Archivo por meses: octubre 2021

VIOLENTA EMBOSCADA DE AVASALLADORES ATENTÓ CONTRA LA VIDA DE CIVILES, POLICÍAS Y PERIODISTAS

VISOR BOLIVIA / Redacción.- La comitiva de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), junto a trabajadores de haciendas en Guarayos, efectivos policiales y periodistas fue emboscada, retenida y torturada por más de siete horas, por un grupo armado de avasalladores de tierras.

El hecho se dio la mañana del jueves, en el municipio de Guarayos del departamento de Santa Cruz, cuando a denuncia de la Anapo de procedió a verificar el avasallamiento de tierras del predio agrícola Las Londras. En la comitiva estuvieron los periodistas Jorge Gutiérrez de El Deber; Silvia Gómez y Sergio Martínez de Unitel; Marcelo Egüez y Nicolás García de red Uno; Percy Suárez de ATB y Roger Ticona de PAT.

Luego de desbloquear las vías, que habían sido cortadas por los “loteadores”, el grupo ingresó a verificar los asentamientos en Las Londras, hasta que una docena de sujetos armados con escopetas y machetes salió del monte a atacar a la comitiva.

Disparos directos a los vehículos y a las cámaras de filmación fueron el primer paso para intimidar a los hacendados, policías y periodistas. Posteriormente se llevó a la gente a un galpón donde había aproximadamente 200 «interculturales» que comenzaron a ejercer tortura física y psicológica.

VEA EL MOMENTO EXACTO DE LA EMBOSCADA (VIDEO ATB):

https://fb.watch/8Y6GlyDFxP/

RELATO DE LA PRENSA

Percy Suárez, periodista de ATB que logró grabar el momento exacto en que los avasalladores comenzaron a disparar a la comitiva, relató que en las primeras horas se mantuvo a los rehenes cabeza abajo con golpes y pisotones en la espalda.

«Nos decían prensa vendida, preguntaban quiénes les trajeron, cuánto les pagaron, y nosotros explicamos que sólo hacíamos una cobertura de prensa», relató.

Los oficiales policiales fueron los más agredidos, incluso el coronel a cargo quedó desmayado, expuso Suárez.

Pese a los disparos, fue después, cuando permanecía cabeza abajo en ese galpón, que el reportero de la red ATB sintió temor por su vida.

«Ahí dije no sé si salgo de ésta, me puse a orar y a pedir perdón, porque no sabíamos si íbamos a volver. Fue bastante duro, fueron siete horas de dureza», contó Suárez aguantando las lágrimas.

El reportero también mencionó que tras las siete horas de tenerlos retenidos, el grupo comenzó a «tratarlos mejor» e incluso les dieron comida y agua de pozo no potable, porque el coronel hizo una llamada y el comandante departamental, con el altavoz activo, advirtió que si no los soltaban se iba a mandar un contingente de 500 efectivos policiales para ingresar a la zona.

«Nos hicieron firmar un papel para decir que no pasó nada, que nos trataron bien», concluyó Suárez, quien espera que se realicen las investigaciones del caso.

Por su parte, anoche, tras el arribo de la comitiva a la capital cruceña a las 23 horas, la periodista de la red Unitel, Silvia Gómez, aún compungida, relató que fue víctima de violencia y amedrentada como mujer por las mismas comunarias de la zona.

«Fue el peor día de mi vida, en tantos años de periodismo nunca imaginé vivir algo así, vi la muerte en segundos, dije yo regreso sin vida, me puse a pensar en mis hijos, en mi bebé chiquito que no lo iba a volver a ver», relató la reportera televisiva.

El camarógrafo de red Uno, Nicolás García, fue más afectado por las amenazas que recibió de parte de esa gente, que incluso hablaba de «colgarlo y quemarlo vivo».

“Me levantaron para preguntarme mis datos personales, me levanté y cada pregunta era un manazo, una patada, no me querían creer lo que yo les decía, no sé qué esperaban que yo les dijera, pero me amenazaron con echarme gasolina y prenderme fuego”, relató el joven camarógrafo.  

BTV JUSTIFICA A LOS AVASALLADORES

La versión oficialista, desde los medios controlados por el Viceministerio de Comunicación, trata de poner en duda las agresiones a los periodistas.

El presentador y excandidato masista Pedro García, actual gerente de la gubernamental BTV en Santa Cruz, justificó los hechos, porque día antes hubo enfrentamientos entre ambas partes y por ello, Anapo fue «irresponsable» al llevar a los periodistas a la zona.

