“LA NOMENCLATURA BOLIVIANA” SE REPARTE LOS CARGOS ESTATALES

Familiares en cargos estatales es la constante en el actual Gobierno. Carlos Valverde identifica este fenómeno como una característica de los regímenes comunistas

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VISOR BOLIVIA/ REDACCIÓN.- Dos funcionarios del Gabinete ministerial de Evo Morales cuentan con familiares en altos cargos de reparticiones estatales. El caso fue denunciado hace días, pero fue hoy que los propios involucrados reconocieron aquellos hechos que se suman a una larga lista de familiares y allegados a la cúpula de poder que cobra salarios del Estado.

El investigador Carlos Valverde había revelado la anterior semana nexos familiares entre el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la abogada Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, asesora legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad hoy implicada en el caso de la compra irregular de los taladros de Drillmec.

En principio, el ministro Arce guardó silencio, pero hoy confirmó su relación parental con la señalada abogada y mediante un comunicado oficial rechazó que su hermana esté involucrada dentro del caso en ninguno de los procesos de licitación, adjudicación o contratación con esa empresa con la que también hoy se formalizó cualquier ruptura contractual.

“La hermana del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, la abogada Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, es funcionaria técnica jurídica de octavo nivel de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desde hace tres años, y cuenta con veintiún años calificados como servidora pública”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Para Carlos Valverde las descalificaciones que hizo Arce para tratar de justificar la labor de su hermana, incluyendo una referencia a su “mísero sueldo”, es una anécdota que no deja de desnudar el enriquecimiento de algunos sectores dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si 15 bolivianos es un sueldo mísero para el ministro vaya uno a saber cuánto gana él, que debe estar en la misma proporción, pero él es ministro”, dijo en su programa transmitido en las redes sociales.

Ana Luz Arce también fue nombrada en una denuncia de dos empresarias contra YPFB por incumplimiento de pagos a un contrato de Bs 5 millones por la dotación de material a la estatal petrolera. Su firma, como asesora legal, fue mostrada el martes en el programa Cabildeo de Amalia Pando junto a la del presidente de YPFB, José Achá, en el referido contrato.

Arce fue viceministro, presidente de la Cámara de Diputados, procurador general, además de abogado personal de Evo Morales desde 2002 y pupilo de Manuel Morales Dávila, otro jurista muy cercano al partido oficialista y las corrientes de izquierda que hoy detentan el poder en Bolivia.

El tema de las familias en el poder precisamente se extiende a esa relación, pues los hijos de Manuel Morales también formaron parte del Gobierno en cargos jerárquicos.
Manuel Morales Olivera y Teresa Morales Olivera trabajaron para YPFB y el Ministerio de Desarrollo Productivo, respectivamente. Ambos luego estuvieron ligados a la Empresa Nacional Pública de Textiles (Enatex), declarada en quiebra en 2015.

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CUATRO HERMANOS

El otro caso de familiares en el poder fue denunciado hoy, por el diputado de UD Amilcar Barral, sobre la relación de cuatro funcionarios públicos con el ministro dela Presidencia, René Martínez.

Barral indagó las declaraciones juradas de la página web de la Contraloría General del Estado, en la que encontró los nombres de Juan Adhemar Martínez Callahuanca, funcionario de Insumos-Bolivia; Sandro Martínez Callahuanca, funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Nelson Eddy Martínez Callahuanca, funcionario de YPFB; y José Luis Martínez Callahuanca, funcionario en la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud.

El legislador dijo que si bien no se puede hablar de nepotismo, tal como señala el ordenamiento penal, sí advierte “falta de ética” en esos cargos. Advirtió que continuará la investigación sobre estos casos.

En respuesta, el ministro de la Presidencia, en contacto con la agencia ANF dijo que sus hermanos, “como todo boliviano tienen el derecho a trabajar y servir al Estado”. Además aclaró que sus cuatro parientes no infringen el Estatuto del Funcionario Público.

“Mis hermanos comenzaron sus carreras como servidores públicos incluso mucho antes de que yo asuma la condición de autoridad electa. Son profesionales con formación académica solvente y sus designaciones fueron regulares”, declaró Martínez.

La autoridad fue diputado por Chuquisaca, luego senador y presidente del a Cámara Alta, delegado por la causa del manatial Silala y hoy reemplazo de Juan Ramón Quintana en el Ministerio de la Presidencia.

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LA “NOMENKLATURA”

Valverde denominó todo estos casos de relaciones familiares entre servidores públicos como la “nomenclatura boliviana”, en referencia al sistema que se impuso en la desaparecida Unión Soviética, donde el Estado era controlado por pocos núcleos de poder.

“Es una red tejida, esos clanes familiares, son lo que yo llamo la nomenclatura del gobierno del MAS, los privilegios de la clase gobernante”, sentenció.

El término original “nomenklatura” fue expuesto por el autor ruso Michael Voslensky a principios de 1980, cuando ya se verificaba que la URSS tenía a ciertas cúpulas de poder como una “clase dominante” que tomó control de la unión de estados en aquel régimen comunista que comenzó en octubre de 1907.

“En la URSS, por nomenklatura se entiende la lista de puestos de dirección dependientes de las instancias superiores del partido y la lista de personas nombradas para esos puestos o que se mantienen en reserva para esos mismos puestos”, cita un artículo de 1980 del diario español El País.

Más casos de familiares en cargos estatales suman la lista de Carlos Villegas, fallecido presidente de YPFB, y Noemí Villegas presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras; Pablo Ramos presidente del Banco Central de Bolivia y Verónica Ramos exministra de Desarrollo Productivo; hasta relaciones que se extienden a los medios de comunicación como la diputada Susana Rivero y Julio Peñaloza el director de Abya Yala TV, canal patrocinado con propaganda estatal, o el propio vicepresidente Alvaro García y su esposa la presentadora de red Uno Claudia Fernández, hermana de Viviana Fernández y cuñada de Pablo Groux, exministro de Culturas, hoy gerente del citado canal para estatal, entre muchas otras relaciones que se extienden a analistas, medios subvencionados y entidades culturales dependientes del Estado.

//@VisorBolivia / Fotos: Web/ Min Justicia/ YouTube//

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