varias esferas productivas, al punto que países como Brasil, India o Estados Unidos tuvieron que soportar una desaceleración inédita, por el confinamiento, la paralización del aparato productivo, comercio y las cuarentenas obligadas por la enfermedad.

El Centro de Investigación Económica y de Negocios (sigla original CEBR) proyectó que China superará a EEUU en 2028, cinco años antes de lo estimado, desplazando un nuevo eje de poder económico en el mundo.

“Durante algún tiempo un tema dominante en la economía mundial ha sido la lucha económica y la influencia diplomática entre Estados Unidos y China. La pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas ciertamente han inclinado esta rivalidad a favor de China”, confirma un informe del CEBR, difundido por la cadena BBC Mundo.

300 barcos pesqueros chinos se adentraron en aguas internacionales en 2020, provocando tensión diplomática con Ecuador y Perú / LA VOZ CHILE

LAS RUTAS DE CHINA HACIA SUDAMÉRICA

A partir de 2013, el presidente chino, Xi Jinping, definió la iniciativa de la “Ruta de la Seda del siglo XXI” que tiene como objetivo desarrollar una franja de corredores terrestres entre países y una ruta de navegación para uso comercial que van desde Asia hasta África, pasando por Europa Oriental. Al principio América quedó al margen, pero la influencia de Pekín en sus aliados regionales abrió el paso a este proyecto.

En enero de 2018 China acudió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de tendencia castro-chavista, para señalar que los países integrantes “forman parte de la extensión natural de la ruta de la seda marítima y son participantes indispensables de la cooperación internacional del proyecto Cinturón y Ruta”.

Ante ese panorama, China no se detiene y busca controlar áreas estratégicas en la región, desde la electricidad, la tecnología, hasta la vacunación anti Covid-19.

En Chile y Brasil, empresas estatales chinas como State Grid ya controlan más del 50% de la distribución eléctrica en ambos países. En tanto, Three Gorges, va aumentado su participación en centrales hidroeléctricas y parques eólicos en el eje andino Ecuador, Bolivia y Perú.

Otra área es la tecnología, con la denominada “Ruta de la Seda Digital”, que prevé el ingreso masivo de productos Tencent y Alibaba, para sumarse a las ya conocidas marcas Huawei y Xiaomi, además de la implementación del sistema 5G que provocó la desconfianza del expresidente norteamericano Donald Trump.

“Latinoamérica tiene apetito de tecnología china y de tratados comerciales que le sean favorables”, explicó a BBC Mundo desde Shanghái, el miembro de la firma de abogados Diaz Reus, Xingjian Zhao.

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, dijo en febrero a Reuters, que la administración de Joe Biden está preocupada por el “comportamiento depredador” de China en el área de la tecnología, y adelantó que se analizarán las relaciones bilaterales para otorgar mejores condiciones a Norteamérica.

En ese marco geopolítico, no queda al margen la tensión generada con Ecuador y Perú en septiembre de 2020, por la presencia de unos 300 barcos pesqueros chinos que pasaron de navegar en las Islas Galápagos hacia aguas internacionales.

Por otro lado, está la llamada “Ruta de la Seda de la Salud”, que inundará los mercados locales con tecnología médica, equipamiento para laboratorios así como los productos para la toma de test y las vacunas Sinopharm que ya llegaron a países como Bolivia, con un primer lote de 500.000 dosis.

Bolivia firmó inversiones por 7 mil millones de dólares y contrajo réstamos por más de $us 2.500 millones durante la administración de Evo Morales / CANCILLERÍA BOLIVIA

LA DEUDA DE SUDAMÉRICA CON EL BANCO CHINO

China tiene control económico en la región, sobre todo en cinco países, donde el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) se ha convertido en “el banquero” de Latinoamérica.

El Ranking de países de América Latina con mayor deuda con China, elaborado por el Centro de Estudios Diálogo Interamericano a fines de 2019, concluyó que entre Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia se suma 133.000 millones de dólares.

Venezuela ocupa el primer lugar de deudores a China, sobre todo por los contratos desarrollados por Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país caribeño adeuda $us 67.200 millones.

Le sigue Brasil con $us 28.900 millones; Ecuador con $us 18.400 millones y Argentina con $us 16.900 millones.

En esos casos, la influencia no solo se destina en préstamos sino en contratos de infraestructura que van “casados” con la contratación de personal administrativo y trabajadores chinos.

“China te presta el dinero, pero a cambio de que compres materiales a empresas chinas (maquinaria, satélites, trenes, equipos de telecomunicaciones…) o de que determinadas obras de infraestructuras las realicen empresas chinas (presas, carreteras, túneles, líneas de tren, centrales nucleares)”, explica el periodista Daniel Méndez, autor del libro “136: el plan de China en América Latina”.

Cierra Bolivia con una deuda al banco estatal chino con $us 2.500 millones en nueve préstamos aprobados durante el régimen de Evo Morales.

Unos 1.500 trabajadores se desplazaron en territorio Tacana y se dañó el bosque de castaña con el proyecto Nueva Esperanza / MONITORES SOCIOAMBIENTALES

LA RUTA DE LA DEPREDACIÓN EN BOLIVIA

La apertura de Morales con su par Xi Jinping se consolidó en 2018, cuando el entonces mandatario boliviano viajó a Pekín para la firma de convenios bilaterales que incluían la exportación de café y quinua de Bolivia hacia China.

Sin embargo, en Bolivia las denuncias por la labor del gigante asiático en el tema de recursos naturales y las relaciones laborales han provocado denuncias de todo tipo.

Una de ellas se dio en 2015 con el asentamiento de la empresa BGP Bolivia, filial de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), en el proyecto Nueva Esperanza, a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Entonces la comunidad indígena Tacana denunció la invasión a su territorio y el incumplimiento de los estudios de impacto ambiental en la zona. Para 2016 se sumó la denuncia de avasallamiento al recién contactado pueblo Toromona.

En el ámbito laboral, China también provoca polémica por el constante maltrato a los obreros bolivianos desplazados en las obras de infraestructura, como la construcción de carreteras.

En 2018 una comisión del Senado, encabezada por Jeanine Añez y Yerko Nuñez, que luego serían presidenta de Bolivia y ministro de la Presidencia, recogió testimonios de los obreros de la empresa china Railway en la ruta Rurrenabaque a Riberalta. Los trabajadores denunciaron malos tratos y pocas condiciones para trabajar, además del escaso adelanto de la obra que inició en 2015 con un avance de solo 11% en tres años.

380 colmillos de jaguar fueron incautados en dos años. Chinos compraban cada pieza en 400 dólares y lo revendían en su país en $us 2.500 / EL DEBER

MINERÍA ILEGAL Y TRÁFICO DE FAUNA

Asimismo, el tema de la minería ilegal es asociado a la actividad china en Bolivia. En 2018, un reportaje de la Agencia de Noticias Fides (ANF) comprobó la actividad de la empresa Jin Kang S.R.L, que además de no contar con matrícula de comercio, incumplía el Código de Minería y a la Ley de Minería y Metalurgia, al explotar oro en los ríos Kaka y Beni.

Pese a las denuncias, el entonces ministro de Minería, César Navarro, firmó un acuerdo con el embajador de la República Popular China, Wu Yuanghan, para “establecer un mecanismo de coordinación y consulta para la ejecución de proyectos en el área minera”. Se confirmó también la existencia de diez empresas chinas mineras operando en Bolivia hasta 2019.

Finalmente, en 2020 también se reveló un caso de tráfico de fauna que confirmó los antecedentes de súbditos chinos que fomentan la caza ilegal de jaguares y otras especies en la Amazonía boliviana, para comprar las piezas y revenderlas en su país, donde se paga muy bien por estos “adornos” o “pócimas” naturales.

El reporte del New York Times, difundido en Bolivia por el portal La Región, cita el rescate de un jaguar sin cabeza en Belice, país centroamericano que serviría, junto a Surinam, de puente para el tráfico de especies desde Sudamérica.

