Chapetón deplora exclusión de dos sospechosos de la toma violenta del edificio municipal que provocó la muerte de seis personas. Tres ediles son acusados por “incumplimiento de deberes”
VISOR BOLIVIA (monitor, 31 enero).- La tragedia de El Alto está a punto de cumplir un año. El 17 de febrero de 2016 seis funcionarios ediles fallecieron producto de la inhalación del humo que provocó una turba en la toma violenta del edificio municipal. El Ministerio Público ha determinado seguir procesos a las propias víctimas y la alcaldesa Soledad Chapetón manifiesta su indignación por el extraño rumbo de las investigaciones.
La reciente determinación de la Fiscalía de dejar de lado la investigación contra el excomandante regional de la policía, José Peña, y el exviceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, a la par de ratificar procesos contra tres funcionarios del Gobierno Autónomo municipal de El Alto (GAMEA) provocó la reacción de la alcaldesa alteña.
“Este tipo de resultados del proceso lo único que demuestra es la influencia del Gobierno central frente a un caso que es delincuencial para el municipio, porque tenemos seis vidas que se han perdido y también muchos heridos”, declaró Chapetón.
Según las investigaciones, tres funcionarios municipales tuvieron responsabilidad al no haber actuado para “salvar” a los trabajadores que quedaron atrapados en el edificio ubicado en la avenida 6 de Marzo, cruce Viacha, y que tiene al comando regional de la policía a dos cuadras.
Dorian Ulloa y Marcelo Plata secretario de seguridad ciudadana y encargado de personal, respectivamente, son acusados por “incumplimiento de deberes” en sentido de no haber desplegado a la guardia municipal para aplacar la protesta vecinal y haber evitado la salida de los funcionarios durante los actos de violencia inmediatamente posteriores, la mañana de ese 17 de febrero.
En declaraciones al programa Cabildeo, Chapetón informó que la Fiscalía argumentó que sobre Rodrigo Vélez incluso se dijo que fue parte de la turba que comenzó a causar destrozos en el frontis del edificio y que “después se fue a cambiar de ropa” retomando su uniforme municipal. Su detención anunciada, además, se basa en la posibilidad de “entorpecer las investigaciones”.
“Es indignante, con esto quieren que las víctimas pasen a ser los victimarios, los autores de ese atentado. Reprochamos esta determinación que está llevando la Fiscalía a título de equilibrar la investigación”, acotó.
El fiscal asignado José Miranda formalizó ayer la acusación por la tragedia de El Alto sobre 15 personas: Víctor Hugo Tola, Miguel Ángel Cachi, Álvaro Kevin Calvimontes, Braulio Rocha, Fausto Loza, Wilmer Guido Sarzuri, Néstor Sergio Churqui, Daniel Nina, Hipólito Cutile, Flavio Altamirano, Dorian Ulloa, Teodoro Choquehuanca, Marcelo Plata, Rodrigo Gerardo Vélez y Félix Alberto Durán.
Desde el Ministerio de Gobierno se dijo que el cao está en manos de la justicia y se negó cualquier encubrimiento sobre Elío que pasó a la dirección contra la Trata de Personas.
El titular de esa cartera Carlos Romero, agregó que la alcaldesa Chapetón solo quiere “justificarse a costa de la policía y el ministerio”, pues asegura que la seguridad de los funcionarios ediles era tuición del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
La tragedia de El Alto fue atribuida por el GAMEA a intereses de dirigentes sociales, gremiales y exfuncionarios de la administración de Edgar Patana, militante y exalcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues se quemaron documentos que involucraban a miembros de esa sociedad político – sindical con actos de corrupción como la dotación de ítems fantasmas.
El saldo de la tragedia fue seis fallecidos y 18 heridos. La gente fallecida quedó atrapada en la planta baja y primer piso del edificio. El humo provocó su asfixia y sus cuerpos fueron encontrados en un baño, aunque luego se mencionó la posibilidad de que hubo golpes y posterior arrastre de las víctimas.
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