DOCUMENTAL CONTRA PRENSA LIBRE NO IMPACTA PESE A FINANCIAMIENTO Y SUSTENTO DE CÚPULA OFICIALISTA

Productor argentino recibió en dos años Bs 485.000 por trabajos para el Gobierno. La producción acudió al “análisis” de amigos y familiares que hoy forman parte del MAS

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Productor del documental reclamando al entonces director de Página Siete por no haber titulado una apertura “como debería”

VISOR BOLIVIA (redacción, 18 diciembre).- El documental “El cártel de la mentira” resultó ser el tercer contrato que el productor argentino Andrés Sallari cobra del Gobierno boliviano. Su ataque a algunos medios de prensa calificándolos como una “organización criminal” que coordinó el caso Zapata para “desprestigiar” a Evo Morales, se sustenta bajo la óptica de un grupo de familiares y amigos que hoy son parte de la cúpula del poder, incluyendo empresas mediáticas que también logran financiamiento estatal gracias a su fidelidad al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Uno de los aludidos en la campaña de desprestigio que el régimen activó con este documental fue el periodista e investigador Carlos Valverde, quien calificó el producto como un “mamotreto”. Desde Buenos Aires, lugar donde radica actualmente, anunció desde su espacio de radio digital que realizará un documental propio, para revelar las mentiras que ahora se trata de instalar en la opinión pública, como justificativo partidario para que Morales vuelva a intentar modificar la CPE para otra candidatura y reelección.

“Vamos a hacer un documental. Quieren hablar de la mentira, yo les voy a mostrar papel sobre papel”, dijo e insistió que la figura de uso indebido de influencias sigue latente por la relación de Evo Morales con Gabriela Zapata.

Sobre Sallari, quien se hace llamar “comandante”, el periodista cruceño dijo desconocerlo ni tener datos sobre su trayectoria “profesional”, pero auguró que tras recibir altas sumas de dinero de las arcas del Ministerio de la Presidencia y no conseguir su objetivo de impactar en la sociedad para cambiar la percepción sobre el caso Zapata, éste recibirá su “memorando” de despedida. “Le tendrán que decir te vas a buscar a otro lado, porque si vamos a mirar el costo beneficio, esto no  ha resultado”.

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Ministro Quintana financió dos de tres productos de Sallari, con quien tiene una relación afectiva de “hace mucho”

GOBIERNO PAGÓ BS 485 MIL AL PRODUCTOR ARGENTINO

En dinero, Sallari cobró al Estado boliviano entre 2014 a 2016 solo en tres contratos la suma de Bs 485 mil, cerca de 70 mil dólares.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) indagó algunas contrataciones estatales en el SICOES donde figura el productor argentino, quien además es remunerado en medios internacionales como HispanTV de Irán o su anterior casa Telesur de Venezuela.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le dio a Sallari Bs 70 mil para difusión en su programa del canal oficialista Abya Yala TV. Luego, el Ministerio de la Presidencia de Juan Ramón Quintana le desembolsó Bs 375 mil en 2014 para ser “consultor” en la “investigación” sobre la injerencia de Estados Unidos en Bolivia durante los gobiernos neoliberales. Finalmente, la misma cartera de Estado desembolsó para el ciudadano argentino otros Bs 40 mil para producir el documental “El cártel de la mentira” bajo la modalidad “por producto” y a un plazo de dos meses.

Sobre estos temas, Sallari respondió a la agencia católica de información: “Yo tengo una empresa unipersonal y desde allí hago distintos contratos. Con el canal tengo una coproducción como tantos otros productores. Espero que eso no sea objeto de criminalización”, además de “con gusto discutiré mis ingresos con ANF cuando ésta haga público cuánto dinero recibe de la embajada de Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno”.

En sus cuentas de redes sociales, el productor es respaldado por sus amigos, autoridades y militantes del MAS, además de sus colegas y jefes en los medios de comunicación alineados al partido en función de gobierno.

Dentro del documental, el propio productor hace una queja por “xenofobia” anticipando la reacción del gremio al que atacó bajo el fundamento que no editorializaron de forma “correcta” las noticias del caso Zapata.

