CRECE INDIGNACIÓN EN EL ALTO POR RUMBO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA TRAGEDIA DEL 17 DE FEBRERO

Chapetón deplora exclusión de dos sospechosos de la toma violenta del edificio municipal que provocó la muerte de seis personas. Tres ediles son acusados por “incumplimiento de deberes”

Chapetón en declaraciones a los medios luego de conocer la acusación formal de la Fiscalía

VISOR BOLIVIA (monitor, 31 enero).- La tragedia de El Alto está a punto de cumplir un año. El 17 de febrero de 2016 seis funcionarios ediles fallecieron producto de la inhalación del humo que provocó una turba en la toma violenta del edificio municipal. El Ministerio Público ha determinado seguir procesos a las propias víctimas y la alcaldesa Soledad Chapetón manifiesta su indignación por el extraño rumbo de las investigaciones.

La reciente determinación de la Fiscalía de dejar de lado la investigación contra el excomandante regional de la policía, José Peña, y el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, a la par de ratificar procesos contra tres funcionarios del Gobierno Autónomo municipal de El Alto (GAMEA) provocó la reacción de la alcaldesa alteña.

“Este tipo de resultados del proceso lo único que demuestra es la influencia del Gobierno central frente a un caso que es delincuencial para el municipio, porque tenemos seis vidas que se han perdido y también muchos heridos”, declaró Chapetón.

Según las investigaciones, tres funcionarios municipales tuvieron responsabilidad al no haber actuado para “salvar” a los trabajadores que quedaron atrapados en el edificio ubicado en la avenida 6 de Marzo, cruce Viacha, y que tiene al comando regional de la policía a dos cuadras.

Una marcha de padres de familia terminó en acciones violentas, la quema de edificio y la muerte de seis ediles

Dorian Ulloa y Marcelo Plata secretario de seguridad ciudadana y encargado de personal, respectivamente, son acusados por “incumplimiento de deberes” en sentido de no haber desplegado a la guardia municipal para aplacar la protesta vecinal y haber evitado la salida de los funcionarios durante los actos de violencia inmediatamente posteriores, la mañana de ese 17 de febrero.

En declaraciones al programa Cabildeo, Chapetón informó que la Fiscalía argumentó que sobre Rodrigo Vélez incluso se dijo que fue parte de la turba que comenzó a causar destrozos en el frontis del edificio y que “después se fue a cambiar de ropa” retomando su uniforme municipal. Su detención anunciada, además, se basa en la posibilidad de “entorpecer las investigaciones”.

“Es indignante, con esto quieren que las víctimas pasen a ser los victimarios, los autores de ese atentado. Reprochamos esta determinación que está llevando la Fiscalía a título de equilibrar la investigación”, acotó.

El fiscal asignado José Miranda formalizó ayer la acusación por la tragedia de El Alto sobre 15 personas: Víctor Hugo Tola, Miguel Ángel Cachi, Álvaro Kevin Calvimontes, Braulio Rocha, Fausto Loza, Wilmer Guido Sarzuri, Néstor Sergio Churqui, Daniel Nina, Hipólito Cutile, Flavio Altamirano, Dorian Ulloa, Teodoro Choquehuanca, Marcelo Plata, Rodrigo Gerardo Vélez y Félix Alberto Durán.

Los funcionarios, incluyendo dos bebés, tuvieron que salir por las ventanas del edificio copado de humo tóxico

Desde el Ministerio de Gobierno se dijo que el cao está en manos de la justicia y se negó cualquier encubrimiento sobre Elío que pasó a la dirección contra la Trata de Personas.

El titular de esa cartera Carlos Romero, agregó que la alcaldesa Chapetón solo quiere “justificarse a costa de la policía y el ministerio”, pues asegura que la seguridad de los funcionarios ediles era tuición del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

La tragedia de El Alto fue atribuida por el GAMEA a intereses de dirigentes sociales, gremiales y exfuncionarios de la administración de Edgar Patana, militante y exalcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues se quemaron documentos que involucraban a miembros de esa sociedad político – sindical  con actos de corrupción como la dotación de ítems fantasmas.

El saldo de la tragedia fue seis fallecidos y 18 heridos. La gente fallecida quedó atrapada en la planta baja y primer piso del edificio. El humo provocó su asfixia y sus cuerpos fueron encontrados en un baño, aunque luego se mencionó la posibilidad de que hubo golpes y posterior arrastre de las víctimas.