Según reporte del canal oficialista, el conflicto de tierras no responde a un «avasallamiento» porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mantiene esa área de 98 mil hectáreas en disputa como tierras fiscales.

Finalmente, el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Marcos Miranda, negó que su sector sea “avasallador” y rechazó las versiones de la prensa sobre la presencia de gente armada y encapuchada en el conflicto del jueves.

“Nosotros los campesinos, no somos de la cultura de la violencia”, remató.

VEA EL RELATO DEL PERIODISTA PERCY SUÁREZ (ATB):

https://fb.watch/8Y8iI5TIEW/

CASO ABIERTO

El periodista Andrés Gómez lamentó los hechos de violencia y reflexionó sobre las siguientes acciones que se deben desarrollar desde el Gobierno, para desarticular a ese grupo irregular que ya opera en el oriente.   

“Si el gobierno de Luis Arce no desarticula y detiene a los encapuchados armados que secuestraron por siete horas a un grupo de periodistas, quedará la sospecha de que son avasalladores masistas y gozan de la protección del Partido-Estado: el MAS”, manifestó en redes sociales.

Sobre el caso, el fiscal general Juan Lanchipa anunció que se activó la investigación desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en coordinación con la Policía y el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF), bajo las figuras penales de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, vía Twitter, expresó solidaridad con los periodistas y aseguró que estos hechos no serán tolerados.

«No vamos a tolerar situaciones similares, vengan de donde vengan, que pongan en riesgo la vida y los derechos de los bolivianos. Rechazamos enfáticamente la retención ilegal de periodistas por parte de grupos desconocidos en la región de Guarayos”, tuiteó.

SE ADVIRTIÓ AVASALLAMIENTOS

El conflicto de tierras en el oriente del país se incrementó hace un año, desde la llegada al poder de Luis Arce.

En la última semana, la Anapo, mediante su presidente Fidel Flores, denunció la toma de los predios en Las Londras, en el norte integrado, por parte de esos grupos llamados interculturales que retiraron a la fuerza al personal que trabaja en dicho predio agrícola.

“Existe la preocupación de predios agrícolas vecinos, que en conjunto representan unas 20 mil hectáreas que están en peligro de ser tomadas por los avasalladores, las cuales se dedican a la producción de soya, principalmente”, expuso Flores el miércoles.

Precisamente ese día se produjo un enfrentamiento en la zona, donde hubo cruce de balas, que motivó la visita de la comitiva con presencia de la prensa nacional.

El caso fue advertido a principios de mes por la institución productiva, mediante un pronunciamiento dirigido al Gobierno.

“El avasallamiento es un delito y debe ser tratado como tal por las autoridades, independientemente que el predio esté en proceso de saneamiento o titulado. Por mandato legal, toda persona que avasalla tierras, así como sus cómplices y encubridores no pueden ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado”.

//@VisorBolivia//

INJERENCIA DE LA IZQUIERDA NORTEAMERICANA PRETENDE INCRIMINAR A JÓVENES BOLIVIANOS 

Phillips llegó al país esta gestión y Ledebur trabaja en el trópico desde los años 90s / PÁGINA SIETE / LA RAZÓN / MONTAJE

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Una es representante diplomática de la administración de Joe Biden, la otra es jefa de una Organización No Gubernamental (ONG) que es el nexo internacional de Evo Morales con las cúpulas mundiales que promueven el multilateralismo. Hoy, ambas apuntan contra los jóvenes que resistieron la arremetida y violencia masista en 2019.

El lunes, la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, del Partido Demócrata, envió una nota al viceministro de Seguridad Ciudadana, Nelson Cox, conocido persecutor de la oposición nacional, para pedirle que “desmantele” a los grupos “paraestatales” que según ella, “aún amenazan” a ciudadanos norteamericanos.

“Ha llegado a mi conocimiento que la señora Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su seguridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, señala la nota de la diplomática.

Entre esas “otras personas” que supuestamente son amenazadas por la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, es el abogado Thomas Becker, quien se hizo famoso por apoyar la demanda civil de las denominadas víctimas de octubre negro de 2003, en su causa contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en EEUU desde ese año.

Phillips aludió a Ledebur, la jefa de la ONG Andean Information Network que administra la Red Andina de Información y la radio cocalera del Chapare Kausachum Coca con su versión en inglés Kausachum News. La organización, además, es parte del conglomerado de Open Society del magnate y especulador George Soros.

Ledebur llegó a Bolivia en los años 90s y desde entonces impulsó la agenda de despenalización de la “hoja sagrada” y se asentó bajo el paraguas de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba, donde conoció a Evo Morales y luego la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el exministro Ramón Quintana y su pareja Loreta Tellería, con quien coordina cada acción interna en Bolivia.  