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Algunas de las fuentes testimoniales a las que acude el documental. Todos tienen alguna relación entre sí y con gente del régimen

“FAMILIARIZACIÓN” DE LOS MEDIOS MASIVOS

El segundo mandatario Alvaro García salía en octubre en conferencia de prensa para atacar a los medios informativos, señalando que existe una “politización de los medios”. En su exposición aludió a la familia Garáfulic de tener una presunta relación con Gonzalo Sánchez de Lozada y con empresarios chilenos. También criticó a los medios que ahora forman parte del documental oficialista “El cártel de la mentira” e incluso aludió a Católica Televisión y el programa Encontrados opinando que estos “responden a la Alcaldía”, algo que el director de ese espacio Gonzalo Rivera negó y con facturas en mano, mostró que el municipio le paga por publicidad apenas 100 dólares al mes.

De esa inexistente “partidización”, se puede pasar a la “familiarización de los medios de comunicación”, identificando a quienes participan como comentaristas del polémico documental.

VISOR BOLIVIA pudo observar que dentro de los entrevistados para dar testimonio o análisis en el documental contratado por el Ministerio de la Presidencia, figuran al menos tres parejas sentimentales, amigos, socios de medios y programas que son pagados con publicidad estatal.

Sobre las relaciones afectivas y familiares se puede comenzar con el productor del documental, Andrés Sallari, quien fue reciente pareja de la ministra de Salud, Ariana Campero. El ciudadano argentino trabaja en la red oficialista Abya Yala donde el director de contenidos es Julio Peñaloza. Peñaloza, otrora funcionario de alto rango en Televisión Boliviana y la Cancillería durante los gobiernos de Hugo Banzer y Sánchez de Lozada, es esposo de la diputada del MAS, Susana Rivero.

Rivero no es la única que muestra una relación parental en este círculo de poder. La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, es esposa de Fabián Restivo, otro súbdito argentino que forma parte de los entrevistados para “El cártel de la mentira” en calidad de “analista”.

Volviendo a Abya Yala, el canal que fue equipado con la donación del gobierno iraní al propio Evo Morales, su gerente es Pablo Groux, exministro de Culturas, que es esposo de Viviana Fernández, la hermana de Claudia Fernández, la presentadora de televisión y cónyuge del vicepresidente Alvaro García.

Una de las madrinas de matrimonio García – Fernández es Claudia Espinoza, exviceministra de Comunicación que también fue entrevistada por Sallari en la Sede de Gobierno para el audiovisual.

MAS FUENTES DEL DOCUMENTAL OFICIALISTA

El productor argentino comenzó a tener programas en los medios estatales junto a su amigo Ricardo Bajo, comentarista español que dirige el impreso Le Monde. Bajo junto a Peñaloza, a su vez, fueron parte de un panel de debate deportivo junto a José Alberto Gonzáles en los primeros años de la red PAT.

Otro entrevistado en el documental y comentarista habitual por el MAS es Hugo Moldiz, dueño del semanario La Época que cuenta en cada edición con una contratapa comprada por algún ministerio o entidad estatal. Ese impreso forma parte de un selecto grupo de medios que logran publicidad a sola llamada telefónica, según constató VISOR BOLIVIA con una fuente estatal de comunicación. El impreso de Moldiz es dirigido por el periodista chileno Javier Larraín.

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Programas financiados por el Gobierno en los medios paraestatales son el contraste oficialista de aquellos incluidos en el “cártel de la mentira”

Finalmente, ya fuera del documental, se puede identificar como oficialista a la presentadora Susana Bejarano, consejera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, con su espacio televisivo en ATB que inició en 2014 junto a Manuel Canelas, actual diputado del MAS, hijo de un exministro del MNR. Ambos, junto a Boris Miranda, hoy corresponsal boliviano en la BBC, emprendieron el quincenario El Desacuerdo que tuvo en su primer número una nota de ataque a la diputada Rebeca Delgado cuando esta se declaró “libre pensante” en 2013. Ambos espacios, el programa televisivo y el impreso, tuvieron o mantienen financiamiento del régimen del MAS.

//@VisorBolivia//Captura pantalla/ANF/Twitter//

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Autor: visorbolivia

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