//@VisorBolivia / Foto AMI/Captura pantalla//

ANALIZARÁN NORMA MUNICIPAL PARA REGULAR TRABAJO SEXUAL EN EL ALTO

Feministas de Mujeres Creando y presidente del Concejo Edil sostuvieron reunión este lunes. Existen dos organizaciones que abordan esta labor

Zona 12 de Octubre, conocida por abrir sus puertas a la prostitución desde horas de la noche

VISOR BOLIVIA (monitor, 30 enero).- La Organización de Mujeres en Situación de Prostitución (OMESPRO), el colectivo Mujeres Creando y el concejo Municipal de El Alto concluyeron una reunión este lunes en la que se acordó la necesidad de regular la labor sexual en esa urbe, luego de acusaciones recientes sobre proxenetismo y trata de personas.

La información la dio a conocer María Galindo a través de las redes sociales, en sentido del encuentro que se desarrolló esta jornada con el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Edgar Calderón.

“Se ha abierto una puerta de esperanza para que la prostitución sea regulada y cese la violación de los derechos humanos y el derecho al trabajo y la subsistencia de las mujeres en situación de prostitución. Otorgar la licencia de funcionamiento es tuición de los gobiernos municipales y en ese contexto la propuesta de iniciativa legislativa ciudadana presentada abre las puertas para esta regularización”.

Asimismo, se conoció que la norma buscaría señalar con especificidad el trabajo sexual en sus formas de prostitución, damas de compañía y baile erótico que se desarrollan en un centenar de locales nocturnos de El Alto.

Al existir una regulación se abriría la legalización de la prostitución que hoy se desarrolla bajo la mirada del registro de sanidad, como sucede con cualquier restaurante, y la licencia de funcionamiento que todo negocio puede adquirir desde el municipio.

La zona 12 de Octubre es conocida por abrir sus puertas a partir de la noche al trabajo sexual de centenares de mujeres y algunos varones que se encuentran afiliados a la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB) que dirige su representante Lily Cortez.

Esta dirigente fue acusada por María Galindo, líder de la organización feminista, por presuntos cobros irregulares y extorsión a las mujeres que ejercen prostitución en  El Alto y el centro de La Paz, algo que caería en la figura de proxenetismo, es decir, beneficiarse económicamente de la labor sexual de terceros.

Cortez anunció una querella contra Galindo por difamación y aseguró que es ella y su organización feminista las que perjudican el ejercicio de esa labor que no está sancionada en el Código Penal boliviano.

Desde 2013 Cortez viene trabajando en un proyecto de ley nacional en la Asamblea Legislativa para la regulación del trabajo sexual en el que se determine que esta labor corresponde a un acto de subsistencia con derechos y deberes para casi 50 mujeres y varones que ejercen el denominado “oficio más antiguo del mundo”

//@VisorBolivia/Foto archivo LaRazon//

COTEL EN CRISIS NO PUEDE DELEGAR PODERES A GERENTE Y CORRE AMENAZA DE REMATE POR IMPUESTOS

Cuatros socios fueron delegados para conferir poderes en la cooperativa. Uno de ellos niega su firma y paraliza auditoría financiera, convocatoria a elecciones y pago de impuestos y deudas

COTEL quedó sin presidente desde abril pasado 

VISOR BOLIVIA (monitor, 30 enero).- La Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (COTEL) continúa en crisis pese a la última asamblea que determinó otorgar poderes al gerente financiero en reemplazo al presidente del Consejo de Administración quien se encuentra en detención preventiva en el penal de San Pedro por el caso consorcio de abogados. La amenaza de embargo y remate de propiedades continúa vigente desde Impuestos Nacionales.

En anterior entrevista con Erbol, el socio de la cooperativa Víctor Cortez denunció que la asamblea desarrollada el pasado domingo 15 de enero fue “apócrifa” y negó autorizar la determinación de delegar atribuciones al gerente financiero Freddy Acebey para reemplazar al destituido presidente Fabián Guillén. El poder para viabilizar este trámite fue otorgado por la asamblea a Cortez, Félix Cala, Hernán Guzmán y Edith Montenegro, y solo entra en vigencia con las firmas de los cuatro delegados.

