CINCO PERSPECTIVAS DESNUDARON AL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

auditorio

CONVERSATORIO:

ANÁLISIS DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

El 10 de enero, el primer conversatorio de este 2018 tuvo la presencia de cinco profesionales que analizaron el Código del Sistema Penal desde distintas perspectivas ante un auditorio lleno de ciudadanos.

Luis Vásquez, Carlos Böhrt, Antonio Vargas, Moira Sandoval y Américo Salgueiro dieron su punto de vista con datos y comparaciones que evidencian la falta de criterio y consenso en la elaboración de la Ley 1005 – CSP.

El CSP fue abordado por los profesionales desde las perspectivas de la administración de justicia, la legislación comparativa, el riesgo a la libertad de expresión, la visión penalista y el análisis estructural de una normativa contradictoria y sin fundamentos consensuados que hoy ha provocado una serie de manifestaciones en las calles de gente que pide su abrogación.

¿Qué es el BIEN COMÚN?

Se entiende por “Bien Común” el beneficio colectivo que sólo se puede ejercer a través de medios moralmente lícitos, (llega a todos los ciudadanos) que fomente las estructuras necesarias para que las personas se desarrollen de manera digna.

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

EXPEDIENTESACUMULADOS

LA CRISIS GENERAL DE LA JUSTICIA

(LUIS VÁSQUEZ)

El abogado y exparlamentario Luis Vásquez Villamor explica que la crisis de la justicia en Bolivia va más allá de la promulgación de leyes. Identifica cinco parámetros que hacen a este deterioro y espera que baje el índice de detenciones preventivas VER RECUADRO

El Órgano Judicial obtuvo en 2017 por mandato de la Ley Financial 796 mil bolivianos de presupuesto del TGN. El PGE de esa gestión ascendió a 274 mil millones de bolivianos, es decir, el presupuesto para toda la administración de justicia apenas llegó al 0,29%

La sobrecarga procesal también hace mella. En La Paz, por ejemplo, en Sala Plena y las salas especializadas se recibieron 253.341 causas, de las cuales 119.310 fueron resueltas y 134 mil quedaron pendientes de resolución. Siguiendo en La Paz, Vásquez explica que existen 144 jueces que reciben 1.500 causas cada uno, es decir, cada juez debería administrar centenares de procesos a la vez.

La politización de los altos cargos judiciales también aporta a la crisis de la justicia. “Un juez elegido por razones de afecto político no se constituye en un juez natural, y el principio del juez natural es la base de la justicia independiente. La década que ha pasado ha destruido la carrera judicial y la carrera fiscal”.

En esta década también creció el crimen organizado y el rol de combatir el delito por la Policía no se cumple. La persecución penal debe cambiar, cita Vásquez, la Policía debe ser especializada, permanente en sus funciones e independiente del Alto Mando.

En el ámbito de la corrupción judicial existen temas como el encubrimiento y la falta de transparencia. Alrededor de la función judicial se construyó anillos de acero para que los procesos de orden público no sean conocidos. El monopolio de la información se maneja con intereses particulares.

Art. 3 – III. PRINCIPIO PROCESAL DE LIBERTAD

“11. La persona imputada tendrá derecho a permanecer en libertad durante el proceso. La libertad sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso, conforme a lo previsto en la CPE y con los alcances, modos y tiempos establecidos en este Código”.

cocacocaina

CORRUPCIÓN Y NARCO BENEFICIADOS

(CARLOS BÖHRT)

Para el abogado, analista y académico Carlos Böhrt, la redacción del Código del Sistema Penal no se apegó a los valores de la CPE. Además de los artículos que han generado rechazo ciudadano, el expositor identifica tres áreas de riesgo en las que se redujo la penalidad.

CORRUPCIÓN PÚBLICA

Böhrt hace una comparación de las infracciones en el CSP y la Ley 004 Anticorrupción con 15 figuras delictivas de 32 analizadas, en las que se reducen las sanciones y 5 conductas que fueron legalizadas como “nombramientos ilegales” o “uso indebido de bienes y servicios públicos”. En el caso de la malversación de recursos que tiene 3 a 8 años de prisión, el nuevo CSP solo impone la inhabilitación. En el caso de los beneficios en razón del cargo, con similar pena actual, a partir de la Ley 1005 solo tendrá 251 a 400 días de multa, con el añadido que los “regalos” que puedan recibir los servidores públicos se legalizan según usos y costumbres.

NARCOTRÁFICO

Para abordar este tema, Böhrt vuelve a hacer una comparación del actual Código Penal y la Ley 1008 con el promulgado CSP.

En 10 de 26 tipos penales se redujo la pena y 6 figuras fueron eliminadas, como “suministro” o “asociación delictuosa”.

El analista advierte que también se plantea un raro “escalonamiento de penas” VER RECUADRO. Böhrt relaciona el tema con la cadena de producción coca – cocaína que se asienta en el Chapare, donde Evo Morales es presidente vitalicio de las Seis Federaciones del Trópico. En dicha región, recuerda, se produce en promedio 2,4 toneladas métricas de hoja de coca, y que, con tecnología tradicional, no sofisticada, la producción promedio de pasta base llega hasta 2kg por tonelada. Estos agricultores podrían facilitar en una hectárea 4kg de pasta base de producción, pero al segmentar la cantidad presentarían 1,5 kg o menos para librarse de penas.