“Los expertos en tráfico de vida silvestre también vieron que muchos de los casos sobre los jaguares estaban relacionados con ciudadanos chinos o destinos en China. En Bolivia, por ejemplo, las autoridades interceptaron paquetes con destino a China que contenían cientos de caninos de jaguar, que se convierten en joyas”, señala el reporte.

Del primer operativo de 2018, que dio con 185 colmillos de jaguar que iban a ser traficados desde Santa Cruz, el entonces embajador chino Liang Yu pidió a sus compatriotas y empresas “obedecer las leyes de protección de animales” en Bolivia.

“El Gobierno chino castiga fuertemente estas actividades ilícitas y delitos que dañan a los animales; hace falta un fuerte castigo a esos delitos (…). China castiga más fuertemente esos delitos”, declaró el diplomático a ANF.

Con estos antecedentes se comprueba la versión de la fundación ambientalista Catapa, que en un informe de 2017 adelantaba que: “La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria (…) Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos”.

//@VisorBolivia con datos de BBC Mundo y agencias//

ENTRAMBASAGUAS Y JUNIOR: LOS POLOS OPUESTOS DEL NUEVO “PERIODISMO MILITANTE”

A la izquierda, Arias, paseando por New York en 2015, promocionando su revista Quinto Poder con el alto dirigente del MAS, Héctor Arce en tapa. A la derecha, Entrambasaguas en La Paz, este 2020, presentando una denuncia en la Fiscalía contra Evo Morales, acompañado del abogado opositor Eduardo León. / FACEBOOK / APG

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La última campaña electoral en Bolivia estuvo marcada por el protagonismo de los medios de comunicación, pero ante todo, los periodistas, que se adscribieron de forma abierta a una u otra opción, tratando de influir en el voto ciudadano. Dos ejemplos quedan marcados en la opinión pública como “pro oficialista” y “pro opositores”.

“La prensa ha llegado a un punto que era previsible y que ya lo habíamos adelantado hace un par de años, cuando esta convulsión sostenida, primero política y luego social, traspasó a los medios de comunicación. No está mal que un medio tenga su línea política ideológica, lo incorrecto es que aquello no se asuma con responsabilidad e hidalguía para dejar de ser los ángeles sin sexo y asumirse ante la opinión pública como medios definidos ante la realidad como blanco o negro”, expresa el periodista y analista Iván Rada.

En este contexto, Rada ve que Junior Arias con su campaña de ataque al Gobierno de Jeanine Áñez fue totalmente funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS) y Alejandro Entrambasaguas se convirtió en el portavoz de denuncia de la corrupción e inmoralidad de la cúpula de Evo Morales.

“Junior manipuló de forma grosera y anti ética la información que le llagaba a su WhatsApp desde el interior de los propios ministerios por militantes del MAS que siguen trabajando y de alguna forma “conspirando” contra el Gobierno. Hubo errores, sí, pero esos escándalos se amplificaron tanto, que fueron el inicio de la guerra mediática contra la candidatura de Áñez, tal como hizo su padre, Jorge Arias, contra Carlos Mesa en 2005”, agrega Rada.

Sobre el periodista español, el fundador de @VisorBolivia señala que Entrambasaguas tuvo el valor de denunciar aquello que era “secreto a voces”, pero no causó el impacto necesario para afectar al MAS, como pasó con el caso Zapata en el referendo de 2016, porque la prensa local apenas respaldó esas denuncias.

“Hay medios que descalifican a Entrambasaguas por ser un “facho” de derecha; otros colegas dicen sin pruebas que recibe plata de (Arturo) Murillo, y alguno no lo quiere por ser extranjero. Pasó lo mismo con Carlos Valverde en el caso Zapata, cuando se le amenazó con un juicio y la prensa local preguntó a Lupe Cajías si iba a defender al cruceño y ella contestó que no, porque no estaba inscrito en la APLP y, por tanto, “no era periodista”. Imaginen ese nivel de centralismo con aires de élite”, recuerda Rada.

“Junior se puso indirectamente la camiseta del MAS y no me extrañaría que sea designado ministro de Comunicación o nuevo defensor del Pueblo. Su tío Alex Arias ya usó su popularidad en 2003, luego de hacer una brillante y arriesgada cobertura a febrero y octubre negro, para postularse a la Alcaldía, y su padre Jorge Arias fue asambleísta constituyente por el MAS tres años después”, concluye el analista.

De Entrambasaguas, Rada cree que más allá de su excelente labor periodística, sus desafortunadas declaraciones sobre la “calidad del votante boliviano”, lo estigmatizarán ante la militancia del MAS como otro “racista, derechista, imperialista” y demás adjetivos de campaña que, para los afines del proceso de cambio, paradójicamente, no son palabras “discriminadoras”.

JUNIOR FUE CONDECORADO POR “RESISTIR EL GOLPE” AL MAS

Junios Arias, periodista y presentador de Gigavisión y la fanpage Detrás de la Verdad, se encargó de hacer campaña para el regreso del MAS al poder. Desde sus medios, de los cuales también funge como empresario junto a su familia, encabezó las noticias sensacionalistas y hasta cruzó las fake news, todo con el afán de desestabilizar a la gestión de la presidenta Jeanine Áñez.

El reconocimiento a Arias llegó luego, el 27 de octubre, desde el Senado y el MAS, que le dio un diploma “por haber resistido el golpe de Estado en Bolivia y haber luchado por la recuperación de la democracia que se materializó con la victoria electoral del pueblo boliviano”, tal como cita la cartulina entregada por la senadora María Oporto.

El presentador reconoció que le llegaron documentos con denuncias de sobreprecios y actos de corrupción en el gobierno transitorio. Dijo que como periodista cree “haber cumplido con su labor”, aunque lamentó que ninguna de las denuncias reveladas en sus medios haya avanzado en el Ministerio Público.

El mismo reconocimiento del Senado fue entregado a la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, quien también fue parte del proceso de ataque sistemático a la gestión de Áñez, con sus constantes pronunciamientos contra el Gobierno, a diferencia de los meses anteriores, cuando se guardó silencio total a las acciones del régimen de Evo Morales.

Arias denunció el caso de los respiradores españoles, atacó al entorno de la presidenta por el supuesto uso de los aviones oficiales, manipuló las declaraciones de descargo usando el término judicial “admite”, acudió a tres recurrentes diputados para aumentar sus críticas al Gobierno y no dio la contraparte proporcional como dictan los manuales de ética periodística.

Junior posa sonriente con la defensora interina del Pueblo, otra de las condecoradas por el MAS, por haber “resistido el golpe de Estado” de 2019 / CAPTURA PANTALLA DETRÁS DE LA VERDAD / RRSS

El hijo de Jorge Arias, periodista y ex constituyente del MAS, también se estrelló un par de veces contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López. Con este último trató de empañar su imagen desde el logo “norteamericano” de su barbijo e inventó una información que luego de generar el escándalo viral, tuvo que rectificar con una simple disculpa. Junios había confundido el apellido del ministro con el líder de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho.

Murillo decía a Fides en anterior oportunidad, que Junior Arias era su amigo e incluso éste le había manifestado su respaldo a su labor cuando fungía como senador. “Me extraña mucho ese repentino cambio”, dijo el ministro.

Para los militantes del MAS, Arias se convirtió de la noche a la mañana en el periodista “que no se vendió al golpismo”. Incluso en el conflicto de agosto, cuando hubo una represión policial a un punto de bloqueo en El Alto, la gente retaba a los periodistas de cobertura y decían que el único medio que decía “la verdad” era Gigavisión.

Gigavisión, según informe del entonces Ministerio de Comunicación, recibió entre 2017 y 2019, durante el régimen de Evo Morales, Bs 31,5 millones en cuota publicitaria. Se conoce también que la familia Arias se benefició con importantes cuotas en BoA para realizar viajes al interior y exterior del país, además de beneficios en la señal satelital y fibra óptica de Entel, entre otras.

Detrás de la Verdad, a su vez, es la red social que maneja Arias con material de apoyo que recogen sus camarógrafos y reporteros para la red televisiva. Un detalle llama la atención, cuando el administrador de esa fanpage de Arias etiqueta a dirigentes del MAS en sus publicaciones, pese a tener 530 mil seguidores.