Montenegro, presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), en calidad de socia de Cotel, dijo que le llamó la atención cuando el Servicio de  Impuestos Nacionales anunció el embargo de bienes inmuebles y posterior remate de esos activos de la cooperativa. “Le pedí una audiencia al presidente de Impuestos y me explicó que lo único que podía detener el remate es que el gerente vaya a Impuestos con dinero para establecer un compromiso de plan de pagos”, citó a Erbol.

Negó que la asamblea haya sido “amañada” como se denunció anteriormente y mostró sorpresa porque la negativa de Cortez se basa en su rechazo a la designación de Acebey a quien él mismo sugirió como gerente interino en la referida asamblea.

El mando atribuido a Acebey se debería limitar a tres meses para auditar los estados financieros de la cooperativa, hacer el compromiso de pago de impuestos y realizar la convocatoria a elecciones para el Consejo de Administración.

Víctor Cortez niega su firma para resolver crisis de COTEL. Asegura que asamblea fue “amañada” por designar al gerente financiero  

Juan Carlos Alanoca, secretario de prensa y propaganda del sindicato de Cotel, reiteró que el gerente financiero no puede recibir el poder notariado de los socios para atender esos temas por la falta de una firma, situación que deja estancada a la cooperativa.

La crisis y estigma de Cotel vuelve a la palestra, pues Alanoca reveló que Cortez Maldonado fue a tratar de “negociar un convenio” con el sindicato con temas de cupos internos a cambio de estampar su firma para habilitar este procedimiento administrativo.

Víctor Adán Cortez fue parte de la denominada Coordinadora de Defensa de Cotel y en su caravana de medios denunció desde 2015 que la cooperativa estaba afectada con un millón y medio de dólares.

El 3 de enero Impuesto Nacionales informó que Cotel tenía embargo sobre sus propiedades por una deuda superior a los Bs 70 millones.

“Por supuesto que hemos iniciado con las hipotecas correspondientes, se hizo el embargo y posteriormente estará procediéndose al remate en el marco de lo que establece el Código Tributario y las normativas que ha emitido el SIN”, dijo el presidente de Impuestos Mario Cazón.

Presidente de Impuestos ofreció un plan de pagos a la cooperativa, pero no tuvo respuesta

Finalmente, Guillén está detenido bajo la figura de cohecho por haber contratado a un bufete de abogados que luego se supo realizaba operaciones coordinadas con el propio Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El abogado Milton Mendoza y el vocal Fernando Ganam fueron sorprendidos en reunión privada y en posesión de documentos judiciales que son de uso exclusivo del tribunal de La Paz.

//@VisorBolivia// Fotos Web//Captura pantalla//

ZAPATA SUMA NUEVA DETENCIÓN PREVENTIVA POR TRATA DE PERSONAS Y USO DE UN NIÑO

Un menor vive sin sus padres hace ocho meses. Son también ocho los detenidos por el uso de ese niño frente a la Juez del Familia y la cadena CNN

Zapata aseguró haber tenido un hijo con Evo Morales en 2007. Media docena de fotos de ella con diferenre niños se podían encontrar en su cuenta de Facebook

VISOR BOLIVIA (monitor, 27 enero).- La polémica por el uso de un menor de edad que fue presentado ante la justicia y una cadena internacional como el hijo de Evo Morales, hoy le cobra otra factura a Gabriela Zapata a quien se le sumó otra detención preventiva en el penal de Miraflores. Con ella son ocho los detenidos por este caso, incluidos los padres de aquel niño que quedó en desamparo desde mayo de 2016.

“El Ministerio Público ha colectado los suficientes indicios que evidencian la probable participación de la imputada en los delitos de trata de personas; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; engaño a personas incapaces; y asociación delictuosa. En ese entendido solicitó a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva de Zapata por estos nuevos tipos penales”, dijo el fiscal Departamental, Edwin Blanco, citado por un boletín institucional.

Durante la audiencia, la fiscal Susana Boyán mostró como pruebas fotografías y videos para relacionar a Zapata, su entorno y los padres del niño en la trama que fue presentada ante el Juzgado del Menor el año pasado.

A su turno, el abogado de Zapata, Marcelo Tamayo, anunció que se investigará a quienes visitaron a su cliente, recluida primero en el centro de Orientación Femenina de Obrajes en febrero y luego trasladada al penal de mujeres de Miraflores, incluyendo a periodistas, para alegar que la expareja de Evo Morales no fue quien “coordinó” el uso del menor en este caso de trata de personas.