El pedido de “desmantelar” a la RJC, por parte de la diplomática Demócrata, se enmarca en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sin embargo, el exembajador de Bolivia ente la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, ya había advertido que esa “sugerencia” respondía a interese políticos ideológicos.

“El GIEI -CIDH no sólo incumple el acuerdo suscrito con el gobierno anterior, sino que demuestra su falta de independencia e imparcialidad al incluir inconsulta y arbitrariamente en su investigación a la activista norteamericana de Evo Morales y del Chapare, Katherine Ledebur del Andean Information NETWORK”, citó.

Ledebur acompañó a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cada sesión que el grupo tuvo en el trópico cochabambino para investigar la llamada “masacre de Sacaba”, donde no se tomó en cuenta las versiones de las otras partes, es decir, los militares y policías que fueron parte del operativo del 14 noviembre de 2019 y menos a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.

La operadora de la ONG de Soros, también fue parte de las audiencias instaladas contra los jóvenes de la RJC, en calidad de “veedora de derechos humanos”, pese a que había otras instancias avaladas desde Naciones Unidas para hacer ese seguimiento.

La activista de la RJC, Milena Soto, recordó que Ledebur estuvo 14 horas en línea, en las dos audiencias virtuales efectuadas en Cochabamba como representante de una “víctima” de las “agresiones” de los jóvenes cochabambinos.

Con el pedido de Charisse Phillips, a denuncia de Kathryn Ledebur, Soto ve que solamente se quiere montar otros casos de “amenazas y terrorismo” para mantener encarcelados a los líderes de la RJC en detención preventiva, tal el caso de Yassir Molina, Tonchy Bascopé o su caso, que está cumpliendo arresto domiciliario.

No es causal, dijo Soto, que la carta sea dirigida a Cox, quien es considerado como “enemigo de Cochabamba”, porque desde que era representante del defensor del Pueblo en el valle, se dedicó a descalificar al movimiento ciudadano de resistencia que surgió a partir del fraude electoral de 2019.

“Si la señora tiene una amenaza tendrá que demostrarlo, porque en ningún momento yo voy a tener esa ligereza y yo no parto de la amenaza (…) son ellos quienes me amenazaron y tengo como probarlo, no solamente a mí sino a mi familia y a mi hijo, me enviaron videos de mujeres descuartizadas de México diciendo que eso me iba a pasar”, completó la activista cochabambina.

La RJC se agrupó en 2019 para hacer resistencia a las amenazas de los grupos masista de ingresar a la capital de Cercado y hacer la toma de la ciudad.

Juan José Mamani fue una de las víctimas fatales de la violencia masista, cuando fue linchado en la zona sur cuando iba a buscar repuestos para su moto el 13 de noviembre de 2019, cuando la RJC ya había determinado replegarse. Al día siguiente, los grupos de cocaleros se dirigieron al puente de Sacaba para intentar entrar a la ciudad, pero fueron reprimidos por policías y militares. Hubo intercambio de disparos que la propia prensa reportó e incluso se ayudó a uniformados heridos a salir de la zona, pero aquello no fue tomado en cuenta por el GIEI en su trabajo de campo desarrollado en Tiquipaya en una sede del MAS, donde también reside Ledebur.   

“Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la Encargada de Negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales”, declaró la norteamericana, el martes, al periódico oficialista La Razón.

//@VisorBolivia//

MASISMO CULMINA SU DISEÑO SINCRONIZADO PARA DESECHAR EL FRAUDE DE 2019 E IMPONER LA NARRATIVA DEL “GOLPE”

Chávez, Lanchipa y Hurtado se convierten en las caras visibles que reafirman la versión del MAS sobre el fraude y el golpe / WEB ARCHIVOS/ MONTAJE

VISOR BOLIVIA / Redacción.- El masismo está a punto de culminar su estrategia política sincronizada entre diferentes representantes del aparato estatal, para desechar el fraude electoral de 2019 y con ello sentar la narrativa “oficial” que en esa etapa histórica del país hubo un “golpe a Evo Morales”.

En medio de dos semanas de una escalada de conflictos sociales en Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúo con su diseño estatal para negar que en las elecciones de 2019 hubo un fraude que pretendió dar como ganador en primera vuelta a Morales y su segundo Alvaro Garcia, para mantener el poder por otro lustro, pese a las restricciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y el referendo del 21 de febrero de 2016.  