ENTRAMBASAGUAS Y LAS REVELACIONES DE PEDOFILIA DE EVO

Al otro extremo se encuentra Alejandro Entrambasaguas, el periodista español del portal OK Diario, que desde su llegada a Bolivia en enero, se encargó de hacer seguimiento a la cúpula del MAS, incluyendo a Evo Morales.

Entrambasaguas llegó al país con la misión de identificar los nexos de la cúpula masista con el partido socialista Podemos de España, su jefe, Juan Carlos Monedero, y el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

En su recorrido por La Paz, investigó y encontró al exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien hasta entonces paseaba por las calles de Sopocachi sin ningún problema. Luego de difundir la noticia, el exministro de Morales fue aprehendido por el caso UELICN y llevado a detención preventiva en el penal de San Pedro, hasta que obtuvo arresto domiciliario.

Luego, el periodista español reveló la relación pedófila de Evo Morales con Noemí Meneses, gracias a un informe de la Policía, a la que tuvieron acceso otros medios bolivianos, cuando las hermanas de la joven fueron detenidas por los casos de Faustino Yujra o sedición y uso indebido de bienes y robo de una movilidad de la Gobernación de Cochabamba.

Los celulares de las hermanas y de la propia joven, confirmaron que Meneses conoció y frecuentó a Morales desde que tenía 14 años. Luego se confirmó que ambos mantenían una relación sentimental en Argentina, pese a las restricciones que ella tenía para salir del país.

El caso de pedofilia se adscribió como estupro con el agravante de trata de personas, pues Morales pagó los pasajes de anteriores salidas de Meneses y su hermana. Asimismo, ambas hermanas se tomaron fotos en el avión presidencial FAB-001, demostrando que Morales utilizaba la nave como taxi particular.

Entrambasaguas fue asignado a Bolivia por OK Diario, medio afín a VOX España, para investigar los vínculos financieros de Evo Morales con Pablo Iglesias y Podemos / TWITTER

Entrambasaguas volvió a Bolivia y fue a buscar al padre de otra “víctima” del jefe cocalero, con quien se presume que Morales tuvo relaciones y concibió una hija en 2016, cuando la mujer era menor de edad.

Al final, el periodista español tuvo acceso a datos sobre el manejo económico que hizo el candidato del MAS y hoy presidente electo Luis Arce, además de las cuentas “millonarias” de su esposa e hijos, todos funcionarios públicos con rango ejecutivo, pero prefirió dejar el caso a los investigadores de la Fiscalía y la UIF.

Luego de las elecciones del 18 de octubre, el reportero de OK Diario fue entrevistado por un canal español y se refirió a los votantes bolivianos en los siguientes términos: “La mayoría de la gente que votó a Evo Morales vive en el campo, no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene idea de prácticamente nada. Son analfabetos literales. Hay mucha gente que no sabe hablar español. Hablan aimara y quechua. No tienen idea de lo que es la civilización”.

Aquello le valió el ataque de los sectores del MAS, incluyendo a la defensora interina del Pueblo, y la presentación de una querella por “racismo y discriminación”, en base a la Ley 045 de Bolivia.

Entrambasaguas pidió disculpas públicas a través de las redes sociales y lamentó que sus palabras le valgan una restricción de volver al país por cinco años, más aún con el MAS nuevamente en el poder y con el manejo manipulado de la justicia.

La senadora Carmen Eva Gonzáles agradeció públicamente al periodista español y a OK Diario, “por el brillante trabajo que han venido realizando en los últimos meses, al desvelar hechos de corrupción y pedofilia del dictador Evo Morales”. Además acusó que Entramabasaguas ahora es víctima de persecución y acoso por parte del MAS.

ENTRAMBASAGUAS VS JUNIOR

En la semana, Entrambasaguas había adelantado que revelaría el nombre de un “empresario de la prensa” que “se vendió hace tiempo por varios millones de dólares al partido de Evo Morales”.

La alusión fue a Junior Arias, quien había presentado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Bolivia, por supuesta persecución desde el Ministerio de Gobierno.

“Insólito. La @CIDH deja en ridículo a Junior Arias, al que Evo Morales ha entregado 4,5 millones de dólares entre 2017 y 2019. Tras difamar a @ArturoMurilloS, pretendía que le dieran “garantías personales”. Quizás quería seguir cobrando dinero público y no lo logró”, escribió el periodista español.

Sin embargo, el tono subió este jueves, cuando el corresponsal de OK Diario reveló que Junior Arias no solamente tiene varios NITs a su nombre en Bolivia, sino que además es “director” de una transnacional con sede en La Florida, Estados Unidos, denominada Corporación Internacional DCN, junto al abogado Álvaro Castillo, vinculado al caso Papeles de Panamá.

Esa supuesta empresa tiene registrado un domicilio en Miami, en un edificio del Pacific National Bank, en el que funcionan otras siete sociedades, también vinculadas al escándalo de los Panama Papers de “lavado de dinero”.

Los dos periodistas en trinchera de batalla desde sus redes sociales, donde el cruceño lleva ventaja viral con el público boliviano que es en su mayoría militante del MAS, además del rechazo generado contra el español por sus desafortunadas declaraciones sobre el ‘votante promedio’ nacional / RRSS

“¿A qué se dedica esta sociedad? ¿Cuánta fortuna mueve? ¿Por qué se establece en EEUU y no en Bolivia? ¿Qué relación le une al abogado Álvaro B. Castillo?”, cuestiona Entrambasguas.

En respuesta, Arias Paravicini calificó a Entrambasaguas como un “sicario al servicio de Arturo Murillo” y negó las acusaciones en su contra.

“La acusación errónea de Entrambasaguas, se trata de la compra de un departamento de 50 m2, y la dirección a la cual hace referencia es la dirección del abogado que trata de ser ligado a Junior Arias y paraísos fiscales. Álvaro Castillo, la persona a la cual hace referencia el periodista español y trata de hacerlo figurar como socio de Junior Arias es el abogado contratado para que registre los títulos de propiedad de Junior Arias en EEUU”, citó en un video desde su portal informativo de Facebook.  

Arias se estrelló contra Murillo, le deslizó otras acusaciones personales y pidió al periodista español que investigue mejor sobre la compra de ese “pequeño departamento monoambiente” en EEUU.  

“En el último escándalo, si nosotros siguiéramos la línea amarillista de “Detrás de la Verdad”, podríamos titular “Junior admite que compró propiedades en EEUU”, pero aquello sería caer en esa forma de deformar la realidad y agredir a la gente. A su vez, Entrambasaguas ahora tendrá que sustentar su información o no volver a tener contacto con su fuente, quien no fue identificado, pero que ya todos conocemos su nombre”, finaliza Iván Rada.

//@VisorBolivia//

LA LISTA DE ELÔD TÓÁSÓ

El joven húngaro que llegó a Bolivia en 2009 vivió la injusticia del montaje del caso “terrorismo”; conoció el amor en la cárcel, pero también la desgracia a poco de salir en libertad con las condiciones de una Fiscalía y poder político que ahora comienzan a ser investigados

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Tóásó ahora vive en Budapest pero sigue el acontecer reciente de Bolivia / FACEBOOK

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Elôd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la ejecución en el Hotel Las Américas, luego procesado por seis años en detención preventiva, hasta su declaratoria forzada como “culpable” en grado de complicidad por “alzamiento armado”, publicó este martes una lista de 161 nombres de quienes considera los verdaderos responsables del montaje llamado “caso terrorismo”.

Tóásó volvió a su natal Hungría en 2015, luego de aceptar las condiciones de la Fiscalía para que se declare culpable en el “caso Rozsa” o “caso terrorismo”, iniciado el 16 de abril de 2009, cuando la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó al Hotel Las Américas para ejecutar a Eduardo Rozsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y arrestar a Elôd Tóásó y Mario Tádic.