“Estamos obteniendo la documentación para ver las fechas de los ingresos de periodistas internacionales, sobre todo un periodista chileno, al penal de Miraflores”, dijo Tamayo, según reporte de ANF.

Una joven pareja pudo ser convencida por el entorno de Zapata para presentar a su propio hijo como vástago de Evo Morales

UN MENOR DE VÍCTIMA

En abril de 2016 los allegados a Zapata, expareja de Evo Morales y exgerente de la empresa China Camc Eng., junto al abogado Willy Sánchez, presentaron a un niño de unos cinco años ante la juez de Familia, Jaqueline Rada, dentro de la demanda de paternidad que interpuso el primer mandatario, luego de las contradicciones y versiones dispersas que corrieron sobre la existencia del menor de iniciales E.F. Morales Zapata que supuestamente nació en 2007 y que fue reconocido ante registro civil.

Poco después en  audiencia, la juez determinó que Zapata no cometió ningún abuso psicológico contra el menor, que era parte de la demanda interpuesta por Morales mediante sus abogados. La joven mujer salió a los medios junto a su entonces abogado Eduardo León a decir que “ganó la verdad” y amenazó con quitar la paternidad al jefe de Estado.

Sin embargo, la resolución de la juez, conocida al día siguiente, iba en sentido de que no hubo abuso psicológico porque el supuesto hijo de la pareja Morales – Zapata nunca existió.

Pilar Guzmán se nombró como “tía” de Zapata. Se presumen que coordinó la suplantación junto a sus parientes

A partir de ahí, la Fiscalía comenzó a investigar la identidad del menor expuesto no solo a la juez Rada sino ante la cadena internacional CNN que envió al periodista Fernando del Rincón un mes después a realizar una entrevista exclusiva, en medio del escándalo Zapata – Camc, y como corolario al referendo constitucional del 21 de febrero que el Gobierno perdió.

Desde el régimen se apuntó a justificar la derrota electoral por una “estrategia de la oposición y EEUU” que “usó a un niño” para desprestigiar a Evo Morales.

Producto de este caso, Zapata fue acusada por trata de personas, y arrastró con ella a sus dos “tías” o allegadas Pilar Guzmán y Carmen Arce quienes la visitaban constantemente al penal de Miraflores. También se detuvo a Ximena Fortún, la dueña de la casa que Zapata rentaba en la residencial zona paceña de La Rinconada, donde se presume se llevó al niño ajeno.

Claudio Rivera y Wilson Garrido, ambos familiares de Guzmán, también fueron detenidos en San Pedro porque supuestamente coordinaron el “alquiler” del menor con los padres de este, la mujer de iniciales I. Ch. y el varón de iniciales V. V. que al final terminaron recluidos dejando a su hijo sin el amor de sus progenitores desde mayo pasado.

La verdad sobre este caso solo se maneja dentro de estrados pues se declaró reserva por tratarse de un menor de edad involucrado.

Con la detención de este grupo de personas el caso Zapata quedó archivado para la agenda mediática. Sin embargo, sobre la exfuncionaria de Camc recaen otras seis figuras penales que incluyen enriquecimiento ilícito y que la mantienen detenida hace once meses.

//@VisorBolivia/ Fotos Facebook/ LosTiempos/Web//

PARLAMENTARIO IRLANDÉS ACUSA A GOBIERNO BOLIVIANO DE EJECUTAR A MICHAEL DWYER

Comité de Asuntos Exteriores escuchó las conclusiones del representante y la familia del irlandés que fue parte del grupo irregular de Eduardo Rózsa abatido en abril de 2009

Audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Irlandés

VISOR BOLIVIA (monitor, 26 enero).- El caso Rózsa o “terrorismo” vuelve a la agenda nacional a partir de la denuncia formal que hizo este jueves el parlamentario irlandés Alan Kelly ante el Comité de Asuntos Exteriores Tratados y Defensa de ese país contra el gobierno boliviano por la presunta ejecución y asesinato de Michael Dwyer en el operativo del Hotel de Las Américas en Santa Cruz de 2009.

La información fue conocida a través de las agencias informativas la noche de este jueves adjuntando el video de la sesión desarrolla en la comisión europea donde Kelly hizo defensa de los derechos de la madre de Dwyer, Caroline Dwyer.