INFRACCIONES ELECTORALES SUPRIMIDAS

Tres figuras salieron del ordenamiento jurídico: “doble o múltiple inscripción” en el padrón electoral, “manipulación informática” con fines electorales e “injerencia en la democracia comunitaria”.

ESCALAS

(Cuadro elaborado por Carlos Böhrt)

 

censura

TRES LIBERTADES AMENAZADAS

ANTONIO VARGAS

El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz aborda el Código del Sistema Penal a través de una revisión de esa norma y sus efectos sobre tres libertades que hacen al humano como ser pensante.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

En ese marco, la Ley 045 Antirracismo fue una de las primeras muestras de la arquitectura jurídica que el régimen comenzó a montar en 2010 para poder controlar a las personas y, en su forma específica, a los medios y periodistas, al definir al racismo como una teoría cuando es a todas luces una conducta.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La difusión de ideas y pensamientos y la información se difunden por los medios masivos y la prensa hace énfasis en vigilar al poder coyuntural, porque son los funcionarios quienes disponen y administran los recursos de todos los ciudadanos.

Acá entra el CSP con tres artículos referidos a la 309 (injuria), 310 (calumnia) y 311 (difamación) que de ser delitos contra el honor se renombran como “Faltas contra la dignidad”, en las que el autor es sancionado tres veces por el mismo hecho, pero también se aplica igual triple sanción a quien difunda el contenido, es decir, periodistas que abran micrófonos y los medios que acojan un programa de debate.

Esos tres artículos, además, ignoran completamente la Ley de Imprenta de Bolivia en la que ya se encuentran las figuras de injuria y calumnia.

Vargas alerta sobre otro artículo (539) VER RECUADRO que podría utilizarse para someter judicialmente a los periodistas. La norma se refiere a la entrega de objetos y documentos, secuestros. Una salvedad en el art. 341 todavía es ambigua y a aquello se opuso el gremio.

LIBERTAD DE REUNIÓN

Los individuos se manifiestan en sociedad y el nuevo CSP no solo repite el carácter del saliente “Código Penal Banzer” sino que agrega en los delitos contra la seguridad interna del Estado a la sedición y el atribuirse los derechos del pueblo citados en los arts. 293 y 294. Acá no es tan crucial la ley sino quién la interpreta, como los magistrados electos el 3 de diciembre con poca legitimidad, concluye.

ARTÍCULO 539

“Todo aquél que tenga en su poder objetos o documentos que puedan servir como medio de prueba, estará obligado a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos, a cuyo efecto podrá ser compelido por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. Quedan exceptuadas de este deber las personas que por Ley no están obligadas a declarar como testigos”

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¿DESPENALIZAR EL MICROTRÁFICO?

MOIRA SANDOVAL

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD

La abogada penalista Moira Sandoval advierte que en los temas de difamación, calumnia e injuria se sanciona al autor, pero también a quien propaga una de esas figuras, desechando la posibilidad de la retractación que anulaba cualquier proceso.

También se quitó del Código del Sistema Penal la excepción de verdad que eximía la causa cuando la difamación, injuria o calumnia se refieren a un funcionario público. La penalista afirma que se debe exigir la reposición inmediata de esa figura.

MICROTRÁFICO LEGALIZADO

Sandoval también entra a cuestionar la apertura que se hace en el nuevo CSP hacia el microtráfico de sustancias controladas en la Sección VII de Delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Art. 215, parágrafo IV VER RECUADRO

Esa despenalización a la posesión de sustancias controladas está enmarcada en la Ley 1008 (todavía vigente) y su art. 49 de consumo y tenencia para el consumo, con la diferencia que esa norma dispone que el dependiente o consumidor sea internado en un instituto de farmacodependencia para su rehabilitación; asimismo, dos especialistas deben definir la dosis mínima de consumo inmediato.

Este único “detalle”, para la abogada, justifica el pedido ciudadano para que el CSP sea abrogado.

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

La abogada también explica el concepto del Derecho penal y Derecho penal del enemigo.

Con el nuevo CSP del derecho garantista se pasa al derecho persecutorio que no es otra cosa que un estado de excepción que ya se aplicó en la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” sobre los funcionarios públicos que sirvió en su momento para criminalizar la política.

En contraste, varias figuras delictivas estipuladas en la Ley 004 Anticorrupción se anulan o alivianan en el CSP como tratando de prever procesos que deberán enfrentar servidores públicos a futuro.

 

ARTÍCULO 215

“No será punible la persona que sea encontrada en posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, equivalentes a dosis personales que razonablemente sean para su consumo inmediato”.

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UN CÓDIGO INCONSTITUCIONAL

AMÉRICO SALGUEIRO

Américo Salgueiro, abogado procesalista, médico y académico expone las contradicciones constitucionales del CSP, una norma que reúne una parte sustantiva (Código Penal) y una parte adjetiva (procedimiento penal) convirtiéndose en una norma ampulosa de 681 artículos que hacen de la Ley 1005 un código ilegible.