“Me inculpé porque no tenía otra salida, no hay justicia en Bolivia. Fue la única manera de salir de ese sistema degenerado y aunque acepté la culpa, mi moral está intacta, por eso no me callo”, declaró el húngaro en abril del año pasado al matutino Página Siete, desde su país, lugar del cual había salido rumbo a Sudamérica en busca de nuevos horizontes para ejercer su profesión de ingeniero.

Se acerca el año 11 del operativo del grupo especial de la Policía y el caso recién fue cerrado hace una semana, con una sentencia absolutoria para los 39 encausados, muchos de ellos en detención preventiva, arresto domiciliario o exilio forzado por la manipulación judicial que en todo el régimen de Evo Morales solo obedeció al proyecto de poder de la cúpula del MAS y no al imperio de la justicia.

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La foto que usó el entonces “super fiscal” Marcelo Soza para inculpar a Elôd / WEB

Tóásó llevó durante sus seis años en prisión, un diario que registraba cada nombre de los abogados, fiscales, jueces, policías, políticos y altos funcionarios de gobierno que tuvieron alguna relación con su caso y hoy publicó la lista en su cuenta de Twitter, encabezada por la dupla Evo Morales y Alvaro Garcia Linera, que ya son señalados como los autores intelectuales de todo el montaje, incluyendo los tres asesinatos.

“El listado es parcial, no incluye cómplices, encubridores y facilidadores, que también serán responsabilizados!!!”, citó el húngaro.

Elôd vivió esos seis años entre las cárceles de San Pedro en La Paz y Palmasola en Santa Cruz. En la primera conoció a quien sería su pareja, pareja y madre de su hija.

María Elena Fortún, hija del exministro y dirigente de ADN, Guillermo Fortún, tuvo una relación de amor con Tóásó por un breve tiempo, ambos se enamoraron y casaron en el penal de San Pedro. Poco después él salía libre rumbo a Hungría, mientras ella, embarazada, preparaba su viaje hacia Europa. Sin embargo, en julio de 2015, apenas tres meses de la salida de Tóásó, la joven mujer en gestación sufrió complicaciones por una infección interna y falleció sin poder reencontrarse con su esposo.

A la tragedia particular para Tóásó en la cárcel se sumó la desgracia de la familia boliviana que lo había aceptado como un hijo. Guillermo Fortún murió en prisión en 2012 sin que se le haya probado las denuncias de enriquecimiento ilícito. Su esposa Martha Taborga partiría un año después, también en arresto domiciliario. El 2015 se llevó a María Elena, la hermana menor de la familia de tres hijas y esposa de Tóásó, mientras que un año después la otra hermana, Ana María, se suicidó presuntamente por depresión por las constantes pérdidas y la detención preventiva para Ximena Fortún, la mayor de ellas, en 2016 señalada como cómplice en el caso Gabriela Zapata.

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Elôd y María Elena en la casa de la familia Fortún en La Rinconada, que luego sería alquilada a Gabriela Zapata / FACEBOOK

Junto a Elôd Tóásó que comienza a buscar a los responsables de su caso, también se suma la familia del irlandés Michael Dwyer, que incluso ya tuvo avances en el Parlamento Europeo para acusar al régimen de Evo Morales de haber incurrido en una ejecución sumaria contra ese joven aficionado a la música.

El abogado de algunos procesados del caso “terrorismo”, Gary Prado, ya anticipó que con la sentencia absolutoria se abren las puertas para un juicio de responsabilidades internacional contra Morales y su cúpula, mientras Zvonko Makovic, joven cruceño que estuvo ocho años encarcelado y dos en detención domiciliaria, exigió justicia para los 39 investigados y sobre todo por los tres asesinados aquel 16 de abril de 2009.

“Estamos hablando de que se asesinó a tres personas, se les quitó la vida, solo por un plan de poder político y para someter a todo un pueblo”, exclamó Zvonko en entrevista con la periodista cruceña Maggy Talavera.