“Michael Dwyer fue ejecutado, asesinado, por un gobierno extranjero. Vi las evidencias, vi los videos, fue recogido y ejecutado por un gobierno extranjero y este parlamento necesita colaborar a esta familia y sacar estas evidencias a la luz”, dijo en la audiencia.

El parlamentario que lleva siguiendo el caso durante casi ocho años, agregó que nota obstrucción del gobierno boliviano para dar permiso a mayores investigaciones y por ello pidió enviar una comisión europea hasta Bolivia.

Michael Dwyer perdió la vida junto a Àrpàd Magyarosi y Eduardo Rózsa el 16 de abril de 2009 cuando la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) comandado por el capitán Walter Andrade y el operador del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo, ingresó al hotel Las Américas con la misión de desbaratar el grupo irregular que estaba conformado además por Elöd Toazo.

El parlamentario pidió también a la comisión legislativa “una declaración del comité para revisar qué pasó con Michael”, pues considera que era un joven que llegó a Bolivia “a trabajar” y fue “ejecutado”.

Parlamentarios y familia de Dwyer pidieron enviar una comisión a Bolivia

Las familiares de Dwyer reiteraron que hubo reuniones con gente del Gobierno boliviano, pero el caso nunca avanzó. Además descalificaron a veedores como Naciones Unidas por ser un ente que tiene relaciones de cooperación con la administración de Evo Morales.

La madre y hermana del ciudadano irlandés muerto a los 25 años se mostraron sorprendidas porque conocieron que desde Bolivia se negó que haya existido alguna notificación formal de esos encuentros con gente del Gobierno en La Paz.

En noviembre de 2015, el entonces canciller David Choquehuanca viajó a Irlanda y ante las consultas de los medios de prensa comprometió avanzar en la investigación como los más interesados en esclarecer los hechos.

Asimismo, Choquehuanca reconoció haber tenido reuniones con la madre de Dwyer.

“Hemos tenido varias reuniones con esta señora, ella ha estado en La Paz, ella ha comprendido. Lo que pide ella es simplemente que se pueda esclarecer, igual que nosotros, y aprovechando nuestra estancia aquí hemos mantenido una reunión”.

El irlandés llegó a Bolivia y se unió al grupo de Eduardo Rózsa Flores en 2008

Esta es la tercera vez en que el parlamento irlandés hace seguimiento del caso. A su vez, es la segunda oportunidad que se habla de una ejecución.

En 2010 medios de Irlanda señalaron que tras conocer los informes forenses sobre el cuerpo de Dwyer, su familia y los abogados que llevan el caso determinaron que la muerte se produjo con una bala explosiva “dum dum”.

El informe forense boliviano estableció al menos seis impactos y nueve orificios de bala en el cuero de Dwyer, lo que sirvió a la Fiscalía para justificar que el irlandés trató de defenderse durante la toma del hotel cruceño.

A poco de cumplirse ocho años de los acontecimientos, media docena de detenidos, incluido Toazso, se acogieron a procedimiento abreviado y ya están en libertad fuera del país. Otra veintena sigue en calidad de detención preventiva, sobre todo excívicos cruceños y militares en retiro acusados por Evo Morales de tratar de separar al país a partir de aquel grupo irregular liderado por el croata boliviano Eduardo Rózsa Flores que operó desde 2008.

La oposición siempre mantuvo la versión de que el grupo irregular fue traído por el propio Gobierno y sus operadores de inteligencia para inculpar a los empresarios y cívicos cruceños que se oponían al proyecto del proceso de cambio en tiempos de la denominada “media luna”.

VEA: LA AUDIENCIA DEL CASO DWYER

//@VisorBolivia// Foto captura pantalla//Twitter//

ANULACIÓN DE MINISTERIO AFECTA A DOS INSTANCIAS Y MODIFICA DE FACTO LEY MARCO DE AUTONOMÍAS

Consejo Nacional y Servicio Estatal de Autonomías quedan en “stand by”, mientras Ley 031 queda modificada en sus articulados tras reciente decisión de Morales

El largo proceso autonómico arrancó desde el oriente boliviano

VISOR BOLIVIA (redacción, 25 enero).- Dos despachos que hacen al proceso de descentralización  administrativa y desarrollo de las autonomías quedan afectados tras la anulación del Ministerio de Autonomías y la propia Ley 031 quedó modificada de facto con el traspaso de esta cartera de Estado a dependencia del Ministerio de la Presidencia.

