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EL LÍO DE LA WIPHALA ES CULPA Y DELITO DEL MAS

Crédito de foto: UNITEL

Por: IVÁN RADA.- La wiphala vuelve a ser protagonista de la confrontación en el país, tal como sucedió en noviembre de 2019. Su esencia “sagrada” de “igualdad, armonía, solidaridad”, etc., no tiene nada que ver con los hechos del 24 de septiembre ni el riesgo que conlleva llevar el escándalo a marchas por desagravios y posteriores actos de violencia.

La wiphala divide al país, en vez de unificar y revalorizar a los pueblos originarios y retomar su carácter simbólico de plurinacionalidad.

Sin embargo, es nuevamente el masismo el que instrumentaliza este emblema para dividir, violentar y perseguir a los bolivianos.

El escándalo del 24 de septiembre en la plaza principal de Santa Cruz, cuando se izó la wiphala amarrada debajo de la Tricolor y sin estar dentro del programa de protocolo oficial, fue un acto planificado y perpetrado por el Gobierno del MAS y el propio vicepresidente David Choquehuanca, que debería meditar bastante antes de “aprobar” un juicio contra el gobernador Luis Fernando Camacho, sus asambleístas o las dos mujeres que fueron “identificadas” en el “ultraje” a esa bandera.

Hablar de dignidad, respeto u otras narrativas políticas o sentimentales no sirve y sólo le hacen el juego al masismo que ya sembró la división y el odio, nuevamente, en el oriente boliviano. Tampoco nos vamos a perder en dilucidar los conceptos de “símbolo” y “representatividad” que obedecen más a la esfera política que jurídica o constitucional.

Entonces, ¿cuál es la base para analizar el tema? La normativa vigente. ¡Punto!

Vamos a la Constitución Política del Estado (CPE) y el Decreto Supremo (DS) 241, que son los únicos instrumentos legales que hacen al caso, además del Código Penal, como se verá más adelante.

La CPE en su artículo 6, inciso II cita: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”.

Entonces, la wiphala ES reconocida como un símbolo estatal y aquello no se puede negar.

¿La wiphala es bandera?

Ahora vamos al DS 241 de 5 de agosto de 2009, que norma los “Símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En su artículo 4, de Definiciones, se refiere al concepto bandera como: “Pieza de tela cuadrangular que se sujeta por uno de sus lados a un asta y se emplea como insignia o emblema de una nación o Estado. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia son: la enseña tricolor compuesta por tres franjas horizontales rojo, amarillo, verde y la Wiphala”.

Entonces, la wiphala, por definición de ese DS, SÍ adquiere “rango” de bandera.

¿Se puede armar un caso por “ultraje al símbolo patrio”?

El DS 241 en su artículo 43, refiere el Régimen Sancionatorio y define como Ultraje a los Símbolos del Estado que: “Quien o quienes injurien, ofendan, desprecien ultrajen públicamente los Símbolos del Estado serán pasibles a las sanciones previstas por el Artículo 129 del Código Penal”.

¿Qué dice el art. 129 del CP?

“El que ultraje públicamente la bandera, el escudo o el Himno de la Nación, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años”.

A interpretación de abogados, el Código Penal de 1972 no alcanza a “wiphalas”, porque aquella no estaba reconocida como tal sino hasta que se dicta el DS en 2009; es decir, 37 años después.

¿Los cruceños que protagonizaron el escándalo del 24 de septiembre en Santa Cruz deben ser sancionados bajo esta figura?

Categóricamente, ¡NO!

En el marco de su autonomía departamental, la Gobernación organizó los actos protocolares y dispuso que sólo se izaría en mástiles la Tricolor y la bandera cruceña, verde y blanco. Aquello fue conocido por coordinación del nivel central, del Gobierno central y Presidencia.

Fue el Gobierno central y el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, quienes en ese momento rompen el protocolo del organizador. Fueron funcionarios de Presidencia quienes “meten” la wiphala al acto y Choquehuanca el que la amarra debajo de la Tricolor.

Volvemos al DS 241 que en su artículo 31 sobre Uso en instituciones públicas, establece con nitidez: “La Wiphala se izará en el lado izquierdo del frontis de los inmuebles de las instituciones públicas del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSCZ) NO es parte del nivel central del Estado.