40 jóvenes informáticos, envueltos en gigantografías del «golpe» y la «masacre», revisaron 34.555 actas electrónicas en menos de cinco días / APG

Por un lado, el procurador general Wilfredo Chávez, encaminó su propio recuento de actas electrónicas denominado “acta por acta”, con un grupo de estudiantes de Informática de último año de las universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y Pública de El Alto (UPEA).

Chávez, que fue delegado político del masismo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las pasadas elecciones y abogado personal de Evo Morales cuando aquel fugó y se asiló en México y luego Argentina, usó los predios de la Procuraduría, ubicados en la ciudad de El Alto, para llevar adelante ese “recuento” equipando a los jóvenes “revisores” con chalecos distintivos y computadoras portátiles.

El ambiente en un tinglado fue “decorado” con gigantografías alusivas al “golpe” que alude el régimen masista, con frases como: “El informe preliminar de la OEA fue el detonante del golpe”, “Almagro estafó a Bolivia” y “El Alto de pie nunca de rodillas”, además de referencias a la “masacre de Senkata”.

“Lo que hace el procurador es mezclar su recuento para tratar de desechar el fraude del MAS, con un enfrentamiento a la OEA, hablar de golpistas y finalmente instrumentalizar la tragedia de las familias de Senkata, que al final es parte de esta estrategia de confusión y total irrespeto a la inteligencia, memoria y luto de la ciudadanía”, explicó el periodista Iván Rada.       

En cuestión de cinco días, ese grupo de 40 personas terminó de “revisar” las 34.555 actas de los comicios del 20 de octubre de 2019, y Chávez dijo exaltado que con ello se “demuestra” que en Bolivia no hubo fraude.

“Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo el procurador a tiempo de anunciar que los “resultados finales” se darán a conocer en las siguientes horas.

Exvocales del TSE quedan libres de todo proceso y ahora buscarán resarcimiento de daños, además de descalificar al informe de la OEA / ARCHIVOS

En esa línea, los principales acusados de perpetrar el fraude del 20 de octubre de 2019 fueron los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más aún cuando ellos tuvieron a su cargo el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que hasta las 20:00 de esa noche perfilaba una segunda vuelta entre el presidente y candidato Morales y el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Sin embargo, el sistema sufrió un corte y al reinicio del cómputo la distancia entre ambos se amplió a más de 10 % a favor del candidato masista, con lo que se consolidaba como “ganador en primera vuelta” y por tanto, presidente reelecto para un cuarto mandato consecutivo, cuando la CPE establece solo una reelección de forma seguida.

Los vocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz e Idelfonso Mamami fueron aprehendidos desde la noche siguiente a la renuncia de Morales del 10 de noviembre de 2019, presentados ante las cámaras enmanillados y luego trasladados a los respectivos centros carcelarios de La Paz.

En julio de este año, la Fiscalía General determinó cerrar el caso con base en un informe de una consultora avalada por la Universidad de Salamanca de España, con el docente Juan manuel Corchado y dos estudiantes maestrantes en Informática.

El fiscal general Juan Lanchipa, que fuera director de la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR) en el gobierno de Evo Morales y abogado muy cercano al exministro de Justicia, Héctor Arce, había solicitado una “pericia informática” al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de España el 5 de abril y los resultados fueron entregados en junio, es decir, en 60 días.

“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”, justificó Lanchipa.

Sin embargo, el propio Corchado se encargó de explicar que su consultoría se basó exclusivamente en los sistemas informáticos y la base de datos que le entregó la Fiscalía General de Bolivia y en ningún caso se hizo un trabajo de campo, in situ o de revisión de las actas impresas. Asimismo, el docente español coincidió en que hubo irregularidades en el proceso electoral, tal como señaló la OEA en su informe de auditoría, con al menos 12 acciones que llevaron a direccionar los resultados en una “manipulación dolosa” de esa elección.   

Este miércoles, la Fiscalía de La Paz decidió ratificar el sobreseimiento del caso y archivar las figuras de delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo que pesaban contra los exvocales.

Como anexo, en esa investigación, hoy cerrada por el Ministerio Público, nunca se convocó a declarar a Morales ni García y la denuncia particular contra ambos, que había presentado Mesa y su abogado Carlos Alarcón, fue desechada por la juez Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro el 23 de noviembre de 2020, luego de la victoria del MAS en las recientes elecciones generales.

Castro emitió una resolución que declaró fundado un incidente de excepción de prejudicialidad y falta de acción que presentó al defensa de Morales, que entonces era el abogado Wilfredo Chávez, y archivó el caso. La juez sería nombrada en agosto de este año como nueva vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

Comunicado del TCP sobre su reciente sentencia constitucional que reconoce la figura ipso facto para la sucesión presidencial, pero no para las directivas camarales / TCP

Finalmente, este viernes se conoció un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referido a la sucesión presidencial, ante un recurso directo de nulidad que planteó la exdiputada por Unidad Nacional (UN), Margarita Fernández, quien fuera segunda vicepresidenta de la Cámara Baja en 2019, contra Susana Rivero, la diputada masista y primera vicepresidenta que también renunció durante las jornadas del 10 al 12 de noviembre de ese año.