El Consejo Nacional de Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías tendrán que ajustarse a la nueva estructura de esa cartera que quedó reducida a Viceministerio. Ambas instancias fueron creadas a partir de la Ley 031 y la Constitución Política del Estado (CPE).

Precisamente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”, promulgada en julio de 2010 es afectada con la reciente determinación del mandatario Evo Morales, pues el solo cambio de nomenclatura incide en las características de esas unidades.

En el caso del Consejo Nacional de Autonomías, el artículo 123 referido a su composición le confiere al ministro de Autonomías la calidad de vicepresidente de esa entidad que agrupa a todos los representantes departamentales, regionales, municipales e indígenas del país.

El Consejo está compuesto según la norma, además de otros 22 componentes, por “Tres ministras o Ministros del Órgano Ejecutivo Plurinacional: las Ministras o Ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomías, este último en calidad de Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo y que podrá suplir a la Presidenta o Presidente en su ausencia”.

Su anexo, la Secretaría Técnica, también entra en conflicto pues la Ley 031 le brinda una cualidad de apoyo hacia el Ministerio de Autonomías, no a un viceministerio.

En cuanto al Servicio Estatal de Autonomías, este despacho fue creado expresamente, según el art. 125 de la misma ley, como una entidad pública descentralizada bajo tuición del ministerio desaparecido “con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria”. Nuevamente la nomenclatura de la Ley 031 se ve modificada por una decisión del Ejecutivo.

Gobernador paceño pidió Pacto Fiscal y nueva reasignación de recursos

PACTO FISCAL

Sin duda, el tema que más aflige a las regiones es el tratamiento del Pacto Fiscal, programado para agosto de esta gestión tras el último encuentro del Consejo Nacional que determinó las directrices y cronograma de trabajo.

Desde el Gobierno se asegura que el proceso continuará su normal desarrollo, pero el tema vuelve a traer a agenda el incumplimiento de la Ley Marco de Autonomías que establece en su Disposición Transitoria Décimo Séptima que “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del (próximo) Censo Nacional de Población y Vivienda se debió presentar la propuesta técnica para el Pacto Fiscal. El último Censo en Bolivia se desarrolló en 2012.

Empero, estos no son los únicos incumplimientos de la norma. Las disposiciones transitorias y adicionales de la Ley 031 hablan de aprobar en tiempos exactos un nuevo Código Tributario, una Ley de Clasificación de Impuestos o una Ley General de Transporte, entre otras, que ni siquiera fueron proyectadas en el Legislativo.

En cuanto a la Ley Marco de Autonomías, ésta ya sufrió dos modificaciones desde su promulgación en 2010. La primera referida a la inconstitucionalidad de la suspensión de autoridades electas a sola denuncia formal, con el antecedente de la destitución del gobernador de Beni, Ernesto Suárez, por ejemplo.

El otro cambio fue la incorporación de la figura vicepresidencial al Consejo de Autonomías que es integrada por el mandatario de Estado, tres ministros, los nueve gobernadores, cinco  representantes municipales, cinco representantes indígenas y un representantes regional. El segundo mandatario asume la vicepresidencia del Consejo relevando al ministro de Autonomías como inicialmente se había redactado la ley.

La Ley 031 forma parte de las cinco Leyes Orgánicas del Estado que hacen a la columna vertebral de la nueva CPE. Junto a la Ley de Autonomías son leyes marco la Ley de Régimen Electoral, Ley del Órgano Electoral, Ley del Órgano Judicial y Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional que además son normas que no pueden ser sometidas a ningún referendo modificatorio.

Ministro Siles cerró un ciclo tras dos años de gestión y cinco de vida institucional

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CONOZCA QUÉ TEMAS QUEDAN PENDIENTES CON DESAPARICIÓN DE AUTONOMÍAS

La población asumió su protagonismo a tiempo de elaborar documentos autonómicos

VISOR BOLIVIA (redacción, 25 enero).- El Pacto Fiscal es la principal preocupación de la oposición regional, pero también existen procesos autonómicos pendientes que deja el desaparecido Ministerio de Autonomías como la realización del próximo referendo de julio donde se pondrá a consideración de la población al menos 22 Cartas Orgánicas Municipales y otro estatuto indígena que seguiría los pasos de la experiencia de Charagua.