Asimismo, la iza de la wiphala está normada para ser colocada al lado izquierdo de las instituciones o actos públicos. NUNCA DEBAJO, como la amarró Choquehuanca.

Conclusión: fue el Gobierno el que rompió el protocolo oficial del organizador, vulneró la autonomía departamental y provocó a los cruceños.

Choquehuanca, en su deseo de “reivindicar” sino provocar, ULTRAJÓ la bandera wiphala al exponerla, amarrarla y colocarla por debajo de la Tricolor.

Si los abogados Wilfredo Chávez e Iván Manolo Lima persisten en una denuncia fallida, lanzarán un “boomerang” a su propio régimen.

Más claro aún, de mantener la tensión simbólica, como ahora impulsa el tirano Morales Ayma, los masistas confirmarán que su único objetivo es confrontar, perseguir y ensangrentar Bolivia con fines políticos, usando argumentos muy distantes de las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y el carácter “sagrado” de la (su) wiphala.

//*IVÁN RADA ES PERIODISTA Y ASESOR POLÍTICO//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN//

DESDE CANTUMARCA YASSIR MOLINA PIDE A LA POBLACIÓN NO CREER LAS MENTIRAS ARMADAS EN SU CONTRA

El joven cochabambino cumplirá seis meses de detención este 30 de septiembre / RRSS

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Mediante un comunicado publicado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, joven recluido actualmente en el penal de Cantumarca Potosí, denunció la forma discrecional y tergiversación que se hace de su caso desde su abusiva detención que cumplirá seis meses el próximo jueves 30 de septiembre.

El pasado sábado, Molina fue sorpresivamente trasladado del pabellón 4 de la cárcel San Roque en Sucre, hasta la población de Cantumarca en Potosí, por una resolución administrativa de la Dirección General de Régimen Penitenciario y bajo el argumento de que los propios internos habían pedido su cambio por las “constantes faltas disciplinarias”.

La responsable de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, Elizabeth Quispe, explicaba que incluso se recibió un “voto resolutivo” de los internos en el que solicitaba su expulsión, además de haber encontrado “celulares y armas punzo cortantes” en la celda del miembro de la RJC.

Ante esta campaña de desprestigio, Molina logró enviar una nota desde Potosí, para que la RJC difunda su versión de los hechos, en la que aclara su situación y califica su traslado como una acción abusiva y política.

“Jamás busqué alterar el orden en dicho pabellón, me sometí a las normas de conducta al pie de la letra y aporté con mi granito de arena con personas y algunas instituciones, por lo que ruego a la población no creer en las mentiras que manifiestan algunas autoridades”, expuso el joven cochabambino.

Su traslado, según relata, se dio con fuerte custodia policial, que le puso un chaleco antibalas, lo enmanilló y sacó solamente con el pantalón buzo y polera que llevaba puestos para llevarlo hasta Potosí.

Molina lamentó el accionar de un sargento de apellido Romay, quien sería el operador de su traslado, en coordinación con algunos policías de San Roque. Denunció también que tras esa acción abusiva le despojaron de sus pertenencias personales.

“Creyeron hacerme un mal, pero me dieron una nueva familia”, expresó el activista, en agradecimiento a los internos y población de Potosí que le brindó su apoyo desde ese traslado irregular.

“Gracias Sucre, gracias Potosí, gracias Bolivia; es un honor para mí el estar aquí, pues no me escapé, no me vendí, mis ideales de igualdad, libertad, derecho están intactos. No sólo es Yassir Molina, sino todos los que salimos en contra del fraude y en defensa de nuestro país”, expresó.

La nota remitida por Molina el domingo para que la RJC la difunda al país / RRSS

Recordó que colaboró con la delegatura de San Roque, con trabajos para remodelar la carpintería, la capilla, la sala de audiencias y el consultorio médico, acción que espera repetir en Cantumarca, y para ello pidió la colaboración de las autoridades correspondientes.