El profesional cree que la redacción, además de innecesaria, fue elaborada con criterios políticos, sociológicos y psicológicos, pero no jurídicos como el Código Penal de 1972 que recogió la moderna experiencia legal alemana. El CSP ni siquiera cuenta con una exposición de motivos, pero sí nueve planas para describir solo el Art. 3.

En ese marco, Salgueiro explica que el Derecho Penal es la doctrina más próxima a la sociedad pues regula la convivencia pública. El ciudadano debe tener la capacidad natural de “conocer, entender, querer y actuar” en el marco de la ley y la CPE. “Se entiende que el ciudadano tiene esa capacidad natural, se acata la ley y si no lo hacemos es ahí conde actual el Derecho Penal”.

La mayor observación del abogado es que el nuevo CSP aplica una nomenclatura tripartita identificando crimen, delito y falta. Empero, la Constitución solo reconoce las figuras de crimen y delito, siendo esta una sola razón para declarar al Código del Sistema Penal como inconstitucional. Consecuencia: la falta como figura es inconstitucional . y con ello todo el catálogo penal también llega a ser inconstitucional, remarca el jurista.

Un ejemplo de estas contradicciones es la figura de genocidio que en el artículo 11 de la CPE es considerado como un delito, mientras en el art. 84 del CSP se lo llama crimen. VER RECUADRO

Otra observación de Salgueiro es la separación del derecho penal de acto que sanciona los actos cometidos, frente al derecho penal de autor que apuntan al sujeto. Acá entran en contradicción el art. 3 con el art. 43 del CSP, pero a su vez con el art. 116 de la CPE. 

¿CRIMEN O DELITO?

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD ARTÍCULO 80: (Genocidio) I. Será sancionada con prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica…

CPE ARTÍCULO 111: “Los DELITOS de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la Patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”.

CURA

EL PAÍS PIDIÓ ABROGACIÓN

El Código del Sistema Penal fue promulgado por el segundo mandatario Alvaro Garcia el 15 de diciembre, en ausencia del jefe del Estado Plurinacional, Evo Morales.

El primer sector movilizado, desde septiembre cuando se conoció la triple sanción que conllevaba la figura de “negligencia médica”. Tras seis reuniones se quitó la palabra “médica” y quedó como “profesional” en el art. 205. Eso llevó a un paro del sector salud por 47 días.

El sector del transporte pesado también se sumó a los rechazos por el contenido del art. 137, muy similar a la triple pena contra los médicos.

El 4 de enero, Morales determinó derogar ambos artículos y pedir la revisión del 293 y 294 que otros sectores como la COB calificaron como persecutorios y que apuntaban a criminalizar la protesta social. Su iniciativa al Legislativo no calmó la crecida de protestas que llegó a unir a cívicos, plataformas sociales, gremios, juntas vecinales, iglesias católica y evangélica, colegios de profesionales e incluso deportistas. La protesta generó además una huelga de hambre de una docena de parlamentarios de oposición.

Varios artículos fueron saliendo a cuentagotas y el CSP quedó en la mira de la colectividad boliviana. Morales, en otro intento de frenar la protesta, dio un año de plazo para que cada sector “demuestre” que una ley afecta a su sector ante una comisión de la Asamblea Legislativa.

Los paros cívicos escalonados y el resurgimiento del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) que solo se activa ante amenazas de dictadura, prevén un panorama conflictivo que el régimen del MAS se niega a reconocer a tiempo de cumplir y “festejar” 12 años en el poder.

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Fundación Vicente Pazos Kanki

Institución privada sin fines de lucro, que apoya la investigación, el análisis, el debate y búsqueda de alternativas plurales en varios temas para Bolivia.

DIRECTOR: Diego Ayo Saucedo

COORDINADOR: Iván Arias Durán

El boletín informativo HACIA EL BIEN COMÚN – Evaluación y Alternativas, es parte de la política institucional de la Fundación Vicente Pazos Kanki y está incluido en su Plan Operativo Anual que  considera oportuno producir y reproducir información sobre hechos relevantes y destacados que deben llegar a población en general, ya que la fortaleza de la institución es apoyar, a partir de un pensamiento crítico que se convierta en pensamiento propositivo, la investigación, el análisis, los  debates y la búsqueda de alternativas plurales en varias temáticas para el país.

Los objetivos de esta publicación de acción institucional  son:

-Posicionar la información que produce la institución para sus asociados.

-Institucionalizar un instrumento comunicacional en la Fundación.

La Fundación Vicente Pazos Kanki autoriza la reproducción parcial o total de este boletín, siempre y cuando se cite la fuente de referencia.

Las opiniones, criterios y posiciones de los participantes en el coloquio son de carácter personal y no reflejan necesariamente el pensamiento y la posición de la Fundación Vicente Pazos Kanki

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ENLACES DE INTERÉS

Boletín 13 Hacia el Bien Común – versión digitalizada:

https://www.flipsnack.com/F89A89B9E8C/bolet-n-13-hacia-el-bien-com-n.html

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Autor: visorbolivia

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