LA LISTA DE 161 NOMBRES

  1. Evo Morales Ayma
  2. Raul Garcia Linera
  3. Alvaro Garcia Linera
  4. David Choquehuanca Céspedes
  5. Juan Ramon Quintana Taborga
  6. Carlos Romero Bonifaz
  7. Hector Arce Enrique Arce Zagoneta
  8. Carmina Llorenti Barrientos
  9. Dante Justiniano Segales
  10. Felix Cezar Navarro Miranda
  11. Betty Yañiquez Lozano, juez de Instrucción
  12. Rene Oscar Martinez Callahuanca
  13. Gustavo Torrico Landa
  14. Pablo Perez Petrinovic
  15. Heriberto Lazaro Barcaya
  16. Peter Charles Maldonado Bakovic
  17. Wilma Argote Blacutt, abogada de defensa publica,
  18. Mayra Abasto V., abogada de defensa publica,
  19. Ricardo Salazar Garcia, abogado Ministerio de Gobierno,
  20. Boris Villegas Rocabado
  21. Denis Rodas Limachi, abogado Ministerio de Gobierno
  22. Ramiro Guerrero, ex Fiscal General
  23. Paola Lorena Barriga Machicao, abogado Ministerio de Gobierno,
  24. Marcelo Telmo Salinas, abogado Ministerio de Gobierno,
  25. Fernando Rivera Tardio, abogado Ministerio de Gobierno,
  26. Ricardo Salazar Garcia, abogado Ministerio de Gobierno,
  27. José Ágrada, ex commandante de 8va División
  28. Gandarillas, Comandante 1a Brigada Aerea El Alto 2009,
  29. Edwin Marañon Gamboa, Comandante FAB 2009,
  30. Pacheco, Comandante de las FFAA 2009,
  31. Victor Hugo Escobar Guzman, Comandante General de la Policia 2009,
  32. Marcelo Ricardo Sosa Alvarez
  33. Nardy Suxo-como embajadora
  34. Centa Rek
  35. Carlos Subirana, extorsionador, facilidador etc
  36. Juan Carlos Zurita, ex-dueno del Hotel Las Americas -encubridor, facilidador
  37. Moises Ponce de Leon, abogado – extorsionador
  38. Jose Ponce – fiscal
  39. Guillermo Aue Chávez
  40. David Ramos – diputado MAS
  41. Sacha Llorenti
  42. Pablo Menacho Diedrich – ex procurador
  43. Ernesto Rossell Arteaga
  44. Antonio Franz Ortiz Sanjinez
  45. Edward Omar Mollinedo Pinedo, fiscal,
  46. Sandra Kuncar, fiscal,
  47. Isabelino Gomez, fiscal,
  48. Patricia Santos, fiscal,
  49. Roger J. Velasquez Alcazar, fiscal,
  50. Cesar Augusto Romano Molina, fiscal,
  51. Eduardo Morales V., fiscal,
  52. Sergio Cespedes Alvarez, fiscal,
  53. Ivan Ortiz Tristan, fiscal,
  54. Marco Antonio Rodríguez Marquez, fiscal,
  55. Jorge Melgarejo Pizarroso, medico forense,
  56. Maximo Johnny Aguilera Montesinos, policia investigador,
  57. Julio Larrea Moscoso, policia investigador,
  58. Hernan Larrea Moscoso, policia investigador,
  59. Luis Abraham Geria Peña, ipolicia investigador,
  60. Vismark Dante Rocha Borda, policia investigador,
  61. Wilson Perez Choque, policia investigador,
  62. Jorge Renato Santiesteban Claure, Jefe de Inteligencia de la Policia 2009,
  63. Rolando Sarmiento, juez de Instrucción,
  64. Roque Leaños, juez de Instrucción,
  65. Elena Gemio Limachi, juez de Sentencia,
  66. Sixto Justo Fernandez Fernandez, juez de Sentencia,
  67. Margot Perez Montaño, juez de Instrucción,
  68. Ricardo Maldonado Aliaga, juez de Instrucción,
  69. Carlos Espinoza juez 7o
  70. Claudio Torres, juez de Sentencia,
  71. Anastasia Calisaya, juez ciudadana,
  72. Sonia Mamani, juez ciudadana,
  73. Antonio Torres Balanza, medico forense,
  74. Rafael Vargas Peña
  75. German Vidaurre Paz
  76. Walter San Miguel, Ministro de Defensa, en suplencia y Ministro de Gobierno por viaje del titular Alfredo Rada,
  77. Alfredo Rada Velez, Ministro de Gobierno,
  78. Carlos Fernando Nuñez del Prado Fernandez, agente paramilitar,
  79. Luis Norberto Clavijo Castro, agente paramilitar,
  80. Antonio Nuñez del Prado, agente paramilitar,
  81. Leonardo Benito Peña, agente paramilitar y mano derecha de carlos nuñez del prado, asofamd actualmente
  82. Edson Ali
  83. Jorge Toro Alvarez, perito balistico,
  84. Guido Rosales,
  85. Juan Jose Alvarez Lizarraga
  86. Luis Abraham Geria Poma
  87. Juan Jose Laguna, policia,
  88. Wilmer B. Bustillos Ramirez
  89. Juan Gabriel Arce Coronado
  90. Pamela Roxana Aguilar Philco, secretaria,
  91. Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, secretaria,
  92. Lorena M. Camacho Ramirez
  93. Franz F. Contreras Flores
  94. Andres Melendrez, traductor,
  95. Katia Mayta Rojas, traductora
  96. N. piloto, transporte
  97. N. copiloto, transporte
  98. N ingeniero de vuelo, transporte
  99. N. mecanico, transporte
  100. Jose Luis Centellas, UTARC,
  101. Richad Olivares Coz, UTARC,
  102. Juan Javier Salgueiro Hurtado, UTARC,
  103. Miguel Angel Zambrana Aguilar, UTARC,
  104. Walter Alfredo Andrade Sanjinez, UTARC,
  105. Walter Meme Mallon, UTARC,
  106. Wily Villarroel Escalera, UTARC,
  107. Bernardo Villca, UTARC,
  108. Gary Lopez Martinez, UTARC,
  109. Jorge Raul Clavijo Ovando, UTARC,
  110. Mirco Erland Guerrero Paredes, UTARC,
  111. Edson Alcocer Velez, UTARC,
  112. Edson Demetrio Rios Esquicia, UTARC,
  113. Edwin Silva Garcia, UTARC,
  114. Marilin Judith Vargas Villca, UTARC,
  115. Pedro Yana Claros, UTARC,
  116. Rolando Ruben Luizaga, UTARC,
  117. Ronald Michael Parra Montero, UTARC,
  118. Rony Oswaldo Yañez Villanueva, UTARC,
  119. Sergio Cortez Colque, UTARC,
  120. Marcos Farfan, vice ministro,
  121. Virginia Janet Crespo Ibáñez, Sala 1a La Paz,
  122. Ricardo Chumacero Torrez , Sala 1a La Paz,
  123. Mario Uribe, exfiscal general,
  124. y otros dos miembros de la UTARC aun no identificados
  125. Blanca Isabel Alarcón Yampasi
  126. Macario Lahor Cortez Chavez
  127. Carmen Silvana Sandoval Landivar
  128. Edith Wilma Oroz Carrasco
  129. Zenón Hugo Bacarreza Morales
  130. Angel Aruquipa Chui
  131. Juan Lanchipa Ponce
  132. Abigael Burgoa Ordonez
  133. Ernesto Felix Mur
  134. Ligia Monica Velasquez Castano
  135. Julio Cesar Alonso Clerigue
  136. Jorge Isaac von Borries
  137. Richard Cerda
  138. Saul Avalos Cortes
  139. Henry Hilton Flores Gareta
  140. Zenón Rodriguez Zebalos
  141. tte. Israel Pereira Nunez – investigador
  142. Javier Ramirez Vera – investigador
  143. Jalbibeck Escobar Vega – Jefe de Division Homi.
  144. Gustavo Daza Trigo -invest.
  145. Jose Luis Coacuira Escobar – DEAP
  146. Jhonny Vargas Rivas – cnl
  147. Miguel Gonzales Quiros – FELCN
  148. Willy Soria cnl Desp
  149. Guido Rosales Uriona – perito
  150. Julcar Gabriel Zeballos Lizárraga – Consultor Técnico
  151. Laura Beatriz – consultora
  152. cabo Giovanni Quito – autopsia también
  153. cabo Jorge Mamani Uña
  154. cabo Gary Sanchez Herrera
  155. Carlos Oporto Díaz
  156. Antonio Cabezas Navia
  157. Luis Rivero -testigo (CI 3161983 SC)
  158. Mario Huanca
  159. Rider Condori M.
  160. Nery Dario Ignacio
  161. Ciro Farfán – comandante general de la Policía

//@VisorBolivia//

JEANINE ÁÑEZ, LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL, Y EL SUICIDIO DEL EVISMO

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Jeanine Áñez, ya como presidenta constitucional, junto a los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el palco de Palacio de Gobierno la noche del 12 de noviembre de 2019 / REUTERS 

VISOR BOLIVIA / Iván Rada.- Jeanine Áñez Chávez, senadora nacional, asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia de forma transitoria, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores  y la Declaración Constitucional 003/01, a partir del 12 de noviembre, con el mandato para llamar a nuevas elecciones y la misión de pacificar el país. Esta su historia.

Áñez, abogada nacida en San Joaquín, Beni, el 13 de agosto de 1967, conservadora, madre y esposa, tuvo que asumir el mando de la nación para precautelar el bien mayor del país, luego del vacío de poder dejado por el mandatario Evo Morales, su segundo Alvaro Garcia y los presidentes de ambas cámaras, Adriana Salvatierra en Senado y Víctor Borda en Diputados.

Se ha cuestionado mucho sobre la investidura de Áñez a la Presidencia del Estado, pues la sesión de la Asamblea Legislativa no tuvo quórum y ella, en calidad de segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, no estaba en la lista formal de sucesión presidencial prevista en la CPE.

Sin embargo, el vacío de poder que dejó el MAS por más de 24 horas, ponía en serio riesgo la estabilidad del país, a tal grado que las medidas de presión y la violencia se desbordaron desde el mismo domingo 10 de noviembre, luego de la dimisión de Morales Ayma, sobre todo por acción directa de la militancia fiel al caudillo cocalero o el “evismo”.

La decisión de renuncia colectiva de los cuatro altos funcionarios con capacidad de asumir la Presidencia parece haber sido planificada con un cálculo político que todavía se desconoce, pero que se explicaría en la apuesta por desestabilizar el país o jugar a una siguiente interpretación constitucional de que Morales “no acabó su mandato” y por tanto, “puede ser candidato” en las inmediatas nuevas elecciones generales convocadas para 2020. Empero, el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como todo el Órgano Judicial ya no obedece las órdenes dictadas desde la suite de la “Casa Grande del Pueblo”.

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Plaza Murillo, cuyo ingreso fue reprimido durante 14 años a la oposición política, cívica y social por orden de Evo Morales, fue recuperada en una semana por los “defensores de la democracia” / RRSS

BOLIVIA: 24 HORAS SIN PRESIDENTE

Áñez es abogada de profesión, fue directora del canal local Totalvisión en Beni y luego asambleísta constituyente entre 2006 y 2008. Con la alianza de Convergencia Nacional llega al Senado en 2010 y en 2015 es reelecta con el bloque de Unidad Demócrata. Es con ese curul que en enero de 2019 es designada como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, como corresponde a la bancada minoritaria, según el Art. 35 del Reglamento General del Senado.

REGLAMENTO SENADO Art. 35 (Composición y Elección).- II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia  y la Segunda Secretaría al bloque de minoría.

Con la crisis provocada por el MAS y su binomio, tras el comprobado fraude electoral, avalado además por el Tribunal Supremo Electoral – TSE, desde la noche del 20 de octubre, el reclamo ciudadano se convirtió en resistencia pacífica y luego en un paro cívico nacional con “pititas” como criticó el ahora ex mandatario.

Las arengas de “Quién se cansa? Nadie se cansa! Quién se rinde? Nadie se rinde!” quedarán marcadas en la historia democrática del país, tal como el remate de esas protestas callejeras: “Evo de nuevo, huevo carajo!”.