Según el recurso, Rivero ejerció el cargo de manera ilegal el 14 de noviembre, pues había renunciado mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados, que incluso la masista compartió  en su cuenta de Twitter, aunque luego la trató de borrar, con alusiones al “golpe” y que ella no sería “cómplice” de aquello porque “sus principios y corazón se lo impiden”.

Rivero, luego de la sucesión de Jeanine Áñez, volvió a plenaria y ejerció la presidencia de Diputados para posesionar a su par Sergio Choque. Empero, su renuncia tuvo efecto inmediato, como señala el artículo 153.3 de la CPE y ante la anterior dimisión de Víctor Borda como presidente de la Cámara Baja, correspondía el cargo a Fernández, hecho que se produjo durante algunas horas.

En todo ese enredo normativo, el TCP decidió emitir hoy el comunicado que “sentencia” que la sucesión ipso facto sólo aplica al cargo de la Presidencia y no a las directivas camarales, con lo cual Áñez quedaría como “inconstitucional” al no haber cumplido las formalidades del Pleno Camaral para tratar y aceptar las renuncias de las cabezas en Senado y Diputados.     

En otras palabras, para el TCP “reemplazo temporal” no es igual a “adjudicarse” un cargo en Senado y Diputados, pero mantiene vigente y reconoce la jurisprudencia de la figura ipso facto.

El investigador jurídico Franz Barrios explicó que esta sentencia 025/2021 emitida por los magistrados del TCP solamente ratifican que existe la figura de reemplazo en los reglamentos de ambas cámaras legislativas, que en el caso de Áñez se activó en el artículo 41 del Reglamento General del Senado y luego las disposiciones del art. 169 de la CPE.

“Esto reafirma nuestra irrebatible teoría sobre que la Declaración Constitucional 001/2020 del 15 de enero de 2020 sobre la “Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional”, llevada en consulta por el propio masismo, y su Voto Aclaratorio del 15 de enero de 2020, que avalaron la sucesión constitucional de la Dra. Áñez”, citó Barrios.

La DC 003/2001 señala que la sucesión presidencial se debe realizar ipso facto sin que medie norma o ley alguna, porque no se puede dejar ese vacío de poder en el Ejecutivo. La DC 001/2020 ratifica el carácter constitucional de Áñez como presidenta transitoria con prórroga de mandato junto a todos los asambleístas y autoridades de los gobiernos subnacionales.

Finalmente, el Voto Aclaratorio del propio TCP, emitido en enero de 2020 señala en una de sus partes que durante la sucesión de 2019 “no se presentó ninguna situación de anormalidad constitucional”.

El magistrado presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, firma la reciente sentencia, pero en noviembre de 2019 leía un comunicado institucional en el que recordaba la DC 003/2001 y en ese marco se tenía que actuar “para cumplir el rol guardián de la Constitución”.

Consultado sobre la legalidad de la sucesión específica de Áñez, Hurtado afirmaba a los medios de cobertura en Sucre: “el comunicado en forma expresa señala que sí (es legal), desde luego que sí”.

El periodista Andrés Gómez concluye que todas estas acciones recientes del Gobierno, Fiscalía y TCP son sincronizadas y sólo buscan fines políticos sin darse cuenta que ponen en peligro el orden democrático.      

“Entonces si el gobierno de Áñez fue inconstitucional, todos sus actos son nulos, la convocatoria a elecciones también es nula; por tanto, Luis Arce es un presidente inconstitucional y como no hubo fraude el 2019, según el Procurador, Evo ganó. Conclusión: ¿Evo Morales, Presidente; Álvaro García, vicepresidente; chau Lucho, chau David?”, escribió en las redes sociales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el régimen utilizará esta nueva sentencia para forzar una sentencia de 12 años contra la expresidenta por la vía ordinaria dentro del proceso de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, más conocido como “caso golpe de Estado II”.

La figura de “sedición, terrorismo y conspiración” es parte de la querella activada por la exdiputada masista Lidia Patty en diciembre de 2020 y que derivó en la detención preventiva por seis meses de Áñez en el penal de Miraflores desde marzo de este año, con incremento de cinco meses más hasta febrero de 2022 por parte de los administradores de justicia.

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