Analistas como Iván Arias o Carlos Borth coinciden en señalar que la desaparición de la cartera de Autonomías, absorbida por el Ministerio de la Presidencia, solo “desenmascara” el criterio centralista con el que la administración de Evo Morales ha venido manejando el tema de la descentralización a nivel departamental, regional, municipal e indígena. “Se han sincerado”, decía el exsenador al programa Encontrados.

Sin embargo, desde el Gobierno se da por sentado que los procesos autonómicos en el país ya pueden “caminar solos” e ítems pendientes como la aprobación de las Cartas Orgánicas y Estatutos Departamentales serán coordinados entre el nuevo Viceministerio y el Tribunal Supremo Electoral.

El ministro cesante Hugo Siles, en su última intervención dijo que se cerró un ciclo en la administración estatal implementando las cuatro formas de autonomías establecidas en la Constitución Política del Estado destacando además la constitución de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS).

“El futuro del exministro de Autonomías será el de continuar acompañando este proceso, vamos a continuar apoyando, tendremos la responsabilidad de estructurar el viceministerio, por lo tanto seguiremos en el acompañamiento al Presidente y al Vicepresidente desde la cartera del viceministerio de Autonomías”, citó Siles a la desaparecida unidad de comunicación de ese despacho.

Desde el oficialismo se ha minimizado la anulación de esta cartera de Estado entendiendo que su paso como dependencia del Ministerio de la Presidencia dará continuidad a todas las políticas asumidas desde 2011.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, fue más allá al justificar la desaparición del Ministerio de Autonomías, asegurando que el proceso de descentralización estatal alcanzó su “mayoría de edad” y ya no es necesaria la tutela del Gobierno central.

“Las entidades territoriales tienen el músculo suficiente para ejercer sus competencias que ya están determinadas en la ley y la Constitución, por eso ya no es necesario un Ministerio de Autonomías”, declaró el martes a ANF.

Charagua Iyambae se convirtió en el primer Gobierno Autónomo Indígena de Bolivia 

REFERENDOS Y PROCESOS PENDIENTES

Pese a las justificaciones desde el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cambio de rango ministerial, deja muchos procesos autonómicos territoriales pendientes, así como la aprobación y seguimiento a las Cartas Orgánicas Municipales o Estatutos Autonómicos Departamentales.

El ahora Viceministerio de Autonomías tendrá que coordinar los procesos electorales programados para 2017 sobre la aprobación o rechazo de las Cartas Orgánicas municipales y posiblemente algunos Estatutos Departamentales.

En noviembre, Autonomías recibió  30 proyectos de Cartas Orgánicas aprobados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que llegan a sumar 234 municipios que cumplieron con ese requisito de control de constitucionalidad de 338 autonomías municipales. El último municipio aprobado fue Chua Cocani, de la provincia Omasuyos en La Paz.

Desde el ministerio del área se explicaba además, que quedan 104 municipios pendientes de ese proceso de control normativo, incluyendo 38 autonomías municipales que ni siquiera comenzaron la redacción de sus Cartas Orgánicas.

La aprobación final para que estos documentos autonómicos administrativos entren en plena vigencia se da mediante un referendo ejecutado por el Tribunal Supremo Electoral.

Para el mes de julio el TSE programó un nuevo referendo para 22 Entidades Territoriales Autónomas, de las cuales 17 ya fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional y son 21 las que corresponden a municipios, siendo Huacaya del departamento de Chuquisaca la entidad que irá a la elección para aprobar su estatuto Autónomo Indígena Originario Campesino.

La única Autonomía Indígena Originaria Campesina que entró en vigor a partir de la aprobación de su estatuto se dio a principios de mes con Charagua Iyambae que completó todos los pasos normativos y dejó de ser un municipio.

Siles consideró que la autonomía guaraní de Charagua será el referente para encaminar los otros 33 procesos autonómicos indígenas que quedan en carpeta como las naciones Uru Chipaya en Oruro; Raqaypampa en Cochabamba; y Gutiérrez en Santa Cruz.

“Nos aproximamos a un momento de coyuntura histórica, que es la instalación del primer gobierno indígena guaraní de Charagua Iyambae, tras un largo camino, atravesando dos procesos de referendo en 2009 y 2015, cuando los 101 artículos, 5 disposiciones transitorias y una final del Estatuto fueron aprobados”, citó Siles.

//@VisorBolivia// Fotos FuenteDirecta//SEAutonomías//