Morales no pudo soportar la presión social y con el motín policial y la sugerencia del Alto Mando Militar para renunciar al cargo, luego de 13 años, nueve meses y 22 días, el caudillo socialista decide emitir su dimisión desde el Chapare, a las 17:45 del domingo 10 de noviembre de 2019.

A su lado, Garcia Linera, el sujeto que llegó al poder luego de ser convicto por delitos de terrorismo, también dimitía a la Vicepresidencia. Horas antes, desde Potosí, había renunciado el diputado Víctor Borda, presidente de la Cámara Baja, quedando el mando del país en manos de la titular del Senado Adriana Salvatierra, joven política de recién cumplidos 30 años y de doble nacionalidad chilena. Su edad pudo complicar una eventual asunción a la Presidencia, pues la CPE establece como requisito para ejercer ese cargo el haber cumplido 30 años “al momento de la elección”, no de la “posesión”.

En ese marco, el vicepresidente del Senado, Rubén Medinacelli, del MAS, también se alejaba y al terminar la tarde del mismo domingo, Salvatierra renunciaba públicamente a través de al menos tres medios televisivos.

Bolivia estuvo sin Presidente desde la noche del domingo y todo el lunes. En esas horas aciagas, los desmanes y ataques violentos a instituciones públicas y particulares, además del amedrentamiento a canales de televisión y emisoras de radio se multiplicaron. Domicilios particulares como del ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín y la presentadora Casimira Lema fueron saqueados y quemados por turbas “evistas”.

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Áñez fue envestida por las FFAA y la Policía en democracia y en apego a la CPE, a diferencia de anteriores regímenes de facto / OFICIAL 

ÁÑEZ PRESIDENTA: MARCO NORMATIVO        

Con el país incendiado, es que Áñez es convocada por la clase política y con la ayuda militar llega a arribar de su natal Beni hasta La Paz, la mañana del martes 12 de noviembre.

Al ver que no existía Directiva en el Senado ni la Asamblea Legislativa, se activan los pasos constitucionales para la sucesión. Paralelamente, Morales salía del país acusando que su vida estaba “en riesgo”, previa aceptación de su calidad de asilado por el Gobierno de México. Evo Morales, implícitamente, asumía la ausencia definitiva del cargo.

Áñez comenzó a asumir el mando del país mediante el Art. 41 del Reglamento del Senado que establece que el segundo vicepresidente, es decir, ella, debe asumir la Presidencia del Senado en caso de ausencia del titular (Salvatierra) o del primer vicepresidente (Medinacelli). La beniana opositora era el último eslabón constitucional en la Cámara Alta, para ejercer ese alto puesto.

REGLAMENTO SENADO Art. 41 (Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia).- a) Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento.

Ya en calidad de reemplazo como presidenta del Senado, Áñez activa el Art. 39 del mismo Reglamento del Senado, para asumir el control de la Asamblea Legislativa, ya que Alvaro Garcia no solo había renunciado sino que también había salido del país de forma definitiva.

REGLAMENTO SENADO Art. 39 (Atribuciones de la Presidenta o Presidente).- b) Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente Nato.

Es en su calidad de reemplazo como presidenta de la Asamblea Legislativa, que Áñez convoca a sesión extraordinaria para asumir el mando de la nación. Pese a la negativa de la bancada del MAS de participar, cuando en la mañana habían comprometido su presencia en el hemiciclo solo exigiendo “garantías necesarias” para ingresar a Plaza Murillo. La sesión se aprobó sin quórum, pero, como interpretaría cualquier abogado, también sin oposición alguna y no hubo, además, ningún recurso o amparo de nulidad a dicha sesión desde el masismo.

CPE Art. 169 I. “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Finalmente, la sucesión presidencial se activó con los artículos 169 y 170 de la CPE, con el mandato de convocar a nuevas elecciones y remarcando la asunción al mando por la ausencia definitiva dejada por el mandatario saliente, respectivamente.

CPE Art. 170 “La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato”.

Un comunicado del TCP ese mismo día, confirmaba que el procedimiento Legislativo se enmarcó en la Constitución y en la jurisprudencia de la Declaración Constitucional 003/2001, del 31 de julio de 2001 sobre la sucesión presidencial y la emergencia de actuar ipso facto para evitar el vacío de poder en el Ejecutivo. Los magistrados declaraban la aplicación de esa norma a la actual CPE y en el marco del Art. 169. El caso estaba cerrado.

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL 003/01 “(…) frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume Ipso Facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional”.

En cuestión de horas, Áñez pasó de ser senadora a convertirse en la segunda mujer en ocupar la Presidencia Constitucional del Estado, luego de Lidia Gueiler Tejada, quien fue nombrada presidenta, hace exactos 40 años, un 16 de noviembre de 1979.

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Activistas ciudadanos aprovecharon el motín policial para cerrar Plaza Murillo el sábado, un día antes de la renuncia de Evo Morales / TWITTER

LA “ESTRATEGIA ENVOLVENTE” DE LA OPOSICIÓN

El MAS había jugado con la oposición durante 14 años a las trampas, a los engaños, a las estratagemas y a las “estrategias envolventes”. Desde declarar a la Asamblea Constituyente como “originaria” cuando era derivada de un poder ya constituido, pasando por imponer la simple mayoría y no los dos tercios, aquellos que no tenía entonces, en la aprobación de la nueva CPE, hasta apropiarse del discurso de las autonomías. Todo en su primera gestión entre 2006 a 2010.

La segunda y tercera gestión del masismo, 2010 a 2015 y 2015 a 2019, con la nueva CPE en marcha y los dos tercios en la Asamblea Legislativa en ambas legislaturas, permitió a Morales, Garcia y su clan de élite política con eternos funcionarios rotando en el poder, a tomar cada una de las instituciones del Estado, desbaratando años de institucionalidad democrática. La oposición veía de palco, estéril y con “pataletas de ahogado”, como insultaba con sorna, desde su silla, el entonces vicepresidente, ex miembro del grupo irregular Ejército Guerrillero Túpac Katari – EGTK.

Las designaciones del Defensor del Pueblo, Fiscal General, postulantes a las Elecciones Judiciales, designaciones a cargos de las instituciones descentralizadas, etc. Todo era a gusto y placer de los dos tercios del MAS.

Las dos habilitaciones de Morales y Garcia como candidatos, saltándose la Disposición Transitoria Primera de la CPE en 2013 y luego con la sentencia constitucional 084/17 de 2017, ambas avaladas por el TCP, solo fueron el corolario para decirle al país y sus ciudadanos que en Bolivia mandaba una pequeña cúpula socialista y nadie más.

Noviembre de 2019 marca otra fase y es cuando la oposición aprovecha el vacío de poder dejado por los mandatarios y sin esperar reacción de la bancada del MAS, ya en desbande y de huida, es que logra activar los mecanismos constitucionales para llevar a una de sus senadoras a Palacio de Gobierno y terminar con la era del “proceso de cambio”.

La lectura interpretativa de la CPE y el Reglamento del Senado, sin que exista ninguna voz jurídica del oficialismo para objetar, permitió esa maniobra legal. Héctor Arce, jefe del gabinete jurídico y creador de los “Códigos Morales” para “cambiar” la justicia, no solo se quedó fuera de juego, sin poder alguno, sino que ya anticipaba, como muchos en la élite socialista, la caída de su jefe, pues días antes viajaba con su esposa a reconocer nuevas latitudes.

El MAS había perdido en la jugada más importante de su historia como partido. Era el Jaque Mate al tirano y la vendeta de la oposición política, cívica y social boliviana.

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La pasarela dinamitada en la avenida 6 de Marzo de El Alto quedó como testigo de diez días de violencia y sangre derramada, como sucedió en Senkata / FACEBOOK

DIEZ DÍAS CRUCIALES Y DOLOROSOS

Jeanine Áñez Chávez entraba a Palacio de Gobierno y desde el palco, con la banda presidencial en su cuerpo y agarrando una Biblia mandaba un mensaje de paz, unidad y reconciliación al país.