Molina aprovechó para mandar un saludo a “su amada llajta” por la reciente efeméride, así como recordar que este 24 de septiembre es el aniversario de Santa Cruz, el Día del Médico, a quienes llamó “ángeles guerreros” y también es el Día del Privado de Libertad.

“Nos están privando de la libertad de expresión, generando persecución, vivimos presos de un gobierno”, citó y concluyó con un mensaje: “¡Fuerza, todo va a mejorar, Dios es grande!”.        

El líder de la RJC fue aprehendido el 13 de marzo y llevado a Sucre para audiencia, en la que la juez Ximena Mendizábal determinó libertad irrestricta. Sin embargo, por acción coordinada entre el Gobierno central y la Fiscalía General, la apelación a esa determinación llegó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que dictó seis meses de detención preventiva en San Roque, desde el 30 de marzo.

Molina junto a otros jóvenes de la RJC como Milena Soto, los hermanos Mario “Tonchy” y Fabio Bascopé, junto a Jaime Maldonado se encuentran detenidos bajo acusaciones de supuesto “deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas”, por las protestas sociales de octubre de 2020 en la sede de la Fiscalía General en Sucre, cuando se pedía la renuncia de Juan Lanchipa como cabeza del Ministerio Público.

Otras acusaciones activas desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), secundadas por las anteriores administraciones de la Gobernación y Alcaldía de Cochabamba apuntan otras ocho supuestas figuras penales contra los jóvenes cochabambinos que salieron a defender la ciudad de un inminente ataque de los grupos de choque y cocaleros del MAS en 2019.

//@VisorBolivia//

SOTO DENUNCIA ABANDONO DE LA CLASE POLÍTICA COCHABAMBINA, HOY EN FUNCIÓN LEGISLATIVA

Milena Soto enfrenta dos procesos por diez figuras penales que el MAS y la Fiscalía activó en su contra / RRSS

VISOR  BOLIVIA / Redacción.- Milena Soto, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, lamentó el abandono de la clase política cochabambina a quienes defendieron la seguridad del valle de los ataques de grupos aliados al Movimiento Al Socialismo (MAS), durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019. Una senadora y una diputada son mencionadas por la activista en contacto con ViSOR.

La activista lamentó el abandono de la clase política, como el caso de la diputada Doris Torrez o la senadora Andrea Barrientos, ambas militantes de Comunidad Ciudadana, que siendo representantes por Cochabamba, no se pronunciaron por su detención ni contra el constante acoso judicial que sufren los jóvenes de la RJC sólo por haber dado la cara durante las jornadas de 2019.

El reciente escándalo viral protagonizado por Barrientos, quien dijo en una sesión legislativa que tenía “coincidencias con el MAS”, provocó el repudio de la RJC que considera aquello como una falta de carácter en medio del contexto de persecución política que vive el país.

En ese marco, Soto recordó que en la crisis de 2019 hubo dos reuniones de coordinación para la defensa de Cochabamba; una en la capilla de la avenida Monseñor Rivero, con activistas, políticos de oposición, incluidas las entonces candidatas de CC y representantes de la Iglesia Católica, donde Barrientos mostraba una postura tibia y hasta crítica a la propia Resistencia.

Los marchistas del MAS, relata Soto, durante esas jornadas habían amenazado a los activistas con “quemarlos vivos” y para ello rociaron diésel y gasolina en las calles. También colocaron alambres de púas de calle a calle para que los motociclistas sufran cortes y lesiones al pasar por esos sectores.

Entonces, un segundo encuentro se dio en el Colegio Médico de Cochabamba para analizar la pacificación del país, cuando ya había grupos de cocaleros que pretendían avanzar desde Sacaba a la capital del valle. Esa jornada, Barrientos criticó a la RJC porque, según ella, “actuaban muy agresivos” y dijo que los grupos masistas “eran pacíficos”. Sugirió además, dirigirse hacia la marcha de cocaleros con una “bandera blanca” para entablar el diálogo, pero condicionó aquello a que los uniformados la resguarden. Un coronel de Ejército del CITE le aclaró que había mucho riesgo y tensión, aceptó acompañarla, pero dijo que la dejarían sola para hablar con los manifestantes cocaleros. Entonces, Barrientos retrocedió.  

Doris Torrez y Andrea Barrientos fueron parte de las acciones ciudadanas de 2019. Hoy ejercen cargos legislativos totalmente distanciadas de la resistencia cochabambina / RRSS

Asimismo, Soto recordó que la diputada Torrez “era su amiga de muchos años”, pero hoy ve una total indiferencia ante la persecución que vive la RJC con cinco detenidos por acusaciones activadas desde el MAS y el propio Ministerio Público.

CC en Cochabamba, que este 14 de septiembre celebra su efeméride, cuenta con una senadora, Barrientos, y seis diputados: Toribia Lero, Saúl Lara, Samantha Nogales, José Maldonado, Alejandra Camargo y César Virguetti, este último fallecido por Covid-19.

Torrez, que es suplente de Maldonado, escribió el 27 de julio en sus redes: “Bolivia vivía y vive en los últimos años, en un estado derecho vulnerado al antojo político de personajes desamorados de su patria. Nadie puede vulnerar los derechos que por ley tiene cada uno de las personas, Derechos Universales que no pueden ser atropellados, manoseados, ultrajados. Basta de la persecución política”. De los últimos procesos a la RJC no existe ningún post o referencia de la diputada opositora.

Yassir Molina y Milena Soto llamaron a mantener la resistencia la noche del 12 de noviembre de 2019, con barricadas pacíficas. «Nosotros en ningún momento estamos llamando a la confrontación», expresaron con claridad / RRSS

LA RESISTENCIA PERSEGUIDA

Durante las jornadas de tensión de octubre y noviembre de 2019, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se convirtió en un bloque de defensa de la capital valluna, ante las amenazas de violencia por parte de hordas del MAS que se incrementaron a partir de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

La noche del 12 de noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez asumía la sucesión presidencial, los miembros de la RJC alertaban sobre una supuesta convocatoria de Andrónico Rodríguez, como vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico, para hacer la “toma” de Cochabamba. Soto, junto a Yassir Molina, llamaban a seguir en vigilia pacífica y mantener las barricadas zonales para evitar enfrentamientos.

Sin embargo, el actual régimen de Luis Arce, mediante sus operadores judiciales como el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, comenzó una suerte de cacería contra este grupo, argumentando que fueron parte del “golpe” a Evo Morales y desde los medios de propaganda oficialista se los califica como un “grupo paramilitar” que “coordinó” con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, la “masacre de Sacaba” del 16 de noviembre.   

Posteriormente, tanto Molina como Soto fueron procesados, aprehendidos y detenidos por las protestas en la sede de la Fiscalía General en Sucre, en octubre de 2020, cuando se exigía la renuncia de Juan Lanchipa, por dilatar las investigaciones que implicaban a la dirigencia masista, como el caso de sedición que salpicó a Morales, que al final quedó archivado ya con el MAS retomando el poder.  

Bajo imputación de supuesto deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas, Molina, Soto y los hermanos Mario y Fabio Bascopé fueron detenidos uno a uno.

Amparo Carvajal en puertas de la casa de Soto, junto a activistas el pasado 2 de septiembre / CAPTURA TV

DOBLE ARRESTO DOMICILIARIO

En ese mar de confusión de fechas, narrativas y manipulación judicial, Milena Soto fue aprehendida el 3 de agosto en Cochabamba y trasladada a Sucre para su audiencia de medidas cautelares, en la que el juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca le dictó arresto domiciliario con salidas para trabajar.

Pese a cumplir con esa medida cautelar, el 3 de septiembre, Policías y fiscales allanaron la casa de Soto y la aprehendieron en presencia de su hijo. Paralelamente se procedía a arrestar a Jaime Maldonado, otro integrante de la RJC.

Tras el fin de semana, en audiencia de más de 12 horas, se dictó otro arresto domiciliario a Soto por los supuestos delitos de “organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación o tenencia de sustancias explosivas”. Toda esa lista a sola denuncia de la exdiputada del MAS, Juana Quispe, por los conflictos de 2019.

El proceso se ejecutó horas después de la visita de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, a integrantes de la RJC, a quienes había expresado su solidaridad.

“Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”, expresó Carvajal.

//@VisorBolivia//