“Voy a trabajar este corto tiempo, porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto”, dijo Áñez acompañada por los líderes cívicos que lograron la renuncia de Morales Ayma.

El camino emprendido, sin embargo, no fue ni será fácil por la resistencia de los grupos corporativos ligados al ex presidente. La presidenta transitoria también debe enfrentar, como pasó los primeros días, a grupos de vándalos y terroristas internos y extranjeros, identificados como células de las FARC o la Inteligencia cubana y venezolana.

A diez días y con más de 20 muertos desde su asunción al mando de Bolivia, por acción directa de esos grupos de sedición, Áñez comienza a dialogar con los sectores sociales movilizados, algunos todavía sometidos a los designios de Morales desde México, y en la Asamblea Legislativa se va aprobando el proyecto de ley para la convocatoria a nuevas elecciones, con la anulación de los anteriores comicios y la designación de vocales para el TSE, dejando atrás mucho luto e investigando los delitos cometidos en la era masista.

De los días de violencia, saqueos, bloqueos, cercos, desabastecimiento, falta de alimentos, muertes por disparos en enfrentamientos de cocaleros y alteños contra el Ejército y la Policía, entre otros hechos vividos durante las jornadas de mayor tensión, queda el nombre de Evo Morales como principal instigador y con ello su legado o el “evismo”, ingresa en las páginas negras de la historia de Bolivia. Así se lo han hecho saber incluso sus aliados regionales.

Finalmente, el candado constitucional que cierra toda posibilidad de reclamo para Morales, también se cumple con los diez días desde su salida de Bolivia, pues el jefe cocalero, pese a que sigue alegando que fue “víctima de un golpe de Estado cívico, policial, militar, mediático, empresarial, racista, fascista” y cuanta etiqueta se vaya inventando, hizo evidente abandono del cargo; por tanto, debe ser adscrito formalmente como ex presidente del Estado.

CPE Art. 173 “La Presidenta o el Presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de diez días”.

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Junto a la Biblia, la Presidencia transitoria de Áñez incluyó a la bandera del Patujú en Palacio Quemado / RRSS

//@VisorBolivia//

CASO TERRORISMO, DIEZ AÑOS: LA HISTORIA DE UN MONTAJE QUE YA CONLLEVA CONSECUENCIAS PARA EL ESTADO PLURINACIONAL

¿Estratagema política o costosa ingenuidad regional? El martes se cumplieron diez años de un hecho violento que no termina de esclarecerse en Bolivia, pero que ya ingresó a la CIDH

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Eran las 04:30 del jueves 16 de abril de 2009. El Hotel Las Américas, entre las calles 21 de Mayo y Seoane del centro cruceño era intervenido por el grupo Delta de la Policía, en busca de la célula irregular del boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores. Tres sujetos fueron abatidos y dos detenidos en el inicio del caso terrorismo que cumplirá diez años bajo el manto del montaje político.

El grupo Delta, que luego se supo fue la Unidad Táctica de Resolución de Crisis – UTARC, ingresó la madrugada del 16 de abril, hace diez años, en la habitación 456 del céntrico hotel de la capital cruceña para dar con los autores del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes. El operativo no contó con orden fiscal, se ordenó apagar las cámaras de seguridad y luego se montaron pruebas como la famosa mochila roja dejada por la oficial identificada como Marylin Villca, alias Karen, una infiltrada en el grupo junto al capitán Walter Andrade.

El denominado caso de “terrorismo y alzamiento armado”, sirvió para desbaratar a la oposición regional asentada en Santa Cruz, afirman los involucrados. Empresarios, cívicos y líderes políticos fueron perseguidos, detenidos o decidieron huir ante lo que se considera un montaje político ejecutado por gente de extrema izquierda con formación en táctica y guerrilla, que fue parte de la estructura del régimen de Evo Morales.

La nueva Constitución Política del Estado – CPE se había promulgado en febrero de 2009 y luego de la revocatoria de dos prefectos y el caso Porvenir, ambos en 2008, la llamada “media luna” quedó dividida, descabezada y con Santa Cruz como único bastión opositor.

Tras la sangrienta intervención, el régimen mostró las armas incautadas en el stand de COTAS en la FexpoCruz, en un operativo paralelo, ese día, que sirvió para sustentar la hipótesis que desde Santa Cruz se preparaba un “levantamiento armado” para separar a la “media luna” de Bolivia e incluso perpetrar un “magnicidio”.

El vicepresidente Alvaro Garcia alertaba que no solo era el grupo de Rózsa el que se estaba preparando para atentar contra Morales, sino que había información de otras células terroristas activas.

“No estamos solamente ante una célula, se supone y deducimos que hay otras células por la cantidad de armas encontradas en el stand de COTAS y por las cajas vacías de armamento que deben estar en algún lado”, declaró entonces Garcia.

LA FIGURA PRESENTE DE DWYER

En la intervención de la UTARC se dio muerte a Rózsa Flores, Árpád Magyarosi de nacionalidad húngara rumana, y Michael Martin Dwyer, irlandés. De este último es que parten las dudas de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y, sobre todo, su madre, Caroline Dwyer.

Entrevistada el sábado 13, por el periódico The Irish Times, la madre de Dwyer reiteró que la muerte de su hijo fue una ejecución sumaria, porque así lo confirma la autopsia e informe patológico que se hizo al cuerpo del joven irlandés de 24 años cuando el cadáver fue repatriado.

Una bala en el corazón, disparada desde arriba, lo mató. Cuatro tiros más por la espalda marcaron el cuerpo en lo que la versión del régimen de Evo Morales llama “un enfrentamiento a tiros que duró más de 20 minutos”.

Michale Dwyer había llegado a Bolivia a finales de 2008 para aprender construcción y seguridad, luego de haber estudiado esa carrera en su país. Su plan inicial era viajar por África, pero en noviembre se decidió por conocer el corazón de Sudamérica.

En los pocos correos que escribió a su madre, ya desde Santa Cruz, Dwyer le explicaba que había conocido a un “hombre de negocios” con quien empezaría a trabajar. Ese hombre era Eduardo Rózsa.

El irlandés fue señalado por el régimen oficialista de ser un “terrorista” entrenado. Incluso se presentaron fotos de éste manejando armas de fuego. Caroline Dwyer explica que esas fotos fueron bajadas de la red social Bebo, cuando su hijo practicaba el juego de airsoft, en el que se usan rifles de aire comprimido y balas de pintura.

Y es que la narrativa para mostrar a los extranjeros como “mercenarios” se dio a horas del mismo día del operativo, luego que el propio mandatario del Estado Plurinacional, desde Cumaná en Venezuela y acompañado por los entonces presidentes, el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro, reconoció haber dado la orden para el operativo.

“Yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado, sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República, y mediante el vicepresidente al comandante de la Policía, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, declaró Morales Ayma.

En noviembre de 2015, Morales viajó a Irlanda y se reunió con su par Michael D Higgins. En la reunión, el canciller irlandés Charlie Flanagan expresó al mandatario boliviano que existe preocupación por el caso Dwyer y que se espera la apertura de una investigación internacional al respecto. Morales mandó “sus condolencias” a la familia Dwyer y expresó su “voluntad” para el esclarecimiento de la investigación.

Sin embargo, la investigación en Bolivia no prospera y por ello Caroline Dwyer acudió al Comité de Asuntos Exteriores que aprobó en enero de 2017 una petición al Parlamento Europeo. La figura de ejecución sumaria es la línea judicial que se maneja desde entonces.

CIDH CONTRA EL ESTADO PLURINACIONAL

Caroline Dwyer y la asesora legal Catherine Heaney llevaron el caso ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extra Judiciales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH con sede en Washington.

En abril de 2018 se conoció la admisión del caso por parte de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA, por la violación de derechos humanos de ciudadanos extranjeros en Bolivia, además de la ejecución extrajudicial de Dwyer, Magyarosi y Rózsa.

El régimen de Evo Morales tenía 90 días para responder a la denuncia inicial. El mandatario boliviano, al conocer esa decisión dijo, vía Twitter, que la CIDH era “un defensor del terrorismo y el separatismo que quería dividir el país”.

“Mi lucha es con el sistema de justicia boliviano, y para tratar de obtener justicia para Michael”, dijo Caroline Dwyer a The Irish Times al cumplirse un año de los hechos.

Del caso, los dos sobrevivientes detenidos, el croata Mario Tadic y el húngaro EIöad Tóazó, que pasaron seis años en detención en la cárcel de Palmasola, se sometieron a proceso abreviado por la figura de complicidad en alzamiento armado. Fueron liberados y salieron a Chile, para luego volver a sus países. Ya en Europa, ambos negaron haber sido parte de una célula terrorista y denunciaron presión del Gobierno boliviano para inculparse.

Tadic y Tóazó se sumaron a las denuncias contra el Estado Plurinacional por violación a los Derechos Humanos, tanto ante la CIDH como a la Relatoría Especial de NNUU.

El abogado de cuatro implicados en el caso terrorismo I, Gary Prado Arauz, entrevistado también el sábado por la periodista Maggy Talavera, reveló que se está preparando una larga lista de denuncias contra el Estado boliviano por este proceso que cumple diez años este martes.

Del lado de los bolivianos implicados, Prado afirma que los propios jueces han sugerido a Juan Carlos Guedes y a Alcides Mendoza, declararse culpables en proceso abreviado para no extender más el caso. Pero también existe presión desde el Ministerio de Gobierno, a través de ofrecimientos de casas de lujo en condominios a cambio de aceptar responsabilidades.

La presión, afirma, se da para que Guedes y Mendoza dejen su denuncia ante la CIDH. Ambos están por cumplir diez años desde su detención en Santa Cruz y posterior traslado a La Paz, luego a Palmasola. Ambos son señalados de vender armas a Rózsa, pero en descargo afirman que eran armas de colección, “inservibles” para “atentar” contra nadie.

El abogado también patrocina a su padre, el general en retiro Gary Prado Salmón y a Zvonko Matkovic, el joven líder cruceño que estuvo ocho años encarcelado y que ahora mantiene detención domiciliaria. El joven fue incluido en la lista del fiscal Marcelo Soza por haber recibido una llamada perdida de un conocido de Rózsa, pero su detención se dio, en palabras del propio Zvonko Matkovic, por denunciar la extorsión de la cual era víctima su padre, por parte del ex “súper fiscal”.

RÓZSA: SOLDADO, ESCRITOR, IDEALISTA RADICAL

Eduardo Rózsa Flores nació en Santa Cruz en 1960. Fue apasionado por el arte, el cine y la poesía. Su formación ideológica se enmarcó en las religiones, pues su padre tenía ascendencia judía, pero él decidió militar en el conservador Opus Dei. Al final, se convertiría al islam.

A principios de los 90s se fue a Serbia para participar en la guerra del lado Croata, primero como corresponsal de guerra, pero luego involucrado militarmente, por lo que obtuvo triple nacionalidad. Luego, el políglota retomó su vocación de escritor y editó ocho libros, además de filmar y protagonizar cuatro películas documentales que repercutieron en Hungría.

El diario El Deber viajó en 2012 a Budapest para entrevistar a sus amistades, incluida su pareja Linda Szászvári, quienes revelaron que Rózsa partió hacia Bolivia en octubre de 2008 alentado por “alguien” desde Santa Cruz para realizar la “defensa” de ese departamento y con la promesa de ser “comandante de la Policía cruceña”. Ese “alguien” resulta imposible de identificar, pues el boliviano húngaro croata era muy reservado en sus relaciones, solo se sabe que se hacía llamar “Igor”.

Rózsa explicaba sus móviles en una entrevista local antes de partir hacia Bolivia. “En Santa Cruz se presentó ante el Consejo de la provincia una propuesta de decreto, la que al final aceptaron. Se trataba de la formación de un órgano de defensa provincial, cuya tarea es la protección de la propiedad pública, la garantía de la tranquilidad pública, la defensa de las personalidades de alto cargo. Todo esto tiene una base legal. No hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

El enigmático personaje se declaró anti comunista y pese a haber celebrado la llegada al poder de Evo Morales en 2006, luego lo criticó por relacionarse al régimen de Hugo Chávez, detallan sus amistades.

La cobertura del diario cruceño también dio con allegados de Árpád Magyarosi.

Sobre el tercer abatido en el Hotel Las Américas, su madre Mária Tóth, recuerda que el húngaro de 28 años debía viajar a Londres para comenzar a estudiar música, su pasión, pero decidió visitar a su amigo Elod Tóasó en Santa Cruz, Bolivia en febrero de 2009.

Magyarosi era músico, graduado de Pedagogía, no tenía contextura para la guerrilla y debía salir del país el 20 de abril, pero las balas de la UTARC le quitaron la vida cuatro días antes.

La autopsia local, encomendada por la familia Magyarosi determinó que el joven murió asfixiado por su propia sangre, agonizando un “largo tiempo”, por los siete impactos de bala recibidos, además de lesiones en el rostro.

LOS OPERADORES DEL MONTAJE

Otros antecedentes que servirán de prueba para un proceso contra el Estado Plurinacional, ratifica Prado, es la sentencia que se le dictó al exfiscal Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil y que en su tiempo su declarado “súper fiscal” por el Gobierno nacional.

Soza fue sentenciado a 12 años de cárcel por concusión, la figura equivalente a extorsión, pero cometida en el ejercicio público con el agravante de ventajas en razón del cargo.

“El día que Marcelo Soza vuelva al país irá directo a Palmasola a cumplir esos 12 años”, sostuvo Prado.

Prado también recuerda a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien fue chofer del grupo Rózsa, luego testigo clave del fiscal Soza y del Ministerio de Gobierno, para terminar como implicado, acusado y sentenciado por complicidad en terrorismo, esto último mediante procedimiento abreviado.

“El Viejo” reconoció haber participado en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, pero también reveló que recibió llamadas desde La Paz, desde un número que no se investigó, pero que Prado logró ubicar en COTEL. Carlos Núñez del Prado fue el “coordinador”, tanto del atentado a la casa del delegado presidencial Saúl Ávalos del 29 de marzo, como a la casa del jerarca católico.

Núñez del Prado, quien falleció en abril de 2014, fue viceministro de Seguridad Ciudadana y luego trabajó en la Defensoría del Pueblo. Su relación con Villa Vargas se delató en 2011 con el famoso “video soborno” en el que éste entrega 30 mil dólares a “El Viejo” para “fugar” a Argentina en compañía de Edson Alí, exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

Las investigaciones por el caso terrorismo nunca llegaron a este hombre de izquierda extrema, declarado guevarista, formado tácticamente en Cuba, hijo del exsenador masista Antonio Peredo, sobrino de Inti Peredo, quien fue parte y muerto en la guerrilla de Ñancahuazú.

Finalmente, tanto Prado como las investigaciones del periodista Carlos Valverde, señalan a Raúl Garcia Linera, hermano del vicepresidente y exmiembro de la célula irregular Ejército Guerrillero Tupac Katari – EGTK, como el operador que trajo a Rózsa a Bolivia en coordinación con el régimen chavista venezolano.

Garcia negó los cargos y en su última declaración ante el juez, en abril de 2017, dijo que con su presencia en juzgados solo se trata de “manchar políticamente” la imagen de su hermano, el vicepresidente.

El caso terrorismo implicó a 39 acusados, hubo 12 procesados y seis personas acudieron al procedimiento abreviado. En esta década se acumularon 221 cuerpos procesales y la investigación derivó en el caso terrorismo II con otros 13 sindicados.

Una eventual sentencia contra el Estado Plurinacional obligaría a anular el caso, indemnizar a los sujetos que vieron vulnerados sus derechos y una posible acción penal interna contra los protagonistas, operadores, ejecutores y administradores de justicia que fueron protagonistas de esta década de montaje político judicial.

//@VisorBolivia//

PUBLICADO ORIGINALMENTE EN VISOR BOLIVIA EL 14/ABRIL/2019

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